Una economía de “enclave”
En este número, presentamos la segunda parte del estudio de Chris van Dam publicado en la revista peruana Debate Agrario, en el año 2001, sobre el “modelo sojero” en Las Lajitas. Una "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia son cada vez menores y que posee un nulo efecto dinamizador de la economía regional. Contaminación ambiental por uso indiscriminado de agroquímicos, desempleo y empobrecimiento de la región, son algunos de los efectos más importantes de un tipo de desarrollo que favorece a muy pocos.
Hay un generalizado convencimiento de que la siembra directa es, per se, una práctica que conserva el suelo y el medioambiente en general y, por lo tanto, una forma de producción sustentable. En Anta, sin embargo, la sustitución de la soja por el poroto, primero, y la adopción de la siembra directa, después, no fueron el resultado de una nueva actitud hacia el medioambiente, sino de consideraciones agronómicas -rápida pérdida de fertilidad del suelo y por lo tanto de la productividad- vinculadas a consideraciones económicas. Asimismo, esto se debe al hecho de que la tierra ha triplicado su precio, convirtiéndose en uno de los factores que más contribuye a los costos totales de producción. Ante ello, el cuidado de la fertilidad del suelo es una preocupación central del productor porque ésta puede determinar su éxito o fracaso empresario.
Además, si el sistema es conservacionista del suelo, no parece ocurrir lo mismo con los demás recursos: aire, agua, flora y fauna. Hay varias razones para ello. Por un lado, la siembra directa exige mayor uso de herbicidas, dada la cantidad de malezas que prosperan al abrigo del rastrojo y por la humedad existente. Si bien con la soja el número de herbicidas se ha reducido a dos con la introducción de la soja transgénica (RoundUp y 2-4-D), las cantidades utilizadas son tan altas que, en el caso del 2-4-D, afectan buena parte de la vegetación existente en la región, cortinas, huertas, e incluso las arboledas y los frutales del centro de las Lajitas. En el caso del maíz, también se usa Atrazina, prohibido en muchos países por su toxicidad y residualidad. Por otro lado, el uso excesivo de herbicidas responde a un mal manejo del sistema. Muchos productores no fumigan cuando la maleza es aún pequeña y puede controlarse con pequeñas dosis de herbicidas menos dañinos, como el RoundUp (glifosato que, según Monsanto, el mismo que provee semillas transgénicas de soja, se inactiva tan pronto toca el suelo). Por el contrario, lo hacen una vez que ya está crecida, acudiendo al 2-4-D, un herbicida hormonal mucho más potente y barato, aunque infinitamente más tóxico y que pasa a fase gaseosa a partir de los 25º C. El 2-4-D no sólo es cancerígeno (se encuentra en la lista de los agroquímicos "rojos" en la clasificación de la OMS), sino que con el calor "toma vuelo" y deseca todo lo que encuentra a su paso. Por último, aunque todos los productores saben de los efectos más contaminantes y tóxicos del 2-4-D con respecto al RoundUp para lograr el mismo efecto, la relación en costo por hectárea es de 7 a 1.
Estrategias financiero-productivas
En general los productores sojeros de Anta son productores "ricos", por el patrimonio que tienen como dueños de la tierra. Tengamos en cuenta que con un precio de 1300 dólares la hectárea, un productor promedio en Anta, con 1500 has, tiene un patrimonio de US$ 2.000.000, sin contar la maquinaria y el resto de la infraestructura. Con una tendencia a la reducción de los márgenes de ganancia por hectárea, consideran que la única forma de mantener su utilidad es agrandando su unidad de superficie, por lo que las ganancias obtenidas son automáticamente reinvertidas en compra o arriendo de más tierra. El crédito bancario es escaso y caro: en gran medida, los fracasos de los productores que abandonaron la zona o están en crisis se explican por el nivel de endeudamiento, basados en cálculos demasiado optimistas. Asimismo, los productores se han vuelto cada vez más dependientes de un complejo industrial que tiene todo "amarrado": les ofrece un paquete tecnológico, validado y que se supera tecnológicamente a sí mismo en forma continua, les provee los insumos y la financiación necesaria para que este capital de trabajo recién sea pagado una vez vendida la cosecha, y, finalmente, les compra la producción. En el caso de Anta, se identifican cinco criterios para poder analizar las diversas estrategias financiero-productivas de los productores sojeros. Para el caso del proceso de concentración de la propiedad, aunque no hay datos cuantitativos que den cuenta de ese proceso, son varias las hipótesis que lo explicarían.
