El “desarrollo” en los confines de Salta

Revalorización territorial y modelo sojero en Anta (Primera parte)

La pampeanización de la frontera agrícola en la provincia de Salta ha generado una profunda transformación productiva y social. El departamento de Anta es el paradigma de un proceso con profundos impactos sociales y ambientales. Chris van Dam estudia en 2001 el “modelo sojero” en Las Lajitas y el proceso de concentración de la propiedad que resulta del mismo. De este documento, publicado originalmente en la revista peruana “Debate agrario” en el 2003, presentamos en este número una primera entrega.


Hacia 1990, uno de los últimos frentes de la expansión agropecuaria en la Argentina -el departamento de Anta- presentaba un "pronóstico reservado". Lo amenazaba la cíclica inestabilidad de los precios del poroto (cultivo por excelencia en la zona por ese entonces), las fuertes oscilaciones en las precipitaciones y la acelerada degradación ambiental que producían los cruentos métodos de desmonte y el propio sistema de producción que, desde todo punto de vista, favorecía la erosión hídrica y una drástica disminución de la fertilidad. A sólo una década de aquellos diagnósticos, una segunda "revolución verde" pareciera haber tenido lugar en Anta. Esta segunda expansión, que algunos han llamado "revalorización territorial", está marcada por un incremento casi continuo en términos de productividad, de porcentaje de los campos bajo cultivo agrícola, y de cómo la "frontera" agrícola se ha ido desplazando. En sólo diez años, los precios de la tierra se han, a grosso modo, triplicado. Pero hay dos procesos, ocurridos también en esta década, que nos interesan particularmente: la degradación del suelo se ha revertido y los campos han recuperado parcialmente su fertilidad, y paralelamente se ha dado una concentración de la propiedad de la tierra en manos de un grupo reducido de grandes productores y megaempresas de capitales extraregionales.
Los cambios están asociados al reemplazo del cultivo del poroto por el de la soja, lo que a su vez permitió una modificación radical en el sistema productivo, ahora basado en la introducción de una tecnología puesta a punto para el corn belt (cinturón de maíz) y la región pampeana, y que consiste principalmente en la introducción de la siembra directa, variedades transgénicas, rotación soja/maíz y la sistematización de los campos. Todo lo cual permitió disminuir sensiblemente los costos de producción, conservar los suelos y la humedad y así estabilizar la productividad y la rentabilidad, más allá de la irregularidad en las precipitaciones y las variaciones en el precio, mucho más estables en el caso de la soja que en el del poroto.

Soja y “pampeanización”

El reemplazo del poroto por la soja, iniciado tímidamente en Anta en los '80 y generalizado en los '90, cambiaría sin embargo el curso de esta "historia anunciada". Y, curiosamente, también lo haría a partir de un nuevo proceso de "pampeanización" del Umbral. Mientras que el poroto era un cultivo especifico del Umbral, para el cual no existía un paquete tecnológico ad hoc, para el caso de la soja existía una propuesta experimentada y validada en la zona pampeana. La principal razón para la adopción de la soja fueron sus ventajas económicas, amén de algunas ventajas agronómicas.
El cambio de cultivo y de patrón productivo traería muchos otros cambios: el encarecimiento del precio de la tierra y la necesidad de contar con maquinaria sofisticada y costosa para la siembra directa fue cambiando el perfil del productor, atrayendo grandes inversores. Los costos unitarios decrecían en la medida en que hubiera economías de escala, lo que llevó a que ciertos productores crecieran, comprando o arrendando campos, y a que otros vendieran, en un proceso de concentración de la propiedad. La siembra directa también hizo posible cultivar soja con mucha menor humedad, lo cual provocó una nueva expansión de la frontera agrícola. La disminución de tareas de laboreo del cultivo y la introducción de maquinaria muy eficiente también redujeron los requerimientos de mano de obra, a pesar de la fuerte expansión del cultivo. Lo sucedido en Anta confirma así diagnósticos de otras zonas del país, que dan buena cuenta de la drástica expulsión de mano de obra en el agro como resultado del ingreso del capital financiero, del proceso de concentración de la propiedad y de la modernización tecnológica en esta última década.

El Umbral al Chaco, Anta y el núcleo sojero

El núcleo sojero hoy se extiende unos 80 kms, de norte a sur, y entre 30 a 40 kms de oeste a este, desde las serranías hasta el chaco semiárido. Hasta hace algunos años, muchos de los campos eran mixtos, agrícolas y ganaderos. Se estima que hay entre 150.000 y 200.000 hectáreas cultivadas en la campaña 1999/2000, de las cuales 95.000 están en manos de 19 productores. Se los conoce como el “Grupo Lajitas”, y reúne a los productores más grandes y más antiguos de Anta. Tiene diez productores y 60.000 has., pero incluyendo a Alfredo Olmedo que, por sí solo, tiene 25.000. El grupo ProAnta fue formado más recientemente y con nueve productores tiene 35.000 has. Pensando en un promedio de 1000 has. por productor para las restantes 55.000 a 105.000 has. (según cuál sea la estimación), muy a grosso modo se puede estimar que son cultivadas por entre 55 a 105 productores, además de los 19 ya mencionados. A ello debemos agregar las seis ‘megaempresas’, que cumplen un papel muy importante en el imaginario social, y que se distinguen del resto de los productores por la magnitud de la superficie que ocupan, pero sobre todo por la magnitud de la inversión. Se caracterizan por su gran disponibilidad de capital, por la facilidad con la cual pueden reconvertirse, por el bajo perfil con el cual manejan sus decisiones empresarias (lo cual contribuye a controversias y sospechas de todo tipo) y por la tecnología que utilizan, inusual para la zona, en general importada o copiada de otras zonas. Estas megaempresas son LIAG S.A., Agropecuaria Río Juramento, CRESUD, Los Dálmatas, Olmedo y La Moraleja.
Un primer factor de diferenciación, entonces, entre estos productores sojeros, es la cantidad de tierra bajo cultivo. Sin embargo, esta variable no parece correlacionarse con la adopción de un paquete tecnológico diferenciado, el cual, por el contrario, es más que uniforme. Hoy en día, el 95% de la soja de la zona se cultiva en siembra directa. Todos, independientemente del tamaño del predio, utilizan variedades transgénicas y los mismos agroquímicos (salvo pocas hectáreas con soja orgánica). El mercado es el mismo: las cuatro o cinco grandes cerealeras instaladas en la zona.
Otros factores que deben ser tomados en cuenta, en el intento de construir una tipología de productores son el origen del capital y la trayectoria del productor. Por un lado, subsiste un grupo de productores llegados en la década del '70 con el primer impulso de la expansión. Pero en la década del '80, e incluso a inicios de los '90, aparece un segundo grupo de productores e inversores, atraídos por el bajo precio de la tierra, la posibilidad de conseguir grandes superficies y la alta rentabilidad. Esta segunda oleada tiene una mentalidad más empresaria, más "progresista". También hay que tener en cuenta el estilo de administración del campo y la estrategia financiera-productiva adoptada. Mientras algunos productores cuentan con toda la infraestructura necesaria (maquinaria para la siembra y la trilla, camionetas, galpones, etc.) y se expanden en la búsqueda de economías de escala dados los altos costos fijos, otros tercerizan al máximo, aprovechando la presencia en la zona de contratistas para cada una de las labores: siembra, cosecha y fumigación. En términos de expansión, también las estrategias son muy diversas: desde quienes han crecido muy lentamente y sobre todo en base a capital propio, y quienes han crecido rápidamente, acudiendo al endeudamiento bancario.

