Cuentas pendientes

Salud reproductiva

En 2008, un tercio de los embarazos terminaron en aborto según los registros que se manejan en el área de ginecología del Nuevo Hospital El Milagro y que remiten exclusivamente a la situación sanitaria de la capital salteña. La evidencia demuestra que los mensajes de la Iglesia y las campañas de las organizaciones civiles católicas en contra de la interrupción voluntaria de la gestación están muy lejos de la dura realidad que rodea a las mujeres en la provincia, y que el camino para no abortar es la educación sexual y la anticoncepción artificial. Después de todo, velar por la salud pública es una tarea del Estado y no una cuestión religiosa.

Por Eva Sibila

El aborto es un recurso extremo al que prácticamente ninguna mujer querría apelar. Sin embargo, esta práctica es frecuente aun siendo ilegal. El año pasado, en Salta Capital, uno de cada tres embarazos fue interrumpido intencionalmente. Esta es la principal causa de mortalidad y morbilidad en mujeres jóvenes ya que, en altos porcentajes, los abortos se realizan mediante prácticas clandestinas, sin higiene ni asistencia médica.
Pero la respuesta que debería dar el Estado está enterrada en un cajón. Se trata del proyecto de Reglamentación de la Ley 7.311 sobre Sexualidad Responsable, que fue elaborado a partir de 2006 por una comisión creada por el Ministerio de Salud de la Provincia.
La medida permitiría asignar recursos económicos para la implementación de programas de educación sexual en los distintos grupos poblacionales y garantizar la provisión de anticonceptivos, que escasean en casi todos los centros asistenciales públicos.
Quienes caminan por los barrios marginales de la ciudad saben que muchas mujeres se quedan embarazadas no sólo porque sufren violaciones dentro de sus matrimonios, sino también debido a que sus esposos les prohíben el uso de métodos para evitar embarazos, porque suponen que esa necesidad está relacionada a la intención de mantener relaciones sexuales con otros hombres.
Con el machismo naturalizado, algunas señoras se resignan a cargar solas con una decena de hijos, puesto que culturalmente la reproducción y el cuidado de los niños “es un problema de mujeres”, y no es raro que, cuando las papas queman, los hombres abandonen el núcleo familiar. “¿Por qué seguís teniendo chicos?”, le preguntó en una ocasión una colaboradora de Cáritas a una mujer de escasos recursos que ya tenía nueve. La respuesta fue siniestra: “Me quedo embarazada porque cada vez que mi marido llega a la casa borracho, me viola”.
La activista católica consideró que, más allá de que la única opción permitida por la Iglesia para el control de la natalidad sea el ´método natural´, “resulta fundamental facilitarles otras alternativas a las mujeres”. Además, insistió en que “necesitan estar más acompañadas, sufren violencia y no pueden decidir qué vida quieren llevar adelante”.

Los mitos

“En la primera relación no te quedás embarazada” o “Si hacés pis después de tener sexo, no pasa nada”, son algunas de las múltiples creencias falsas derivadas de la ausencia de educación sexual en los barrios de Salta y causales de muchos embarazos no planificados. Así lo explicó Sandra Bustamante, una maestra que trabaja desde hace algunos años en la Fundación Entre Mujeres organizando reuniones en distintos puntos de la provincia para hablar de derechos humanos y de sexualidad.
Sin financiamiento externo pero con gran vocación de servicio, el grupo de capacitadoras hace hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados a través de folletos y reparto de preservativos, aunque “las mujeres casadas prefieren cuidarse usando el DIU para que sus maridos no se enteren que están usando un método anticonceptivo”, confirmó.
Al igual que otras 200 organizaciones promotoras de derechos, Entre Mujeres enarbola el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito, para no morir”.

La salud de las mujeres ya no es una prioridad

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el por entonces ministro de Salud Ginés Gonzáles García impuso su autoridad para que todos tengamos acceso a la maternidad planificada y a la educación sexual sin costo alguno. Durante algunos años llegaron los insumos suficientes a todos los centros de salud de la Argentina. Durante el gobierno de Cristina Fernández, el funcionario aceptó el cargo de embajador en Chile y con él se terminaron las políticas progresistas en la materia.
Sus acciones le valieron la amenaza del ex vicario castrense Antonio Basseoto, quien le envió una carta pública escalofriante en la que decía: "La multiplicación de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio... Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”... Aunque no lo dijo, todos relacionaron la frase con los vuelos de la muerte que concretaba el último gobierno militar para eliminar a los opositores políticos, con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica.
Cabe aclarar que el Vicariato Castrense se creó durante el gobierno militar en 1957, mediante un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire.

Se vulneran derechos fundamentales

La ausencia de un programa provincial de salud sexual y procreación responsable va a contramano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos en pactos internacionales con rango constitucional en Argentina. Hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.
Respecto de la ausencia de políticas de Estado que atiendan los derechos humanos de las mujeres, el titular de Amnistía Internacional en el país, Rafael Barca remarcó: “La violencia contra las mujeres es una vergüenza para los derechos humanos. Mientras continúe, será imposible hacer realidad el cumplimiento de los derechos para todas las personas. Aunque no existen cifras oficiales, los datos que relevamos demuestran que el Estado se encuentra lejos de tomar el tema como prioridad”.
“Es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda el problema desde sus políticas públicas. Son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha”, concluyó.