Presupuesto provincial
El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.
El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.
Por Alejandro Nieva
El Gobierno provincial, en el mensaje que antecede al proyecto del Presupuesto, atribuye el escaso incremento de determinadas partidas presupuestarias al supuesto incremento marginal de las transferencias provenientes del Estado Nacional, cercanas al 11%. Si bien este argumento puede tornarse verosímil al observar la transferencia nacional de “recursos corrientes” por coparticipación (dinero en efectivo sin condicionamientos en torno a su uso), un análisis más exhaustivo del presupuesto provincial nos permite aseverar que, tanto la participación del volumen de los aportes nacionales como provinciales no se han modificado en relación con el año anterior.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.
Transferencias Nacionales y Dependencia Provincial
Concepto 2009 2010
Coparticipación Nacional 2.811.404.548 3.132.407.200
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%
En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.
Prendados
Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento.
La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.
Digresión Ingresos Propios
Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .
Transferencias de capital
Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.
Gastos, trabajadores y prioridades
Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.
Coparticipación a Municipios
Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.
Más rutas, menos casas
La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.
Leyes de Promoción: primero los poderosos
Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%
En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.
Prendados
Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento.
La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.Digresión Ingresos Propios
Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .
Transferencias de capital
Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.
Gastos, trabajadores y prioridades
Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.
Coparticipación a Municipios
Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.
Más rutas, menos casas
La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.Leyes de Promoción: primero los poderosos
Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.
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