El nuevo paquete tecnológico: la siembra directa

Hacia mediados de la década del '80, la soja empieza a sustituir al poroto en Anta. El poroto había sido hasta entonces el cultivo por excelencia, pero el precio del grano era un albur. Y en cuanto a rendimientos, aunque el poroto requiere menos humedad que la soja convencional, también había altibajos con los cambios de precipitación. El poroto, un cultivo absolutamente regional, apenas si contaba con un programa de investigación del INTA local, mientras que la soja contaba con un paquete tecnológico probado y validado en la región pampeana.
Los principales problemas agronómicos en Anta para el cultivo de cereales eran el estrés hídrico, que se acentuaba en años secos, y el hecho de que el suelo quedaba al desnudo en la época del cultivo, expuesto a las altas temperaturas y a las lluvias de verano, que en pocos años iban lavando el suelo. Las ventajas del paquete tecnológico eran obvias entonces: disminuía el riesgo climático, garantizando la productividad; permitía recuperar los suelos, que hasta ese entonces se degradaban crecientemente; tratándose de un cultivo con un mercado más estable, permitía prever una cierta rentabilidad y un manejo empresarial más eficiente (ahora el productor podía proyectar sus rendimientos); simplificaba el proceso productivo, ahora más rápido y mas eficiente, abaratando los costos de producción; las empresas que proveen los insumos (semillas, agroquímicos) y la maquinaria siguen desarrollando o validando la tecnología, dando un soporte técnico al productor e introduciendo mejoras que permiten abaratar aún más los costos y se daba la posibilidad de expandir la frontera agrícola a zonas mas áridas (hasta los 500 mm)
Como era de esperar, y dados los menores requerimientos de laboreo, la siembra directa también significa un menor requerimiento de maquinaria. Sin embargo, la maquinaria para la siembra directa es más compleja y más costosa, lo cual abre un mercado para los contratistas. Pese a ello, no todas han sido ventajas con la siembra directa, como analizaremos con más detalle: la siembra directa supuso una nueva alteración del ecosistema, con lo cual aparecieron nuevas malezas y sobre todo nuevas plagas y enfermedades, lo cual implica el uso de herbicidas y plaguicidas en grandes cantidades y con gran impacto en el ambiente; la creciente dependencia de las semilleras, que sacan al mercado nuevas variedades con mejor potencial o resistentes a nuevas enfermedades; el requerimiento de mano de obra es muchísimo menor. Lo que puede haber favorecido la rentabilidad empresarial ha significado desempleo y un mayor empobrecimiento de la zona.
El paquete tecnológico, como hemos podido observar, sigue siendo muy dinámico. Ya no son los tradicionales generadores de tecnología (la Universidad, el INTA) quienes brindan la asistencia técnica; ahora son las mismas empresas de agroquímicos y semilleras, así como las cerealeras presentes en la zona (Monsanto, Cargill, Dekalb, Continental, Pioneer, Zeneca).

Ocupación y pulsos de la expansión agropecuaria

Buena parte del departamento de Anta, y en especial el área de expansión agropecuaria, se ubica en el llamado “Umbral al Chaco salteño”, una franja con orientación norte-sur y de transición entre las laderas orientales y húmedas de los Andes y la llanura chaqueña árida.
En términos de historia ambiental, podemos distinguir cuatro grandes periodos: la ocupación del Umbral, a partir del siglo XVIII, cuando se forman las grandes haciendas ganaderas; la etapa de la explotación forestal del Umbral, que cobra dinamismo hacia 1920-1930 con la llegada del ferrocarril; la primera expansión agropecuaria, que se inicia hacia 1965, con masivos desmontes para el cultivo básicamente de poroto y que parecía cerrarse con una inevitable degradación ambiental; una segunda expansión, que situamos alrededor de 1990, esta vez para la producción de soja, que utiliza este paquete tecnológico de punta, basado en la siembra directa y que significará un nuevo desplazamiento de la frontera agrícola en tierras antes ganaderas o marginales.
Los factores que explican la primera expansión agropecuaria (1965-1990) en el Noroeste Argentino, y en especial en Salta, han sido ampliamente descritos por varios autores, y sólo los enumeraremos aquí en forma resumida: un ciclo de años más húmedos, favorable a la producción de granos; la existencia de buenos precios en el mercado internacional, tanto para la soja como para el poroto; el muy bajo precio de la tierra, que permitió que en los mejores años tanto la tierra como el costo del desmonte necesario para habilitar la tierra para el cultivo pudiera pagarse con las primeras cosechas y, finalmente, las políticas de subsidio del gobierno nacional (Ley 22211/80), que con el argumento de promover la puesta en valor de zonas áridas y semiáridas, otorgó ventajas impositivas y crediticias que hicieron aún más atractivas las inversiones.
En términos ambientales y productivos, sin embargo, el éxito fue invariablemente de corto plazo: una vez aprovechada la fertilidad natural acumulada, los suelos se agotaban rápidamente, decaía la producción, los campos eran abandonados o dedicados a una ganadería extensiva y se procedía a desmontar nuevas superficies, repitiéndose el ciclo. A fines de los años '80, el panorama parecía más bien sombrío, y los estudios coincidían en señalar la insustentabilidad ambiental y productiva del modelo, el agotamiento de los suelos y el progresivo abandono de los campos.

En busca de la vida perdida

Drogadependencia

En las Jornadas de Violencia que organizó el S.A.Vic. ( Servicio de Asistencia a la Víctima) en la Provincia, la Psicóloga Irma Lidia Silva expresó que los diarios y revistas que hablan sobre los temas más candentes de nuestra actualidad, tales como el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y las drogas, no sólo estigmatizan a los jóvenes sino que también se les niega la posibilidad de escuchar su opinión sobre lo que les está ocurriendo, desaprovechando así una importante fuente de información que apunte al cuidado de su integridad física y moral.

Por M.C.

Seguramente José Lamas (nombre ficticio que preserva la identidad del entrevistado) se sorprenderá al leer esta nota, en la cual se verán reflejadas sus experiencias de vida, porque tal vez no pueda creer que pasó por el terrible infierno de las drogas. Probablemente le cueste reconocerse como esta persona que ha vuelto a la vida. Sabe, también, que su rehabilitación durará el resto de su vida, y que todos los días es un nuevo triunfo, un paso que lo aleja un poco más del sufrimiento que experimentó estos años. La oficina de su hermano, lo que según él lo hace sentirse a gusto, fue el lugar de encuentro. Cuando lo conocí, pude notar que era un joven de clase media alta, y resaltó que sus padres son separados, su mamá profesional, su padre comerciante y que tiene dos hermanos. José es el del medio. Repite a lo largo del diálogo su intención de ayudar a quienes tengan el mismo problema que lo golpeó duramente.
José comenzó a consumir alcohol a los 14 años, y me asegura que fue su puerta de entrada a las drogas, con las cuales tuvo su primer encuentro a los 16 años. Marihuana, cocaína, psicofármacos, LSD y pasta base, son las sustancias de las que se hizo dependiente. “Te sentís un Dios pero no enfrentas la realidad, uno busca escapar de sí mismo porque no te sentís útil ni lleno…La droga te muestra dos caras, una del enamoramiento, en donde te satisface la sustancia, pero la otra cara la droga te maneja, no podés dejar de consumir, no podés salir solo”, comenta. Su familia comenzó a sospechar de su comportamiento hostil y de su aislamiento, sus salidas y embriaguez habitual. Cuando por fin se enteraron de que José era adicto, significó un dolor muy grande, pero no dudaron en ayudarlo. José encuentra en “cuestiones sociales como la adolescencia y la marginalidad, y en factores personales tales como la falta de límites, de contención, la angustia y la depresión”, las causas de su ingreso en el mundo de las drogas. Las consecuencias fueron dolorosas: perdió sus afectos, su libertad, la conciencia, la razón, los valores, el vínculo familiar, la confianza, el amor, el respeto hacia padres y hermanos. Perdió, en definitiva, su vida saludable y tranquila, en la cual trabajaba, hacía deportes, tenía metas, sueños y objetivos.

