El hambre más urgente

Nutrivida

Trabajar por los pobres y luchar contra la desnutrición son cuestiones de Estado que Juan Manuel Urtubey dice encarar, aunque entre los suyos hay quienes, al parecer, no entendieron muy bien la consigna. Desde hace dos meses que hay en la provincia 40.000 “niños en riesgo nutricional” que no reciben su refuerzo alimentario. Los motivos no se explican, pero entre Desarrollo Humano y Finanzas hay una maraña que afecta a este importante sector de niños salteños.

Por R.E.

El año 2009 está cerrando con algunas contradicciones en la gestión del Gobierno de la provincia, más específicamente en el área que conduce el ministro lechero Claudio Mastrandrea. Además de no haber aclarado aún cómo fue que se decidió reforzar la alimentación de algunos niños de la provincia con leche en polvo no apta para el consumo, hoy tiene que dar explicaciones del por qué vienen atrasados con los bolsones alimentarios llamados “Nutrivida”, que no se entregan desde finales de octubre a pesar de que deben repartirse de manera mensual. La primera conclusión a la que se arriba es sobre el desencuentro entre el discurso del Gobernador y las políticas aplicadas desde esa cartera ministerial, Desarrollo Humano.

Los enunciados

Juan Manuel Urtubey, en la apertura de la asamblea legislativa de este año, y en el mini acto aniversario por los dos primeros años de su gestión, resaltó que se está trabajando para bajar los índices de desnutrición en la provincia; algo largamente reclamado a la anterior gestión que tenía y escondía sus elevados índices de chicos desnutridos.
Uno de los pilares que sostiene el combate contra la desnutrición fue la puesta “en marcha del Programa Nutrivida para refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”, según se puede leer en el cuadernillo en el que se plasmaron todos los actos de Gobierno de estos dos años, y que fuera entregado en el Centro Cívico Grand Bourg el 10 de diciembre pasado al finalizar el discurso del primer mandatario provincial.
Las fuentes consultadas, sin embargo, confirman la falta de entrega de este “refuerzo alimentario” desde hace dos meses. Las causas: la falta de stock de los bolsones que se atribuye, simplemente, a la falta de compra de los mismos, algo que respondería a complicaciones con los fondos a raíz de que las prioridades no parecen ser las que se dicen que son, sino las que manda la billetera.

Intruso web

Una búsqueda en el boletín oficial de la provincia nos confirma aún más esta versión, por cuanto en la sección avisos sólo aparecen publicadas dos licitaciones en el año 2009 para adquirir bolsones destinados a este programa. La primera es de 80.000 módulos, y la segunda, de 40.000, lo cual supone que se licitó la compra de 120.000 bolsones, que alcanza para tres meses. El primer aviso fue publicado el pasado 3 de marzo (Boletín Oficial Nº 18.060) para la adquisición de “80.000 Módulos Alimentarios Nutrivida con distribución”, con destino a la Secretaría de Abordaje Territorial y por un monto oficial de $3.132.000; la segunda licitación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 18.158 del 31 de julio de 2009 para la “adquisición de 40.000 Módulos Alimentarios Nutrivida”, con destino a la misma Secretaría y por un monto de $1.600.000.
Un capítulo aparte merece la diferencia en el precio de ambas licitaciones: en la primera, cada módulo costaba $39.15, en la segunda (unos cuatro meses más tarde), cada módulo costó $40; quizás la inflación tuvo sus influencias.

Parodi inculpado

La fuente ministerial consultada explicó que el proceso de licitación es un tanto enredado, por cuanto el pedido debe hacerlo un Secretario; dentro del Ministerio debe seguir una serie de pasos administrativos hasta que es el propio Ministro quien autoriza la compra, aunque no sería él quien tenga la última palabra por existir un organismo, la Unidad Central de Contrataciones, que dispone en este caso que la licitación se lleve a cabo, mientras los fondos que abonan al proveedor son girados por el Ministerio de Finanzas, a cargo de Carlos Parodi. Al parecer, sería allí donde nace el problema del efectivo.
Según parece, los que tienen en custodia el dinero de la provincia no dimensionaron la verdadera importancia de este programa y los fondos que envía Nación para el mismo estarían siendo destinados a la recarga mensual de la Tarjeta Social.
Por lo que se sabe, Nación aporta la mitad de los fondos para llevar a cabo la ejecución de la Tarjeta Social y también la mitad de los fondos para poder entregar todos los meses ese “refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”. La deuda con los chicos en riesgo nutricional tendría que ver con que el aporte nacional del Nutrivida es puesto a disposición de la Tarjeta Social, con lo que la provincia se ahorra el gasto de darle de comer a los desnutridos y la Nación financia el 100% de la Tarjeta Social.
Esta versión bien podría ser confirmada por el mismo ministro Mastrandrea, quizás con otras palabras cuando, hablando de la asignación universal por hijo y sus compatibilidades, declaró que “muchos de los que tienen el beneficio de la Tarjeta Social tienen hijos a cargo y aparentemente no han recibido la asignación por hijo. Digo aparentemente porque el ANSES lo está chequeando. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Seguramente estas personas van a estar con la asignación por hijo y nosotros vamos a tener recursos para otro tipo de programas sociales”. Lo que en apariencia querría decir que los recursos que queden sin usarse en los beneficiarios de la Tarjeta Social bien podrían ser utilizados para darle efectivo cumplimiento al Nutrivida.

Buscando el giro

El mismo 10 de diciembre, Mastrandrea contestó a la requisitoria periodística de Canal 9, afirmando que hay un proyecto de “reemplazar el Nutrivida, que se están distribuyendo normalmente en la provincia para la atención de los chicos y la prevención de la desnutrición”. El periodista no le había consultado por el retraso en la distribución de estos bolsones, pero por las dudas el Ministro abrió el paraguas y, lisa y llanamente, faltó a la verdad, porque para esa fecha no se estaba distribuyendo normalmente el Nutrivida. Las declaraciones parecen confirmar, sin embargo, que recursos de algunos programas sirven en realidad para otros y que gracias a la ANSES y las asignaciones universales, en el 2010 se podría contar con el alimento mensual que los niños en riesgo nutricional precisan.
Mientras tanto, el 2009 cierra con un déficit que se aleja de la premisa marcada dos años atrás por un gobierno que prometió cambiar aquellas cosas que había que cambiar, y una de ellas era la desinversión en materia social que profundizó año a año la gestión del actual Senador Nacional.
Conviene recordar un párrafo de Urtubey en el acto aniversario: “Yo he tomado una decisión, dejando casi todo, que es trabajar por los salteños y fundamentalmente por los que menos tienen”. Esa es justamente la decisión que parecen no haber tomado algunos ministros, que no obran de acuerdo a la decisión de vida que dice haber tomado quien los puso al frente de las responsabilidades que omiten cumplir.

Regular menos

Balance en el Concejo Deliberante

Cincuenta y cinco resoluciones menos que en el año 2008; grandes reacomodamientos políticos; nuevos y viejos actores y el fin de la mayoría automática, es el resultado de un año de trabajo en el Concejo Deliberante de la ciudad. Gustavo Sáenz del PJ, Cristina Fiore del PPS y Martín Yánez de Libres del Sur fueron de los más productivos en su labor.

Por José González Romano

Durante el año se aprobaron 345 resoluciones de cuerpo, aquellas donde los concejales regulan la vida del Concejo y del Municipio, mientras en el año 2008 fueron 400. Se solicitaron 48 pedidos de informes, de los cuales 12 no fueron contestados. Entre las ordenanzas, aquellas que suponen un instrumento legal que regula la conducta de los ciudadanos, podemos mencionar la ordenanza enviada por el Ejecutivo que privatizaba el servicio de alumbrado público, permitiendo la entrada al juego de los prestadores de servicios Lusal S.A.. Algunas otras, aprobadas por el oficialismo, implicaron la creación de un nuevo impuesto para los contribuyentes, para pagarle a Lusal más de $ 700.000 anuales. Por el lado de las ordenanzas que beneficiaron a los vecinos, podemos mencionar la eximición del pago del derecho a construcción, lo que permitió poner freno a las más de 20 mil intimaciones que la empresa Magna había realizado y que amenazaban con rematar las casas de muchos vecinos de nuestra Ciudad. El proyecto fue vetado por el intendente Isa y luego el Concejo rechazó el veto por la presión social y por la pública, generada por el autor del proyecto.

Movimientos políticos

Tomemos en cuenta para analizar lo actuado en el saliente Concejo Deliberante, donde hace escasos días culminaron sus mandatos, que comenzaron, el 3 de diciembre de 2007, 21 ediles, de los cuales cuatro (de los nueve que buscaron la reelección) renovaron sus mandatos: Mirta Isa (PJ), Tomás Rodríguez (PJ), Pedro Serrudo (PJ) y Marcelo Oliver (Frente Salteño). Gustavo Sáenz se convirtió en senador provincial hasta el año 2013, y aunque varios otros se postularon, no pudieron acceder a ninguna banca.
Dato importante y muy comentado lo constituye la disminución del bloque, en términos numéricos, del Partido Justicialista. Cabe recordar que en el año 2007 actuó como bloque FREJUVI (PJ +PCP), contando con los once concejales necesarios para contar con una cómoda mayoría (sin contar los aliados). En el revés electoral de septiembre último, el PJ que responde al intendente Isa sólo logró introducir seis ediles, situación más que incómoda en un escenario en donde el peronismo disidente filtró ocho concejales, dos por la línea de Wayar (con el “Oveja” Álvarez a la cabeza), y seis por la línea de Romero (con Tonini y Raúl Romeo Medina como puntas de lanza de la avanzada romerista en el Concejo).
Otras bajas importantes las padeció el otrora fuerte (supo gobernar los destinos de la ciudad en varias oportunidades) Partido Renovador. De cuatro concejales con los que contaba después de 2007 (dos por el PRS más dos de Cabildo Abierto), en esta elección sólo accedió a una sola banca. Mientras tanto, el partido que no estará presente en este nuevo Concejo será el Partido de la Victoria, ya que se venció el mandato de Gustavo Cecilia y Cristian Monzo, no pudiendo éste renovar su banca en la última elección.
Entre los que sumaron, tenemos a la escisión renovadora que responde a Gómez Diez: Propuesta Salteña logró dos concejales, fruto de la Alianza Acuerdo Cívico y Social, compartida con la UCR (que después de muchos períodos logró ingresar un concejal). El PO pasó de uno a dos ediles: se fue Cristina Foffani y llegaron Gabriela Cerrano y la dirigente de Tribuna Docente Norma Colpari. Y entre los que se mantuvieron, no pudiendo plasmar en bancas lo logrado en referencia, tenemos al Movimiento Libres del Sur, que retuvo el espacio ganado en el 2005 (con Carlos Morello en esa oportunidad) al concluir su mandato Martín Yánez (2007-20009) y comenzar Gladys Tinte, en representación de Barrios de Pie y Villa Juanita. Un partido que se despide de la vida (política) real, es el Partido Frente Grande, que en 2007 le prestó su personería a los peronistas que estaban con Urtubey, y con éste, más el carismático Dr. Nazr traccionando la lista, logró que su principal dirigente, Diego Saravia, acceda a la banca, no pudiendo acercarse ni por asomo esta vez, ni siquiera con la inexplicable (ante sus adherentes) estrategia de llevar como candidato a Senador al alfil de Isa en el último Concejo, su ex presidente Gustavo Sáenz para que traccione la lista.

