Para ir al cementerio tienen que pedirle permiso a un guardia de la empresa. Hacinados, sin agua potable ni acceso a profesionales médicos, así se encuentran los habitantes de Barrio Nuevo, a la vera de Salta Forestal. Las empresas, que facturan más de 20 millones de dólares por año, sólo destinan 800 pesos por mes al desarrollo humano del pueblo con el que estaban comprometidas por contrato.
Por Daniel Medina
El Estado se ha convertido en el lobo del hombre. La función de los gobernantes ya no es proteger a los ciudadanos ni trazar políticas que los beneficien a corto, mediano y largo plazo, sino que se ha reducido a garantizar los negocios (y negociados) de unos pocos empresarios, en detrimento de los intereses de la mayoría.
Salta Forestal es un perfecto ejemplo de esta cuestión. En 1996, el gobernador Juan Carlos Romero cedió a las empresas Ecodesarrollo (de Alfredo Olmedo) y a Cervera (ahora Cresud), por un periodo de 64 años, 213 mil y 120 mil hectáreas de Anta, respectivamente. A cambio, y según lo estipula el contrato auspiciado por el Estado salteño, recién después de 20 años de concesión, o sea a partir de 2016, Ecodesarrollo empezaría a pagar el irrisorio canon de 90 mil pesos anuales (algo así como $0,28 por hectárea y por año).
Y esto probablemente se hubiera mantenido así, de no ser porque uno de los titulares de estas empresas se convirtió en una amenaza para el actual Gobierno, tras haber obtenido un 17% de los votos en los comicios para legisladores nacionales de junio último, y haber expresado públicamente su aspiración a ser gobernador y presidente de la República. Sólo entonces el Gobierno reaccionó, despertó de su letargo y, a través de sus funcionarios, calificó al canon de “ridículo”.
Según los nuevos cálculos del ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, la empresa Ecodesarrollo debería pagar algo más que los 90 mil pesos estipulados: 1.300.000 pesos, cifra que la otra empresa, Cresud, ya ha abonado, y que Alfredo Olmedo se rehúsa a desembolsar, pese a que sigue siendo una ganga, pues los cálculos menos optimistas señalan que las hectáreas de soja le dejaron al legislador una ganancia superior a los 20 millones de dólares.
Hasta el momento, las discusiones han girado en torno al contrato y sus cifras. Sin embargo, y detrás de todos esos números, hay ciudadanos que sobreviven a diario en situaciones indignas e inhumanas, como la resaca de esos negociados que sólo benefician a unos pocos.
Barrio Nuevo
A 35 km de Joaquín V. González, por un camino de tierra y ripio, se llega al infierno. Visto de lejos, el lugar parece un campamento improvisado para los refugiados de algún cataclismo inesperado. Sólo que estas personas no han sido víctimas de la naturaleza, sino de los empresarios y del Estado. “Barrio Nuevo” es el nombre que le dan al amontonadero de ranchos que depende directamente de Salta Forestal.
El contrato, tan beneficioso para Ecodesarrollo y Cresud, estipulaba que estas empresas tenían la responsabilidad de programar la sistematización del campo, teniendo en cuenta aspectos sociales y administrativos, con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable que “tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ubicados en una zona con alto grado de necesidades insatisfechas”. El Anexo 1 del punto 6 es claro en cuanto al compromiso adquirido: “Programar soluciones para las distintas situaciones de los ocupantes, tanto de los asentamientos poblacionales como de los puesteros, [mediante la] creación de fuentes de trabajo. Como así también [atender] la salud y la educación”.
En el punto 12 del mismo Anexo se especifica: “Planificar para cada centro la infraestructura mínima necesaria, que cubra todos los servicios comunitarios, como educación, energía eléctrica, salud, comunicación, transporte, agua, sanitarios, esparcimiento, etc.” Eso es lo que dice el papel. La realidad que viven los habitantes de “Barrio Nuevo” es muy distinta.