Los años duros
Ya inmerso en el torbellino de las drogas, pasó lo peores momentos de su vida. “Terminé viviendo en la calle, durmiendo en plazas, mendigando, muy tristemente. Lo más duro de las drogas es que te quita los sueños, los proyectos, te quita todo….te quita los afectos….Uno con la droga no sólo se destruye uno mismo, sino también a todo el ámbito familiar, es por eso que se denomina a la familia como co-adicta. La droga es un problema de todos, un problema social. Hay muchas personas que creen que un adicto sólo surge de la marginalidad económica, pero la droga está en todos los ámbitos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres”
José no espera a que le pregunte, y me brinda su opinión sobre la relación entre las drogas y la delincuencia. Sabe que hay muchas personas que identifican a la delincuencia con las drogas (según el Mapa de la Discriminación del INADI, el 62% de las personas encuestadas en Salta piensa que la mayoría de los drogadictos son delincuentes; el 61% está total o parcialmente convencido de que la mayoría de los delincuentes no tiene recuperación), pero expresa que si bien es una realidad que hay delincuentes que se drogan, y que son los más difíciles de tratar desde el punto de vista terapéutico, también hay adictos que no delinquen: “Yo no delinquía, yo vengo de una familia en la cual me enseñaron valores desde chico”. José, a diferencia de otros, tenía medios para sustentar su adicción, por lo que le pregunto si hubiese delinquido si habría carecido de ellos: “Y, sinceramente no lo sé. En un momento dado, yo viví en la calle y conocí gente delincuente que me ofreció ir a delinquir… Yo realmente prefería pedir, nunca se me ocurrió delinquir porque yo sé cuál es el camino: la cárcel.”

El largo camino de la recuperación
La opinión de José coincide con la de un sinnúmero de argentinos, que piensan que “muchos políticos hacen oídos sordos a madres desesperadas que piden por la rehabilitación de un hijo, la cual debe llevarse a cabo en un centro de rehabilitación. Sin embargo, es absolutamente necesario que el adicto tenga ganas de salir de esto, no que vaya por fuerza de la Justicia o empujado por los padres, sino por una decisión propia de querer cambiar el estilo de vida, empezar a vivir una vida diferente con límites, con sueños, con ganas de estar de la vereda del frente. En algunos casos extremos, lamentablemente no queda otra salida que judicializar la situación, y a través de un juez iniciar un tratamiento más allá de que el adicto no lo desee.”
El relato muestra lo extenso y dificultoso del camino hacia la recuperación. Cuenta que pasó por muchas instancias, que espera que su experiencia les sirva a las personas “para que no tengan que estar dando vueltas, sino atacar el problema lo más rápidamente posible”. Comenzó yendo a psicólogos, pasó por alcohólicos anónimos, por narcóticos anónimos, realizó tratamientos ambulatorios y estuvo en un neuro-psiquiátrico. Sin embargo, piensa que “el mejor tratamiento para un adicto es la comunidad terapéutica.” Aclara que “la familia no debe depositar al adicto, ya que precisamente la familia juega un rol imprescindible en la recuperación, durante el tratamiento y después del mismo, por ello es importante que se mantenga el contacto a través de visitas y llamados telefónicos. Las comunidades se tienen que basar en un modelo de estructuras firmes, el adicto tiene que empezar a saber lo que es un “no”, ya que la base del éxito para salir de las drogas son los límites. El adicto necesita un aislamiento de todo el entorno que lo rodea, éste es el primer trabajo que se hace. Mediante grupos de autoayuda formados con otros compañeros/internos se produce una ayuda mutua para poder vencer sus problemas, sus angustias, sus dolores. En la gran mayoría de las comunidades se trabaja con ex adictos rehabilitados, que actúan como operadores terapéuticos. Su papel es de gran relevancia, ya que son personas que vivieron las mismas experiencias que vivió uno. También es vital el trabajo con psicólogos y demás profesionales especializados. Luego comienza la reconstrucción de la estructura personal, que en virtud de la drogadependencia se ha visto aniquilada. Los adictos han perdido sus responsabilidades, horarios, higiene, por lo que hay que empezar nuevamente a formar a la persona, al hombre. A través de la comunidad terapéutica uno empieza a madurar todos estos aspectos y a sentirse diferente, útil, una persona con una vida por hacer.”
José ahora es otro y no duda en exteriorizarlo: “Estar internado no es lindo, pero da sus frutos. Yo lo puedo recomendar a la gente que se sienta mal, que no quiera seguir viviendo una vida de fantasías, de mentiras, de soledad y de dolor. Ahora me siento libre; me costó mucho pero tuve la decisión firme de recuperar mi vida y lo conseguí.”

Comunidades Terapéuticas

José describe las características de las Comunidades Terapéuticas en las que estuvo internado, expresando su opinión sobre cada una de ellas. Estuvo internado en las tres instituciones que mencionamos a continuación. Hace doce meses ingresó al Programa San Andrés, concluyendo la primera etapa del mismo. Ahora se encuentra en la segunda, de reinserción social. Para mayor información y contactos: http://www.manantiales.org.uy/home.php; http://www.betania.org.ar/; http://www.programaandrescba.org.ar/

“Manantiales”
Es una fundación sin fines de lucro de origen argentino ubicada en Buenos Aires. Tiene una sede en el Uruguay, en la localidad de Toledo, cercana a Montevideo, en la cual estuvo internado José durante cinco meses. Tiene capacidad para 60 personas, de diferentes edades y clases sociales. También ingresan personas de diferentes países. Es una comunidad con estructuras firmes, reconocida mundialmente por trabajar muy bien la parte emocional. Posee un alto porcentaje de adictos rehabilitados (alrededor del 30%). Para destacar un aspecto negativo se puede mencionar la escasa cantidad de profesionales para todas las personas que conforman la comunidad.

“Betania”
Ubicada en Cerrillos, Salta, cuenta con una gran estructura edilicia: cancha de futbol, vóley, pileta. La estructura de la comunidad no es fuerte según José. Hay mucha libertad para los pacientes. Trabajan de una manera diferente a Manantiales. “En un muy corto lapso, el adicto ya puede salir a la calle a enfrentar situaciones, y creo que ahí se equivocan. Al adicto hay que decirle que ‘no’, es una manera de ayudarlo. Dejar salir al paciente en tan poco tiempo genera que no tenga límites, que no sepa cómo actuar frente a distintas situaciones que se le van presentando”, sostiene José.

“Programa Andrés”
Es uno de los mejores programas para rehabilitación de adicciones del país. Ubicado en Córdoba Capital, tiene una capacidad para 27 internos. Posee una estructura muy firme en la cual se trabaja mucho con los diferentes grupos terapéuticos: de autoayuda, de convivencia, etc. Basado en un método creado por su fundador, Carlos Novelli, y pionero en las comunidades terapéuticas de la argentina, se centra en la historia del individuo. El proceso del programa se inicia con una entrevista, en la cual se busca averiguar el grado de compromiso de la persona que intenta ingresar. Se realiza también una serie de actividades recreativas: fútbol, natación, etc.

Los costos
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) otorga becas para quienes necesiten realizar tratamientos de rehabilitación. José tuvo una experiencia amarga con la beca que consiguió: “La beca te la otorgan una sola vez en la vida, pero yo fui tan irresponsable que la perdí… Si uno consigue una beca hay que aprovecharla. La beca tiene una duración de doce meses, o sea que con la beca se puede terminar el tratamiento”. Actualmente hay 800 jóvenes becados en todo el país. En el caso de los menores de edad, la SEDRONAR no entrega becas.
Los costos de los tratamientos son bastantes elevados. Van de $1.800 a $3.200 mensuales. Otro tipo de comunidades que trabajan con mayores comodidades, incluyendo terapias alternativas, por caso, equinoterapia, pueden llegar a costar $7.000 por mes. El caso de José, que se repite constantemente en otros jóvenes, incluye otros gastos: psicólogos y psiquiatras, quienes cobran un plus de $30 a $60 en el caso de que el paciente tenga obra social. En el caso de pacientes particulares, el costo de la sesión oscila entre los $150 y $300. Las Comunidades Terapéuticas no incluyen los gastos en elementos de uso personal de los internos, como ser higiene, vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas, etc. Deben incluirse los gastos en viajes, estadía y llamados telefónicos que representan la contención de la familia.
La cuota mensual de la internación de José en la Comunidad del Programa Andrés fue de $2.500 ($30.000 por año), una suma inalcanzable para la mayoría de los argentinos. Lamentablemente, los trabajadores de la SEDRONAR se encuentran en conflicto y movilización por la posible desaparición del organismo, lo cual llevaría a que se pierdan no sólo 400 puestos de trabajo, sino también la otorgación de las becas.