Escribanía

Para muchos, el Concejo que acabó hace días su mandato era bastante aburrido. Hacen referencia a la falta de debates enriquecedores, lo cual se atribuyó a un oficialismo municipal con amplia mayoría (a sus once concejales, había que sumarle el acompañamiento constante de Nora Ríos, Gustavo Cecilia y Cristina Mariani por parte del PRS-FPV). Sin embargo, los hechos más sobresalientes (y para nada aburridos) se dieron cuando se trató (ya había sido aprobado en el 2007 bajo la presidencia de Vidal Casas en el Concejo) el escandaloso pago de una abultada multa diaria que la ciudad le pagaba al empresario Roque Lozano, consecuencia de la transferencia y canje de los inmuebles municipales por un galpón en la zona del Chango Más, por no hacer efectiva la transferencia de los mismos; la creación de un nuevo impuesto, el de Lusal; la prórroga del contrato a Agrotécnica; la controversia (o escándalo) por el nuevo código de planeamiento urbano; las excepciones al código de construcción, otorgada por Kalinsky, ex secretario municipal de Planificación y Desarrollo; entre otros temas que interesaron, o que deberían haber interesado a la ciudadanía, “si no después no se quejen” (por el aumento de los impuestos, por la construcción sin orden de nuevas torres en lugares no aptos, que provocan el colapso de los servicios cloacales, o por la entrega a precio vil del patrimonio de los salteños).
En todos ellos, la mayoría oficialista nunca estuvo en riesgo, aunque sí debió soportar las observaciones de la oposición en la voz de Foffani, Yánez y, a veces Fiore, y también al principio de Diego Saravia que, luego de un inicio opositor, rápidamente se pasó a las filas encubiertas del oficialismo.

El “viejo” y el “joven”

En el período 2007-2009 del HCD, el concejal de mayor edad fue Pedro Serrudo, secretario general del gremio municipal (UTM). Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el haber logrado la Resolución que declaró de Interés Municipal el Test Match entre el Seleccionado Los Pumas y el Seleccionado de Inglaterra, que se llevó a cabo el día 13 de junio de éste año en el estadio Martearena; también fue autor del proyecto de Resolución en el que se declaran “Deportistas Destacados de Salta Capital” a los integrantes del Seleccionado Júnior de la Liga Salteña de Béisbol, que saliera campeón nacional de la disciplina en mayo, en la ciudad de Córdoba.
Desde el otro extremo de la realidad etaria, se encontraba el concejal por el Movimiento Barrios de Pie - Libres del Sur, Martín Yánez, quien asumió como edil a la edad de 24 años. La performance del joven concejal fue ampliamente superior a la del experimentado Serrudo. Martín Yánez presentó cerca de cien proyectos (junto a Cristina Fiore y Gustavo Sáenz, fue de los más productivos en su labor). Entre los más relevantes de su autoría se encuentra el proyecto de creación de la Fiscalía Anticorrupción Municipal, que aún se encuentra en la comisión de legislación general y que nunca pudo ser tratado, a pesar de ser un proyecto de ordenanza bastante elaborado. Por el contrario, se aprobó el proyecto de su autoría sobre el Uso social de los terrenos baldíos, por medio del cual los baldíos de la capital pueden convertirse en centros culturales comunitarios y deportivos, con el fin de que muchas organizaciones de la comunidad que hoy no cuentan con un espacio puedan hacerlo para desarrollar sus actividades con un fin social. Fue aprobado después de tres meses de peleas en la comisión de legislación general. En otro orden de cosas, a él correspondió la iniciativa de declarar ciudadano ilustre al ingeniero Gerardo Héctor Bavio Arias, quien en 1973 fuera designado Intendente de nuestra ciudad por el Gobernador Ragone, marchando al exilio cuatro años más tarde para regresar al país en el año 1990. Desde entonces se desempeña en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde reside, trabajando arduamente en la defensa de los Derechos Humanos y la libertad política.

Conteniendo a la pobreza

Los impactos que la Asignación Universal por Hijo tiene en la lucha contra la pobreza, siguen siendo objeto de debate. Si se trata de un combate o una simple contención de la misma, es lo que divide las interpretaciones en el país y en nuestra provincia.

Por José González Romano

Según cifras oficiales, con la incorporación de 356 mil padres con derecho a percibir la asignación (que se anotaron en los últimos días de noviembre y empezarán a cobrar en diciembre), se alcanza a cubrir un total de 3.541.000 niños y adolescentes, hijos de desempleados y de trabajadores informales beneficiados con la medida. (http://www.anses.gob.ar/). Sólo en la Provincia de Salta (http://www.iruya.com/), se estima que la prestación alcanzaría a unos 280.000 beneficiarios. Si ello es así, se puede inferir que en nuestra provincia el beneficio alcanzaría al 23% de la población, estimando que somos 1,2 millones de habitantes (proyección estimada por el INDEC del censo de 2001, que arrojó la cifra de 1,079,051 habitantes); mientras que a nivel nacional, y calculando 40 millones de habitantes, el porcentaje alcanzaría al 9 % de la población.

Disputas

Sin dudas que la medida es buena y se aplaude su implementación. Los que se oponen a ella argumentan que se trata de una potenciación del asistencialismo, que se utiliza dinero de los jubilados a quienes de debería aumentar sus ingresos, o que no significa mucho para quien, teniendo un hijo, cobraba un plan de empleo de 150 pesos y ahora pasará a cobrar $144 (dado que los $36 restantes van a un fondo que se paga anualmente al acreditar que el hijo asiste a la escuela y recibe atención médica).
Los apologistas, por su parte, observan el vaso medio lleno. “La Asignación Universal por Hijo es una herramienta de suma importancia, ya que posibilita a aquellas familias que no tienen trabajo o están dentro del mercado informal obtener algunos recursos para algo tan simple pero tan digno como alimentarse o vestirse”, sostuvo Bossio, titular del Anses. “Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán integran el decil de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue. Así se invierte la norma de que las mejoras en la distribución del ingreso favorecieran a los segmentos de asalariados formales y beneficiarios del sistema previsional de ingresos medios y medios bajos”, dijo Verbitsky.
Algunos aducen aún más virtudes; por ejemplo, que esta medida constituye el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, porque es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra el 0,37 por ciento del Plan Bolsa Familia de Brasil y el 0,31 por ciento del Plan Oportunidades que implementa México, planes que requieren como condición para cobrar que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo, contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, “pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América Latina”, resume Nicolás Dvoskin, economista de la UBA.

Impacto

El impacto que esta medida trae aparejado también ofrece interpretaciones disímiles acerca de su real impacto. Según la consultora Equis, del ultraoficialista Artemio López, tomando en cuenta el número de beneficiarios y la inflación prevista, la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 % de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 % (si quiere llenar el vaso lo remito al blog de Artemio, http://rambletamble.blogspot.com/, quien además de encuestas lidera la banda de rock pesado “Trabajo sucio” por su defensa a ultranza del gobierno K).
Por otro lado, un informe del Banco Ciudad, dependiente de la gestión macrista, a través de su Área de Estudios Económicos, analiza que la pobreza podría caer aproximadamente 5 puntos (pasaría del 32,5% a 27,5%) siempre y cuando la macroeconomía no siga creando pobres (si usted quiere ver el vaso medio vacío, visite http://www.bancociudad.com.ar/ Informe económico semanal, o lea El Tribuno del domingo pasado, donde se levanta la noticia).
En lo que sí coinciden ambos informes es en las cifras de pobreza, que la sitúan en 32%. La consultora Equis estima que la Canasta Básica Total, que es la que determina la línea de pobreza, asciende a $1470, muy por encima de los $1045,6 que informó en noviembre el INDEC para octubre. A la Canasta Básica Alimentaria, que fija la línea de indigencia, le asigna un valor de 710 pesos, contra los 463,9 pesos del Instituto de Estadísticas oficial. Eso eleva los pisos de ingresos necesarios para que una familia tipo no sea considerada pobre o indigente. Con esos parámetros, López llega a la conclusión de que la pobreza en el Gran Buenos Aires asciende en la actualidad al 32 por ciento. El INDEC, muy por el contrario, sostiene que se ubica en 14 por ciento, mientras que a la indigencia la estima en 3,8. A nivel nacional, el organismo registra 15,1 por ciento de personas pobres, mientras la consultora Equis la ubica en 21,4, un 6,3% más de diferencia. Para el Norte, la pobreza abarca al 24,6 % según el INDEC, y al 33,9 % para la Consultora Equis.

