El reino del acomodo

Conflicto en la Dirección de Rentas

Esta semana se desató un conflicto gremial en la Dirección General de Rentas, cuyo motivo inicial parecía fútil, una más de las tantas manchas del tigre estatal salteño. Sin embargo, con el correr de los días el malestar de los empleados desembocó en una masiva adhesión a la medida de fuerza y el agregado de más reclamos. Como una olla a presión, luego de mucho tiempo de permanecer cerrada, léase callados, comenzó a tener síntomas de rebalsar con demasiada vehemencia.

Por Felipe Rodríguez

Todo comenzó a fines de noviembre cuando, según relatan los dirigentes gremiales de esa repartición, algunos empleados se enteraron de un sobrepago que estaba recibiendo otro grupo de alrededor de veinte personas. Este sobrepago se origina en el adicional que perciben sobre el 1% de la recaudación mensual y que estiman alcanzaría un monto promedio de entre 600 y 1.000 pesos. Enterados de lo que ocurría, se sucedieron las asambleas, las notas solicitando aclaración, las medidas de fuerza, y más gestiones y más demandas.
Entre medio, y con el conflicto lanzado, el Gobierno emitió algunos gestos con la intención de descomprimir la situación que, entre la masividad de la medida y la repercusión que tuvo en los medios, le generó bastante preocupación. Casi al unísono, también se comenzaron a suceder expresiones de malestar en el Ministerio de Educación, en la Municipalidad de Salta, en el Ministerio de Desarrollo Humano, además del persistente conflicto en el área de Salud. Ante esto, los delegados gremiales pudieron reunirse, primero, con el secretario de Finanzas, el contador Berruezo, y el día viernes fueron recibidos por el secretario de la Función Pública, Matías Posadas, un funcionario y asesor muy cercano al gobernador Urtubey. Desde allí salió la propuesta de conformar una comisión de trabajo junto a los gremios involucrados: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la ATAP. De acuerdo a las últimas versiones, el conflicto tendría una salida próxima, en tanto desde la dirección informaron que este mes la liquidación del adicional saldría de manera normal, regularizándose los pagos denunciados. La pregunta que queda flotando es: ¿Qué va a pasar con los responsables que tomaron la decisión de liquidar irregularmente esos pagos? Los gremios solicitaron una auditoría al sector que denuncian como principal responsable, el SAF: Subprograma de Administración Financiera, a cargo de Jorge Sly, un personaje oscuro, al que han apuntado todos los cañones. Responsable, dicen algunos empleados, de manejos irregulares de los fondos y además de trato siempre autoritario o descortés con sus empleados.
En el fondo, lo que explotó fue la acumulación de broncas y rencores a causa de las postergaciones que los empleados denuncian como crónicas, de toda la vida. Rápidamente las medidas se hicieron carne y, si bien consistían en paros progresivos de dos horas, el alto acatamiento les planteó a los gremialistas la posibilidad de avanzar en sus demandas. La DGR es una especie de niña mimada del Gobierno provincial, tanto de éste como del de su antecesor, Juan Carlos Romero, quien fue el iniciador de la reforma del Estado y desde allí le dio una importancia estratégica a este organismo, bajo el título y objetivo de afianzar las políticas de “gestión de calidad en la atención al contribuyente”, iniciando toda una serie de medidas de perfeccionamiento y reforma administrativa: los resultados llegaron cuando, en el año 2007, se le concedió el reconocimiento por las Normas ISO 9001. Todo un logro, que fue el orgullo de los empleados del organismo y del gobierno mismo.
Sin embargo, las cosas en su interior no son todas del color de rosas, sobre todo en lo referente al reconocimiento de la calidad de los propios trabajadores, quienes, según sus propias palabras, fueron “los que pusimos y ponemos el lomo para que otros se lleven los laureles” ¿Cuáles laureles? Los cargos jerárquicos, las funciones de mayor peso económico. Por el contrario, el descontrol que existe en la dirección es tan evidente que no se puede evitar pensar que este organismo es hoy por hoy coto de caza de los políticos a la hora de buscar algún cargo de acomodo para sus parientes.

La lista de rentas

Si las cosas no andan del todo bien allí es porque hay una larga lista de personajes, muchos de ellos portadores de apellidos muy conocidos. De entrada nomás, denuncian al propio Sly, que detenta el cargo de ¡Director General! y, a la vez, figura como Jefe de Unidad Operativa de Presupuesto con Función Jerárquica III, y junto a él un puñado de familiares directos (incluida la ex esposa); aparece también la hermana del Secretario de Finanzas, Susana Berruezo, con Función Jerárquica !I¡, es decir, la reservada para jefes de subprograma. Así también aparece el dirigente de UPCN y operador del diputado Santiago Godoy, Julio César Díaz, con Función III, asignada a pesar de gozar de licencia gremial. Ya que hablamos del presidente de la Cámara de Diputados, allí está Santiago Godoy, ¿el mismo? No, su hijo, que rápidamente de pasante fue a contratado, y de allí a planta permanente con Función V, la misma trayectoria que la que recorrió Rubén Osvaldo Salúm.
Los nombres se suceden y los empleados casi se los conocen de memoria, a pesar de ser bastante extensa la lista; de hecho, en estos días circuló por los pasillos de la Dirección un volante anónimo con una buena cantidad de datos fidedignos sobre nombres que hicieron una carrera meteórica en el organismo o, como los llaman ellos, además de ñoquis, paracaidistas. El problema se agrava porque algunos de ellos, nombrados y designados con funciones en Rentas, no trabajan allí, haciendo no sólo retención del cargo, sino que además, algo expresamente prohibido por la normativa reglamentaria, perciben el adicional del Fondo Estímulo. Entre ellos aparecen funcionarios como Leandro Anfossi (Función II), Ramiro Torres (Función II), Sebastian Gallina (Función II) o Mirta Gómez (Función IV), quien, según denuncian, vive en Santa Fe.
Si para muestra basta un botón, aquí se puede armar una mercería, pero de todas maneras sirve para sacar a luz el porqué del descontento de los empleados de este supuesto dichoso organismo. Dicen los delegados gremiales esperanzados que quizás este conflicto sirva para comenzar a poner algo de orden y que el Gobierno finalmente se decida a considerar la carrera laboral de los empleados públicos salteños; si es así, opinan, valdrá la pena cualquier esfuerzo y el gremialismo recuperará la fe perdida en los últimos años.