Renuncia de Farquharson
José está al tanto de la renuncia del secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farqhuarson. Considera que “los gobiernos provinciales y nacionales siempre han marginado el área de adicciones. La Argentina no tiene una capacidad operativa para enfrentar a la drogadicción. No se proveen los recursos necesarios, tanto humanos como económicos. Es imprescindible la creación de más centros y comunidades terapéuticas, ya que lamentablemente la drogadicción ha crecido de un modo impresionante en estos años, siendo la Provincia de Salta una de las más afectadas. La renuncia me parece correcta, porque para trabajar de una buena manera hacen falta recursos. Desde ya me parece errada la opinión de la nueva encargada del área, Lic. Roman Ru, en cuanto a que buscarán internaciones breves. Está demostrado en todo el mundo que la tasa de éxito en rehabilitación de adictos sólo se incrementa en el caso de internaciones prolongadas.”.

Estado ladrón, Grupo Macri cómplice

JUICIO MILLONARIO

Privatización del 97 y reestatización de por medio, nunca se transfirieron las acciones participadas a los obreros del correo oficial. Desempleo, estafas y suicidios después, el Estado reconoció la “falta”, pero nunca hizo nada al respecto. Ahora se viene la vía judicial y una demanda masiva por “omisión”. Si callar es mentir, ¿omitir es robar?

Por Julieta Lucero

Ex agentes del Correo Argentino están preparando un juicio millonario a nivel nacional contra el Estado y contra el grupo empresario Macri por el 14 por ciento de acciones de propiedad participada que les pertenecen a los trabajadores y nunca fueron efectivamente implementadas por ninguno de los dos.
En Salta se reunirán esta tarde para terminar de acordar con el estudio de abogados que va a llevar adelante la demanda masiva. En el resto del país, ya firmaron los ex empleados de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de modo parcial las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa.
Desde su formación en 2006, la Asociación de ex Agentes del Correo Argentino salteña - que luego se replicó en distintos puntos del territorio argentino-, se reunió con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales buscando una respuesta a la omisión de la propiedad de esos títulos en el contrato de traspaso de la empresa a manos privadas, que se convirtió, en definitiva, en una suerte de robo velado.
En el ámbito de Nación, el secretario de Comunicación de la Presidencia a cargo de la cartera en 1999 reconoció el “error”, pero aún así nada se hizo al respecto. Más acá en el tiempo, lograron plantear el reclamo en la Cámara de Diputados y ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En la provincia, antes de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, Juan Manuel Urtubey se comprometió a llevar el pedido de los despedidos de la gestión macrista ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dijo en una mesa de café, como esta, que, si ganaba las elecciones, su despacho no iba a tener chapa, que iba a estar abierto para cualquiera que lo necesite. Pero después de eso nunca más nos recibió ni nos contestó ninguna nota”, afirmó el presidente de la Asociación, Rodolfo Rosas.
Agotadas entonces las vías administrativas, con intentos judiciales individuales aislados y estafas por parte de algunos gremialistas, la decisión que tomen esta tarde afectará a unos 250 salteños que fueron “limpiados” del Correo con la privatización, obligados a renunciar bajo la figura de “retiro voluntario”. De ganar el juicio, hombres y mujeres que hoy tienen muy pocas chances de entrar nuevamente en el mercado laboral recuperarían la dignidad y el capital que el Estado les quitó y el Grupo Macri aceptó.

Excedente
“Entrábamos a trabajar y no se sabía si seguíamos”, explicó Carlos Bejarano, secretario de la asociación, al referirse al sistema de despidos que dejó al 70 por ciento de la planta salteña del correo afuera de la institución. “Sabíamos que si nos llamaban a la oficina del gerente era para decirnos que éramos ‘exedentes’ y que nos iban a presionar para aceptar el retiro voluntario con el argumento de que si no lo hacíamos quedábamos en la calle sin nada”, relató.
El largo proceso que los llevó a esa situación comenzó el 29 de diciembre de 1992, con el decreto 2.793 y la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), conocida como Correo Argentino. El 1 de diciembre de 1997, a través de una concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, el Grupo Macri se hizo cargo de la administración del correo oficial tras el decreto del Poder Ejecutivo 262/97.
Con la ley 23.696 se creó el Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual el Estado entregó a los empleados del correo el 14 por ciento de las acciones. En 1998, cuando el servicio se convirtió en sociedad anónima, debía cristalizarse esa entrega. Estaba estipulado que sea a través de sucesivos decretos del Ejecutivo y que se sume un director con voz y voto de los empleados accionistas.
El proceso siguió. Gracias al decreto 1.560/98 se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a confeccionar y aprobar el Formulario de Adhesión al programa, el Acuerdo General de Transferencia (AGT) y el Convenio de Sindicación de Acciones (CSA), hecho que ocurre finalmente en el 99. Ese año también se establecieron sujetos comprendidos en el PPP, se aprobó el listado de categorías profesionales de trabajadores y se excluyó del programa a la categoría de aprendices. Pero decretos van, firmas vienen, el Estado nacional nunca transfirió el paquete accionario a los obreros.
“Empecé cavando pozos, después fui cartero, mensajero y terminé como jefe de los carteros”, explicó Rosas, un hombre con una carrera dentro del correo que, al igual que a la mayoría de los trabajadores, el grupo Macri despidió sin siquiera la jubilación anticipada. “Se creó un clima raro dentro de la empresa. No sabíamos quién era compañero y quién no”, afirmó.

Vuelta al Estado
A fines de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner decretó el fin del contrato de concesión a la empresa y se formó una unidad administrativa a cargo de la conducción del Servicio Oficial de Correos, con el objeto de reorganizarse en un plazo de 180 días. Cumplido ese tiempo, se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), pero con un pequeño detalle: el artículo segundo del decreto 721/04 estableció que “el cien por ciento del capital de la sociedad que se crea pertenecerá al Estado nacional”.
Así, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se convertía en el tenedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Ministerio de Economía y Producción del uno por ciento restante. De los ex trabajadores y empleados del momento, ni noticias.
“Muchos de los compañeros se suicidaron. Otros se están muriendo de depresión”, confesó Rosas, que espera llegar a un acuerdo con los miembros de su asociación para poder acoplarse a la demanda a nivel nacional. “Creemos que hay más de un 90 por ciento de posibilidades de ganar”, afirmó.
“Hace poco, en un velorio, un actual ministro del gobierno provincial me abrazó y me dijo que las acciones eran ‘honoríficas’, nada más. Como si nos hubiesen regalado una heladera, por ejemplo, y no nos dejaran usarla, porque es sólo para mirar”, dijo indignado Rosas.
Primero empleados, después renunciados, más tarde estafados por abogados y gremialistas. Hoy, los ex agentes del Correo Argentino definen si se suman al camino judicial. Según el servicio metereológico y las previsiones de Rosas y Bejarano, señor ministro, señor gobernador, señora presidenta y señor Macri, parece que en el norte el clima se empezó a calentar y se va a necesitar litros y litros de agua fresca.


Convocatoria
La Asociación de ex agentes del Correo Argentino convocan a empleados y ex empleados a una reunión para tratar la demanda judicial contra el Estado y el grupo Macri. Será hoy a las 10, en el salón de la Asociación Jerárquica de Empleados Profesionales de la Comunicación, Córdoba 785.

El camino desde el Monte de Piedad

Cuenta la historia que el Monte de Piedad tuvo un origen lejano, y un propósito entre solidario y justiciero: evitar los elevados intereses que se les cobraba a los más necesitados. Fue así como esta figura fue cobrando solidez, adquiriendo nuevos caracteres y afirmándose en el incipiente mundo financiero. Veamos a continuación, el camino recorrido a la fecha.

Por Gabriela Gutiérrez

Que las desorbitantes medidas económicas implementadas durante el menemato dejaron sumida a toda la sociedad en una situación compleja no es novedoso. Tampoco es revelador decir que el tejido social quedó destruido y la población sumida en un contexto de vulnerabilidad. Ahora bien, los modos de recupero económico de la ciudadanía y sus posibilidades de acceso a créditos capaces de activarlos sí lo son. He aquí una reseña de algunos habilidosos que venden espejitos de colores.