Datos útiles

Quienes reúnen los requisitos y están registrados en las bases de ANSES, podrán consultar el día y la sucursal del banco donde le harán entrega de una tarjeta de débito para efectivizar el pago, a través de las vías de consulta habilitadas:
• Enviando un mensaje de texto al 26737, escribiendo la palabra “cobro” seguida de un espacio y del número de DNI del titular del beneficio; luego deberá dejarse otro espacio y agregar la letra “M” (si es el padre) o “F” (si es la madre). El costo de cada mensaje es de $0,16 más IVA.
• Ingresando a la página web del organismo, http://www.anses.gob.ar/
• Comunicándose al número gratuito de ANSES, el 130, de 8 a 20hs. Al respecto, conviene qe saber que el servicio de atención telefónica de ANSES se encuentra atendiendo un promedio diario de 62.166 consultas y el 30 noviembre marcó un pico de 429.905 llamadas. A lo largo de noviembre más de 6 millones de personas consultaron la página web de ANSES y se recibieron más de 3,8 millones de mensajes de texto para consultar sobre la asignación universal por hijo.
Una vez consultado el día y lugar de cobro, el titular deberá acercarse con su DNI, original y fotocopia, a la entidad asignada. Allí se le entregará la tarjeta de débito para cobrar el monto de la asignación, a partir de ese momento, en cualquier cajero automático de las redes Link, Banelco y Cabal.

Ensayo sobre la propaganda

Por Daniel Avalos

Durante el último mes, la voz oficial viaja por las ondas radiofónicas de manera devastadora. Pareciera que la hora crucial del brazo propagandístico gubernamental hubiera llegado. Se la escucha en las principales radios de la provincia, vestida como vertiginoso informe de gestión. Escuchando el spot radial es muy difícil saber qué ha hecho el Gobierno. Y esto, por una razón muy sencilla: la información que allí se emite está tan monitoreadamente comprimida, que el dato que uno lucha por retener en la memoria es desplazado inmediatamente por otro, que luego es empujado por otro más y así sucesivamente. Sólo el final del spot se entiende perfectamente. Un extracto del discurso del Gobernador con el lema de la campaña de 2007 (“Nada ni nadie podrá detener este cambio”), seguido por una voz conmovedora que confirma que la predicción de hace dos años es hoy una realidad: “Dos años haciendo realidad la esperanza”. Lindo final. Encierra la idea de que alguien se ha ocupado, Urtubey, de que la posibilidad deseable, que vendría a ser el sueño colectivo de un cambio, venza a muchas otras posibilidades no deseadas.
Por supuesto que nos estamos refiriendo a enunciados y no a realidades palpables. Pero analizar este enunciado en particular resulta interesante. El auge propagandístico, en primer lugar, y su estilo, está siendo impulsado por alguien, y ese alguien, sostienen algunos, sería el nuevo gurú de Urtubey: Alberto Fernández. Convencido éste, como dice estarlo, de que el Gobernador de Salta es presidenciable, el ex Jefe de Gabinete de la Nación precisaría que las políticas comunicacionales adquieran una nueva dimensión. Hace poco, por ejemplo, el Grand Bourg firmó un convenio con la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a fin de que ésta coordine y monitoree “las acciones de prensa que se refieren a las actividades de la Gobernación en el ámbito nacional” (Elintransigente.com). Alberto Fernández, lo sabemos, no es un experto comunicacional, pero sabe de la importancia que los medios tienen en la política actual en la búsqueda de potenciar y/o fortalecer la adhesión de la población a un personaje. Puede que ello explique la nueva impronta de la publicidad oficial en el ámbito provincial. Una impronta posmoderna que, hasta hace poco, los expertos comunicacionales del Grand Bourg no le habían impreso. Los spot de hoy son más metropolitanos, menos telúricos, y hasta puede que menos toscos. Imaginemos, por un momento, la discusión entre los expertos. Los telúricos, defendiendo la noción de que la clave para que el mensaje radiofónico penetre en la conciencia de los radioescuchas es que el mismo debería partir del marco cultural de los salteños, que no es metropolitano. Los expertos metropolitanos, por el contrario, dirían que no, que el marco cultural de los salteños hace rato que abandonó el telurismo y es abiertamente metropolitano, a raíz de la globalización de los mismísimos gustos sonoros. Confesemos, algunos creemos que los metropolitanos tienen razón.
El resultado es el spot mencionado. Una propaganda kitsch, que busca el impacto y no la reflexión, y que responde, puntillosamente, a las leyes de hierro que atraviesan hoy al mensaje visual y sonoro. Repasemos: exagerada acumulación de la información, al punto paradójico de que nada informa. El realmente interesado en descifrar lo que ese spot informa debería grabarlo, luego desgrabarlo y finalmente someter el mensaje al análisis, lo cual difícilmente haga un radioescucha promedio. Y el detalle es importante, porque ese mensaje está dirigido a nosotros, lo cual indica que el publicista posee una interpretación de cómo somos, es decir que ya estamos interpretados: seres de concentración corta, con déficit atencional, y de ahí la necesidad de apabullarnos con datos que, en vez de ser pasibles de análisis (algo que en realidad los publicistas creen que no nos importa), respondan mejor a una particular estética. Tal vez por ello las pequeñas unidades de tiempo silenciosas no existen en esos spot, silencios que siempre se asocian al procesamiento de la información que recibimos, a fin de organizarla y valorizarla como buena o mala. Pero nada de eso podemos hacer con la propaganda radiofónica actual, salvo saber que algo ha ocurrido, aunque no sepamos a quién ha beneficiado y a quién no. Otro detalle importante, justamente, porque la principal crítica que ha recibido este gobierno es que no ha tenido gestión. Si los spot intentan ser una respuesta a eso, puede que Michel Foucault tenga razón y que por ello debamos alegrarnos. Porque si todo este dinero es gastado desde el Poder para emplearlo en técnicas comunicacionales sofisticadas, es porque primero ha existido una insubordinación de seres que no creen lo que el Poder ha intentado hacer creer de sí mismo. Porque los hombres son libres, el Poder pretende alienarlos, estudiándolos con expertos de la FLACSO o de otros institutos de investigación, para ver cómo son, para saber por qué se insubordinan, para así intentar, en última instancia, terminar con el subversivo potencial. Hay intentos de alienación porque primero hay libertad.

¿A quién defienden los Entes?

Tarifazo

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) autorizó a la empresa Edesa -concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia- a realizar un reajuste tarifario que alcanzará a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes. El incremento será de un 12, 65% y afectará a unos 265 mil salteños.

Por Gabriel Sánchez

El organismo avaló el aumento, luego de que la empresa lo solicitara en el mes de setiembre con la finalidad de cubrir los costos necesarios para la prestación del servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa. Solicitud que se fundamentó en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que incluye los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
El titular del Ente Regulador, Armando Isasmendi, justificó la medida al explicar que, tras un “exhaustivo análisis”, se concluyó que el reajuste solicitado encuadraba en lo normado por el anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, que establece que “si al cabo de 12 meses el indicador testigo arroja una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. Remarcando, además, que el aumento permitirá obtener un ingreso tarifario óptimo y que posibilitará a la distribuidora prestar el servicio conforme a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión. Declaración, esta última, manifestada por Isasmendi, suponemos, ignorando la realizada por la representante de la empresa Adriana Cigno, cuando anunció que la empresa hará cortes programados en distintos puntos de la ciudad, atento al elevado consumo que se soporta en la época de verano y que se reservarán el derecho de no comunicar con anticipación esos cortes ni de avisar dónde serán, ya que no están obligados a hacerlo. Por último, al ser consultado sobre la audiencia pública que se fijó en el contrato de concesión como requisito previo para la autorización de cualquier ajuste tarifario, Isasmendi sostuvo (ignorando, con certeza, la finalidad que tiene la audiencia pública) que tal procedimiento se concreta sólo en las readecuaciones quinquenales.

Oír al ciudadano

La garantía de oír al interesado en una audiencia individual (con acceso al expediente, debate y prueba, control de la producción de la prueba, alegato y decisión fundada sobre los hechos alegados y probados), antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo, y hace al debido proceso, so pena de acarrear la nulidad del mismo. Dicha garantía se extiende a oír a la comunidad, esta vez en una audiencia pública, antes de emitir normas jurídicas administrativas e incluso legislativas de carácter general, que afecten o puedan afectar los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, amparados por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Por lo que será ilegal todo acto estatal dictado sin previa audiencia del o los interesados, por ser una garantía constitucional del debido proceso.
Por otro lado, un reajuste en las tarifas de cualquier servicio público no puede ser sólo discutido por funcionarios, o si se prefiere, entre regulador y regulado, ya que si la información requerida para el control proviene fundamentalmente de las propias empresas -que elaboran informes periódicos y los elevan a los Entes, que sólo efectúan auditorías e inspecciones complementarias- sumada a la siempre creciente amenaza de la corrupción y a la ausencia de autoridad que les exija a las prestatarias el cumplimiento de sus obligaciones a su cargo, como sería entre la más importantes, que realicen las inversiones necesarias para evitar los cortes de suministro (la falta de inversiones también debe tomarse en cuenta para desestimar los reajustes que las empresa demandan), el impacto no sólo sería desfavorable para el bolsillo de los usuarios sino también para la calidad del servicio.

