Estado terrorista, Secretaría ausente

Se viene el primer Juicio por la Verdad en Salta. Es por la causa Melitón Bustos. En 1977 el Estado lo hizo desaparecer y hoy, 31 años después, el Estado no es parte de la querella.

Por Julieta Lucero

Sin la presencia la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia ni de la Nación como querellantes, se realizará el primer juicio por lesa humanidad en Salta el próximo 23 de noviembre, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal Federal. Es por la desaparición de Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 en su casa de Tartagal.

Según una de las abogadas del caso, Tania Kiriaco, “no hay apoyo del Estado”. La secretaria de Derechos Humanos de Salta, María Silvia Pace, confirmó que no se presentaron como querellantes y explicó que no sabía cuáles era las razones. “La provincia y la Nación sí están presentes como querellantes en el caso Ragone y Palomitas, pero no en esta causa”, afirmó la titular del área.

Los procesados por la desaparición del escribano santafesino Melitón Bustos son Carlos Alberto Arias, que en ese momento era teniente del Ejército, y Luis Angel Gaspar Zirpolo, a cargo del Regimiento Monte 18 de Tartagal, tras la renuncia del ex teniente coronel Héctor Luis Ríos Ereñú, un mes antes del hecho.

El secuestro

Eran las dos de la mañana y tocaron el timbre en su casa de la calle San Martín. Raúl, de 16 años, bajó a atender. Estaba con su padre, Aldo, y con Eva, la mujer. Cuando preguntó quién era, le respondieron “De Gendarmería Nacional”. Entonces abrió la puerta.

Dos hombres de civil, un empujón, el suelo, un arma que le apunta y uno de los tipos que le dice que se calle. El otro, al dormitorio del padre.

Ruidos. Golpes. Miedo. Lo sacaron delante de él, en calzoncillos, descalzo. Lo ataron de manos. Justo antes de que le pongan la capucha negra en la cabeza, su padre pudo gritar: “¡Son del Ejército, son del Ejército!”. Se lo llevaron.

Raúl salió a la vereda y vio cómo se alejaron en un Dodge 1500. Era amarillo, un Dodge 1500 amarillo igual al que acostumbraba a manejar uno de sus compañeros del colegio San Francisco.

Entonces se subió a su auto junto a Eva y comenzaron a perseguirlos. En el coche de adelante iban tres personas, además de su padre, que estaba sentado atrás.

Unas cuantas cuadras después, el Dodge se detuvo, primero, en el Regimiento de Monte 28. Después tomó la ruta 34, que va a Mosconi.

Camino, noche, calor. Ya cerca de Cornejo, el automóvil que perseguían se dio vuelta. Se le vino encima con secuestradores, secuestrado y armas.

Raúl frenó y decidió volver a Tartagal.

Fueron derecho a la comisaría de la ciudad. Después al regimiento. Y ahí lo vio. El mismo hombre de civil que había entrado esa noche a su casa y se había llevado clandestinamente a su padre estaba frente a él, en esa misma dependencia del Ejército.

Más tarde supo que se trataba Carlos Alberto Arias. Después de ese día, nunca más lo vio.

¿El Dodge 1500 amarillo? Era uno de los vehículos usado habitualmente por los hijos de quien fuera jefe del M-18 hasta hacía un mes, Ríos Erenú.

Muerto social

Aldo era una persona pública en Tartagal. Escribano nacido en Santa Fe, en el norte salteño se dedicaba a la docencia en un colegio de nivel medio. Siempre había defendido su posición democrática, lo que le costó, en primer lugar, el cargo como profesor.

En 1977, en pleno funcionamiento de la maquinaria represiva del Estado, Melitón Bustos decidió exiliarse en Bolivia. Según la hermana Elsa, era constantemente intimado por anónimos y estaba amenazado de muerte por el teniente primero Bruno, que era parte de Inteligencia en el Regimiento M-18. Según confirmó la abogada querellante, también estaba en las listas del operativo del Ejército nacional denominado “Claridad”.

Pero Aldo “no se aguantó y volvió por los hijos”, explicó Kiriaco. Trató de conseguir el registro notarial número 32, pero se lo denegaron por “razones ideológicas”. “Lo convirtieron en un muerto social”, definió la abogada.

El decreto que rechazó el pedido de Melitón Bustos fue firmado por Roberto Augusto Ulloa, interventor en la provincia durante la dictadura, y por el ex candidato a diputado nacional por el Partido Renovador de Salta, comandante gendarme retirado Jorge Oscar Folloni. La fecha del documento es del 14 de noviembre de 1977. Menos de tres meses después, lo desaparecen.

El juicio

El Tribunal estará integrado por el actual presidente del Tribunal Oral Criminal Federal de Salta, Roberto Frías, por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, Jorge Luis Villada, y por la jueza del Tribunal Oral Criminal Federal de Jujuy, Marta Liliana Snopek. Villada y Snopek fueron designados como subrogantes, debido a que uno de los camaristas, José Solá Torino, fue recientemente removido, y a que Rogelio Saravia Toledo se acogió al beneficio jubilatorio.

Arias y Zirpolo están procesados por “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y por su duración en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado en grado de partícipe primario”. El primero se encuentra detenido en Campo de Mayo y el segundo está con prisión domiciliaria en Tucumán.

Para Kiriaco, “es grave” la falta de participación del Ejecutivo en el primer juicio por lesa humanidad en la provincia. “Tan pesado es el tema, que la hermana de Aldo, Elsa Edith Bustos, sufrió un atentado en julio pasado”. Además, confirmó que los testigos, la familia y los abogados querellantes -ella y David Leiva- cuentan con custodia permanente.

De hecho, están citados hasta los agentes de la Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE) que en ese momento trabajaban en Salta.

En cuanto al interventor de la dictadura, Ulloa, Kiriaco afirmó que “tiene que estar imputado, no como un simple testigo”. Al otro firmante del decreto que le negó el registro notarial a Melitón Bustos en 1977, Folloni, se le revocó la candidatura a diputado nacional por su participación como funcionario en esa época.

A dónde van...

Una versión del momento decía que los habían asesinado en Tartagal. Otra, que un suboficial ebrio había dicho que estaba en la zona del Regimiento y que había participado del entierro. Raúl dijo haber escuchado comentarios de que lo torturaron, ametrallaron y enterraron vivo. También que lo tiraron al dique Cabra Corral. Además, que existe una nota anónima que dice que fue llevado al río Bermejo el día del secuestro, a las 7 de la mañana. Y que las personas que lo habían llevado, cuando volvieron, ya no lo traían con él.

A dos semanas del juicio, Aldo sigue desaparecido. Y el Ejecutivo, que para muchos debería estar presente, también.