A las puertas de una condena internacional
El representante de la Comunidad Lhaka Honhat, Francisco Pérez, reclamó el pasado lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se obligue a nuestra Provincia a reconocer y garantizar los títulos de propiedad de las tierras que ocupan en el Departamento Rivadavia, registradas como “lotes fiscales 55 y 14”. La Comisión dejaría el caso en condiciones de ser elevado a la Corte Interamericana, la cual, de comprobar las denuncias efectuadas, podría caracterizarlas como violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sancionando internacionalmente al Estado argentino y provincial.
Gabriel Sánchez
La lucha lleva más de veinte años. En efecto, en el año 1984 jefes indígenas se presentaron ante el Gobierno de la provincia para rechazar una propuesta de entrega de títulos de propiedad sobre el territorio que habitaban, puesto que la decisión gubernamental consistía en urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial, para entregar a cada jefe un título individual. Esta modalidad anularía sus posibilidades de acceder libremente a los recursos y generaría disputas y conflictos internos por la defensa de uso exclusivo que haría cada comunidad una vez que tuviera un título de propiedad individual. Por tanto, en representación del conjunto de las comunidades, pidieron al Gobierno la entrega de una superficie sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Recién en el año 1991 se emitió el decreto provincial Nº 2.609, por el cual se acordaba unificar los lotes 55 y 14, y se adjudicaba una superficie sin subdivisiones mediante título único de propiedad a las comunidades aborígenes, garantizándoles el espacio necesario para su supervivencia y desarrollo. Las entonces 35 comunidades (alrededor de 6.000 personas) constituyeron una organización que llamaron Lhaka Honhat, que en idioma wichí significa "Nuestra tierra".
El mapa de la causa
Entre 1993 y 1995, funcionó la Comisión Asesora Honoraria, dedicada a analizar la situación y recomendar una forma adecuada de entrega de las tierras. Sin tener en cuenta estos antecedentes e ignorando la actividad de la Comisión, en 1995 el Gobierno provincial, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya cabecera se encuentra en una de las comunidades de Lhaka Honhat y forma parte del “mega plan” de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur, que comprende la creación del corredor Bioceánico y abarca, además, obras de infraestructura para Aduana, Migraciones y Gendarmería, así como la construcción de una ruta nacional sobre el territorio indígena. Lhaka Honhat interpuso una acción de amparo solicitando la inmediata suspensión de las obras y la realización de estudios de impacto socioambiental. La Justicia provincial rechazó la petición en una absurda decisión convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia, mediante decreto Nº 3.097/95, y basándose en los estudios de la Comisión Asesora Honoraria, decidió la adjudicación a las comunidades indígenas de “una superficie única y sin subdivisiones” de 240.000 has., pero elevó este decreto en forma de proyecto de ley a la Legislatura. En 1996, presionados por el incumplimiento del Gobierno, más de mil indígenas tomaron pacíficamente las obras del puente durante 23 días. La protesta culminó con la firma de un nuevo acuerdo con el entonces gobernador de la provincia. Ninguno de los decretos ni el acuerdo que puso fin a la protesta se cumplieron. Agotadas las instancias judiciales internas, en 1998 Lhaka Honhat, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudió a la CIDH para denunciar la violación de sus derechos y su principal objetivo fue arribar a una instancia de conciliación que permitiera una solución integral, justa y sustentable. Lhaka Honhat sostuvo entonces que, para aceptar el ofrecimiento del Estado, éste se debía comprometer formalmente a no realizar obras que modificaran la situación existente al comienzo de la mediación, y a que, durante la negociación, no se transmitieran derechos de dominio a terceros sobre las tierras objeto de la denuncia. Con una serie de acuerdos verbales, se dio inició al “proceso de solución amistosa” propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por fin acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socioambiental y consultar la opinión de las comunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. Con marchas y contramarchas, el proceso avanzó y obtuvo algunos resultados. Sin embargo, se ha visto obstaculizado por el quebrantamiento de los acuerdos básicos que posibilitaron el inicio de las conversaciones. Ello ha obligado a los denunciantes a informar periódicamente a la Comisión y a solicitar su intervención en numerosas oportunidades, injerencia que ha posibilitado la continuidad de las negociaciones.
Sin embargo, a raíz de la excesiva duración del proceso, los escasos avances y sobre todo el accionar del gobierno provincial, ocasionó que en 2005 se quebrara finalmente dicho proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano (como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión) y a ensayar en el terreno local distintas alternativas. Una de ellas fue la presentación de una acción originaria declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el Gobierno provincial, cuya formulación era contraria a la Constitución. El 28 de septiembre de 2005 la Corte emitió su fallo, sosteniendo que era incompetente para entender en el asunto. El referéndum se llevó a cabo y el resultado alcanzado, sobre el que no acuerdan todos los sectores involucrados, generó reacciones diversas. La complejidad del conflicto espera, en el ámbito interamericano de protección de derechos, una respuesta que los poderes locales se resisten a dar.