Tutela judicial

Es dable decir que no estamos, afortunadamente, librados a la exclusiva protección de los Entes, sino que la Justicia habrá de intervenir para resguardar los derechos constitucionales de los usuarios. En este sentido, es interesante traer a colación un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, dictado a principios de este año, en donde se hizo lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por una asociación de usuarios a favor de todos los afectados en la Provincia.
En ella, el Juez ordenó: 1) la suspensión del aumento en la tarifa 2) a la empresa EDET S.A. que proceda a la refacturación de la totalidad de las boletas emitidas aplicándoseles el cuadro tarifario anterior a las mismas y 3) a que compense los pagos de facturas realizados por los usuarios con los incrementos tarifarios impuestos por las resoluciones cuestionadas con las próximas boletas a facturarse conforme lo ordenado en el punto 2.
Por otro lado estableció que, sin perjuicio de "que la relación jurídica entre el usuario y la concesionaria del servicio se rige por el marco regulatorio vigente y el contrato de concesión del servicio, esas normas deben interpretarse en función de los principios vectores emanados de normas de jerarquía superior, en tanto tiendan a equiparar la dispar relación de fuerzas entre las partes...". Estas expresiones contienen toda una definición y toma de posición acerca de la interpretación y valor que debe darse a los marcos regulatorios de los servicios públicos. Y, en este sentido, no debe estarse a lo manifestado, ni por la representante de la empresa cuando declaró que no tiene la obligación de informar a los usuarios de los cortes ya programados, ni del titular del Ente cuando prescindió de la audiencia pública, puesto que violan el mandato constitucional del artículo 42 cuando exige "protección de los intereses económicos de los usuarios", "información adecuada veraz" y "condiciones de trato equitativo y digno".
Por lo tanto, la Justicia no puede diferir el control de las tarifas públicas en los entes respectivos y deberá intervenir, en este caso, para restablecer los derechos conculcados de los usuarios de electricidad afectados irrazonablemente por esta suba intempestiva.

Detalles del aumento

El Ente Regulador de Servicios Públicos autorizó a la empresa concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia, a través de la Resolución N° 1750/09, a realizar una actualización tarifaria que alcanza a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes.
Lo dispuesto por el Organismo se efectuó a partir de una solicitud de la empresa que tiene como fin cubrir los costos necesarios para prestar el servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa.
La prestadora funda su pedido en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (V.A.D.), donde se incluyen los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
A tal efecto y conforme lo establecido en el Anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, donde se menciona “que si al cabo de 12 meses, el ‘indicador testigo’ arrojara una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. El Ente Regulador analizó dicha presentación y autorizó los ajustes tarifarios arrojados por los estudios técnicos realizados en el organismo, que resultaron menores a los solicitados por la Concesionaria.
La variación aplicada se traducirá en un valor real promedio de $3,82 para los usuarios TR1, quienes representan aproximadamente el 60% de los usuarios de toda la Provincia. El ajuste tarifario regirá desde diciembre de este año. La medida afecta a cerca de 140 mil usuarios residenciales.

Problema de nadie

SIDA EN SALTA

Sin el apoyo necesario de los sucesivos gobiernos y de los funcionarios de la cartera de Salud, al Programa de ETS-Sida de la provincia se le hace difícil luchar contra el abandono de los medicamentos por parte de los pacientes con VIH, cosa que provoca una creciente resistencia del virus a la medicina existente.

Por Julieta Lucero

La accesibilidad de la población a los métodos de prevención es otro punto clave en el trabajo que hace al área que dirige la Dra. Cristina Pérez. Gracias al programa de Nación y a las distintas organizaciones civiles salteñas que colaboran, el “trabajo de hormiga” que se realiza en este punto es efectivo, pero aún insuficiente.
La fuerte presencia de la Iglesia católica en la vida civil de los salteños es otro factor a tener en cuenta, ya que influye no sólo en las políticas públicas que lleva adelante el Estado local, sino también en las que no implementa. Así como hace algunos años ya que es obligatoria la educación religiosa en las escuelas, la reglamentación local para la Ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva sigue cajoneada. A este panorama se le suma que en hospitales públicos y centros de salud se entregan preservativos con receta médica.
Más allá del día a día de un programa que, con falta de recursos y personal, vela por la salud de miles de pacientes, como afirmó Pérez, el virus y la enfermedad “pasaron de ser un problema de todos, a ser un problema de nadie”.

Deudas pendientes

El gran problema que aqueja a ETS-Sida tiene que ver con la adherencia a los tratamientos retrovirales. “La mayoría que se inicia no está preparado psicológicamente para consumir medicamentos de por vida. Hay mucho abandono, lo que genera una mayor resistencia del VIH a la medicina”, explicó la doctora. Esas personas que dejan el tratamiento, entonces, pueden después transmitir un virus más fuerte, más difícil de combatir en el próximo paciente.
En la misma línea, otro tema en el que trabajar es en los controles periódicos de laboratorio. “El 30 por ciento de las autorizaciones que se piden para estudios no se llevan a cabo. Dicen que se olvidan, que se les pasó, pero las órdenes son válidas por cuatro meses”, afirmó Pérez, y agregó que “el problema de continuidad tiene que ser solucionado en al ámbito del hospital, donde están en contacto con los pacientes, donde les entregan los medicamentos, donde pueden hablar con ellos”.
En cuanto a la accesibilidad, la Directora explicó que “los centros vecinales funcionan mejor que los hospitales o centros de salud”. La cercanía del los mismos vecinos hace que la entrega sea menos traumática. “Los centros tienden a ser rechazadores, porque atienden mal o no tienen horarios convenientes para que las personas efectivamente se acerquen. Por eso el trabajo con las ONGs es tan importante”, afirmó. La Asociación de Meretrices Argentinas (AMAR), la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina (ATTA), la Redar y el resto de las organizaciones GLBT son algunas de las cuales permiten llegar a lugares y sectores de la población a los que de otro modo no sería posible.

Otro escollo es el modo en que se entregan preservativos. “El programa de salud reproductiva los reparte con receta, como si fueran medicamentos, cuando en realidad no lo son”, denunció Pérez. “Creo que lo del sistema de registro tiene que ver con una pequeña falla de interpretación del instructivo. Piden nombre, apellido, dirección, procedencia, porque tienen que llevar un registro de la cantidad de personas que los requieren”, afirmó.
Según la ginecóloga Mónica Helsi, que trabaja en esa área, “se hace porque aquellos preservativos que provienen del Programa Materno Infantil deben ser rendidos y además sirven para saber qué cantidad hay que volver a pedir”. Así, por temas burocráticos, si una persona se acerca a pedirlos tiene que pedir turno, ser atendido por un médico y retirarlos por la ventanilla de farmacia contra receta, como si fuera un medicamento que entra en la obra social.
Para poder luchar contra eso, desde el Programa de ETS-Sida se hizo lo que Cristina denominó “trabajo de hormiga”. Gracias a la colaboración de jóvenes miembros de las distintas ONGs mencionadas, pudieron obtener información de algunos centros que tienen este tipo de prácticas. Y para contrarrestar esas medidas se hicieron reuniones con representantes de instituciones locales y provinciales en las que se informó que la entrega de preservativos que dan ellos es gratuita y anónima, y se entregaron dispensers para colocar en 15 centros y evitar que la gente deje de pedirlos por temor o vergüenza.

“Sí hemos recibido denuncias, que algunos terminan vendiendo los condones que se les entrega para repartir de forma gratuita en la comunidad. Pasó en Orán, pero ese tipo de cosas se combaten inundando el mercado, así nadie tiene la necesidad de comprar nada”, afirmó Pérez.
Pero el problema de la accesibilidad no pasa sólo por ese tema. El miedo y el desconocimiento también son barreras contra las que hay que luchar cuando se trata de los test rápidos de VIH. “El año pasado le pedí a mi jefe que me aprobara un proyecto para hacer una reunión en un bar donde asisten muchas personas en riesgo, para poder acercar el test gratuito a donde está la gente, hacerlo visible. Pero se negó. La movida se hizo igual y funcionó, aunque sin los recursos que necesitábamos para eso”, contó la Directora.

En el aula

“Las escuelas son bichos raros. Hace ocho años que se está trabajando, pero es como que no va, no es tan efectivo”, afirmó Cristina Pérez. Previo al 1° de diciembre, día Internacional de la Lucha contra el Sida, la oficina se inunda de llamados y visitas de chicos requiriendo información para hacer monografías que le piden las maestras. “Solicitan números, estadísticas, valores de mediciones, que está bien, pero en realidad la problemática tiene que ver con los comportamientos, con la responsabilidad de cada uno, no con las cifras y eso no se pone. Si llegan al número de páginas, hacen la portada y el índice como le piden y ya está, aprobaron la materia”, contó con desilusión la Doctora.
En relación a la educación sexual en los colegios, explicó que “cuando se habla de este tema piensan que se les va a enseñar a los chicos cómo tener relaciones. Pero lo que se les explica tiene que ver con higiene, con conocer su cuerpo, tiene que ver con poder valorarse por lo que son, no por lo que tienen. La idea es crear autoestima”. Y fue más allá: “Pero qué podemos pretender si tenemos la reglamentación de la ley de educación sexual hace tres o cuatro años cajoneada. Se hizo en una mesa de trabajo de la que participaron profesionales de distintas disciplinas y nunca la aprobaron. Hoy no tengo fe de que alguna vez salga”.

Solos

Además de hacer oídos sordos frente al pedido de recursos humanos, entre otros, el Gobierno tampoco ha respondido al cambio de la base informática, que “es muy vieja”, denunció la Doctora. Cuando se le consultó si veía que en algún momento las cosas podrían cambiar, contestó con resignación: “Así están planteadas las cosas desde el Gobierno”.
Así, la falta de refuerzo de algunas políticas públicas y la creación de otras en consonancia con las necesidades de la población es una constante, ya sea por problemas de presupuesto, de desinterés o por presiones eclesiásticas.
Si bien existen 59 laboratorios donde hay reactivos para los análisis disponibles en toda la provincia, no alcanza. “La problemática está íntimamente relacionada con los individuos, es algo que se aprende. Por eso tiene que ser una tarea conjunta en varios niveles”, dijo Pérez.
Pese a las barreras que desde el mismo Estado se le interponen una y otra vez, Cristina rescata otras cosas: “Trabajar en conjunto con las organizaciones es productivo, tienen mucha llegada, y a la gente se le ocurren ideas hermosas”. El trabajo de hormiga sigue, ¿y el de la cartera de Salud?

Los tres mosqueteros

Panorama electoral universitario

En el primer trimestre del próximo año, la Universidad Nacional de Salta elegirá sus autoridades para los próximos tres años. A nivel de Rectorado, participarían en la lucha tres candidatos, provenientes de diversas tendencias y enfoques. Aquí, una aproximación al perfil de cada uno de ellos, sus chances y bases de apoyo.

