El ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, señaló la necesidad de que la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones pase a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud. El criterio de la afirmación, al parecer, estaría relacionado con el hecho de considerar que el tratamiento de los adictos es un tema de salud y debe dejar de ser considerado una cuestión social.
Por G.S.
Llamativo diagnóstico sobre el destino que debería tener una Secretaría cuya actividad ha sido reconocida recientemente por los representantes parlamentarios luego de un pedido de informe que se le hiciera a su titular, Gustavo Farquharson
.
Sin bien el tema podría parecer una cuestión irrelevante (que la Secretaría funcione bajo la órbita de un Ministerio o de otro), un análisis más minucioso de la realidad local alerta de cuán precavidos habremos de ser a la hora de considerar las adicciones como un problema de salubridad o de política social, no porque se excluyan mutuamente, sino más bien porque se complementan. Pero de lo que aquí se trata es de establecer cuál ha de ser el compromiso a asumir y las políticas idóneas que el Estado debe implementar para combatir y disminuir a su máximo posible los daños humanos y sociales que las adicciones generan.
En este sentido, se podrá argüir que históricamente en nuestro país las personas con problemas de adicciones fueron marginadas de las políticas de salud, ya que el adicto rompía con el paradigma médico: una enfermedad - un tratamiento, al no reunir el perfil tradicional de un paciente dispuesto a tratarse y seguir mansamente las directrices médicas, sumado a que podía hallarse en conflicto con la ley y en la marginalidad, lo tornaba un sujeto problemático e indeseado para el profesional de la salud. No así para las instituciones del tercer sector, que absorbieron dicha problemática social y cuyos primeros precursores fueron los mismos usuarios de drogas que habían abandonado el consumo, para luego dar paso a las comunidades terapéuticas. Otro tanto se podrá indagar en cuanto a si realmente el sistema sanitario de nuestra provincia está en condiciones de absorber tamaña cuestión, teniendo en cuenta que ha mostrado grietas a la hora de brindar un servicio de salud de calidad, integral y accesible a todos los ciudadanos por igual.
Pero, sin detenernos en la capacidad o no que tendrá el sistema de salud para encarar el tratamiento de las adicciones (pues incluso en virtud del beneficio de la duda que esta iniciativa debería motivar y, suponiendo que lograra brindar de una manera eficaz los fines que se propone, esto es, el de dar el mejor tratamiento a los afectados), lo cierto es que para combatir de raíz el problema habrá que eliminar las causas que lo posibilitan y esto no se logrará si sólo se pretende hacer un abordaje del mismo asistiendo a los adictos, pues no sería más que atacar los síntomas de un organismo social deteriorado, lo que siempre nos haría correr detrás del problema.
Es necesario entender a las adicciones no como una enfermedad contagiosa o viral, hereditaria o genética, sino como el producto de una coyuntura social que evidencia serios deterioros en su calidad de vida. De hecho, las estadísticas dan prueba de ello cuando nos enseñan que la mayoría de los asistidos ni siquiera completó sus estudios básicos, que sólo un 10% terminó el polimodal, que el 60% son desocupados y que la sustancia que más se consume es la pasta base, la llamada “droga de los pobres”. Por ello mismo, son muchos los especialistas que afirman que para encarar una lucha eficaz contra el consumo, el Estado debe recomponer el tejido social, a través de políticas integrales, de prevención y asistencia, sobre todo en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegurando y brindando un pleno ejercicio de los derechos esenciales, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. De otra forma, si se pretende ocultar el problema atacando sus efectos, es decir a tratar las adicciones sin erradicar sus causas, no sería más que un intento en vano de oponer el árbol para ocultar el bosque.
.Sin bien el tema podría parecer una cuestión irrelevante (que la Secretaría funcione bajo la órbita de un Ministerio o de otro), un análisis más minucioso de la realidad local alerta de cuán precavidos habremos de ser a la hora de considerar las adicciones como un problema de salubridad o de política social, no porque se excluyan mutuamente, sino más bien porque se complementan. Pero de lo que aquí se trata es de establecer cuál ha de ser el compromiso a asumir y las políticas idóneas que el Estado debe implementar para combatir y disminuir a su máximo posible los daños humanos y sociales que las adicciones generan.
En este sentido, se podrá argüir que históricamente en nuestro país las personas con problemas de adicciones fueron marginadas de las políticas de salud, ya que el adicto rompía con el paradigma médico: una enfermedad - un tratamiento, al no reunir el perfil tradicional de un paciente dispuesto a tratarse y seguir mansamente las directrices médicas, sumado a que podía hallarse en conflicto con la ley y en la marginalidad, lo tornaba un sujeto problemático e indeseado para el profesional de la salud. No así para las instituciones del tercer sector, que absorbieron dicha problemática social y cuyos primeros precursores fueron los mismos usuarios de drogas que habían abandonado el consumo, para luego dar paso a las comunidades terapéuticas. Otro tanto se podrá indagar en cuanto a si realmente el sistema sanitario de nuestra provincia está en condiciones de absorber tamaña cuestión, teniendo en cuenta que ha mostrado grietas a la hora de brindar un servicio de salud de calidad, integral y accesible a todos los ciudadanos por igual.
Pero, sin detenernos en la capacidad o no que tendrá el sistema de salud para encarar el tratamiento de las adicciones (pues incluso en virtud del beneficio de la duda que esta iniciativa debería motivar y, suponiendo que lograra brindar de una manera eficaz los fines que se propone, esto es, el de dar el mejor tratamiento a los afectados), lo cierto es que para combatir de raíz el problema habrá que eliminar las causas que lo posibilitan y esto no se logrará si sólo se pretende hacer un abordaje del mismo asistiendo a los adictos, pues no sería más que atacar los síntomas de un organismo social deteriorado, lo que siempre nos haría correr detrás del problema.
Es necesario entender a las adicciones no como una enfermedad contagiosa o viral, hereditaria o genética, sino como el producto de una coyuntura social que evidencia serios deterioros en su calidad de vida. De hecho, las estadísticas dan prueba de ello cuando nos enseñan que la mayoría de los asistidos ni siquiera completó sus estudios básicos, que sólo un 10% terminó el polimodal, que el 60% son desocupados y que la sustancia que más se consume es la pasta base, la llamada “droga de los pobres”. Por ello mismo, son muchos los especialistas que afirman que para encarar una lucha eficaz contra el consumo, el Estado debe recomponer el tejido social, a través de políticas integrales, de prevención y asistencia, sobre todo en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegurando y brindando un pleno ejercicio de los derechos esenciales, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. De otra forma, si se pretende ocultar el problema atacando sus efectos, es decir a tratar las adicciones sin erradicar sus causas, no sería más que un intento en vano de oponer el árbol para ocultar el bosque.
No hay comentarios:
Publicar un comentario