JUICIO MILLONARIO
Privatización del 97 y reestatización de por medio, nunca se transfirieron las acciones participadas a los obreros del correo oficial. Desempleo, estafas y suicidios después, el Estado reconoció la “falta”, pero nunca hizo nada al respecto. Ahora se viene la vía judicial y una demanda masiva por “omisión”. Si callar es mentir, ¿omitir es robar?
Privatización del 97 y reestatización de por medio, nunca se transfirieron las acciones participadas a los obreros del correo oficial. Desempleo, estafas y suicidios después, el Estado reconoció la “falta”, pero nunca hizo nada al respecto. Ahora se viene la vía judicial y una demanda masiva por “omisión”. Si callar es mentir, ¿omitir es robar?
Por Julieta Lucero
Ex agentes del Correo Argentino están preparando un juicio millonario a nivel nacional contra el Estado y contra el grupo empresario Macri por el 14 por ciento de acciones de propiedad participada que les pertenecen a los trabajadores y nunca fueron efectivamente implementadas por ninguno de los dos.
En Salta se reunirán esta tarde para terminar de acordar con el estudio de abogados que va a llevar adelante la demanda masiva. En el resto del país, ya firmaron los ex empleados de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de modo parcial las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa.
Desde su formación en 2006, la Asociación de ex Agentes del Correo Argentino salteña - que luego se replicó en distintos puntos del territorio argentino-, se reunió con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales buscando una respuesta a la omisión de la propiedad de esos títulos en el contrato de traspaso de la empresa a manos privadas, que se convirtió, en definitiva, en una suerte de robo velado.
En el ámbito de Nación, el secretario de Comunicación de la Presidencia a cargo de la cartera en 1999 reconoció el “error”, pero aún así nada se hizo al respecto. Más acá en el tiempo, lograron plantear el reclamo en la Cámara de Diputados y ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En la provincia, antes de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, Juan Manuel Urtubey se comprometió a llevar el pedido de los despedidos de la gestión macrista ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dijo en una mesa de café, como esta, que, si ganaba las elecciones, su despacho no iba a tener chapa, que iba a estar abierto para cualquiera que lo necesite. Pero después de eso nunca más nos recibió ni nos contestó ninguna nota”, afirmó el presidente de la Asociación, Rodolfo Rosas.
Agotadas entonces las vías administrativas, con intentos judiciales individuales aislados y estafas por parte de algunos gremialistas, la decisión que tomen esta tarde afectará a unos 250 salteños que fueron “limpiados” del Correo con la privatización, obligados a renunciar bajo la figura de “retiro voluntario”. De ganar el juicio, hombres y mujeres que hoy tienen muy pocas chances de entrar nuevamente en el mercado laboral recuperarían la dignidad y el capital que el Estado les quitó y el Grupo Macri aceptó.
En Salta se reunirán esta tarde para terminar de acordar con el estudio de abogados que va a llevar adelante la demanda masiva. En el resto del país, ya firmaron los ex empleados de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de modo parcial las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa.
Desde su formación en 2006, la Asociación de ex Agentes del Correo Argentino salteña - que luego se replicó en distintos puntos del territorio argentino-, se reunió con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales buscando una respuesta a la omisión de la propiedad de esos títulos en el contrato de traspaso de la empresa a manos privadas, que se convirtió, en definitiva, en una suerte de robo velado.
En el ámbito de Nación, el secretario de Comunicación de la Presidencia a cargo de la cartera en 1999 reconoció el “error”, pero aún así nada se hizo al respecto. Más acá en el tiempo, lograron plantear el reclamo en la Cámara de Diputados y ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En la provincia, antes de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, Juan Manuel Urtubey se comprometió a llevar el pedido de los despedidos de la gestión macrista ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dijo en una mesa de café, como esta, que, si ganaba las elecciones, su despacho no iba a tener chapa, que iba a estar abierto para cualquiera que lo necesite. Pero después de eso nunca más nos recibió ni nos contestó ninguna nota”, afirmó el presidente de la Asociación, Rodolfo Rosas.