Son 204 las viviendas del barrio. Son de madera, piso de tierra, y la mayoría consiste en una sola habitación grande; las letrinas son compartidas. Las familias se siguen reproduciendo, pero las viviendas no aumentan, aunque los empresarios habían prometido construir entre siete y diez viviendas por año, algo que desde 1996 hasta la fecha jamás se cumplió. Y cada vez hay más personas hacinadas en esas moradas. Datos relevados por el mismo Gobierno prueban que el promedio es de 2 a 3 familias por casa, con un promedio de 6 a 8 niños en cada una de ellas. El contraste de estas viviendas, no con la sede central de la empresa, sino con la misma garita de seguridad, es atroz.
Pese a que Ecodesarrollo S.A. cuenta con varios pozos en su predio, algunos de agua potable y otros de agua para riego o para otras funciones, en Barrio Nuevo no existe red de agua, sino provisión de agua de pozo. Y nadie ha hecho un análisis físico-químico y bacteriológico sobre su potabilidad. En el punto 8, Anexo 1, que trata sobre los recursos hídricos del contrato que hizo firmar Juan Carlos Romero, se detallaba como uno de los deberes de las empresas: “En el caso del agua para consumo humano, se tendrá en cuenta la potabilidad y el tratamiento…” Y el punto 9 dice: “También, destinado a los puestos, se programarán sistemas de provisión de agua para consumo humano…”
Cuando el Director de Fiscalización, Juan Antonio Bruno, fue al lugar a realizar un relevamiento, hacía poco tiempo que, por haberse conectado las fases de manera invertida (EDESA), se quemaron dos bombas extractoras. “Cuando se presentó el problema de la bomba, durante tres días, para de la finca, pero aparentemente, al de agua no potable (salada, según los habitantes del lugar), lo que generó una gran cantidad de problemas de enterocolitis en los habitantes, especialmente en niños. La Municipalidad debió instrumentar el movimiento y la internación, especialmente de los niños, buscando evitar la deshidratación de los mismos”, detalló en el informe que elevó, semanas atrás, al secretario de Trabajo y Previsión Social, Eduardo G. Costello.
Tampoco la electricidad es segura. El informe detalla que sólo la primera hilera de casas cuenta con instalación eléctrica “más o menos correcta” (sic), “las restantes van tendiendo cables aéreos, a menos de dos metros de altura y a la vista, sin caños ni ningún material protector, no contando ni con disyuntores ni conexión a tierra alguna. Sólo algunos cuentan con llaves térmicas.”
El desempleo, consecuencia en parte de un producto como la soja, que requiere para su producción una mano de obra mínima, es otro de los problemas para los habitantes de Barrio Nuevo. Para recorrer los 35 km que los separan de Joaquín V. González, donde podrían hacer alguna changa, cuentan con un colectivo que pasa sólo dos veces por día: una vez por la mañana y otra vez por la tarde (salvo los martes, jueves y sábados, que hace el recorrido también por la noche); pero la tarifa es de $10 de ida y $10 de vuelta. Y las changas no alcanzarían ni para pagar los boletos.
Si se enferman, quedan a la buena de Dios. Se les había prometido construir un pequeño hospital a la entrada, pero hoy sólo cuentan con un centro de salud, al que un médico concurre únicamente tres veces por semana y atiende de 9:00 a 13:00 hs. Tampoco hay una ambulancia en el lugar. En caso de emergencia, el vehículo de algún vecino es el que carga con el enfermo, por el ripio, hasta González, donde sí son tratados con hospitalidad (acaso porque el al Intendente le da un poco de cargo de conciencia, ya que es socio de Salta Forestal, con el 2% de las acciones. Por eso siempre están sus intentos por paliar las consecuencias, pero demuestra un silencio rotundo para detener sus causas). Y las personas se enferman seguido. Por la pésima calidad de vida, la desnutrición, el hacinamiento, y porque los residuos sólidos domiciliarios son vertidos a cielo abierto en un descampado cercano a las viviendas.
Desde luego que, así como no se preocupan por satisfacer las condiciones básicas de salud, la promesa de construir un Centro de Estudios en el cruce de la Ruta 41 que incluiría todos los niveles, desde jardín de infantes hasta la finalización del ciclo, también quedó en la nada. Los habitantes de Barrio Nuevo tienen un colegio que llega hasta el 9º año solamente. Está en González, es verdad, pero a 35 km y a 20 pesos por día en transporte.
