En teoría, la modernidad aportó a la humanidad una nueva concepción de la infancia al convertir a los niños en objeto de cuidado y protección eximido de toda responsabilidad social. A pesar de ello, en la Salta actual, legisladores, sectores empresariales y medios que se autoproclaman partidarios del sentido común, siguen debatiendo abierta o veladamente las supuestas “ventajas” del trabajo infantil. El último estudio producido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizado en el 2005, muestra que en el NOA el 62% de los menores que realizan algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada.
Por Juan Pablo Balderrama (Economista ISEPCI Salta - AEDA)
Javier David, por ejemplo, vertió durante una entrevista realizada una semana antes de las elecciones de septiembre sus apreciaciones sobre algunos de los males que aquejan a nuestra provincia: pobreza, desempleo y adicciones. En una muestra de extrema heterodoxia, se alejó de todas las teorías existentes que versan sobre las relaciones entre estos conceptos, dando nacimiento a una nueva explicación, no del todo convincente, acerca de las implicancias de cada uno. Al parecer, para el ahora diputado electo, no existe relación entre pobreza y adicciones: 
“Todos se drogan, tanto ricos como pobres, no con lo mismo, pero al final todos se drogan; este no es un problema de sólo un sector de la población”. La proliferación de la venta y consumo de estupefacientes en las villas de la ciudad (que hoy empiezan a desmontarse con el accionar policial), poco tiene que ver, según David, con las situaciones de marginalidad a la que se ven expuestos los excluidos del sistema económico. Olvida que la mayoría de las crecientes consultas relacionadas a las adicciones en los centros de salud y en los hospitales pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.
Si bien el representante del Frente Salteño alegó que uno de los factores que determina la “inseguridad” es la drogadicción, no identificó el crecimiento de esta con el desempleo, y expresó que sería mucho más efectiva la creación de juntas vecinales que ayuden a la policía antes que una política clara de empleo. Esto deja entrever una contradicción diametral con cualquier tipo de apreciación sobre el trabajo, ya sea sociológica o económica, progresista o no; recordemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toma al trabajo como mucho más que una fuente de ingresos proveniente de la venta de mano de obra, sino también como un factor de inclusión social que permite a los individuos adquirir un rol preponderante en la sociedad, dotándolos de dignidad y permitiendo el normal desenvolvimiento y disfrute de los derechos de los que son acreedores por el simple hecho de ser hombres. Por lo visto, según la OIT, el trabajo parece ser una buena solución para algunos de los flagelos a los que es arrojada gran parte de la población salteña.
La desigualdad, pese a que muchos dirigentes pretendan desviar la mirada, es un problema que aflige a todas las economías subdesarrolladas, y sobre todo en América Latina, la región más desigual del mundo, región que actualmente atraviesa una transformación estructural que intenta revertir estos indicadores. Argentina no se ve exenta; los indicadores (índice de Gini) arrojan que la franja de población con mayores ingresos gana 30 veces lo que gana la más baja. Esta situación tiende a agravarse en las provincias del norte de la Nación, tanto del NOA como del NEA. En el caso de Salta, estudios del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos y Laborales) de la Universidad Nacional de La Plata sitúan a la provincia entre las más desiguales del país. Para ser más ilustrativos, podemos decir que la franja de población de mayores ingresos gana cerca de 41 veces lo que gana la más pobre.
Diversidad Teórica
David no fue el único en expresarse al respecto: resulta ser que Salta ha tomado la posta en ser una fuente inagotable de conocimiento sobre el mercado de trabajo y sus implicancias sociales. La siguiente alocución se la debemos a la brillantez de varios diputados provinciales, como lo es el caso de Carlos “Querubín” Sosa,
Omar Soches López y Juan Rosario Mazzone, quienes, burlando toda consideración a los derechos humanos y del niño, evadieron condenar abiertamente el trabajo infantil en la legislatura provincial. Todos los involucrados son representantes de departamentos en donde la actividad agrícola utiliza mano de obra infantil, lo cual demuestra también el lamentable diagnóstico que tienen estos diputados de la realidad socioeconómica de las jurisdicciones que representan. Sin embargo, y acostumbrados al exquisito desarrollo intelectual salteño, otras voces como las del intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, y del director de la Junta Arquidiocesana de la Catequesis del Arzobispado de Salta, Arturo Gómez Augier, no se hicieron esperar en su pronunciamiento a favor de la labor infantil. A su modo, acompañaron la postura Martín Grande y el Diario El Tribuno.
