Finalmente el día jueves último el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó la recepción de fondos provenientes de las ganancias de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) bajo concesión de Minera Alumbrera. La resolución no cierra la discusión: obliga a distinguir las distintas aristas de una decisión polémica sustentada en argumentos legales pero claramente exenta de lo ético-social.
Por Daniel Escotorín
El intento frustrado de la semana anterior de sesión del Consejo Superior por falta de quórum había dejado la incertidumbre respecto de la fuerza numérica necesaria para imponer el resultado logrado este jueves. La decisión de la rectora de la UNSa, la ingeniera Stella Maris Pérez de Bianchi, de apoyar la aceptación de los fondos quedó plasmada en un informe elaborado por una comisión ad hoc conformada por el Dr. Raúl Seggiaro, Lic. Norma Naharro y Dra. Alicia Kirschbaum, todos docentes e investigadores de la universidad. El informe de catorce páginas abunda en elementos legales y técnicos sobre la obligación legal de las mineras de contribuir financieramente a las universidades: “Consideramos que es esencial al inicio de este informe aclarar que los fondos referidos NO provienen de una donación voluntaria de la empresa La Alumbrera, sino que obedecen al cumplimiento de la ley nacional 14.771 [2], sancionada en 1958, mediante la cual se crea la empresa minera YMAD formada por el Estado Nacional, el Estado Provincial de Catamarca y la Universidad de Tucumán…” 
(Destacado en el original). Se explaya sobre la reglamentación en las formas de distribución. En el ítem “Cálculo de los fondos: ¿cuánto le corresponde a las Universidades?”, llegan a la conclusión de que el YMAD distribuye menos de lo que le correspondería:
“Si las utilidades giradas a YMAD en el año 2007 fueron de $782 millones, de acuerdo con el porcentaje que fija la Ley se deberían haber distribuido:
60 % a la Prov. Catamarca: $ 470 millones
20 % a la Univ. Nac. de Tucumán $ 156 millones
20 % a las Universidades Nacionales $ 156 millones
¿Por qué sólo se entregaron $ 50 millones a las Universidades?”
Es decir que los huecos administrativos o de falta de control legal no constituyen problemas de fondo en cuanto a la decisión final de un organismo estatal. Aclaremos que en este punto se trata de uno de los cuestionamientos de menor cuantía. Casi burocrático, no obstante esto se complementa con un interesante párrafo del mismo informe, que resalta la actual situación a partir de la desregulación legal y el corrimiento por parte del Estado nacional en toda forma de control sobre la actividad minera. Dice el informe al respecto: “A partir de la Reforma del Estado de 1989 y de las consiguientes privatizaciones, el Banco Mundial, grupos de empresarios y políticos, promovieron la creación de un marco jurídico que contemplara el ingreso de la gran minería mundial en Argentina bajo las mejores condiciones posibles para las empresas multinacionales involucradas y la menor injerencia del Estado y de la sociedad civil.” Evidentemente, hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol: evasión fiscal, falseamiento de datos y desregulación jurídica, corrimiento del Estado en todas sus instancias (incluidas las universidades) del control, el estudio y la investigación sobre las nuevas realidades generadas a partir de la reforma hacia el modelo neoliberal. Sin embargo, este informe recoge una variedad cualitativamente aceptable de datos relevados, informes e investigaciones que expresan: poca utilidad económica para la región, alta rentabilidad para las corporaciones transnacionales y un alto impacto ambiental en las zonas afectadas.
“En marzo de 2007, la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2:’Las mediciones realizadas en Tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT (sólidos totales disueltos), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona, puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.
De igual manera, se hace referencia al impacto social que, vale aclarar, en términos de ocupación de mano de obra es relativamente bajo: ochocientos puestos de trabajo, muchos de los cuales no son mano de obr
a local. Lo paradójico del informe es que, luego del cuadro descripto, propone una discusión en torno al rol de las multinacionales en el campo de la minería, pero considera como una falsa disyuntiva el debate sobre aceptar o no los fondos. Muy por el contrario, propone que las universidades nacionales “exijan lo que les corresponde por ley…”, y a renglón seguido en una exacerbada muestra de relativismo pragmático plantea “que las universidades aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera La Alumbrera…” Y para completar el grave cuadro de esquizofrenia ético–intelectual proponen: “Apoyar a las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicativos y demandar que los Estados provinciales y el Estado nacional obliguen a las empresas mineras a cumplir con las leyes vigentes que protegen los derechos de las comunidades criollas e indígenas…” En resumen, aceptan que la minera contamina, evade, no paga lo que corresponde, depreda pero “Bueno… ¡venga la plata! Y ¡ah! Pobladores afectados: lo sentimos mucho, estamos con ustedes y ya haremos justicia, se lo prometemos (cuando La Alumbrera nos dé más fondos para investigarla y podamos argentinamente j… al capitalismo internacional”)
Otras voces
El debate sobre los fondos mineros no es exclusivo de la Universidad Nacional de Salta: por el contrario, afectó a otras, y las respuestas fueron igualmente disímiles. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó dichos fondos hace dos semanas y sentó un gran precedente, que además puede generar un conflicto mayor en el organismo madre de las universidades, el cuestionado CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). De la misma manera, un conflicto mayor se procesa al interior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que por la ley es socia de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), la cual explota dicho yacimiento y participa directamente en el YMAD. Allí el debate no es menor, ya que antes que solicitar el rechazo de los fondos, la pelea es para finalizar el vínculo que los une. No deja por eso de ser significativo que esta semana en el Consejo Superior de la UNT se haya resuelto realizar una Sesión Extraordinaria a pedido de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Rojas Mayer, quien solicitó que se escuche a los miembros de las distintas comunidades y organizaciones sociales que rechazan o están afectados por la Minera y sus actividades.