Como pocos tienen gas en garrafas, tienen que buscar leña para cocinar. Y la empresa rara vez los deja pasar del lado ya alambrado.
Lo peor es que el sufrimiento de los habitantes continúa hasta después de muertos. Cuando la empresa alambró el predio, el cementerio quedó separado del pueblo, dentro de la empresa. Para visitar a sus difuntos, primero hay que pedir autorización a los guardias y éstos, según el humor del día, la dan o no.
La empresa que factura 20 millones de dólares al año, sólo invierte, en Desarrollo Humano, 10.444 pesos por año, unos 870,35 pesos por mes.
Destrucción del trabajo
El informe del Director de Fiscalización sobre la sistemática destrucción de la fuente laboral en la zona es alarmante. “Desde que se concesionaron las tierras, casi todas las actividades fueron tercerizadas, siendo las empresas, (que en su mayoría no son ni de la localidad ni de la Provincia) las que contratan al personal por el tiempo que dure cada actividad, abonando por las tareas valores menores a los que corresponden y, casi siempre, sin registrar los trabajadores o, como en algunos casos indagados, dejados con deudas pendientes y/o libretas del RENATRE sin entregar”, dice.
Salta Forestal es un perfecto ejemplo de esta cuestión. En 1996, el gobernador Juan Carlos Romero cedió a las empresas Ecodesarrollo (de Alfredo Olmedo) y a Cervera (ahora Cresud), por un periodo de 64 años, 213 mil y 120 mil hectáreas de Anta, respectivamente. A cambio, y según lo estipula el contrato auspiciado por el Estado salteño, recién después de 20 años de concesión, o sea a partir de 2016, Ecodesarrollo empezaría a pagar el irrisorio canon de 90 mil pesos anuales (algo así como $0,28 por hectárea y por año).
Y esto probablemente se hubiera mantenido así, de no ser porque uno de los titulares de estas empresas se convirtió en una amenaza para el actual Gobierno, tras haber obtenido un 17% de los votos en los comicios para legisladores nacionales de junio último, y haber expresado públicamente su aspiración a ser gobernador y presidente de la República. Sólo entonces el Gobierno reaccionó, despertó de su letargo y, a través de sus funcionarios, calificó al canon de “ridículo”.
Según los nuevos cálculos del ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, la empresa Ecodesarrollo debería pagar algo más que los 90 mil pesos estipulados: 1.300.000 pesos, cifra que la otra empresa, Cresud, ya ha abonado, y que Alfredo Olmedo se rehúsa a desembolsar, pese a que sigue siendo una ganga, pues los cálculos menos optimistas señalan que las hectáreas de soja le dejaron al legislador una ganancia superior a los 20 millones de dólares.Hasta el momento, las discusiones han girado en torno al contrato y sus cifras. Sin embargo, y detrás de todos esos números, hay ciudadanos que sobreviven a diario en situaciones indignas e inhumanas, como la resaca de esos negociados que sólo benefician a unos pocos.
Barrio Nuevo
A 35 km de Joaquín V. González, por un camino de tierra y ripio, se llega al infierno. Visto de lejos, el lugar parece un campamento improvisado para los refugiados de algún cataclismo inesperado. Sólo que estas personas no han sido víctimas de la naturaleza, sino de los empresarios y del Estado. “Barrio Nuevo” es el nombre que le dan al amontonadero de ranchos que depende directamente de Salta Forestal.
El contrato, tan beneficioso para Ecodesarrollo y Cresud, estipulaba que estas empresas tenían la responsabilidad de programar la sistematización del campo, teniendo en cuenta aspectos sociales y administrativos, con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable que “tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ubicados en una zona con alto grado de necesidades insatisfechas”. El Anexo 1 del punto 6 es claro en cuanto al compromiso adquirido: “Programar soluciones para las distintas situaciones de los ocupantes, tanto de los asentamientos poblacionales como de los puesteros, [mediante la] creación de fuentes de trabajo. Como así también [atender] la salud y la educación”.