La primera razón es el hecho de que tanto la siembra directa como las decrecientes utilidades por hectárea han hecho crecer el umbral mínimo a partir del cual producir soja se vuelve rentable. La siembra directa requiere maquinarias complejas y costosas, pero su uso a su vez sólo se justifica económicamente en grandes superficies cultivadas. El umbral estaría, según los productores, entre las 1.000 y 2.000 has, lo que determinaría que los más pequeños o bien deben crecer, arrendando unidades adicionales, o bien abandonar la producción, vendiendo o arrendando su campo. La segunda razón es que sólo los grandes productores tienen capacidad financiera para hacer frente a un ciclo de años malos (baja producción, precios deprimidos), mientras que el pequeño se ve obligado a vender su campo. Una tercera hipótesis sería la diferencia de manejo tanto productivo como financiero entre los productores, lo que significa rendimientos distintos (promedios que van de los 1.800 a los 2.800 kg/ha) y de costos por ha. Las mismas, en un contexto donde los márgenes pueden ser pequeños, especialmente en años con precios deprimidos, expulsan de la producción a los menos exitosos, grandes o chicos. Una hipótesis darwiniana del proceso de concentración de la propiedad en Anta. Un cuarto conjunto de razones es que se trata de un mercado "cerrado", local, donde quienes venden o arriendan prefieren hacerlo con productores de la zona, con quienes tienen una relación de confianza. Y por último, el factor "vecindad": un productor de la zona estará dispuesto a pagar un sobreprecio por un predio pegado o cercano al suyo, sobreprecio que no está dispuesto a pagar el inversor de afuera. En realidad, estas hipótesis no se oponen unas a otras, aunque estudios más específicos permitirán determinar cuáles son las más fuertes.
Productores prósperos y zona pobre
La poroteada, como se denomina en el Norte a la cosecha del poroto, históricamente convocaba a jornaleros indígenas, bolivianos y argentinos de provincias cercanas. El reemplazo del poroto por soja, la introducción de la siembra directa y la modernización tecnológica, ha sido devastadora en términos de empleo en la zona. Se calcula que los requerimientos de mano de obra han disminuido de 2,5 jornales por hectárea a 0,5 jornales por hectárea. Traducido al conjunto de la región, las 200.000 has. hoy en producción en la zona de Lajitas sólo generan 400 empleos permanentes. Todo ello se refleja en los datos de migración y pobreza que muestra la zona. CEIDEA (1997) señala que el incremento intercensal para Anta es del 11%, comparado con el 24.6% para la provincia, lo que demuestra que es una zona de emigración. Los datos de pobreza no son más alentadores: Anta tiene un 53% de hogares con NBI, mientras que el promedio provincial es de 33.9%. El hacinamiento total de hogares era 52% en Anta versus 39% en la provincia, con un 70% de viviendas deficitarias, y frente al 45,1% en el promedio provincial. Aunque estas son cifras del Censo de 1991, la situación sólo puede haber empeorado en esta última década.
El proceso de concentración de la tierra viene a agudizar esta situación: si pequeños y medianos productores podían residir en la zona, generando algún efecto económico en los pueblos, con su partida sólo quedan los grandes productores, más vinculados a la ciudad de Salta, en cuanto a lugar de residencia y de consumo. En realidad, ello es un indicador más de que el modelo sojero de Anta es una suerte de "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia van siendo cada vez menores, con lo cual no se cumple ningún efecto dinamizador de la economía regional. Y esta situación se da a pesar de que la soja y el poroto contribuyen en forma notoria al PBI agrícola de Salta y son uno de sus principales rubros de exportación.
Mirando al mercado externo
Desde el punto de vista de la producción, el grano es exportado en su totalidad, sin ningún proceso de transformación que genere valor agregado. En cuanto a los insumos, semillas y agroquímicos, todos son provistos por empresas extraregionales (en realidad multinacionales, como Monsanto) que no generan prácticamente empleo en la zona. Lo mismo sucede con la maquinaria agrícola y las camionetas. Los contratistas también son empresas de fuera de la región, al igual que sus empleados, y sólo permanecen en la zona durante periodos muy puntuales en el año. En cuanto a las utilidades, las mismas son enviadas a los dueños de las empresas, que por lo general son de fuera de la provincia o incluso del país, y cuando son reinvertidas, lo son en la compra de más tierra y en la expansión productiva, que tampoco tiene un efecto dinamizador de la economía. En términos de consumo, el número cada vez más reducido de productores se traduce en un consumo cada vez de menor impacto en la economía provincial. El único rubro de interés para la provincia son los impuestos inmobiliarios o el canon de riego, que en el caso de Anta, y en comparación a otras zonas similares del país, son bajos, con situaciones frecuentes de no pago y de periódica condonación de la deuda.