Por Eduardo da Silva

La universidad se apresta a celebrar las elecciones de autoridades, siendo las de Rector las más importantes. Vale la pena recordar que la figura del Rector de una Universidad Nacional goza del carácter de un personaje público, referente de una alta casa de estudios, lo cual otorga una cuota importante de poder y capacidad de influencia.
Tres serían los candidatos a reemplazar a la Ingeniera Stella Pérez de Bianchi. En esa nómina están se encuentran el contador Víctor Hugo Claros (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas), el Ingeniero Norberto Alejandro Bonini (Decano de la Facultad de Ciencias Exactas) y el Dr. Guillermo Andrés Baudino (Decano de la Facultad de Ciencias Naturales).

Tecnócrata consecuente

Sobre el contador Víctor Claros puede decirse que ha hecho una carrera importante. Se destaca su capacidad para ascender en puestos de forma continua, una habilidad digna de admiración en instituciones tan burocráticas como la UNSa. El perfil de este Decano de Ciencias Económicas se asemeja al del típico tecnócrata neoliberal, ejecutor disciplinado de un tipo de pragmatismo algo extraño, porque siempre decide para el mismo lado: la derecha. En algunos sectores de la universidad, donde existe la consistente tendencia del ser salteño de estar a la derecha de la derecha, existen posibilidades de convencer de que una simple (y triste) ideología como la neoliberal aún tiene algún tipo de funcionalidad en el mundo que viene (¿ya llegó?), donde el mismo Bush ha nacionalizado parte de la banca el año pasado. Asimismo, el contador Claros ha tenido una buena actividad en el ámbito privado, habiendo sido Director del Banco de Préstamo. Se le reconoce gran capacidad de gestión, justamente en una Facultad que tampoco se destaca por complejizar y diversificar sus actividades (Ciencias Económicas es la facultad en la que menos se promueve la investigación, a punto tal que es la que menos proyectos tiene en funcionamiento en el Consejo de Investigación de la Universidad), de forma tal que no sea simplemente un contenedor de jóvenes intentando estudiar compulsivamente, en vistas de una salvación individual. En relación al apoyo del que gozaría, se dice que sería poco y que conseguiría un tercer lugar tranquilo. Más allá de que, como histórico militante radical, cuenta con el apoyo de Franja Morada, que representa un aparato electoral interesante en caudal de votos, y pareciera no alcanzarle, ya que su imagen está ligada de alguna forma a medidas resistidas, como el arancelamiento.

El químico

Por su parte, el Ingeniero Químico Norberto Bonini aparece como uno de los que tiene posibilidades de llegar a disputar el Rectorado. Como buen creyente de las Matemáticas, la Física y la Química, el perfil de este candidato se asemeja al de una persona estructurada, dogmática y fuertemente conservadora. Dicen que es un formalista, es decir, aquel que más que apegarse a las formas y los métodos, convierte a todo su ser en una forma y en un método, definido e inmodificable. Es muy estricto y defensor a ultranza de las jerarquías. Cree abiertamente en el orden y hace de ello un culto. En términos ideológicos, no aplica a las categorías clásicas, pero es una persona que uno podría situarla más a la derecha, sobre todo si se tiene en cuenta esta tendencia a respetar al máximo al status quo. Según varios estudios antropológicos y biológicos, las personas y los organismos rígidos e imposibilitados de poner en duda sus costumbres y hábitos son los que perecen porque no logran convivir efectivamente con lo que Maturana en Biología y Luhmann en Sociología han llamado la “autopoiesis”. El caso de Bonini es el de una persona responsable e idónea, proveniente de una clase media moralista e ingenua, que supone que el apego a las normas facilitará la clarificación de las medidas a tomar para mejorar el funcionamiento de la realidad (desconociendo que los reglamentos son tinta muerta no desligada de los intereses subjetivos de las personas que las leen y aplican; en esa ignorancia del inconsciente y sus intrincados deseos y pulsiones es donde anida la ingenuidad de la clase media, que hace también que cada proyecto político que la represente fracase), en tanto no entiende que esta realidad es enormemente compleja y dinámica, y a su vez exigente de miradas más abiertas, participativas y menos simplistas. Según lo que se comenta, Bonini gozaría del apoyo de un sector importante de profesores y alumnos, aunque son conocida sus rencillas con la gente de ADIUNSa., el gremio de los profesores universitarios.

El joven

Finalmente, nos referiremos al Dr. Baudino, quien es el representante de la continuidad de la actual gestión. Continuidad en el sentido de que fue uno de los fundadores del grupo de docentes que trabajaron por la elección de Bianchi hace seis años. Si bien no hay sondeos oficiales, la sensación que recorre los pasillos de la UNSa en Castañares es que las gestiones de la Ing. Bianchi han dejado conformes a varios sectores. Se piensa que esto afectará en la intención de votos que irían para Baudino, como forma de afianzar el rumbo marcado por la gestión actual. Baudino, por su parte, se ubica en términos ideológicos en el campo del llamado progresismo de centro-izquierda. Tiene fama de ser un gran emprendedor, ya que se cuentan múltiples actividades en todos los años que ha estado relacionado con la Universidad. Al mismo tiempo, mucha gente destaca el marcado carácter social de su gestión, junto con su compromiso en debates públicos de relevancia, como cuando formó parte del debate generado en torno al desastre de Tartagal de principio de año o el famoso reordenamiento territorial.
Sobre él pesa la “acusación” de ser muy intelectual (paradójica denuncia en un ámbito universitario), lo cual le restaría cierto carisma y llegada a los diversos sectores que componen la Universidad. Tampoco ha logrado despegarse de las críticas que lo azotaron (sobre todo desde la izquierda universitaria) cuando fue la discusión por los fondos de las mineras, a los cuales la universidad accedió (cabe destacar que ninguno de los tres candidatos a los que nos estamos refiriendo en esta nota tuvo una postura negativa a la hora de recibir ese dinero). Si bien no aparece como seguro ganador, mantiene posibilidades, y según lo que se comenta, llegaría a una segunda vuelta con Bonini.

Trabajo Informal en Salta

Actualmente, el término informalidad ha cobrado una notable importancia dada su creciente y profunda implicancia social y política. Más precisamente, el trabajo informal es una de las principales características de las economías subdesarrolladas, y permite explicar la precariedad del mercado laboral y por ende de toda la sociedad. Salta no es la excepción.

Por Alejandro Nieva

Siguiendo la línea del Ministerio de Trabajo de la Nación, puede entenderse como “trabajo informal” a aquellas actividades laborales desarrolladas por fuera del marco legal, sin los derechos y beneficios que este provee. Cabe destacar que esta clasificación identifica al trabajo formal con el trabajo decente (en los términos de la OIT), es decir, aquel justamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, de seguridad ocupacional y de dignidad humana.
La cantidad de actividades pasibles de ser calificadas como informales no están solamente asociadas con un sector, ya que por lo general se suele poner como excusa que la causa principal de que existan empleados “en negro”, es la baja productividad de las empresas y el elevado costo que conlleva registrar la actividad laboral. Fueron estas razones, justamente, las tenidas en cuenta durante los años de apogeo neoliberal y las que motivaron políticas económicas acordes a esa interpretación sesgada. Es decir, se pensó que un mercado laboral desregulado (flexibilizado) tendería por sí mismo a erradicar el empleo informal; no obstante, las medidas tomadas no hicieron otra cosa que agravar el problema, tornando volátil y poco seguros los puestos de trabajo y legitimaron, a su vez, una práctica evasiva, que es la que determina por antonomasia el trabajo informal, teniendo en cuenta que los asalariados informales, es decir aquellos en relación de dependencia, constituyen el 80% de los trabajadores en esa condición.
Otra de las causas del trabajo informal pueden llegar a ser las continuas depresiones de los ciclos de la actividad económica (identificados con una disminución considerable del PBI per cápita). Como el trabajo es una variable que acompaña el comportamiento de la actividad en general, en esas etapas un mercado laboral escueto no puede absorber gran cantidad de los oferentes de mano de obra, por lo que son obligados a generarse sus propios puestos de trabajo, basados en otra lógica, la autosubsistencia, y por lo general acompañados por una baja productividad y precariedad en sus prácticas, esto debido principalmente a las características de la actividad desarrollada, la cuales suelen ser intensivas en mano de obra y con muy poca participación de capital. Esta masa de población, por lo general, suele presentar características socioeconómicas y de formación inferiores a aquellos que acceden a un puesto en el sector formal, lo cual tiende a agravar su situación de vulnerabilidad. Como se mencionó anteriormente, no sólo los trabajadores empleados en este sector constituyen la totalidad de los empleados informales; la situación de ilegalidad surge además del incumplimiento de la legislación laboral por parte de empleadores y cuentapropistas; es por esto que el trabajo informal puede encontrarse localizado tanto en empresas formales y unidades productivas informales como en hogares particulares. La baja productividad de un sector determina el fenómeno creciente de informalidad laboral, pero no es el único factor ni el más importante; otros determinantes son la tendencia generalizada a permitir y hasta a legitimar la proliferación de actividades por fuera del marco de la legislación laboral; la percepción de la sociedad de que la informalidad es una vía válida, la incertidumbre sobre el futuro de la economía o el desmantelamiento de la inspección laboral.

Los datos en Salta

Teniendo en cuenta esos parámetros, se puede llegar a una cuantificación de los empleados informales en la Provincia de Salta; no obstante, la misma puede estar rezagada, dada la poca disponibilidad de datos pertinentes a nivel nacional y la nula elaboración, o bien total indisponibilidad, por parte de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia para proveer datos al respecto. Por ende, los datos con los que se cuentan son los de la última EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de 2006, los cuales fueron oportunamente tratados. A partir de ellos, se estimó el total provincial de los empleados informales por rama de la actividad económica. Cabe destacar que los datos provenientes de la EPH son los pertenecientes al Aglomerado Salta, mientras que los que se presentan a continuación son del total de la provincia.