En el punto 12 del mismo Anexo se especifica: “Planificar para cada centro la infraestructura mínima necesaria, que cubra todos los servicios comunitarios, como educación, energía eléctrica, salud, comunicación, transporte, agua, sanitarios, esparcimiento, etc.” Eso es lo que dice el papel. La realidad que viven los habitantes de “Barrio Nuevo” es muy distinta.
Son 204 las viviendas del barrio. Son de madera, piso de tierra, y la mayoría consiste en una sola habitación grande; las letrinas son compartidas. Las familias se siguen reproduciendo, pero las viviendas no aumentan, aunque los empresarios habían prometido construir entre siete y diez viviendas por año, algo que desde 1996 hasta la fecha jamás se cumplió. Y cada vez hay más personas hacinadas en esas moradas. Datos relevados por el mismo Gobierno prueban que el promedio es de 2 a 3 familias por casa, con un promedio de 6 a 8 niños en cada una de ellas. El contraste de estas viviendas, no con la sede central de la empresa, sino con la misma garita de seguridad, es atroz.
Pese a que Ecodesarrollo S.A. cuenta con varios pozos en su predio, algunos de agua potable y otros de agua para riego o para otras funciones, en Barrio Nuevo no existe red de agua, sino provisión de agua de pozo. Y nadie ha hecho un análisis físico-químico y bacteriológico sobre su potabilidad. En el punto 8, Anexo 1, que trata sobre los recursos hídricos del contrato que hizo firmar Juan Carlos Romero, se detallaba como uno de los deberes de las empresas: “En el caso del agua para consumo humano, se tendrá en cuenta la potabilidad y el tratamiento…” Y el punto 9 dice: “También, destinado a los puestos, se programarán sistemas de provisión de agua para consumo humano…”
Cuando el Director de Fiscalización, Juan Antonio Bruno, fue al lugar a realizar un relevamiento, hacía poco tiempo que, por haberse conectado las fases de manera invertida (EDESA), se quemaron dos bombas extractoras. “Cuando se presentó el problema de la bomba, durante tres días, para de la finca, pero aparentemente, al de agua no potable (salada, según los habitantes del lugar), lo que generó una gran cantidad de problemas de enterocolitis en los habitantes, especialmente en niños. La Municipalidad debió instrumentar el movimiento y la internación, especialmente de los niños, buscando evitar la deshidratación de los mismos”, detalló en el informe que elevó, semanas atrás, al secretario de Trabajo y Previsión Social, Eduardo G. Costello.
Tampoco la electricidad es segura. El informe detalla que sólo la primera hilera de casas cuenta con instalación eléctrica “más o menos correcta” (sic), “las restantes van tendiendo cables aéreos, a menos de dos metros de altura y a la vista, sin caños ni ningún material protector, no contando ni con disyuntores ni conexión a tierra alguna. Sólo algunos cuentan con llaves térmicas.”
El desempleo, consecuencia en parte de un producto como la soja, que requiere para su producción una mano de obra mínima, es otro de los problemas para los habitantes de Barrio Nuevo. Para recorrer los 35 km que los separan de Joaquín V. González, donde podrían hacer alguna changa, cuentan con un colectivo que pasa sólo dos veces por día: una vez por la mañana y otra vez por la tarde (salvo los martes, jueves y sábados, que hace el recorrido también por la noche); pero la tarifa es de $10 de ida y $10 de vuelta. Y las changas no alcanzarían ni para pagar los boletos.
Si se enferman, quedan a la buena de Dios. Se les había prometido construir un pequeño hospital a la entrada, pero hoy sólo cuentan con un centro de salud, al que un médico concurre únicamente tres veces por semana y atiende de 9:00 a 13:00 hs. Tampoco hay una ambulancia en el lugar. En caso de emergencia, el vehículo de algún vecino es el que carga con el enfermo, por el ripio, hasta González, donde sí son tratados con hospitalidad (acaso porque el al Intendente le da un poco de cargo de conciencia, ya que es socio de Salta Forestal, con el 2% de las acciones. Por eso siempre están sus intentos por paliar las consecuencias, pero demuestra un silencio rotundo para detener sus causas). Y las personas se enferman seguido. Por la pésima calidad de vida, la desnutrición, el hacinamiento, y porque los residuos sólidos domiciliarios son vertidos a cielo abierto en un descampado cercano a las viviendas.