Pese a que las condiciones de explotación a la que están expuestos los trabajadores agrícolas rozan la servidumbre, es mucho más preocupante la situación por la que atraviesan los hijos de los mismos, quienes muchas veces son sustraídos de la educación a muy temprana edad y obligados a soportar condiciones de explotación intolerables. Más precisamente, según un estudio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el NOA el 62% de los menores que realiza algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada. Estos datos resultan ser macabros, no sólo por la cantidad notoria de población infantil afectada, sino también por los efectos que tiene entre los involucrados. Los efectos aludidos repercuten en la generación expuesta al trabajo y en sus descendientes, generándose un fenómeno al que se le puede llamar “transferencia intergeneracional de la pobreza”. Los niños que hoy trabajan tienen un desarrollo cognitivo inferior a los que no, en parte por el cansancio producido por la actividad que realizan y en parte por el hecho de haber abandonado sus estudios. No importa cuál fuere la posición teórica, existe un hecho concreto: la retribución por la actividad laboral depende directamente de la formación de los trabajadores.
Así, los mejores puestos de trabajo, con mayores salarios y condiciones laborales óptimas son ocupados por personas que cuentan con la educación requerida, mientras que aquellos niños que hoy no acceden a la educación (secundaria y hasta primaria) serán mañana trabajadores que no accedan a buenos niveles de ingreso y padres de familia que a su vez no podrán brindar una adecuada educación a sus hijos, generándose un círculo vicioso expansivo, puesto que las familias de menores ingresos son aquellas con mayor cantidad de hijos.
De todas formas, la culpabilidad no termina con la barbarie de la legitimación del trabajo infantil, sino con aquellos que lucran con eso, quienes tienen una cuota de responsabilidad mucho más alta. Según los datos, el sector agropecuario ha sido uno de los más beneficiados durante los últimos años, el crecimiento de los precios de sus productos ha sido particularmente favorable, por lo que el Valor Bruto de Producción del sector en el año 2008 rondó los 4.800 millones de pesos corrientes (estimado a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta y del Ministerio de Economía de la Nación). Por otra parte, este mismo sector mantuvo, según un estudio reciente de la CEPAL, para periodos cercanos, alrededor del 67% de sus trabajadores en situación informal, es decir, en negro, sin aportes, o bien, como lo estipula el Ministerio de Trabajo de la Nación, alejados del trabajo decente. Como se puede observar, cualquier costo asumido para poner en blanco a sus empleados es irrisoriamente pequeño, dados los astronómicos ingresos que genera este sector de la economía. Por lo que se puede asumir que esta masa de trabajadores se encuentra en esta situación debido a la falta no de ingresos de sus empleadores, sino de escrúpulos de los mismos. Y esto sin tener en cuenta la mano de obra infantil, puesto que los menores de catorce años son no PEA y no entran en esta calificación.
La situación de los niños que trabajan en el campo es por demás delicada, y si las instituciones encargadas de defenderlos miran hacia otro lado, se vuelve mucho peor. En Orán, durante el año 2006, el abogado Hernán Mascietti denunció que niños de siete años en adelante se encontraban realizando labores forzadas en el Ingenio “El Tabacal”.
La labor de estos chicos consistía en ser “piedreros”, como ellos lo llaman, es decir, eran los encargados de descubrir y levantar las piedras que podrían entorpecer el terreno donde pasan las maquinarias para preparar la tierra para la cosecha. Los chicos describen en la denuncia que muchas veces el peso de las piedras era tan grande que tenían que alzarlas entre siete u ocho niños sin más elementos que un par de bolsas de arpillera cruzadas por debajo, por lo que de vez en cuando uno tenía que ir abajo para empujarlas y así poder subirlas a las camionetas. Esta denuncia, que de por sí ya es violatoria de tratados de jerarquía constitucional, no fue tenida en cuenta, y esto no tuvo ninguna repercusión entre las autoridades ante quienes fue presentada la denuncia, pero sí entre familiares y amigos de un niño de quince años que murió como consecuencia de esta labor y de otro de diecisiete, quien sufrió severas lesiones.