Con el correr de los años y la llegada del kirchnerismo al poder, sus primigenias medidas económicas y políticas fueron de a poco combatiendo, o al menos eso se decía, algunos de los nefastos efectos de los noventa, entre los cuales el desempleo se desprende como uno de los más graves y con las peores consecuencias.

El creciente grupo de desempleados aislados del sistema también se vio privado del acceso al crédito, quedando de esta manera en las márgenes de un sistema financiero que los excluía de la posibilidad de ampliar sus recursos o de hacer frente a nuevos emprendimientos.

La aparición de las microfinanzas en ese escenario ha permitido el acceso a novedosas líneas de crédito, destinadas a pequeños emprendedores que antes tenían vedada esta posibilidad. Algunas de estas líneas provienen del Estado- de ellas nos hemos ocupado en ediciones anteriores- , de organismos internacionales -cooperación internacional- y de entidades financieras privadas. Estás últimas han tenido un gran crecimiento en términos cuantitativos; en nuestra ciudad es fácil encontrar en la zona céntrica estas financieras.

De un tiempo a esta parte han irrumpido en la escena nacional y provincial una multiplicidad de estas entidades financieras pertenecientes a la esfera privada. Entre sus rasgos distintivos podemos destacar que se presentan como instituciones sumamente accesibles y capaces de otorgar créditos con una gran facilidad y una asombrosa rapidez. La sola presentación del recibo de sueldo, una copia del DNI y una boleta de servicios basta en algunos casos para ser considerado elegible. Superada la primera instancia de evaluación, se accede al monto solicitado a una velocidad inusitada. Hasta aquí, nada que reprocharles.

Ahora bien, en lo que refiere a los intereses que deben abonar los tomadores de crédito hay mucho para decir, puesto que son muy elevados. Marcela lo cuenta con palabras sencillas, la mirada algo perdida y esquiva, mientras controla el agua para el mate. A ella, como a muchos otros, llegar a estos lugares no le costó mucho, menos aún ilusionarse con poder afrontar, una vez obtenido el crédito, todas esas deudas que venía arrastrando. Sobre un total de tres mil pesos solicitados en una de estas entidades, Marcela devolvió unos $5.400. Le habían anunciado unos $750 de gastos, pero de los $1.650 restantes nadie le había especificado nada. Lo curioso de todo esto es que ella los encontró a través de Internet. Buscando en medio de esos días de desesperación, le pareció una buena idea consultar por ese medio. Y ahí estaban: solícitos y amables le indicaron un lugar al cual acercar la documentación. Una vez resuelta esta instancia, firmó unos papeles de letras chiquitísimas, y se retiró contenta. Setenta y dos horas más tarde los tres mil pesos estaban en su cuenta. La acrecentada deuda se descontaba a través de débito directo de su caja de –inexistentes- ahorros. Hace dos días que cumplimentó un plan de pagos cuasi eterno. Hoy asegura, sabe, que fue una decisión presurosa y equivocada.

Su historia es la de otros, como la de Nicolás, que ya contaba con una historia de varios créditos solicitados. Una financiera local, devenida en banco, le había permitido hacer frente en otras oportunidades a deudas, y al finalizar el último, le había hecho llegar a la casa una tarjeta. Recuerda que por ese entonces no sabía muy bien si era de crédito o de débito, pero el instructivo que la acompañaba indicaba los –muy-simples- pasos para obtener efectivo de los cajeros automáticos pertenecientes a la firma. Hizo una par de extracciones, y el drama llegó al momento del pago. Los intereses, a esta altura elevadísimos, y las respectivas transacciones efectuadas le dejaron una cuenta a pagar que se le hacía imposible de afrontar. Se presentó entonces en la financiera, indagando las razones de la desproporcionada deuda contraída casi sin darse cuenta. Ellos le dijeron que no había reparado en detalles casi obvios-para ellos-, que había ingresado opciones equivocadas y que debía cubrir ese gasto como fuera.

Magdalena tiene otra experiencia, y la relata con voz calma, mientras el ventilador va y viene con ruido suave; a medida que avanza su relato, ella se peina con los dedos como quien ordena la historia y le da perspectiva. Fue contactada hace poco por una vecina del barrio, que le ofreció la posibilidad de acceder a un préstamo a través de una financiera especialista en microcréditos. ¿Cómo resistirse a esa oferta? Si era lo que venía esperando de hace meses. Magdalena ya es experimentada en microcréditos, ha sido tomadora en el banquito –así denominan al Banco Popular de la Buena Fe- ; ahora enfrenta una encrucijada. Precisa el dinero, pero teme enredarse en algo complicado. Esta financiera le ofrece una modalidad que le es familiar: la del grupo solidario. Precisa reunirse junto a otras u otros emprendedores, unos doce aproximadamente, para poder acceder al crédito. Ella no lo toma a la ligera, recuerda bien lo que le costó afianzar su grupo en el banquito, las dificultades que enfrentaron, los avances juntas. Vuelve a acomodar el jopo al ritmo del ventilador blanco, y sentencia: “Ni loca me meto en esto”.

La de Magdalena no es una reflexión cualquiera. Es la de una emprendedora que ha visto “la otra historia”. La de la Economía Solidaria, esa que avanza a paso lento pero seguro. La historia que Magda conoce le enseñó que otra realidad es posible. Una en la que ella fue protagonista junto a otras emprendedoras. Ella bien sabe que es un camino largo, casi como el que siglos atrás se emprendiera con el Monte de la Piedad, pero no teme, apuesta, se juega y sabe que no está sola. La respaldan sus compañeras, la moviliza la ilusión y el compromiso. Desde siglos atrás, cuando se inició la labor del Monte de Piedad, se hace evidente que los matices son otros, que la brecha entre lo recorrido es enorme, pero hay mucho de ese principio de solidaridad y de justicia que busca evitar las redes de la usura y brindar acceso a nuevas oportunidades en la Economía Social. Esa nueva economía que hoy se palpita como una realidad concreta.

Monte de Piedad

Los Montes de Piedad (del italiano Monte di Pietà) eran entidades benéficas donde los pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias y así satisfacer sus necesidades más primarias.
Nacidas en el norte y centro de Italia en el siglo XV, la iniciativa de los franciscanos nació como una forma de combatir la usura. Los primeros montes de piedad fueron establecidos desde 1462 a 1490 en Perusa, Savona, Mantua y Florencia.
En esa época era usual que los prestamistas cobraran intereses altos por los créditos: eran del orden del 20% al 200%, con lo cual el acceso al crédito estaba vedado o era muy restrictivo en cuanto al pago de los compromisos o estaba a merced de la usura para los agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y los pobres. La palabra Monte hacía ya referencia a una caja pública o a una masa metálica de dinero. Las ciudades- estado italianas habían instaurado Montes desde el siglo XII para afrontar necesidades financieras o de obras públicas. La denominación de Piedad (di Pietà) se agrega para diferenciarlas de otros tipos de Montes, ya que cumplían fines caritativos y benéficos.
Los Montes de Piedad atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos gratuitos sin interés, garantizados con alhajas y ropas, e intentando con ello suavizar los abusos de la usura. Para conseguir su finalidad, el Monte de Piedad necesitaba recursos, que obtenía sobre todo de la captación de depósitos en metálico. También obtenía fondos provenientes de limosnas, de ayudas de la Corona y de celebraciones religiosas. Con ello se formaba un fondo común.
No obstante, estos recursos pronto se manifestaron insuficientes y se hizo necesario cobrar intereses, hecho que supuso críticas dentro de la Iglesia Católica. Estas críticas no serían atemperadas hasta que el Concilio de Letrán en 1515 admitió la posibilidad de establecer un moderado interés por los préstamos prendarios. El Concilio de Trento (1545-1563) proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad.
En el siglo XVIII, los Montes de Piedad estaban patrocinados por la iniciativa real, manteniéndose la inspiración benéfico-religiosa de su funcionamiento. En Francia no se establecieron Montes hasta 1777, pero la Revolución destruyó la especie de monopolio que ejercía aquel establecimiento y de ahí la aparición de innumerables cajas de préstamos en que se cometían enormes usuras.
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Sólo los negocios gozan de buena salud

Hospital Oñativia

La conducción del Hospital Oñativia está siendo duramente cuestionada por los profesionales. Al pésimo estado del nosocomio y los bajos sueldos, se suman críticas a convenios y contratos que van en detrimento de la institución y favorecen el bolsillo de unos pocos, parados a los dos lados del mostrador.