Empleo informal por sector de la actividad

Se puede observar la irregularidad en los mercados laborales de cada actividad económica de la provincia, lo cual se relaciona con la cantidad de empleados informales que tiene cada actividad. Paradójicamente, si la productividad fuese el único determinante del trabajo informal, es de notar que sectores de gran participación en el PBG provincial (Producto Bruto Geográfico) ostentan márgenes de informalidad alarmantes, como es el caso de la Agricultura con un 68,21%, la explotación de minas y canteras (que en su totalidad se trata de una actividad intensiva en capital) con un 64,12%, la industria manufacturera con un 71,20% y la construcción con un 70, 84% de sus empleados en negro. Por otra parte, se puede ver una casi total participación de trabajadores irregulares en el servicio doméstico, cercana al 90%. Es necesario destacar que estos servicios están prestados básicamente por mujeres, y aun en esta cuasi modernidad muestran una mayor vulnerabilidad que los empleados varones.
Sucede algo muy interesante, pese a lo que por lo general se puede estimar en economías un poco más desarrolladas (el caso de Capital Federal, por ejemplo): la informalidad en la producción de bienes es mucho mayor a la de la producción de servicios. En la primera, los informales representan un 69,59%, mientras que en la segunda, un 49,67%. Esto puede atribuirse a que, pese a que algunas de estas actividades, me refiero a las de producción de bienes (como lo es el caso de la minería o de la cosecha de soja), responden a una lógica intensiva en capital, por lo que deberían demandar trabajadores con mayor formación y mejor remunerados, usan en sus cadenas de valor, o bien en sus actividades anexas, mucha mano de obra de personas sin calificación alguna, y los remuneran miserablemente. Algo que se puede observar con las condiciones laborales humillantes a las que se ven expuestos muchos trabajadores del agro, quienes pueden ser utilizados desde tareas como la cosecha a mano de los cultivos delicados, hasta para levantar piedras del terreno para evitar la reparación de las camecas, algo que sí es muy costoso para el empleador.

Empleados Informales por Sector de la Actividad

A continuación se pretende mostrar cómo aporta cada sector de la actividad a generar los 165.065 empleados en situación de informalidad, es decir el 56% de los empleados en la provincia.
La mayor cantidad de empleados informales la ostentan los sectores pertenecientes al Comercio con un 21%, Agricultura con un 18%, Servicio Doméstico con un 14%, Industria Manufacturera con un 11% y la Construcción con un 10%. El aporte de los demás sectores es marginal. A partir de la identificación de los sectores más vulnerables, se pueden encaminar las medidas tendientes a revertir esta situación, puesto que, como bien manifiestan tanto funcionarios provinciales como nacionales, se trata de una decisión política. Se pudo ver una amplia y masiva campaña de concientización a nivel nacional acerca de esta problemática, como lo es el caso de los servicios domésticos y la producción industrial. Como resultado se obtuvo un comportamiento favorable, según datos que se pueden observar en las EPH correspondientes a Capital Federal y Gran Buenos Aires, pese a que se podría haber profundizado el ataque a esta situación de irregularidad, para lo cual se debería haber aprovechado la expansión económica sostenida y consolidada hasta el año 2008. En nuestra provincia la labor se hace más difícil, dada la estructura económica poco diversificada que por lo general presenta, y debido a que los sectores económicos y de poder se encuentran unificados y se resisten a una mayor contribución patronal o bien a una mayor inspección por parte del Estado provincial. Sin embargo, un problema a dilucidar también será la pertinencia de cada medida de política económica tendiente a modificar el estado actual de las cosas. Quedó empíricamente demostrado ya (con una serie de aproximadamente 30 años) que la disminución de las cargas sociales, del costo de registración y de impuestos relacionados a la actividad económica, no repercuten en la creación de empleo decente y con ingresos que superen el nivel de subsistencia, y en esto tenemos que ser claros: el trabajo informal es por lo general un trabajo de bajos ingresos, que no permite el acceso a seguridad provisional ni a seguro de salud a los trabajadores ni a sus hijos, y por ende es un factor más de vulnerabilidad, no sólo de un mercado laboral, sino de la sociedad que lo padece.

Empresarios ricos, empresas pobres

A lo largo de los años, el fuero laboral salteño fue sufriendo modificaciones de distintas índoles. Desde el tiempo que consume hoy en día un proceso laboral, hasta la aplicación del derecho de nuestros juzgados, el trabajador que busca un resarcimiento por parte de las empresas no siempre ve satisfechos sus reclamos. Existe, en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos.

Por Soledad Villoldo

El procedimiento laboral en Salta ha ido modificándose. En primer lugar, y por el evidente crecimiento demográfico que ha experimentado nuestra provincia, los procesos tienden a hacerse menos diligentes si no se adecua el número de Juzgados a la cantidad de justiciables que existen, ello para atender la demanda de justicia en forma eficiente. Por otro lado, el procedimiento laboral que poseemos no cumple con la normativa Constitucional de la Provincia, que exige que el mismo sea sumario (ágil y expeditivo estructuralmente) y no uno ordinario (es decir, el procedimiento más largo que existe). Ante ello, los profesionales que se ocupan de los mismos consideran de vital importancia el cambio de rumbo en orden a la aplicación de la ley laboral en nuestros juzgados, que ha sufrido una suerte de endurecimiento de los requisitos exigidos por los jueces a la hora de resolver las cuestiones laborales, ello en detrimento del trabajador.
Esta situación, que podría describirse como la otra cara de la moneda de la Flexibilización laboral en materia legislativa llevada a cabo en los 90, se caracteriza por la no aplicación de los fallos más vanguardistas en materia de tutela laboral que se generan en otras jurisdicciones, especialmente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tales como la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, que regula con excesivo rigor la procedencia de la multa del art. 80 LCT (tres sueldos por la no entrega de certificaciones laborales), la aplicación de las cargas procesales dinámicas y el principio in dubio pro operario en materia probatoria; la no aplicación de ciertas normas de protección, tal el caso del la Ley 24.013, que castiga el empleo clandestino; un pesado rigor en el procedimiento per se, que se exige en el intercambio epistolar previo a la demanda judicial (reclamo especifico de rubros, invocación de plazos, causales de autodespido), en la confección de las planillas de liquidación, en la enunciación de los hechos y los reclamos en la demanda, y en la rendición de las pruebas propuestas. Asimismo, cabe poner de relieve el tiempo que lleva el procedimiento descripto: para obtener una sentencia definitiva, el trabajador deberá esperar entre dos y tres años. Ello arroja como conclusión que hoy es más difícil para un trabajador salir airoso de un pleito laboral en el que busca la satisfacción de sus derechos.

Empresarios ricos, empresas pobres

También atenta contra los intereses del obrero el cerrojo que han colocado los juzgados laborales en materia de embargos preventivos. Es usual escuchar la queja constante de los profesionales del derecho, quienes afirman que en la actualidad el otorgamiento de las medidas cautelares en el fuero laboral es más acotado. Ello es en verdad grave si recordamos lo dicho en cuanto a la duración del proceso laboral, debiendo además tomarse en cuenta que en muchos casos los trabajadores litigan en contra de empresarios que se encuentran en el límite de insolvencia, con lo que una sentencia favorable al trabajador quedaría en una fútil declamación por no haberse protegido su crédito en el inicio del litigio.
Algunas soluciones propuestas
Lo que puede verse fácilmente es que el procedimiento laboral en Salta (también ocurre en otras provincias) no está en sintonía con la manda Constitucional inclusiva de un proceso sumario, indispensable para la concreción de los objetivos que subyacen en el Principio Protectorio (Ver recuadro). Ante esa situación, consultados los profesionales del derecho por Cuarto Poder sobre cuáles son las soluciones que permitan encontrar el camino hacia un proceso laboral digno de ser llamado custodio del principio protectorio, los letrados refieren la necesidad de crear un procedimiento verdaderamente sumario “en consonancia con lo normado por la ley fundamental de la provincia. Sabemos, sin embargo, que un cambio de tal envergadura conlleva un tiempo difícil de determinar. En todo caso, una solución podría partir del análisis del procedimiento laboral que nos rige en la actualidad”. Por otro lado, ante la interpelación de si verdaderamente deberían ser tan lentos y extensos los procedimientos, responden: “Es indudable que el procedimiento laboral actual no es tan expedito como el procedimiento sumario que se aplica en jurisdicción civil, pero no es menos cierto que aquél no es aplicado con la rigurosidad que imponen sus normas. En la práctica, nuestro proceso laboral sufre dos grandes interrupciones: la primera ocurre luego de la apertura a prueba, en donde hay que esperar aproximadamente un año para encontrarnos con la audiencia en la que se provee la prueba testifical, confesional y de peritos. El segundo momento se sucede luego de los alegatos, ya que tendremos que esperar tres, o cuatro, o tal vez una mayor cantidad de meses para obtener la sentencia de primera instancia. Y todo eso sin descontar que la sentencia puede ser apelada”.
Evidentemente, la provincia padece un problema estructural, que incluye el presupuestario. Esto último impide la creación de nuevos juzgados laborales. Basta si no analizar un dato preciso: promediamos en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos. Específicamente, en la Jurisdicción Centro, tenemos seis jueces laborales que deben atender 3.000 procesos al año. En la Jurisdicción Norte, circunscripción Tartagal, tenemos un juez para 600 procesos, y en Orán, dos jueces para 800 casos. En la Jurisdicción Sur de Metán, ocurre algo similar: un juez para 400 juicios. El Poder Judicial de Salta cuenta sólo con una Cámara de Apelaciones en lo Laboral, dividida en dos Salas e integrada cada una por dos camaristas. Resulta indispensable, entonces, proponerse una política de incremento en la calidad de la justicia que ofrecen nuestros tribunales y que se traduzca en el fortalecimiento y crecimiento estructural de los ámbitos de resolución de conflictos. Con todo, resultaría indispensable también una adecuación del procedimiento laboral a los postulados constitucionales referidos a la protección del trabajo, que priorice la inclusión no sólo de un proceso sumario, sino de uno con características acordes con una correcta protección del trabajador, que contemple los principios más actuales propuestos por la doctrina, tales como la ampliación del “tercero” actualmente responsable, indemnidad del trabajador, consistente en la creación de fondos especiales para el caso de insolvencia del empleador, cautela en la denegación de beneficios. Sólo así podremos afirmar la existencia de un Derecho del Trabajo verdaderamente tutelar.