La tenacidad y perseverancia de la lucha pueden deberse a que son
comunidades que sobreviven a través de la pesca, la caza de animales y la recolección de frutos, y a la necesidad de proteger un territorio que habitan desde tiempos ancestrales. Para tener una dimensión del fenómeno, pensemos en la idea opuesta, e imaginemos que un día nos quieran echar de nuestras casas, quitarnos nuestros automóviles, transportes, TV, Internet, teléfono y demás comodidades. Pero, además, le sumemos que la defensa del medio ambiente es contra su deforestación y contaminación por parte de empresarios locales y multinacionales cuya adoración al Becerro verde está hipotecando el futuro de todos los salteños. Es por ello que la causa de nuestros hermanos aborígenes es una causa que nos involucra a todos.
El mapa de la causa
Entre 1993 y 1995, funcionó la Comisión Asesora Honoraria, dedicada a analizar la situación y recomendar una forma adecuada de entrega de las tierras. Sin tener en cuenta estos antecedentes e ignorando la actividad de la Comisión, en 1995 el Gobierno provincial, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya cabecera se encuentra en una de las comunidades de Lhaka Honhat y forma parte del “mega plan” de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur, que comprende la creación del corredor Bioceánico y abarca, además, obras de infraestructura para Aduana, Migraciones y Gendarmería, así como la construcción de una ruta nacional sobre el territorio indígena. Lhaka Honhat interpuso una acción de amparo solicitando la inmediata suspensión de las obras y la realización de estudios de impacto socioambiental. La Justicia provincial rechazó la petición en una absurda decisión convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La Provincia, mediante decreto Nº 3.097/95, y basándose en los estudios de la Comisión Asesora Honoraria, decidió la adjudicación a las comunidades indígenas de “una superficie única y sin subdivisiones” de 240.000 has., pero elevó este decreto en forma de proyecto de ley a la Legislatura. En 1996, presionados por el incumplimiento del Gobierno, más de mil indígenas tomaron pacíficamente las obras del puente durante 23 días. La protesta culminó con la firma de un nuevo acuerdo con el entonces gobernador de la provincia. Ninguno de los decretos ni el acuerdo que puso fin a la protesta se cumplieron. Agotadas las instancias judiciales internas, en 1998 Lhaka Honhat, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudió a la CIDH para denunciar la violación de sus derechos y su principal objetivo fue arribar a una instancia de conciliación que permitiera una solución integral, justa y sustentable. Lhaka Honhat sostuvo entonces que, para aceptar el ofrecimiento del Estado, éste se debía comprometer formalmente a no realizar obras que modificaran la situación existente al comienzo de la mediación, y a que, durante la negociación, no se transmitieran derechos de dominio a terceros sobre las tierras objeto de la denuncia. Con una serie de acuerdos verbales, se dio inició al “proceso de solución amistosa” propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por fin acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socioambiental y consultar la opinión de las comunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. Con marchas y contramarchas, el proceso avanzó y obtuvo algunos resultados. Sin embargo, se ha visto obstaculizado por el quebrantamiento de los acuerdos básicos que posibilitaron el inicio de las conversaciones. Ello ha obligado a los denunciantes a informar periódicamente a la Comisión y a solicitar su intervención en numerosas oportunidades, injerencia que ha posibilitado la continuidad de las negociaciones.
Sin embargo, a raíz de la excesiva duración del proceso, los escasos avances y sobre todo el accionar del gobierno provincial, ocasionó que en 2005 se quebrara finalmente dicho proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano (como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión) y a ensayar en el terreno local distintas alternativas. Una de ellas fue la presentación de una acción originaria declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el Gobierno provincial, cuya formulación era contraria a la Constitución. El 28 de septiembre de 2005 la Corte emitió su fallo, sosteniendo que era incompetente para entender en el asunto. El referéndum se llevó a cabo y el resultado alcanzado, sobre el que no acuerdan todos los sectores involucrados, generó reacciones diversas. La complejidad del conflicto espera, en el ámbito interamericano de protección de derechos, una respuesta que los poderes locales se resisten a dar.
La tenacidad y perseverancia de la lucha pueden deberse a que son
comunidades que sobreviven a través de la pesca, la caza de animales y la recolección de frutos, y a la necesidad de proteger un territorio que habitan desde tiempos ancestrales. Para tener una dimensión del fenómeno, pensemos en la idea opuesta, e imaginemos que un día nos quieran echar de nuestras casas, quitarnos nuestros automóviles, transportes, TV, Internet, teléfono y demás comodidades. Pero, además, le sumemos que la defensa del medio ambiente es contra su deforestación y contaminación por parte de empresarios locales y multinacionales cuya adoración al Becerro verde está hipotecando el futuro de todos los salteños. Es por ello que la causa de nuestros hermanos aborígenes es una causa que nos involucra a todos. 
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