La experiencia ha demostrado que las microfinanzas generan técnicas adecuadas para brindar servicios financieros a los sectores menos favorecidos. En nuestra provincia, desde años atrás es posible visualizar a las microfinanzas como una herramienta para el logro de una organización social sustentable. Desde el Estado y desde el sector privado, se han posicionado como un instrumento clave en la construcción de un nuevo entramado social con diferentes matices y muy diversas características.
Por Gabriela Gutiérrez
La década de los noventa dejó sumida a una gran parte de la sociedad argentina en una situación de vulnerabilidad extrema. La brecha generada entre aquellos que concentran riquezas y los que están despojados de ella, creció de tal manera, que se hizo imperiosa la incorporación de nuevas herramientas para reconstruir el tejido social. Asistimos así a una novedosa conjunción en la cual economía social, acción pública y política cobran relevancia en el escenario actual. Para que esto sea posible ha sido menester recuperar el rol del Estado como actor relevante y protagonista del espacio que le es propio, y del cual fuera despojado en una década nefasta, impregnada de la idea de que achicar el Estado era la mejor alternativa.
Por solo mencionar un ejemplo en el cual se hace visible esa conjunción, baste destacar el impacto que un Programa Nacional como el de Microcréditos ha tenido en los últimos años. Implementado a través de la promulgación de la Ley 26.117 en el año 2006 (a la cual adhirió nuestra provincia), el programa ha financiado a más de 1.200 organizaciones ejecutoras (fundaciones y asociaciones civiles), que proveen de microcrédito a los emprendedores de la economía social en casi todo el país, con el otorgamiento de más de 87 mil créditos. Todo esto se traduce en una inversión a la fecha de 170 millones de pesos, con la fijación, para la aplicación de los fondos públicos, de una tasa de interés máxima del 6% anual, cifra que está muy por debajo de la tasa de mercado. Más allá del hecho fundamental que constituye proveer de microcrédito, asistencia técnica y capacitación a emprendedores excluidos de cualquier otro circuito financiero, el subsidio a la tasa de interés se constituye en un poderoso instrumento de distribución del ingreso.
El otro sendero
La falta de oportunidades laborales, educativas y sanitarias, profundizada por los crecientes índices de desempleo alcanzados en esos años, provocó que un creciente número de familias sufrieran privaciones de todo tipo, que afectaron especialmente su salud, y como consecuencia directa su alimentación y la nutrición de los niños. Esta problemática ha ocasionado que las estrategias de superación de la pobreza contemplen formas alternativas de trabajo, y que las mismas brinden la capacidad de generar ingresos genuinos a este grupo vulnerable de la población. En este marco, los sectores populares desarrollaron multiplicidad de iniciativas de subsistencia, activando diferentes capacidades, redes, vínculos, saberes y recursos que suelen denominarse “estrategias de supervivencia”.
Es aquí donde aparece un elemento clave en la construcción de nuevas alternativas. La Economía Social es una de ellas, y consiste en un sistema de instituciones y prácticas que se da una comunidad para movilizar recursos y capacidades con el fin de producir bienes y desarrollar la comunidad misma en las mejores condiciones posibles. En tanto produce determinadas estructuras sociales y políticas, la definición de ese tipo de economía supone también un proyecto conciente de construcción de otras formas económicas en procura solidaria de una sociedad más justa.
En los últimos años, la leve mejoría de las condiciones económicas en nuestro país ha propiciado un entorno favorable para el crecimiento del sector empresarial en una diversidad de rubros de producción. Sin embargo, este avance no ha arrojado una mejora ni homogénea y menos aún equitativa para el conjunto de las provincias argentinas. En el norte del país persisten las situaciones de atraso y pobreza estructural. Este conjunto, conformado por nueve provincias pertenecientes de las regiones Noreste y Noroeste, ha sido denominado “Región Crítica” en el Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado para Argentina en el 2005. Esta región crítica está integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Región castigada y con una población en situación de extrema vulnerabilidad, que ha recibido la asistencia de diferentes programas sociales del Estado Nacional, en algunas oportunidades articulando con sus respectivos gobiernos provinciales, como así también fondos de cooperación extranjera e incluso privados.
En nuestra provincia conviven todos los elementos citados: programas sociales del Estado (en sus varias esferas), cooperación extranjera y financieras privadas. Su accionar, a pesar de sus múltiples y diferentes características, ha permitido reforzar los emprendimientos de una población excluida del sistema laboral “formal”. Este tipo de asistencia ha significado un cambio cualitativo y cuantitativo para estos emprendedores, puesto que ellos no contaban con la posibilidad de acceso al crédito tradicional. Este escenario favoreció también la presencia de las mujeres al frente de los emprendimientos, volviéndolas protagonistas y sostén principal del hogar. Se revalorizaron saberes, se redimensionó el espacio territorial: el barrio nuevamente se constituyó como escenario principal. Toda esta reactivación se sostiene en principios solidarios que refieren directamente al valor de la palabra, la confianza mutua y una idea de comercio justo que les permita una inserción directa en un mercado laboral que los había marginado.
Este nuevo horizonte, en el cual la economía social, la acción pública y la política articulan de forma permanente, precisa además de financiamiento, de la indispensable presencia del Estado. Un Estado que sea capaz de garantizar el marco favorable para una construcción social diferente, y que pueda poner el énfasis en los hombres y no en el mercado, es una necesidad concreta de la sociedad toda. Una economía social, sin la debida voluntad y el respaldo político necesario, no materializa el cambio, no impacta en su población y deja en las márgenes del sistema a un elevado número de habitantes que precisan de su intervención, de sus garantías y de su marco regulatorio.
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