Agotadas entonces las vías administrativas, con intentos judiciales individuales aislados y estafas por parte de algunos gremialistas, la decisión que tomen esta tarde afectará a unos 250 salteños que fueron “limpiados” del Correo con la privatización, obligados a renunciar bajo la figura de “retiro voluntario”. De ganar el juicio, hombres y mujeres que hoy tienen muy pocas chances de entrar nuevamente en el mercado laboral recuperarían la dignidad y el capital que el Estado les quitó y el Grupo Macri aceptó.
Excedente
“Entrábamos a trabajar y no se sabía si seguíamos”, explicó Carlos Bejarano, secretario de la asociación, al referirse al sistema de despidos que dejó al 70 por ciento de la planta salteña del correo afuera de la institución. “Sabíamos que si nos llamaban a la oficina del gerente era para decirnos que éramos ‘exedentes’ y que nos iban a presionar para aceptar el retiro voluntario con el argumento de que si no lo hacíamos quedábamos en la calle sin nada”, relató.
El largo proceso que los llevó a esa situación comenzó el 29 de diciembre de 1992, con el decreto 2.793 y la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), conocida como Correo Argentino. El 1 de diciembre de 1997, a través de una concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, el Grupo Macri se hizo cargo de la administración del correo oficial tras el decreto del Poder Ejecutivo 262/97.Con la ley 23.696 se creó el Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual el Estado entregó a los empleados del correo el 14 por ciento de las acciones. En 1998, cuando el servicio se convirtió en sociedad anónima, debía cristalizarse esa entrega. Estaba estipulado que sea a través de sucesivos decretos del Ejecutivo y que se sume un director con voz y voto de los empleados accionistas.
El proceso siguió. Gracias al decreto 1.560/98 se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a confeccionar y aprobar el Formulario de Adhesión al programa, el Acuerdo General de Transferencia (AGT) y el Convenio de Sindicación de Acciones (CSA), hecho que ocurre finalmente en el 99. Ese año también se establecieron sujetos comprendidos en el PPP, se aprobó el listado de categorías profesionales de trabajadores y se excluyó del programa a la categoría de aprendices. Pero decretos van, firmas vienen, el Estado nacional nunca transfirió el paquete accionario a los obreros.
“Empecé cavando pozos, después fui cartero, mensajero y terminé como jefe de los carteros”, explicó Rosas, un hombre con una carrera dentro del correo que, al igual que a la mayoría de los trabajadores, el grupo Macri despidió sin siquiera la jubilación anticipada. “Se creó un clima raro dentro de la empresa. No sabíamos quién era compañero y quién no”, afirmó.
Vuelta al Estado
A fines de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner decretó el fin del contrato de concesión a la empresa y se formó una unidad administrativa a cargo de la conducción del Servicio Oficial de Correos, con el objeto de reorganizarse en un plazo de 180 días. Cumplido ese tiempo, se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), pero con un pequeño detalle: el artículo segundo del decreto 721/04 estableció que “el cien por ciento del capital de la sociedad que se crea pertenecerá al Estado nacional”.
Así, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se convertía en el tenedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Ministerio de Economía y Producción del uno por ciento restante. De los ex trabajadores y empleados del momento, ni noticias.
“Muchos de los compañeros se suicidaron. Otros se están muriendo de depresión”, confesó Rosas, que espera llegar a un acuerdo con los miembros de su asociación para poder acoplarse a la demanda a nivel nacional. “Creemos que hay más de un 90 por ciento de posibilidades de ganar”, afirmó.
“Hace poco, en un velorio, un actual ministro del gobierno provincial me abrazó y me dijo que las acciones eran ‘honoríficas’, nada más. Como si nos hubiesen regalado una heladera, por ejemplo, y no nos dejaran usarla, porque es sólo para mirar”, dijo indignado Rosas.Primero empleados, después renunciados, más tarde estafados por abogados y gremialistas. Hoy, los ex agentes del Correo Argentino definen si se suman al camino judicial. Según el servicio metereológico y las previsiones de Rosas y Bejarano, señor ministro, señor gobernador, señora presidenta y señor Macri, parece que en el norte el clima se empezó a calentar y se va a necesitar litros y litros de agua fresca.
Convocatoria
La Asociación de ex agentes del Correo Argentino convocan a empleados y ex empleados a una reunión para tratar la demanda judicial contra el Estado y el grupo Macri. Será hoy a las 10, en el salón de la Asociación Jerárquica de Empleados Profesionales de la Comunicación, Córdoba 785.
No hay comentarios:
Publicar un comentario