Letra Muerta
Existe un total acuerdo en la doctrina y jurisprudencia, en especial la iberoamericana, sobre la existencia e importancia de un principio del Derecho del Trabajo en particular: El Principio Protectorio o de Protección. En palabras simples, el objetivo del Derecho del Trabajo es proteger a la parte más débil de la relación laboral, al obrero, quien sufre la pérdida de su libertad de negociación desde que se coloca a las órdenes de un empleador, teniendo en miras satisfacer sus necesidades económicas, situación que desemboca en la desigualdad o hiposuficiencia.
De ese principio se desprenden otros que se constituyen en verdaderas herramientas de aplicación de la protección del trabajador. Ellos son, entre otros: el Dispositivo-oficioso: caracterizado por estar el impulso del proceso y sus medidas a cargo del juez, con una actividad coadyuvante de las partes; la Celeridad: se refiere a la velocidad que debe imprimírsele al proceso, esto es, debe ser un proceso ágil y veloz; Expeditividad: relacionada con el anterior, implica que la velocidad del proceso debe darse en un corto período; Gratuidad: basada en la imposibilidad de los trabajadores de realizar erogaciones dinerarias en pos de la materialización de sus derechos, por lo que se dispone que el proceso no tendrá costos o serán mínimos para ellos; Inmediación: está en íntima relación con los principios de oficiosidad, celeridad, expeditividad y búsqueda de la verdad real. Implica que el juez, personalmente, participará en las etapas procesales claves, tales como audiencias de conciliación, testimoniales, confesionales, presentación de informes periciales, etc., todo ello a fin de tener una idea cercana de los hechos tal como ocurrieron entre las partes; Oralidad: con la realización de ciertos actos de manera oral, se busca celeridad, expeditividad y le permite al juez estar presente a los fines de cumplir con la inmediación necesaria para descubrir la verdad real de los hechos; Irrenunciabilidad de los derechos, etc. Incluye también la Constitución de la Provincia de Salta, normas protectorias del trabajo humano, en su Título III, artículos 43, 44 y 45.

Certezas fatales

Por Daniel Avalos

Virgilio Choque, el burócrata, el que renuncia a la acción para abrazar la inercia sindical en complicidad con los poderes de turno, ha ganado las elecciones del gremio docente. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez fue diferente. Y lo fue porque, por primera vez, podría haber perdido. El proceso electoral –la Justicia le había ordenado habilitar a una lista cuyos referentes lideraron las históricas huelgas docentes de los últimos años – y los resultados lo confirman. La suma de las dos listas opositoras, al parecer, que surgieron de esas históricas luchas superó el porcentaje de la lista oficial. Las causas de la derrota, entonces, tendrían que buscarse también, y en gran medida, en la conducta de aquellos actores que el pensamiento transformador deseaba que ganen. Eso no sólo no ocurrió, sino que también esos actores parecieron protagonizar un simulacro de tragedia griega, en donde los protagonistas que despertaban simpatía parecían condenados a hacer lo que no debían hacer para que la obra tuviera otro final. El problema, sin embargo, es que los derrotados no estaban condenados a hacer lo que hicieron, confirmando así que los hombres y las mujeres son libres hasta para dirigirse a su propia perdición.
Alguno de los derrotados debió haber cedido para asegurar el triunfo. En el sentir de muchos docentes, ese alguien debía ser el Partido Obrero. Algo de razón tienen. Tribuna Docente, rama sindical de ese partido, era la fuerza cuyo programa movilizaba menos a la docencia y era, también, la que contaba con una fuerza cuantitativamente menor para desplegar las acciones necesarias para cumplir el objetivo de recuperar el gremio. No fue lo único. Esa fuerza era, paradójicamente, la que mayor capacidad de daño poseía para abortar ese objetivo si no se llegaba a un acuerdo que impidiera concurrir a las elecciones separadas. No se trataba de una cuestión legal ni formal. Se trataba de un razonamiento político. Tal razonamiento no apareció y la obstinación concretada retrasó el proceso que, tanto ellos como la Lista Naranja de Víctor Gamboa, consideraban importante: desplazar a Choque de la conducción del gremio.
Tribuna Docente expresó sus razones. Las mismas dejaron al descubierto concepciones, por lo menos, infrapolíticas. Es más, la obstinación continuó después de terminados los comicios, cuando explicaron la derrota apelando a cuestiones morales y recurriendo al concepto de traición. El razonamiento había comenzado antes. Como previendo los resultados, un volante de la Lista Rosa-Roja anterior al domingo 6 de diciembre explicaba que “la Lista Naranja de Gamboa ya demostró (cursivas en el original) que, llegando al Poder de la Junta de Clasificaciones, en lugar de representarnos actúa como un órgano de simples funcionarios del ministro y como cómplices de toda clase de atropellos a la carrera docente”. El volante seguía con las acusaciones, denunciando que la lista de Gamboa había rechazado un acuerdo de lista única, “…lo que demuestra que no les interesa los intereses generales de la docencia sino los propios”. Vieja práctica trostkista, ver traidores en todos lados. Podrían haber razonado otra cosa: que los potenciales aliados para derrotar a Choque eran contradictorios, moderados, tibios, etc., pero no. Concluyeron que eran traidores que, abrazados a sus propios intereses, conciliaban estos a los intereses de los “explotadores” y que, por ello mismo, los gamboas habían abandonado la lucha. Una lucha, entonces, que se ha perdido, dicen, no por errores de Tribuna Docente, ni siquiera por las maniobras de Virgilio Choque, sino por la lista de Gamboa que, como Tribuna Docente, se arrojó a heroicas huelgas en donde no faltó la represión laboral y física. El trostkismo es así. No sólo padece de una crónica incapacidad para identificar a los adversarios principales, consumen también enormes energías en la tarea de “desenmascarar” a los infiltrados del campo popular, a aquellos que, disfrazados de populares, introducen en los sectores obreros la “ideología dominante”, contaminando la atmósfera revolucionaria químicamente pura de la izquierda “en serio”.
Y ahora la situación se invierte. El docente frustrado ante la derrota sugiere un acuerdo entre la tropa de Claudio del Plá y Choque, funcional a los objetivos electorales de éste último. Es comprensible, pero conviene no creerlo. Las conductas funcionales del Partido Obrero al establishment no responden a la moral distorsionada de sus militantes. Son sus concepciones ideológicas y políticas las que explican sus prácticas desgraciadas. Es el problema del trotskismo en muchos lados, y es lo lógico cuando los actores se refugian más en los textos clásicos del marxismo y en principios cuasi-religiosos que en la realidad concreta en donde se mueven. Convengamos: el error aporta a sus dirigentes un toque de distinción intelectual, pero casi siempre constituye el camino más seguro a la derrota. El Partido Obrero quería una lista de unidad, sí, pero a cambio de que los que la conformaran se subordinaran a reivindicaciones que trascendían el objetivo urgente de desplazar a Choque. No querían el programa de mínima posible en las actuales circunstancias, sino el programa de máxima imposible y que, además, abortaba la unidad y/o la lista única que habría garantizado la derrota del burócrata. Una digresión teórica se impone. Es para referirse a Lenin que, sabemos, es un clásico del marxismo y que ha dirigido una revolución. El pensador calificaba a grupos como estos como ultraizquierdistas. Lo hizo en un texto titulado “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”. El “izquierdista” era aquel que pretendía y, suponemos, creía, que la posibilidad de instalar el programa de máxima era siempre inmediata en nombre del rigor teórico y la pureza de principios. Lo elegante, así, tiene un costo. El costo de acabar con la práctica política, que es un arte más sutil, que requiere avances y retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos, aliados transitorios, otros permanentes, etc., a fin de ir orientando la historia hacia objetivos estratégicos. La dirección de un gremio puede ser, efectivamente, importante y estratégica. El Partido Obrero piensa lo mismo, pero si lo ocupan ellos. Son los riesgos de ser trostkista y ver en la historia casi siempre una “situación revolucionaria” (crisis de la economía capitalista + ascenso de las luchas obreras + crisis de las direcciones burocráticas – dirección revolucionaria), que ellos anhelan convertir en una “crisis revolucionaria”, a la que se llega cuando una dirección política conduce esa situación hacia una salida igualmente revolucionaria.
Así las cosas, la gran estrategia revolucionaria de un grupo frustró lo posible por un imposible que, a decir verdad, no sabemos bien en qué consistía. Optó por la derrota heroica, que fue ridícula, en vez de la victoria parcial que permitiera diseñar para adelante las acciones en mejores condiciones. Virgilio Choque, el burócrata, el que cree, como lo decía John William Cooke, que el mundo puede cambiar infinitamente sin que eso signifique que él debería abandonar el lugar que ocupa en el mismo, ha triunfado. Lo hizo sin teoría, porque el burócrata subordina todo al pragmatismo puro. Su estrategia fue clara: evitar que la docencia concurra masivamente al acto eleccionario y dividir a la oposición abriendo la participación a Tribuna Docente, convencido de que esta haría lo que hizo. Choque, en definitiva, hizo lo que debía hacer un burócrata que se precie de tal: ocuparse de que las buenas razones del progresismo y la izquierda sean incapaces de traducirse en fuerza y voluntad organizada para lograr los objetivos.
Tiene sentido. El burócrata carece de otra certeza, que anida en el progresismo y cierta izquierda. La certeza de que la Historia avanza, inexorablemente, hacia un futuro mejor. El volante del Partido Obrero lo vuelve a evidenciar. Antes de indicar, al final del mismo, el número de lista y los contactos telefónicos, reza “Nada ni nadie podrá impedir que los docentes levantemos la cabeza”. Reparemos en el detalle. El slogan arengoso trostkista es igual al utilizado por Urtubey, autoproclamado progresista, en la campaña electoral de 2007 y que hoy retumba en todas las radios de la provincia: “Nada ni nadie podrá detener este cambio”. Evitemos los rumores, detengámonos en lo que venimos analizando: ese slogan encierra la certeza de la que venimos hablando. En realidad, encierra dos certezas. Una de ellas, lo dijimos, es que la Historia avanza hacia un horizonte posible y mejor. La otra, relacionada con la primera, desnuda la convicción de que el progresista y el revolucionario, siempre autoproclamados incondicionales practicantes de la Razón para encontrar el sentido y hasta las leyes que determinan la evolución de esa Historia, nos dicen que el triunfo de lo mejor es inevitable y que los actores que lo garantizan son los que practican esas creencias, es decir ellos mismos. Convengamos: no es lo mismo ser progresista que revolucionario. El progresista apuesta al cambio gradual, cree que con cambiar una parte del todo alcanza. El revolucionario no. No quiere cambiar una “parte” del todo, sino el “todo”, identificado como enteramente perverso. Para el revolucionario, el progresista que apuesta a un cambio gradual es un tibio o, peor aún, alguien que esconde inconfesables motivos ocultos, casi siempre relacionados con intereses prácticos individuales.
La certeza que anidan, sin embargo, es la misma: el triunfo está garantizado. Seamos justos: tal certeza proviene de los mejores pensadores del marxismo. Carlos Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista declaraba, refiriéndose al destino de la burguesía: “Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”. Jean Paul Sartre hizo lo mismo en el prólogo de un libro famoso (Los condenados de la tierra, del argelino Frantz Fanon): “La descolonización está en camino, lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar la realización”. La izquierda y el progresismo ya deberían haber aprendido la lección. La Historia no avanza en la dirección única de sus deseos. No hay camino predeterminado; si así fuera, los hombres y mujeres no serían libres. Los Choques no sólo pueden retrasar los procesos de cambio, pueden también impedirlos. Lo grave, en todo caso, es que las fuerzas de izquierda también, cuando actúan con márgenes de error tan elevados que posibilitan congelar la historia en la modalidad de la dominación. Lo hacen cuando parecen conformarse con tener la razón, cuando se conforman con pegar el grito testimonial, y prescinden de los análisis serios en torno a las relaciones de fuerzas reales que existen entre los campos sociales en disputa, o prescinden de razonamientos estratégicos terrenales. Son muchos. Trascienden a los miembros de fuerzas políticas y sindicales organizadas. Pero el comportamiento es siempre el mismo: exaltan exclusivamente las posturas de resistencia y el valor de las movilizaciones de base, en desmedro de los razonamientos políticos, convirtiendo al vicio en virtud. El vicio de no valorizar, de una buena vez, a la política.