La sesión se realizará en la segunda quincena de noviembre. Docentes de la Universidad de Catamarca ya habían manifestado su oposición a que esta institución reciba fondos de Xtrata Cooper, otra de las empresas actuantes en la región y miembro de la UTE. Hasta ahora son ya veinte las facultades de diversas universidades que rechazaron estos fondos, entre las que se cuenta la Facultad de Humanidades de la UNSa. Asimismo, el gremio docente de la universidad, ADIUNSA, se manifestó contra los fondos, y en el último párrafo de su comunicado el gremio es tajante en cuanto a la esencia de ese dinero: “Aceptar mecanismos de chantaje de sectores económicamente poderosos contradice abiertamente contra esta pretensión” (solución de los problemas nacionales y regionales – finalidad establecida en el estatuto de la UNSa).
Por fuera del ámbito académico universitario, además de numerosas organizaciones ambientalistas, de comunidades afectadas, sociales, gremiales y políticas, dos referentes que se manifestaron y solicitaron explícitamente a las universidades el rechazo fueron el cineasta y diputado nacional electo Fernando Ezequiel Solanas, cuyo último film (“Tierra Sublevada – Parte 1 Oro Impuro”) trata este tema y fue rodado en el noroeste argentino, incluida Salta, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en su reciente visita a Salta volvió sobre este tema en la misma universidad, reiterando su pedido de rechazo a los fondos (en el mismo informe de la UNSa se lo cita).
En cualquier caso, si la disyuntiva no es aceptar o no los fondos, sino la política minera, tal como lo expresa el informe citado y que se puede bajar del sitio web de la UNSa (http://www.unsa.edu.ar/), aceptando esos fondos se está convalidando el orden actual, se lo refuerza y por el contrario se debilita al otro sector, por cuanto un gesto político masivo de rechazo forzaría en el corto plazo a discutir lo que propone el documento. En lo concreto, el neoliberalismo y su corriente intelectual relativista volvieron a triunfar. Billetera mata valores.
Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):
Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN
(Destacado en el original). Se explaya sobre la reglamentación en las formas de distribución. En el ítem “Cálculo de los fondos: ¿cuánto le corresponde a las Universidades?”, llegan a la conclusión de que el YMAD distribuye menos de lo que le correspondería:“Si las utilidades giradas a YMAD en el año 2007 fueron de $782 millones, de acuerdo con el porcentaje que fija la Ley se deberían haber distribuido:
60 % a la Prov. Catamarca: $ 470 millones
20 % a la Univ. Nac. de Tucumán $ 156 millones
20 % a las Universidades Nacionales $ 156 millones
¿Por qué sólo se entregaron $ 50 millones a las Universidades?”
Es decir que los huecos administrativos o de falta de control legal no constituyen problemas de fondo en cuanto a la decisión final de un organismo estatal. Aclaremos que en este punto se trata de uno de los cuestionamientos de menor cuantía. Casi burocrático, no obstante esto se complementa con un interesante párrafo del mismo informe, que resalta la actual situación a partir de la desregulación legal y el corrimiento por parte del Estado nacional en toda forma de control sobre la actividad minera. Dice el informe al respecto: “A partir de la Reforma del Estado de 1989 y de las consiguientes privatizaciones, el Banco Mundial, grupos de empresarios y políticos, promovieron la creación de un marco jurídico que contemplara el ingreso de la gran minería mundial en Argentina bajo las mejores condiciones posibles para las empresas multinacionales involucradas y la menor injerencia del Estado y de la sociedad civil.” Evidentemente, hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol: evasión fiscal, falseamiento de datos y desregulación jurídica, corrimiento del Estado en todas sus instancias (incluidas las universidades) del control, el estudio y la investigación sobre las nuevas realidades generadas a partir de la reforma hacia el modelo neoliberal. Sin embargo, este informe recoge una variedad cualitativamente aceptable de datos relevados, informes e investigaciones que expresan: poca utilidad económica para la región, alta rentabilidad para las corporaciones transnacionales y un alto impacto ambiental en las zonas afectadas.