Ante esta crisis de identidad de la institucionalidad política, cabe preguntarse si es preferible defender los márgenes de utilidades obtenidos por la utilización de manos jóvenes o defender los derechos de la niñez y la juventud. Porque, en algún punto, tenemos que ser justos, el trabajo infantil tiene su racionalidad económica, cuesta muy poco emplear a un niño para que haga las labores de un adulto, puede tener una productividad cercana, puesto que no se necesitan muchas destrezas (sólo aguantar), pero su costo es ínfimo; por ende, a los empresarios les resulta bastante conveniente su actividad.
“Todos se drogan, tanto ricos como pobres, no con lo mismo, pero al final todos se drogan; este no es un problema de sólo un sector de la población”. La proliferación de la venta y consumo de estupefacientes en las villas de la ciudad (que hoy empiezan a desmontarse con el accionar policial), poco tiene que ver, según David, con las situaciones de marginalidad a la que se ven expuestos los excluidos del sistema económico. Olvida que la mayoría de las crecientes consultas relacionadas a las adicciones en los centros de salud y en los hospitales pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.Si bien el representante del Frente Salteño alegó que uno de los factores que determina la “inseguridad” es la drogadicción, no identificó el crecimiento de esta con el desempleo, y expresó que sería mucho más efectiva la creación de juntas vecinales que ayuden a la policía antes que una política clara de empleo. Esto deja entrever una contradicción diametral con cualquier tipo de apreciación sobre el trabajo, ya sea sociológica o económica, progresista o no; recordemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toma al trabajo como mucho más que una fuente de ingresos proveniente de la venta de mano de obra, sino también como un factor de inclusión social que permite a los individuos adquirir un rol preponderante en la sociedad, dotándolos de dignidad y permitiendo el normal desenvolvimiento y disfrute de los derechos de los que son acreedores por el simple hecho de ser hombres. Por lo visto, según la OIT, el trabajo parece ser una buena solución para algunos de los flagelos a los que es arrojada gran parte de la población salteña.
La desigualdad, pese a que muchos dirigentes pretendan desviar la mirada, es un problema que aflige a todas las economías subdesarrolladas, y sobre todo en América Latina, la región más desigual del mundo, región que actualmente atraviesa una transformación estructural que intenta revertir estos indicadores. Argentina no se ve exenta; los indicadores (índice de Gini) arrojan que la franja de población con mayores ingresos gana 30 veces lo que gana la más baja. Esta situación tiende a agravarse en las provincias del norte de la Nación, tanto del NOA como del NEA. En el caso de Salta, estudios del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos y Laborales) de la Universidad Nacional de La Plata sitúan a la provincia entre las más desiguales del país. Para ser más ilustrativos, podemos decir que la franja de población de mayores ingresos gana cerca de 41 veces lo que gana la más pobre.Diversidad Teórica
David no fue el único en expresarse al respecto: resulta ser que Salta ha tomado la posta en ser una fuente inagotable de conocimiento sobre el mercado de trabajo y sus implicancias sociales. La siguiente alocución se la debemos a la brillantez de varios diputados provinciales, como lo es el caso de Carlos “Querubín” Sosa,
Omar Soches López y Juan Rosario Mazzone, quienes, burlando toda consideración a los derechos humanos y del niño, evadieron condenar abiertamente el trabajo infantil en la legislatura provincial. Todos los involucrados son representantes de departamentos en donde la actividad agrícola utiliza mano de obra infantil, lo cual demuestra también el lamentable diagnóstico que tienen estos diputados de la realidad socioeconómica de las jurisdicciones que representan. Sin embargo, y acostumbrados al exquisito desarrollo intelectual salteño, otras voces como las del intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, y del director de la Junta Arquidiocesana de la Catequesis del Arzobispado de Salta, Arturo Gómez Augier, no se hicieron esperar en su pronunciamiento a favor de la labor infantil. A su modo, acompañaron la postura Martín Grande y el Diario El Tribuno.Pese a que las condiciones de explotación a la que están expuestos los trabajadores agrícolas rozan la servidumbre, es mucho más preocupante la situación por la que atraviesan los hijos de los mismos, quienes muchas veces son sustraídos de la educación a muy temprana edad y obligados a soportar condiciones de explotación intolerables. Más precisamente, según un estudio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el NOA el 62% de los menores que realiza algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada. Estos datos resultan ser macabros, no sólo por la cantidad notoria de población infantil afectada, sino también por los efectos que tiene entre los involucrados. Los efectos aludidos repercuten en la generación expuesta al trabajo y en sus descendientes, generándose un fenómeno al que se le puede llamar “transferencia intergeneracional de la pobreza”. Los niños que hoy trabajan tienen un desarrollo cognitivo inferior a los que no, en parte por el cansancio producido por la actividad que realizan y en parte por el hecho de haber abandonado sus estudios. No importa cuál fuere la posición teórica, existe un hecho concreto: la retribución por la actividad laboral depende directamente de la formación de los trabajadores.