Para una provincia como Salta, una de las más pobres del país, con altos índices de desempleo, sin industria ni oportunidades laborales en las ciudades, con situaciones críticas en varios de sus principales productos (tabaco, azúcar), el modelo sojero de Anta no es sostenible (Anta tiene una superficie similar a la de la provincia de Tucumán, pero Tucumán sostiene una población veinte veces superior), ni en términos sociales ni en cuanto a su posibilidad de dinamizar la economía regional. Se trata claramente de un modelo que beneficia a un grupo de productores cada vez más reducido pero a su vez más próspero, con fuertes externalidades sociales (desempleo, emigración) en el contexto de una región empobrecida.
Apuntes
¨ El modelo no es sustentable. La recuperación de la fertilidad de los suelos y la introducción de prácticas de conservación provocadas por la entrada del paquete soja-siembra directa-variedades transgénicas, no es producto de una mentalidad conservacionista, sino de cálculos sobre beneficios económicos de una tecnología que resuelve problemas agronómicos en el cultivo y, cuando el precio de la tierra se dispara, cuida el valor del patrimonio. Cuando determinadas prácticas que aseguran un manejo cuidadoso del ambiente (como el uso de agroquímicos) significan menor rentabilidad, el productor suele privilegiar criterios económicos. Ello confirma que, en una economía capitalista, medidas que favorecen la sostenibilidad o la equidad sólo pueden ser introducidas si tienen ventajas económicas o si existen normas regulatorias y una autoridad de aplicación eficaz.
¨ El núcleo sojero de Anta se asemeja a una economía de enclave: un grupo cada vez menor de grandes productores y empresas que utilizan los recursos naturales de la zona en un sistema productivo donde los demás factores de producción son importados de fuera de la región. Las utilidades son reexportadas a los accionistas o reinvertidas en la ampliación de sus emprendimientos, pero sin mayor impacto en la economía regional. En ese sentido, las cifras sobre el producto agropecuario generado en la zona, relevantes para una provincia como Salta, son engañosas si contabilizamos los beneficios reales para la economía provincial: un número muy reducido de puestos de trabajo y una contribución marginal a las arcas provinciales a través de impuestos inmobiliarios y cánones de riego.
¨ La "modernización" de la producción sojera en Anta incrementó la vulnerabilidad de los productores, cada vez más dependientes de un mercado globalizado y de un complejo oleaginoso sobre el cual no tienen ninguna influencia, como así también de un paquete tecnológico (maquinaria, variedades genéticamente modificadas, agroquímicos) que les provee una industria con rasgos cada vez más monopólicos. La fusión, en los últimos años, entre quienes proveen los insumos y quienes compran la cosecha, y que además financian el capital de trabajo que requieren los productores, cumple una función "tenaza", que va disminuyendo las posibilidades de reconversión productiva.
¨ La soja genera una muy baja utilidad por hectárea (dependiendo del precio del grano y la productividad de la parcela, alrededor de $100-$150). A pesar de ello, los productores sojeros tienen una gran resistencia a diversificar y reconvertirse, a ensayar otros cultivos. Más bien buscan compensar la caída de utilidad por unidad de superficie con la incorporación de unidades adicionales. La producción de otros granos (maíz, trigo, cártamo, etc.) se hace más bien por razones agronómicas, vinculadas a mantener la fertilidad del suelo y, por ello, en función de las necesidades del cultivo de soja.
¨ Los productores suelen enfatizar que el apoyo que reciben por parte del Estado ha sido más bien escaso, sobre todo en función de lo que ellos mismos han invertido y siguen invirtiendo en la zona, y la notable contribución del núcleo sojero al PBI agrícola provincial y a las "exportaciones" de la provincia. Mirado desde otra óptica, el Estado subsidia en forma encubierta la producción sojera, desde la infraestructura vial -que prácticamente sólo sirve a los intereses de la economía sojera- y las diversas políticas de desgravación impositiva que han beneficiado a algunas empresas, los bajos impuestos inmobiliarios y cánones de riego cobrados, muchas veces condonados, hasta las externalidades ambientales y sociales que los productores generan, cuyos costos son asumidos por el Estado (creciente pobreza y desempleo) y por la sociedad en su conjunto (daños ambientales).
¨ La agricultura intensiva es posible en la zona, pero para ello se requieren ciertos cambios: a) una política provincial que oriente la producción de commodities a las zonas más áridas (donde está probado que puede producirse en siembra directa y con una rentabilidad aceptable), estimulando y premiando a los productores que se reconviertan a cultivos intensivos; b) identificación de cultivos intensivos con mercados nacionales y de exportación, adaptando tecnologías existentes para la zona; c) dinamización del mercado de tierras, de manera tal que los actuales productores, a través de la venta progresiva de parte de sus tierras obtengan el capital necesario para las inversiones que requiera la reconversión. Tierra que sería adquirida, mediante un programa de crédito, por pequeños y medianos productores, lo cual tendría un impacto adicional importante sobre la economía regional, revirtiendo el proceso de concentración de la tierra; d) estimulación de la radicación de agroindustrias que permitan darle valor agregado a la producción en la zona.
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