Por Daniel Medina

Las 36 fotos que se encuentran en la página web del Hospital Oñativia fueron sacadas con sumo cuidado: esta vez, el arte nacido para retratar la realidad tuvo como único objetivo ocultarla. Ni las cucarachas, ni los azulejos rotos, ni la suciedad en los pisos, baños y consultorios, ni los enchufes destruidos y que pueden electrocutar a cualquiera –todos padecimientos diarios de los profesionales y pacientes- se pueden ver en esas imágenes. Mucho menos visible es la carencia de medicamentos básicos para diabéticos y para aquellos con problemas de tiroides, que sí se sufren en el día a día.
Hay otras circunstancias que un buen observador podría percibir en la fotografía de un hábil fotógrafo, si es que éste simplemente gatillara, sin invitar a la pose, para poder captar realmente el instante. Por ejemplo, se haría evidente el amplio malestar de los médicos por los bajos sueldos, por la falta de elementos básicos de funcionamiento, porque los baños son nauseabundos o porque la mayoría no tiene ni dónde cambiarse ni oficina, y se pueden encontrar hasta consultorios con agujeros en el piso.
Otro ingrediente de la bronca que vienen acumulando los profesionales es que el pésimo presente del hospital sólo se puede entender a partir de una serie de medidas erradas que tomó “el gobierno de facto”. Así denominan en los pasillos de “El bocio” a la gerencia que asumió a fines de 2007, en concordancia con el cambio en la gobernación provincial. Poco antes, el hospital había llevado a cabo sus elecciones. El Dr. Ernesto Saravia Day, quien actualmente desempeña el cargo de Gerente General, fue uno de los tres candidatos. Y salió tercero. Pero ahí entró a jugar su papel el Ministro de Salud de la provincia, y lo designó. A su manera, fue una forma de darla la razón a la Biblia: los últimos serán los primeros.

Los negocios

La nueva gerencia, encabezada por Ernesto Saravia Day y con Marcelo Pedro Nallar como subgerente, tomó distancia de los empleados (sólo se puede llegar a ellos a través de un portero eléctrico); se ha aislado. Y desde ahí se arman los negocios, que van en detrimento del hospital y sólo favorecen a unos pocos. El hospital se ha convertido en un reducto, donde cuatro o cinco hacen negocios, y donde la única forma de hacer plata es llevándose bien con la conducción, se comenta en los pasillos.
Por eso hay bronca. Y ésta, que se viene acumulando de manera silenciosa en los trabajadores del nosocomio, se agravó el día 24 de junio de este año, cuando la gerencia firmó un contrato de gestión de servicios de transplantes, contrato que los demás trabajadores observan como otra maniobra que hundirá aún más a este hospital de autogestión y sólo llenará los bolsillos de un puñado. La situación es extremadamente anómala: hay un par de médicos que se encuentran de los dos lados del mostrador: son los contratantes y los contratados al mismo tiempo. Y, para que esta nueva función pueda desarrollarse a pleno, deberán construir toda una nueva ala, para la cual ya se ha tomado un préstamo, aparentemente de un organismo internacional.
Se presume que en el contrato el hospital se comprometió a entregarle a la empresa “Transplante Renal Salta SRL (ETRS SRL) el lugar acondicionado para que se preste el servicio de Transplante Renal, con una Unidad de internación que deberá ser acondicionada por la empresa contratada, lo cual le dará la exclusividad para su uso. El hospital, además, aportará los dos quirófanos reglamentarios, la Unidad de Terapia Intensiva y los consultorios de seguimiento ambulatorio necesarios para el normal funcionamiento del servicio. Y también pondrá el personal de enfermería, maestranza y mantenimiento, ropa de cama, alimentación de los pacientes, esterilización, etc.
Además, el servicio de emergencia del hospital cubrirá las urgencias que se presenten fuera del horario habitual de trabajo, contando obligatoriamente con el apoyo pasivo de los integrantes del Equipo de Transplante. O sea que los mal pagados médicos tendrán más trabajo, el cual deberán hacer sin cobrar un adicional económico.
Todo servido para la empresa. Incluso hay un ítem que protege un poco las arcas del hospital, pero sólo para asegurarle a los privados que recibirán su dinero. Se explica allí que, en caso de que la internación supere los 21 días por determinadas complicaciones, será entonces “el financiador” (léase Ministerio de Salud Pública) el que se hará cargo de los costos.
Lo que sí saldrá del bolsillo de la empresa es el pago de los honorarios del equipo médico quirúrgico necesario: nefrólogos, urólogos, cirujanos, anestesistas e instrumentistas.
El contrato firmado ese 24 de junio tiene un plazo de diez años, prorrogable automáticamente por períodos iguales. Por eso la bronca. Porque el Hospital Oñativia es de autogestión, lo más cercano a una cooperativa, y las decisiones de la actual conducción, con contratos de este tipo o los convenios firmados con la municipalidad capitalina, ponen al nosocomio al borde del abismo. Todas las decisiones se toman sin consultar a nadie: sólo dan, como mucho, un aviso de lo que ha pasado.
En el caso del contrato para los transplantes, la conducción ha tratado de abrir el paraguas, diciendo que si sobra plata va a ir a la productividad. Por su parte, los profesionales que sostienen en pie al Oñativia saben que nunca puede sobrar plata, porque los gastos de esta prestación son enormes.
Una sola certeza tienen los profesionales del lugar: este saqueo no se podría estar llevando a cabo sin la complicidad del Ministerio de Salud.

Necesidad y Urgencia… de control Legislativo

Emergencia Económica

Próximamente se cumplirán veinte años desde que se sancionó la emergencia económica en nuestra Provincia, la cual, año tras año, viene prorrogándose por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) emanados del Ejecutivo y convertidos posteriormente en leyes ante el silencio de la Legislatura para su tratamiento.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, la Constitución Provincial prevé que el DNU, luego de ser enviado a la Legislatura para su aprobación o rechazo, y sin que la misma se expida en un plazo perentorio de 90 días, quedará convertido en ley. Es lo que se conoce como “aprobación ficta” de una norma, y que se produce ante el silencio de ambas cámaras.
La aprobación ficta de una ley está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, pues el constituyente acertadamente consideró que es contraria a la esencia de un órgano deliberativo, al republicanismo -ya que impide el control de los actos de gobierno y concentra en el Poder Ejecutivo facultades del Legislativo- y viola la obligación irrenunciable del ejercicio de su competencia, la cual implica debatir sobre la oportunidad, el mérito y/o la conveniencia de la sanción de una norma que incidirá en los derechos de los ciudadanos.
El agravante de dicha práctica está en que, en el orden provincial, los DNUs pueden versar sobre materias de competencia legislativa sin excepción alguna (a nivel nacional se prohíbe que versen sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos), y además porque son una herramienta que concede al Ejecutivo amplias facultades en materia social, económica, administrativa, financiera, etc., puesto que, al menos en teoría, se dan en un marco de necesidad y urgencia, y en el caso que nos ocupa, a raíz de una emergencia económica.