Así, los mejores puestos de trabajo, con mayores salarios y condiciones laborales óptimas son ocupados por personas que cuentan con la educación requerida, mientras que aquellos niños que hoy no acceden a la educación (secundaria y hasta primaria) serán mañana trabajadores que no accedan a buenos niveles de ingreso y padres de familia que a su vez no podrán brindar una adecuada educación a sus hijos, generándose un círculo vicioso expansivo, puesto que las familias de menores ingresos son aquellas con mayor cantidad de hijos.De todas formas, la culpabilidad no termina con la barbarie de la legitimación del trabajo infantil, sino con aquellos que lucran con eso, quienes tienen una cuota de responsabilidad mucho más alta. Según los datos, el sector agropecuario ha sido uno de los más beneficiados durante los últimos años, el crecimiento de los precios de sus productos ha sido particularmente favorable, por lo que el Valor Bruto de Producción del sector en el año 2008 rondó los 4.800 millones de pesos corrientes (estimado a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta y del Ministerio de Economía de la Nación). Por otra parte, este mismo sector mantuvo, según un estudio reciente de la CEPAL, para periodos cercanos, alrededor del 67% de sus trabajadores en situación informal, es decir, en negro, sin aportes, o bien, como lo estipula el Ministerio de Trabajo de la Nación, alejados del trabajo decente. Como se puede observar, cualquier costo asumido para poner en blanco a sus empleados es irrisoriamente pequeño, dados los astronómicos ingresos que genera este sector de la economía. Por lo que se puede asumir que esta masa de trabajadores se encuentra en esta situación debido a la falta no de ingresos de sus empleadores, sino de escrúpulos de los mismos. Y esto sin tener en cuenta la mano de obra infantil, puesto que los menores de catorce años son no PEA y no entran en esta calificación.
La situación de los niños que trabajan en el campo es por demás delicada, y si las instituciones encargadas de defenderlos miran hacia otro lado, se vuelve mucho peor. En Orán, durante el año 2006, el abogado Hernán Mascietti denunció que niños de siete años en adelante se encontraban realizando labores forzadas en el Ingenio “El Tabacal”.
La labor de estos chicos consistía en ser “piedreros”, como ellos lo llaman, es decir, eran los encargados de descubrir y levantar las piedras que podrían entorpecer el terreno donde pasan las maquinarias para preparar la tierra para la cosecha. Los chicos describen en la denuncia que muchas veces el peso de las piedras era tan grande que tenían que alzarlas entre siete u ocho niños sin más elementos que un par de bolsas de arpillera cruzadas por debajo, por lo que de vez en cuando uno tenía que ir abajo para empujarlas y así poder subirlas a las camionetas. Esta denuncia, que de por sí ya es violatoria de tratados de jerarquía constitucional, no fue tenida en cuenta, y esto no tuvo ninguna repercusión entre las autoridades ante quienes fue presentada la denuncia, pero sí entre familiares y amigos de un niño de quince años que murió como consecuencia de esta labor y de otro de diecisiete, quien sufrió severas lesiones.Ante esta crisis de identidad de la institucionalidad política, cabe preguntarse si es preferible defender los márgenes de utilidades obtenidos por la utilización de manos jóvenes o defender los derechos de la niñez y la juventud. Porque, en algún punto, tenemos que ser justos, el trabajo infantil tiene su racionalidad económica, cuesta muy poco emplear a un niño para que haga las labores de un adulto, puede tener una productividad cercana, puesto que no se necesitan muchas destrezas (sólo aguantar), pero su costo es ínfimo; por ende, a los empresarios les resulta bastante conveniente su actividad.
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