Doble moral

Salud reproductiva

El Gobierno provincial insiste en hacer buenas migas con la Iglesia y, no contento con haber logrado la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas, donde se dicta instrucción católica exclusivamente, sigue haciendo la vista gorda respecto a la adhesión a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (25.673), vigente en el país desde 2003. La falta de esa norma impide que lleguen a Salta las partidas presupuestarias que podrían evitar la muerte de muchas mujeres pobres que recurren al aborto clandestino como alternativa.

Por Eva Sibila

En Salta, el pacto de fidelidad de gobernantes y legisladores hacia los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, asusta aunque no asombra. Sistemáticamente, quienes han tenido el poder político para sancionar una ley provincial que habilite los fondos disponibles para poner en funcionamiento el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, parecieran temer el enojo de Monseñor y no han promovido la norma.
Es de público conocimiento que la cúpula de la Iglesia condena el uso de anticonceptivos artificiales y las relaciones sexuales extramatrimoniales. Por falta de legitimidad propia, los políticos de turno recurren a las autoridades religiosas cada vez que necesitan resolver un conflicto social, por lo que oponerse a la Iglesia podría ser catastrófico para un gobernador de provincia. Lo es incluso para la presidenta Cristina Fernández, que tambalea ante la mínima crítica de Antonio Baseotto, la principal autoridad católica en Argentina.
Por esa razón, y muy lejos de la caridad cristiana, el gobierno salteño no se inmuta ante las cifras oficiales, que revelan que cien mujeres mueren por año en Argentina a causa de abortos clandestinos. De a miles, quienes no acceden a métodos para evitar embarazos no deseados y, menos aún, a los abortos seguros, recurren desesperadas a viejas prácticas caseras que, de no matarlas, pueden dejarles graves secuelas.
El año pasado, 2.179 mujeres ingresaron al Nuevo Hospital con abortos en curso. Sin contar todas aquellas que recurrieron a las clínicas privadas, al resto de los hospitales, a las salitas y las que simplemente rezaron en alguna oscura habitación, los datos revelan que el aborto es un problema de salud pública.
Pero la interrupción del embarazo generalmente no es una opción deseada por las mujeres. La educación sexual y la correcta información sobre los métodos anticonceptivos para planificar un proyecto de vida personal y familiar son las políticas necesarias para mejorar la salud de la población y para evitar muertes por abortos clandestinos.
No hay que inventar nada. La ley existe hace rato y para que se implementen los programas sólo hace falta la adhesión de la provincia.

De eso no se habla

¿Qué pasaría si cada vez que una mujer muere por un aborto inseguro se amplificara el tema, tal como sucede con los asaltos que sufre la “castigada clase media porteña”? Seguramente el periodismo lacrimógeno podría recurrir al efectivo método de disponer micrófonos y cámaras ante los hijitos huérfanos, los otros parientes, la vecina o a la ex compañera de la escuela. Pero no. La televisión insiste en que la inseguridad es un problema de otros ciudadanos.
Entonces, también hay que decirlo, o a los grupos económicos dueños de los medios no les interesa la muerte de una mujer en una villa o tampoco quieren enfrentarse con la curia. Creo que hay un poco de ambas cosas en la decisión editorial de no difundir este tema.
Un monitoreo sobre la posibilidad de conseguir en forma gratuita preservativos o pastillas anticonceptivas reveló que la mitad de los centros asistenciales de la provincia no contaban con los recursos. Por otra parte, los hospitales y centros de salud que tienen alguna de estas alternativas para evitar embarazos no deseados, exigen a los solicitantes que saquen un turno médico y esperen a que el profesional se los prescriba.
En definitiva, en Salta seguirá habiendo familias humildes con una decena de hijos a quienes no podrán alimentar, mientras los gobiernos sigan dependiendo de la Iglesia para implementar políticas de Estado que promuevan la salud sexual y reproductiva.