Las etapas en Salta

La emergencia económica y administrativa en nuestra provincia fue establecida en marzo de 1990, durante el gobierno que encabezó el justicialista Hernán Cornejo, a través de la ley 6.583. Pero la Legislatura salteña también sancionó, en el año 2000, la ley 7.125, en la cual la provincia se adhirió a la ley nacional 25.344, que declaró en emergencia la situación económica financiera del Estado nacional. Esta ley nacional establece pautas para contratos del sector público nacional, relación de empleo público, juicios contra el Estado nacional, consolidación de deudas y también determina mecanismos para el saneamiento de la relación económica financiera entre el Estado nacional y las provincias, como también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 5.074, dictado por el Gobierno provincial el 7 de noviembre de 2008 y convertido en ley N° 7.558 en febrero de este año, y por cumplirse el plazo constitucional sin ser tratado por la Legislatura, prorrogó por un año más la declaración de emergencia de la provincia, con los argumentos de “que el régimen establecido (es decir la emergencia), a través de la ley 6.583 y sus sucesivas prórrogas, se encuentra vigente”; “que aún resulta necesario mantenerlo para asegurar la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados” y “que debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración”.
Ahora bien, lo que en ningún momento aclara el Decreto es cuáles son las razones de necesidad y urgencia que ameritan el mantenimiento de medidas como ser la suspensión de subsidios, subvenciones, beneficios tributarios y regímenes promocionales (con algunas excepciones), la prohibición de contratación o ampliación de personal salvo casos de extrema necesidad, la declaración de emergencia administrativa, de los servicios públicos y la ejecución de los contratos, de las obligaciones exigibles, régimen de contención del gasto público, etc. Y es que lo único que argumenta es que el estado de emergencia dictado dos décadas atrás aún se encuentra vigente, sin aportar ningún hecho político, económico o social que lo justifique. De esta manera, el concepto de “necesidad y urgencia” que contiene la Constitución deviene en una cláusula o expresión vacía de contenido, dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueve libremente y sin restricción alguna.
Es por ello que nuestros representantes parlamentarios deben ejercer el rol para el cual fueron elegidos y abrir el debate en torno a si se dan o no actualmente la concurrencia de ciertos hechos de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad, que justifiquen la emergencia económica y la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, como es el caso de los DNUs. Ya que, de no darse tales hechos, la Legislatura pondrá en evidencia una práctica abusiva y arbitraria de los mismos. Y en caso de que tales hechos sí se den, se podrá verificar si la emergencia se debe a factores exógenos (como ser crisis económicas externas) o a una inoperante administración local, que exigiría una interpelación a los responsables políticos para que rindan cuentas a la comunidad toda.

Argentinos de segunda

Un genocidio a fuego lento está diezmando a gran parte de las comunidades aborígenes del norte argentino. Los datos oficiales señalan que en la provincia un porcentaje superior al 57% de esta población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Los altísimos índices de mortalidad infantil, materna y de desnutrición en el caso de la comunidad Wichí, pueden explicarse apelando a dos factores: no tienen monte para cazar y conservar formas de vida ancestrales, y también se ven privados de los servicios sanitarios básicos. Hoy subsisten mediante planes asistenciales.

Por Eva Sibila

Durante los cortes de ruta en los que miembros de distintas comunidades wichís mantenían aislado al departamento San Martín, escuché que un periodista afirmaba que el dirigente que lideraba la medida quería plata, que con 1.200 pesos lo arreglaban. “Qué raro”, pensé. Si fuera tan barata la cosa, esto no estaría sucediendo. Pero él seguía insistiendo en que eran vagos, borrachos, piqueteros, sucios y coimeros.
Más allá de los prejuicios, los registros oficiales marcan que en Salta más del 57% de los aborígenes padece hambre y no tiene acceso al agua potable. Cercados por los monocultivos de soja y maíz, a los wichís sólo les queda recolectar bolsones sociales y, por supuesto, la dependencia absoluta de los punteros políticos.
Esta política nefasta no hizo más que incrementar la indigencia y la muerte. La mortalidad infantil actualmente triplica la media de otras poblaciones en la provincia. Según los médicos y agentes sanitarios que tratan con estas poblaciones, los aborígenes son reticentes a asistir a los servicios de salud y, cuando lo hacen, la situación del enfermo es grave.

Una mirada más profunda

Indagando sobre este problema específico, accedí a una investigación realizada entre 2002 y 2003 en el departamento Rivadavia Banda Sur por la psicóloga Elfi Jockers, de la cual se desprende que la desvalorización de la cultura Wichí deja poco espacio a la integración y genera dificultades de comunicación entre la perspectiva de los aborígenes y la de los servicios de salud.
“Se trata de erradicar costumbres y de instaurar nuevos hábitos. Lo curioso es que demasiadas veces se desconocen cuáles son esas costumbres a erradicar, y se desechan sin conocer”, señala en su ensayo la especialista en Salud Pública. Siguiendo este análisis, se enumeran como componentes de la no salud factores como la falta de tierras, la discriminación, la pérdida del monte, la contaminación y la pérdida de las costumbres.
Las mujeres mayores de estas comunidades atribuyen los problemas sanitarios a la ausencia de los cuidados tradicionales que evitaban la enfermedad y que implicaban no consumir determinados alimentos, restringir esfuerzos, permanecer unida al esposo, evitar traslados, mantener al recién nacido en el rancho y evitar asustarlo, entre otros.
Si bien las estrategias del sistema de Atención Primaria de la Salud han logrado disminuir muchas enfermedades, la imposición de saberes generó otros problemas: “perdida la integridad de la cosmovisión, pasan a depender del Estado, que a través de sus instituciones no se cansa de considerarlos inferiores, convirtiéndolos en mendigos.”


Al modo de los conservadores

Aquellas mujeres patricias, madres y esposas de los hombres “esclarecidos” de la Patria, fueron quienes en las primeras décadas del 1800 fundaron las sociedades de beneficencia. No pedían igualdad de derechos: daban limosna. Las damas no querían perder sus privilegios, juntaban fondos para que a los pobres no les faltara polenta.
Hoy, como en aquel tiempo, la señora gorda que pedalea en su bicicleta fija se ofusca porque los piqueteros se están organizando en cooperativas y están accediendo al salario para sus hijos. Ella quiere más seguridad, quiere que los niños pobres estén presos y que los indios trabajen, que no sean vagos, que no pidan todo de arriba.
Al borde del colapso, la señora de clase media alta salió con la cacerola de teflón a repudiar a la Presidenta cuando impuso las retenciones a la soja, “porque a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo”, y mucho menos para repartir la plata con los pobres, porque “ellos se la van a gastar en vino”.
Al parecer, está prevaleciendo el pensamiento típicamente neoliberal del “darwinismo social”. Así se plantea crudamente la defensa irrestricta de los privilegios de clase frente a la desigualdad y se considera a los pobres desde el punto de vista estrictamente caritativo. Dejen que los ricos ganen plata que rebosa hacia una pequeña clase media…..y generemos una gran institución tipo “Cáritas” para distribuir lo necesario para asistir a los pobres. En pocas palabras, estamos retrocediendo 100 años en las concepciones sociales.

Cercanías

Por Daniel Avalos

Algunos de los que habíamos militado en la izquierda universitaria durante los noventa, volvimos a la UNSa después del 2001 como profesores. Algunos de esos algunos sentíamos la necesidad del gesto obligatorio, o políticamente correcto, de volver a militar. No se pudo; al menos no como había sido en la etapa estudiantil. Las viejas compañías ya no estaban. El “Frente Amplio”, una alianza de militantes que provenían de la izquierda y peronistas históricos que habían destronado a la Franja Morada de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, era un recuerdo mal guardado por la organización que la sucedió: Oktubre. Y no sólo estábamos solos. El país había explotado, la situación social y política era otra, y mientras tanto nuestra nueva condición de docentes nos llevaba a otros ámbitos de participación. Algunos optamos por emplear nuestra disciplina, la Historia, como espacio de compromiso social. El estudio de lo que había ocurrido en los 60 y los 70, la necesidad de revisar un periodo que el alfonsinismo había convertido en una disputa entre dos demonios, escrito desde la idealización o la demonización de las organizaciones populares, se convirtió en nuestro campo de militancia. Fundábamos revistas, organizábamos charlas, y mientras hacíamos todo aquello admirábamos el novedoso paisaje militante estudiantil. Un grupo era llamativo. Lo conducía un estudiante de rasgos claramente teutones. Era Gustavo Farqhuarson. Solía pasearse acaloradamente por los patios cercanos del viejo edificio de la Facultad de Humanidades, seguido de otros estudiantes. Formaban la agrupación “Venceremos”. A mis clases de Historia Colonial asistían algunos. Los más, participaban apasionadamente de ellas; los menos, tenían una actitud contemplativa. Una vez, dos profesores que habíamos hecho del estudio de los 60 y los 70 casi una disciplina, recurrimos a ellos. Fue cuando trajimos a un militante importante de Montoneros en los 70. Hablamos con Farqhuarson y acordamos: la “Venceremos” convocaría estudiantes y se anotaban como co-organizadores del encuentro. El día del encuentro no aparecieron. La Venceremos era así, desconcertante. El teutón también. No participaban de las elecciones estudiantiles; había semanas que protagonizaban actividades febriles y otras en donde no aparecían por ningún lado. Después me lo explicó el propio Farqhuarson: convocaban simpatizantes, pero no para militar en la universidad, sino para trabajar en el “territorio”, intentando resolver las necesidades urgentes de los barrios cadenciados, como comedores, merenderos, centros de alfabetización, etc. A veces comunicarse era difícil, pero uno lo sentía cercano, un militante nuestro, parte de ese “nosotros” genérico que llamamos “movimiento popular”. Nos encontramos después de un largo tiempo. Algunas cosas habían cambiado. Me relató que a la militancia territorial le había sumado la militancia política. Que el nuevo nombre, “Libres del Sur”, respondía a esa orientación, dirigida a acumular fuerza y voluntades para llegar al Estado. Que “el Estado sí importaba”, que era el espacio de disputa entre las fuerzas políticas que todo lo mercantilizan, y aquellas que aspiran a redistribuir la riqueza y promover los derechos económicos y sociales de los estratos populares. Otra vez, uno lo sentía muy cerca.