Docentes votando, ¿también están educando?

Elecciones en la ADP, ganó otra vez Virgilio Choque

Pasaron una vez más las elecciones en la Asociación Docente Provincial, la ADP, y por cuarta vez ganó y fue reelecto el ya inamovible secretario general Virgilio Choque. Mientras se escrutan los últimos votos, aquellos que llegan por vía postal y que corresponden a las escuelas del interior, el candidato por la Lista Naranja, Víctor Gamboa, comenzó a lanzar el proyecto de fundar un gremio paralelo a la ADP, resignado ya a no poder reconquistarla.

Por Daniel Escotorin

A diferencia de otras elecciones, esta vez las acusaciones por fraude quedaron matizadas por los cruces entre las listas opositoras, la de Gamboa y la lista del Partido Obrero (PO), que llevaba a Ángel Tolaba como candidato. Nuevamente, unos y otros se acusan de haber dividido a la oposición y, así, permitido el triunfo de Choque.
Como primera cuestión, es indudable que Choque ha perfeccionado las técnicas de fraude. Las mañas, los artilugios, todo lo que le permita retener su poder gremial se renuevan día a día, es cada vez más grosero su proceder, pero es a la vez directamente proporcional con la eficiencia de sus resultados. La oposición, los militantes, dirigentes, candidatos, quedan siempre descolocados frente a cada paso de Choque. Vale esta aclaración porque, en realidad, el sentido de esta nota es correr la mirada de este escenario y posarla sobre una más compleja, más polémica y de fondo. ¿Es el fraude la única causa por la que gana Virgilio Choque? ¿No hay alguna responsabilidad directa de los docentes? Cuando se apunta a la consabida “burocracia sindical”, se lo hace con elementos contundentes en mano: proscripción de listas o candidatos, ejercicio de diversos tipos de violencia, acción directa para evitar la participación, urnas violentadas o escrutinios sin control. La mayoría de las veces es una combinación de todos estos elementos, pero a no confundir: que la elección se realice un día domingo no es impedimento para votar, que los padrones estaban arreglados pero también hubo voluntad de votar y se lo hizo. Y Choque logró ganar por apenas cien votos más o menos; si le agregamos votos fraudulentos, podríamos concluir que se pudo haber ganado por una pequeña diferencia, pero un buen porcentaje votó por la lista oficialista.
Resulta en cierto punto una tremenda paradoja que el espacio de la asamblea provincial docente que supo convocar a miles de docentes de toda Salta, no haya podido capitalizar toda esa masa en una organización permanente. ¿Causas? Varias. Divergencias en los sectores que confluyen allí, internas dirigenciales, diferencias políticas (sí, políticas), una práctica que osciló entre un gremialismo salarial y un discurso apenas politizado, entre la reivindicación del horizontalismo asambleario y la mirada de reojo a la estructura sindical de la ADP. Primera conclusión: desde la dirigencia, el discurso elaborado, entendido éste como la síntesis de las acciones y las palabras construidas, fue confuso e impreciso, además de la falta de acuerdos que se reflejaban en acusaciones mutuas. Si bien la imagen y el liderazgo de Gamboa quedaron cristalizados en esta elección, no alcanzó para hegemonizar al conjunto de la asamblea y la oposición a Choque.

Las bases

Pero no se trata de poner todas las responsabilidades en la dirigencia. Queda un tercer factor: el de los propios docentes, su mentalidad, su conformación cultural e ideológica. Tomemos como punta de análisis de este factor lo enunciado más arriba: ¿Qué sucedió con esa enorme masa movilizada en los paros del 2005, 2006, 2007? ¿Cómo se manifestó esa voluntad de cambio expresada en esas jornadas de lucha? ¿Hubo tal voluntad?. En cierto sentido, puede responderse que sí, que la lucha de aquellos años tenía dos destinatarios: el gobierno de Juan Carlos Romero y su intransigencia autoritaria, a la que se logró doblegar; y por otro lado el propio Choque. Pero aquí se falló y entonces, si miramos un poco más allá de la primera línea de información y datos, podemos ver que hubo una lectura incorrecta de esa confrontación con el romerismo. En primer lugar, porque así como se lo doblegó en términos de concesiones, aunque no hayan sido muchas, corrió la cortina para exhibir el desgaste social de ese gobierno, y aquí es donde los espejos devolvieron reflejos engañosos: la asamblea, entendida como el conjunto de participantes y no sólo la militancia, más esa mayoría partícipe de los paros, marchas y otras acciones, no tenía como objetivo conciente el desgastar al gobierno, y entonces se tomó como propio un hecho político, la derrota del romerismo, a la que contribuyó pero nunca se lo propuso.
Entonces, desde allí se engarza con la realidad que, tras los paros y más allá del desgaste mental y físico que supone sostener movilizaciones de varias semanas, permite explicar el retraimiento del conjunto docente por la sencilla razón de que sus objetivos nunca fueron más lejos que de la reivindicación estrictamente salarial. La propuesta válida de recuperar la ADP se convirtió en una utopía propia de un buen número de militantes y aledaños, pero no de la mayoría de las maestras y maestros provinciales. ¿Cuántos de ellos renunciaron a la ADP en repudio a la traición de Virgilio Choque? ¿Cuántos continuaron usufructuando los beneficios, legítimos por otra parte, que brinda el sindicato? He aquí la gran contradicción, o al menos la limitación de un grupo social que no logra establecer una base material sólida que les permita plantearse nuevas tareas políticas para su universo más global, más general.
Hablando de política, y por eso remarcaba ese término anteriormente, cuántas veces no se escuchó en las asambleas, en las marchas, en las reuniones en escuelas la frase “Esto (por el paro) no es político”, “Nosotros no hacemos política”, etc. Esa negación es la primera evidencia de una reivindicación cortoplacista, estrictamente gremial. Cuando los docentes cantaban a coro en esas marchas multitudinarias “Docentes luchando, también están educando”, parecía expresarse un salto en la conciencia y en la voluntad que sólo se logra con la acción concreta, es decir en la lucha. Habrá que revisar este viejo postulado porque, efectivamente, no hubo tal avance y en esto es válido poner algunos ejemplos sobre la mentalidad o la conformación ideológica del pensar docente: en esos días, se dio el recordado caso del alumno del colegio Arturo Illia que, por un gesto de rebeldía, pero también por ser sindicado como “cabecilla” de algunas movidas gremiales estudiantiles, fue expulsado del colegio y motivó el respaldo pleno de los docentes a las autoridades por la decisión adoptada. El otro ejemplo, más general pero contundente, fue la escasa (o debemos decir nula) movilización detrás de la discusión por la Ley Provincial de Educación.
Es verdad que, a la deficiente situación salarial, se debe sumar una realidad demasiado dura en cuanto a condiciones laborales de la docencia salteña, que empuja a muchos de ellos a estar más preocupados por esa cotidianeidad del día a día, pero justamente desde ese contacto con esa realidad los pone en un estadio por arriba de otros sectores sociales, laborales o culturales, que no siempre tienen el espacio o la capacidad de observar y analizar.
Como conclusión, el fracaso en la recuperación de la ADP va más allá del fraude oficialista o de la eterna división de la oposición. En todo caso, la decisión del sector de la Lista Naranja (Gamboa) de constituir un nuevo gremio docente es saludable si éste sirve para canalizar no sólo las reivindicaciones gremiales, salariales, sino también para contener la necesaria obligación de continuar la formación ciudadana y política de los docentes por otros medios.