Por Daniel Avalos
De un tiempo a esta parte, los municipios ocupan un lugar importante en la agenda política del Ejecutivo provincial. Pareciera que el federalismo, en Salta, avanza inexorablemente a convertirse en una realidad. Por ejemplo, el Grand Bourg alega que la monumentalidad de las obras públicas romeristas hoy no las vemos porque las obras se han descentralizado, privilegiando a un interior postergado durante décadas. El argumento, incluso, interpela al salteño capitalino que, en su arrogancia centralista, semejante a la practicada por los porteños con el resto del país, padece de una crónica incapacidad para razonar que esa descentralización es algo digno del mayor de los méritos. Y el argumento trauma al federalista sincero, que ante interpelación tan conmovedora lo atraviesa como una daga ardiente, que desnuda nuestro propio unitarismo. Tomamos conciencia, de repente, de que somos salteñocéntricos, propietarios de valores que nos llevan a considerar que los actos provinciales importantes deben, necesariamente, producirse en la capital.
Convengamos…algo de eso hay. Por ello mismo, la reacción inmediata es celebrar la voluntad política de federalizar, al menos, las obras, alegrándonos de que esas que no se levantan en la capital se levanten en el interior y festejando, por ejemplo, que los fondos girados por la Nación por derechos de exportación de soja se destinen en un 50% (a dónde), un 20% más de lo que Nación estipulaba. No es poco dinero. Se trata de $119.500.000, cifra que representa un 35% de lo que la provincia coparticipa por impuestos a esos mismos municipios, según el presupuesto 2010. Ejemplifiquemos: el pequeño municipio de Los Toldos recibirá $454.506 que antes no recibía. La creciente Orán, $6.675.609. Esas partidas constituyen la única novedad saliente de un presupuesto que, en términos reales y porcentuales, no ha variado en nada con respecto al anterior. Pero es una novedad de superficie. Porque, si abandonamos la mirada al ras del suelo, lo que primero fue alentador al final no lo es tanto.
Otros movimientos pueden vislumbrarse con una lectura más profunda. La nota de Alejandro Nieva publicada en esta edición lo muestra bien: mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, ésta incrementa las transferencias a los municipios en sólo un 9,4%. “Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.” Pero eso sólo es una parte porque, además, los recursos provenientes de la soja se estipulan como propios del “Ámbito Provincial”, lo cual, según los técnicos, supone un manejo discrecional del ejecutivo. Una bofetada, entonces, a la noción de federalismo, en tanto la periferia seguirá siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior seguirán centralizadas en la capital ¿Por qué?
Un ensayo de respuesta no puede prescindir de un análisis político y de los movimientos que los actores de esa dimensión social realizan, ni de sus objetivos finales: las elecciones de 2011. Para el urtubeicismo, el interior se ha vuelto estratégico. Es cierto, los movimientos seguirán digitándose desde el centro político, pero una de las batallas políticas principales se disputará allí. Y el Estado prepara el escenario, lo acondiciona, lo que en política tradicional supone pertrecharlo de recursos que luego deben utilizarse en pos de objetivos políticos precisos. Se trata del interior. Ese interior postergado durante décadas, en donde la pobreza que las políticas de ajuste crearon genera repugnancia hacia la clase política, pero también una adicción temerosa en las bases sociales empobrecidas. Terreno que cuenta, como en todos lados, con un ejército de punteros, mezcla de rufianes y gestores de las demandas urgentes de la población empobrecida, pero asombrosamente eficaces en la empresa de convertir el derecho a la asistencia en una herramienta de dependencia política.
El otro bando, el romerismo, reconoce la estrategia. Y, a falta de ejército regular, parece estar usando comandos especializados (Justicia y Auditoría) que hostiguen a los capitanes del interior: los intendentes. La serie de hechos político-judiciales que toman notoriedad pública desde el caso Leavy en Tartagal, con una seguidilla de procesos judiciales a intendentes y el protagonismo que toma el nuevo auditor, Daniel Nallar, con el control de las cuentas de los municipios, podrían leerse desde las características de esta guerra de posiciones. El oficialismo seduce, y en esa política de seducción, no apelar a un discurso progresista y federal sería insensato. La oposición romerista, mientras tanto, advierte a los intendentes que alguna vez fueron suyos que la venganza puede ponerse en marcha. Los movimientos, entonces, confirman la importancia de los intendentes en la hora actual. La iniciativa parece estar del lado del oficialismo que, sin embargo, asume el riesgo de quedar demasiado prisionero de actores siempre zigzagueantes y que, de abandonar el campo de batalla, dejarían a la actual gestión sin chances.