Farqhuarson llegó a conducir la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de la mano de su organización, y esta semana ha renunciado. El periodismo relató el hecho así: “Farqhuarson aseguró que había tomado la decisión de renunciar ante la falta de presupuesto para el área que conducía, y por la decisión de Urtubey de pasar la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Humano al de Salud”. Es cierto, pero difícil entenderlo en toda su dimensión sin analizar el proceso político del Gobierno actual, del que Libres del Sur forma parte. Repasemos los aspectos técnicos. La cuestión presupuestaria ha sido importante según el renunciante: hay un desequilibrio entre lo que se necesita para luchar contra las adicciones y lo que el Gobierno destina para la tarea. El detonante, sin embargo, pareció ser otro: la disposición de trasladar la Secretaría de Lucha contra las Adicciones del ámbito de Desarrollo Humano al de la Salud. el ex Secretario declaró que una decisión de ese tipo suponía “querer atacar las consecuencias del problema y no la raíz de fondo, que tiene que ver con problemáticas sociales” (Nuevo Diario 17/11/09). Aun cuando los especialistas podrían ilustrarnos mejor al respecto, la postura está lejos de ser antojadiza. Considerar a las adicciones como un problema de salud es, por lo menos, discutible. La medicina casi siempre busca dar una definición exacta de la enfermedad (en este caso las adicciones); encontrar una causa específica de la misma y dar un tratamiento adecuado que erradique las causas de la enfermedad. Y el problema es que las adicciones no parecen tener una causa específica. Menos aún una causa que tenga que ver con cierta falla del cuerpo, que un médico compondría como un mecánico compone un auto. Las adicciones son producto de una problemática social. Resulta imposible combatirlas sin comprender el fenómeno de la precarización de las relaciones sociales en las que se desenvuelve nuestra sociedad, en general, y la juventud, en particular: quiebre de las solidaridades sociales, laborales y políticas, que rompen hasta límites insospechados la experiencia de los individuos, dejando como único horizonte de vida la inestabilidad y la incertidumbre. Evitemos, sin embargo, reducir todo a cuestiones técnico– científicas. Razones políticas atravesaron todo el proceso. Serán menos visibles, tendrán objetivos no declarados por las partes, pero efectivamente existen. El Estado, “que sí importa” como espacio de disputa entre fuerzas políticas con proyectos distintos, está ocupado hoy por un gobierno que viene mutando a un ritmo acelerado. Ese gobierno, que llegó al Poder a través de una alianza entre actores que decían perseguir un cambio con respecto al anterior, protagoniza hoy una metamorfosis irreversible: abandona el programa original, y se asienta en un PJ que, aportando a Urtubey un numeroso equipo de funcionarios político-administrativos que garantizan gestión y búsqueda de votos, pide a cambio mayor poder y aislamiento de las fuerzas que conformaron el Frente del 2007. Mientras eso ocurre, se consolida una tendencia conocida: debilitamiento el Estado, procesos privatizadores, precarización del trabajo, desempleo, debilitamiento del consumo popular, marginalidad, adicciones, etc.Farqhuarson ha renunciado a ocupar ese espacio que él y su organización consideran crucial. Ha dejado un puesto importante y, a la vez, un trabajo. El dato no debería ser noticia, pero lo es en estos tiempos. Quedarse sin trabajo en un país como el nuestro es el mayor miedo de hombres y mujeres, una pesadilla obstinada. Adujo diferencias técnicas aunque, a no dudarlo, éstas responden a conflictos políticos entre su fuerza y el Gobierno. Anunció su renuncia en una conferencia de prensa el día lunes con un tono de voz del que ya era dueño en la universidad: un hablar despersonalizado, como si relatara hechos en los que él no fuera protagonista. La decisión, seguramente, no significará que su organización se apreste a transitar una etapa de crecimiento gigantesco ni, menos aún, que la relación de fuerzas que existe en la provincia entre las fuerzas del establishment y las progresistas vaya a equilibrarse. Significa, sí, que esa organización quiere protagonizar la realidad política local. Y uno vuelve, entonces, a sentirlo muy cerca. Como en aquellos años desdichados y llenos de fantasmas, cuando nuestro país se deshilachaba y nos angustiaba a todos. Podremos discutir sus razones, los tiempos que ha empleado y otras cosas, pero uno lo siente cerca porque ve en él un militante que la política tradicional no ha devorado. El militante no es un profesional remunerado, sino alguien que busca entregar lo más importante que ha ido acumulando y aprendiendo para la construcción de un mundo mejor, el que desea vivir para protagonizar el cambio, luchando por él, fundiendo la teoría y la práctica, la ética y la vida cotidiana.

Los coyotes blancos

Empresarios cafayateños usurpan tierras indígenas

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial, que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de ayer en la ciudad de Salta, pero la Justicia falló a favor del empresario Ramiro Michel, autorizándolo a seguir trabajando en las tierras indígenas.

Por JGR

Además de la medida que favorece al empresario, la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a Nominación, a cargo del Dr. Antonio Pastrana, terminó imputando por el delito de usurpación al miembro de la comunidad diaguita Manuel Mamaní. Este último relató a Cuarto Poder, que se había apersonado a nuestra ciudad como delegado de las organizaciones indígenas. Relato también que las tierras de la discordia fueron el hogar de sus abuelos y padres, aunque finalmente todos esos antecedentes de nada sirvieron.
Todo terminó desencadenándose el día miércoles 11 de noviembre cuando, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron las siguientes: “Mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo…”

La ley y la fuerza

Acaecido el hecho, inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160. Conviene recordar que la Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan: este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”.
Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente sólo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.
Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día viernes 13 a las 10:00 en la ciudad de Salta, de la que Mamaní salió imputado.
Se trata de un hecho más, en el contexto de reiterados intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, que buscan aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario que iba acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad a manos de un empresario.

Otra vez sopa

Presupuesto provincial

El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.

Por Alejandro Nieva

El Gobierno provincial, en el mensaje que antecede al proyecto del Presupuesto, atribuye el escaso incremento de determinadas partidas presupuestarias al supuesto incremento marginal de las transferencias provenientes del Estado Nacional, cercanas al 11%. Si bien este argumento puede tornarse verosímil al observar la transferencia nacional de “recursos corrientes” por coparticipación (dinero en efectivo sin condicionamientos en torno a su uso), un análisis más exhaustivo del presupuesto provincial nos permite aseverar que, tanto la participación del volumen de los aportes nacionales como provinciales no se han modificado en relación con el año anterior.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.

Transferencias Nacionales y Dependencia Provincial

Concepto 2009 2010

Coparticipación Nacional 2.811.404.548 3.132.407.200
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%

En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.

Prendados

Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento. La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.

Digresión Ingresos Propios

Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .

Transferencias de capital

Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.

Gastos, trabajadores y prioridades

Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.

Coparticipación a Municipios

Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.

Más rutas, menos casas

La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.


Leyes de Promoción: primero los poderosos

Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.