Desde luego que, así como no se preocupan por satisfacer las condiciones básicas de salud, la promesa de construir un Centro de Estudios en el cruce de la Ruta 41 que incluiría todos los niveles, desde jardín de infantes hasta la finalización del ciclo, también quedó en la nada. Los habitantes de Barrio Nuevo tienen un colegio que llega hasta el 9º año solamente. Está en González, es verdad, pero a 35 km y a 20 pesos por día en transporte.
Como pocos tienen gas en garrafas, tienen que buscar leña para cocinar. Y la empresa rara vez los deja pasar del lado ya alambrado.
Lo peor es que el sufrimiento de los habitantes continúa hasta después de muertos. Cuando la empresa alambró el predio, el cementerio quedó separado del pueblo, dentro de la empresa. Para visitar a sus difuntos, primero hay que pedir autorización a los guardias y éstos, según el humor del día, la dan o no.
La empresa que factura 20 millones de dólares al año, sólo invierte, en Desarrollo Humano, 10.444 pesos por año, unos 870,35 pesos por mes.
Destrucción del trabajo
El informe del Director de Fiscalización sobre la sistemática destrucción de la fuente laboral en la zona es alarmante. “Desde que se concesionaron las tierras, casi todas las actividades fueron tercerizadas, siendo las empresas, (que en su mayoría no son ni de la localidad ni de la Provincia) las que contratan al personal por el tiempo que dure cada actividad, abonando por las tareas valores menores a los que corresponden y, casi siempre, sin registrar los trabajadores o, como en algunos casos indagados, dejados con deudas pendientes y/o libretas del RENATRE sin entregar”, dice.
Entonces, además de la empresa del Diputado Nacional, entran en juego nuevos nombres para las distintas actividades. Labores de desmonte quedaron en manos de la riojana FRABO (Franco Bosetti) y la siembra está a cargo de AJU (Tucumán). PETROBRAS provee el combustible; de la construcción se encarga GORENA (de Las Lajitas) y de la Cosecha, IBARBIA, a la que más o menos se la puede calificar como “lugareña”, puesto que sus dueños son de González.Se especifica que las primeras actividades realizadas bajo esta modalidad consistieron en el desmonte de 2.000 hectáreas, por las cuales se abonó entre $ 200,00 y $ 400,00 por hectárea, cuando en realidad el trabajo realizado valía mucho más. “Otra actividad tercerizada fue la del trillado de todas las hectáreas, tarea por la que la empresa abonó $ 140,00 en lugar de los $230,00 por hectárea que hubieran correspondido”.
Otra irregularidad detectada es que a los trabajadores se les completa la libreta del RENATRE por periodos menores a los realmente trabajados, impidiéndoles acceder al fondo de desempleo que requiere un tiempo mínimo de trabajo de 18 meses.
“El Segundo Encargado, David Maldonado, tiene un almacén en una casa del Barrio, propiedad de la cuñada, en la que les fía a muchos las compras de alimentos a precios muy superiores a los de plaza. Cuando hay necesidad de tomar personal, toma a los que más le deben para cobrar directamente con descuentos de haberes”, relata el informe.
Pero lo peor es que a los obreros que tienen accidentes laborales se los deja automáticamente sin trabajo. “Existe un caso de un joven que por un accidente quedó con una discapacidad en una pierna y sin trabajo”, expresa el informe.
La situación de los puesteros no es mucho mejor. Se los fue cercando poco a poco, con alambrados puestos de la noche a la mañana, evitando que sus animales puedan pastar dentro de los predios que antes utilizaban para comer y que pasaron a la concesión. Por eso son muchos los puesteros que, ante el aislamiento impuesto, se han retirado del lugar. “Existe un caso en el que el hijo de un puestero, haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero”, dice el informe.
Después de dos años de gestión, la gobernación Urtubey tiene la posibilidad de implementar un cambio: dejar de garantizar la impunidad de las empresas y devolverle a estas personas la dignidad de seres humanos.
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