Convengamos…algo de eso hay. Por ello mismo, la reacción inmediata es celebrar la voluntad política de federalizar, al menos, las obras, alegrándonos de que esas que no se levantan en la capital se levanten en el interior y festejando, por ejemplo, que los fondos girados por la Nación por derechos de exportación de soja se destinen en un 50% (a dónde), un 20% más de lo que Nación estipulaba. No es poco dinero. Se trata de $119.500.000, cifra que representa un 35% de lo que la provincia coparticipa por impuestos a esos mismos municipios, según el presupuesto 2010. Ejemplifiquemos: el pequeño municipio de Los Toldos recibirá $454.506 que antes no recibía. La creciente Orán, $6.675.609. Esas partidas constituyen la única novedad saliente de un presupuesto que, en términos reales y porcentuales, no ha variado en nada con respecto al anterior. Pero es una novedad de superficie. Porque, si abandonamos la mirada al ras del suelo, lo que primero fue alentador al final no lo es tanto.
Otros movimientos pueden vislumbrarse con una lectura más profunda. La nota de Alejandro Nieva publicada en esta edición lo muestra bien: mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, ésta incrementa las transferencias a los municipios en sólo un 9,4%. “Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.” Pero eso sólo es una parte porque, además, los recursos provenientes de la soja se estipulan como propios del “Ámbito Provincial”, lo cual, según los técnicos, supone un manejo discrecional del ejecutivo. Una bofetada, entonces, a la noción de federalismo, en tanto la periferia seguirá siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior seguirán centralizadas en la capital ¿Por qué?Un ensayo de respuesta no puede prescindir de un análisis político y de los movimientos que los actores de esa dimensión social realizan, ni de sus objetivos finales: las elecciones de 2011. Para el urtubeicismo, el interior se ha vuelto estratégico. Es cierto, los movimientos seguirán digitándose desde el centro político, pero una de las batallas políticas principales se disputará allí. Y el Estado prepara el escenario, lo acondiciona, lo que en política tradicional supone pertrecharlo de recursos que luego deben utilizarse en pos de objetivos políticos precisos. Se trata del interior. Ese interior postergado durante décadas, en donde la pobreza que las políticas de ajuste crearon genera repugnancia hacia la clase política, pero también una adicción temerosa en las bases sociales empobrecidas. Terreno que cuenta, como en todos lados, con un ejército de punteros, mezcla de rufianes y gestores de las demandas urgentes de la población empobrecida, pero asombrosamente eficaces en la empresa de convertir el derecho a la asistencia en una herramienta de dependencia política.
El otro bando, el romerismo, reconoce la estrategia. Y, a falta de ejército regular, parece estar usando comandos especializados (Justicia y Auditoría) que hostiguen a los capitanes del interior: los intendentes. La serie de hechos político-judiciales que toman notoriedad pública desde el caso Leavy en Tartagal, con una seguidilla de procesos judiciales a intendentes y el protagonismo que toma el nuevo auditor, Daniel Nallar, con el control de las cuentas de los municipios, podrían leerse desde las características de esta guerra de posiciones. El oficialismo seduce, y en esa política de seducción, no apelar a un discurso progresista y federal sería insensato. La oposición romerista, mientras tanto, advierte a los intendentes que alguna vez fueron suyos que la venganza puede ponerse en marcha. Los movimientos, entonces, confirman la importancia de los intendentes en la hora actual. La iniciativa parece estar del lado del oficialismo que, sin embargo, asume el riesgo de quedar demasiado prisionero de actores siempre zigzagueantes y que, de abandonar el campo de batalla, dejarían a la actual gestión sin chances.
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