“En marzo de 2007, la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2:’Las mediciones realizadas en Tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT (sólidos totales disueltos), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona, puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.De igual manera, se hace referencia al impacto social que, vale aclarar, en términos de ocupación de mano de obra es relativamente bajo: ochocientos puestos de trabajo, muchos de los cuales no son mano de obr
a local. Lo paradójico del informe es que, luego del cuadro descripto, propone una discusión en torno al rol de las multinacionales en el campo de la minería, pero considera como una falsa disyuntiva el debate sobre aceptar o no los fondos. Muy por el contrario, propone que las universidades nacionales “exijan lo que les corresponde por ley…”, y a renglón seguido en una exacerbada muestra de relativismo pragmático plantea “que las universidades aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera La Alumbrera…” Y para completar el grave cuadro de esquizofrenia ético–intelectual proponen: “Apoyar a las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicativos y demandar que los Estados provinciales y el Estado nacional obliguen a las empresas mineras a cumplir con las leyes vigentes que protegen los derechos de las comunidades criollas e indígenas…” En resumen, aceptan que la minera contamina, evade, no paga lo que corresponde, depreda pero “Bueno… ¡venga la plata! Y ¡ah! Pobladores afectados: lo sentimos mucho, estamos con ustedes y ya haremos justicia, se lo prometemos (cuando La Alumbrera nos dé más fondos para investigarla y podamos argentinamente j… al capitalismo internacional”)Otras voces
El debate sobre los fondos mineros no es exclusivo de la Universidad Nacional de Salta: por el contrario, afectó a otras, y las respuestas fueron igualmente disímiles. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó dichos fondos hace dos semanas y sentó un gran precedente, que además puede generar un conflicto mayor en el organismo madre de las universidades, el cuestionado CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). De la misma manera, un conflicto mayor se procesa al interior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que por la ley es socia de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), la cual explota dicho yacimiento y participa directamente en el YMAD. Allí el debate no es menor, ya que antes que solicitar el rechazo de los fondos, la pelea es para finalizar el vínculo que los une. No deja por eso de ser significativo que esta semana en el Consejo Superior de la UNT se haya resuelto realizar una Sesión Extraordinaria a pedido de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Rojas Mayer, quien solicitó que se escuche a los miembros de las distintas comunidades y organizaciones sociales que rechazan o están afectados por la Minera y sus actividades.
La sesión se realizará en la segunda quincena de noviembre. Docentes de la Universidad de Catamarca ya habían manifestado su oposición a que esta institución reciba fondos de Xtrata Cooper, otra de las empresas actuantes en la región y miembro de la UTE. Hasta ahora son ya veinte las facultades de diversas universidades que rechazaron estos fondos, entre las que se cuenta la Facultad de Humanidades de la UNSa. Asimismo, el gremio docente de la universidad, ADIUNSA, se manifestó contra los fondos, y en el último párrafo de su comunicado el gremio es tajante en cuanto a la esencia de ese dinero: “Aceptar mecanismos de chantaje de sectores económicamente poderosos contradice abiertamente contra esta pretensión” (solución de los problemas nacionales y regionales – finalidad establecida en el estatuto de la UNSa).Por fuera del ámbito académico universitario, además de numerosas organizaciones ambientalistas, de comunidades afectadas, sociales, gremiales y políticas, dos referentes que se manifestaron y solicitaron explícitamente a las universidades el rechazo fueron el cineasta y diputado nacional electo Fernando Ezequiel Solanas, cuyo último film (“Tierra Sublevada – Parte 1 Oro Impuro”) trata este tema y fue rodado en el noroeste argentino, incluida Salta, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en su reciente visita a Salta volvió sobre este tema en la misma universidad, reiterando su pedido de rechazo a los fondos (en el mismo informe de la UNSa se lo cita).
En cualquier caso, si la disyuntiva no es aceptar o no los fondos, sino la política minera, tal como lo expresa el informe citado y que se puede bajar del sitio web de la UNSa (http://www.unsa.edu.ar/), aceptando esos fondos se está convalidando el orden actual, se lo refuerza y por el contrario se debilita al otro sector, por cuanto un gesto político masivo de rechazo forzaría en el corto plazo a discutir lo que propone el documento. En lo concreto, el neoliberalismo y su corriente intelectual relativista volvieron a triunfar. Billetera mata valores.
Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):
Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN
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