El hambre más urgente

Nutrivida

Trabajar por los pobres y luchar contra la desnutrición son cuestiones de Estado que Juan Manuel Urtubey dice encarar, aunque entre los suyos hay quienes, al parecer, no entendieron muy bien la consigna. Desde hace dos meses que hay en la provincia 40.000 “niños en riesgo nutricional” que no reciben su refuerzo alimentario. Los motivos no se explican, pero entre Desarrollo Humano y Finanzas hay una maraña que afecta a este importante sector de niños salteños.

Por R.E.

El año 2009 está cerrando con algunas contradicciones en la gestión del Gobierno de la provincia, más específicamente en el área que conduce el ministro lechero Claudio Mastrandrea. Además de no haber aclarado aún cómo fue que se decidió reforzar la alimentación de algunos niños de la provincia con leche en polvo no apta para el consumo, hoy tiene que dar explicaciones del por qué vienen atrasados con los bolsones alimentarios llamados “Nutrivida”, que no se entregan desde finales de octubre a pesar de que deben repartirse de manera mensual. La primera conclusión a la que se arriba es sobre el desencuentro entre el discurso del Gobernador y las políticas aplicadas desde esa cartera ministerial, Desarrollo Humano.

Los enunciados

Juan Manuel Urtubey, en la apertura de la asamblea legislativa de este año, y en el mini acto aniversario por los dos primeros años de su gestión, resaltó que se está trabajando para bajar los índices de desnutrición en la provincia; algo largamente reclamado a la anterior gestión que tenía y escondía sus elevados índices de chicos desnutridos.
Uno de los pilares que sostiene el combate contra la desnutrición fue la puesta “en marcha del Programa Nutrivida para refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”, según se puede leer en el cuadernillo en el que se plasmaron todos los actos de Gobierno de estos dos años, y que fuera entregado en el Centro Cívico Grand Bourg el 10 de diciembre pasado al finalizar el discurso del primer mandatario provincial.
Las fuentes consultadas, sin embargo, confirman la falta de entrega de este “refuerzo alimentario” desde hace dos meses. Las causas: la falta de stock de los bolsones que se atribuye, simplemente, a la falta de compra de los mismos, algo que respondería a complicaciones con los fondos a raíz de que las prioridades no parecen ser las que se dicen que son, sino las que manda la billetera.

Intruso web

Una búsqueda en el boletín oficial de la provincia nos confirma aún más esta versión, por cuanto en la sección avisos sólo aparecen publicadas dos licitaciones en el año 2009 para adquirir bolsones destinados a este programa. La primera es de 80.000 módulos, y la segunda, de 40.000, lo cual supone que se licitó la compra de 120.000 bolsones, que alcanza para tres meses. El primer aviso fue publicado el pasado 3 de marzo (Boletín Oficial Nº 18.060) para la adquisición de “80.000 Módulos Alimentarios Nutrivida con distribución”, con destino a la Secretaría de Abordaje Territorial y por un monto oficial de $3.132.000; la segunda licitación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 18.158 del 31 de julio de 2009 para la “adquisición de 40.000 Módulos Alimentarios Nutrivida”, con destino a la misma Secretaría y por un monto de $1.600.000.
Un capítulo aparte merece la diferencia en el precio de ambas licitaciones: en la primera, cada módulo costaba $39.15, en la segunda (unos cuatro meses más tarde), cada módulo costó $40; quizás la inflación tuvo sus influencias.

Parodi inculpado

La fuente ministerial consultada explicó que el proceso de licitación es un tanto enredado, por cuanto el pedido debe hacerlo un Secretario; dentro del Ministerio debe seguir una serie de pasos administrativos hasta que es el propio Ministro quien autoriza la compra, aunque no sería él quien tenga la última palabra por existir un organismo, la Unidad Central de Contrataciones, que dispone en este caso que la licitación se lleve a cabo, mientras los fondos que abonan al proveedor son girados por el Ministerio de Finanzas, a cargo de Carlos Parodi. Al parecer, sería allí donde nace el problema del efectivo.
Según parece, los que tienen en custodia el dinero de la provincia no dimensionaron la verdadera importancia de este programa y los fondos que envía Nación para el mismo estarían siendo destinados a la recarga mensual de la Tarjeta Social.
Por lo que se sabe, Nación aporta la mitad de los fondos para llevar a cabo la ejecución de la Tarjeta Social y también la mitad de los fondos para poder entregar todos los meses ese “refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”. La deuda con los chicos en riesgo nutricional tendría que ver con que el aporte nacional del Nutrivida es puesto a disposición de la Tarjeta Social, con lo que la provincia se ahorra el gasto de darle de comer a los desnutridos y la Nación financia el 100% de la Tarjeta Social.
Esta versión bien podría ser confirmada por el mismo ministro Mastrandrea, quizás con otras palabras cuando, hablando de la asignación universal por hijo y sus compatibilidades, declaró que “muchos de los que tienen el beneficio de la Tarjeta Social tienen hijos a cargo y aparentemente no han recibido la asignación por hijo. Digo aparentemente porque el ANSES lo está chequeando. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Seguramente estas personas van a estar con la asignación por hijo y nosotros vamos a tener recursos para otro tipo de programas sociales”. Lo que en apariencia querría decir que los recursos que queden sin usarse en los beneficiarios de la Tarjeta Social bien podrían ser utilizados para darle efectivo cumplimiento al Nutrivida.

Buscando el giro

El mismo 10 de diciembre, Mastrandrea contestó a la requisitoria periodística de Canal 9, afirmando que hay un proyecto de “reemplazar el Nutrivida, que se están distribuyendo normalmente en la provincia para la atención de los chicos y la prevención de la desnutrición”. El periodista no le había consultado por el retraso en la distribución de estos bolsones, pero por las dudas el Ministro abrió el paraguas y, lisa y llanamente, faltó a la verdad, porque para esa fecha no se estaba distribuyendo normalmente el Nutrivida. Las declaraciones parecen confirmar, sin embargo, que recursos de algunos programas sirven en realidad para otros y que gracias a la ANSES y las asignaciones universales, en el 2010 se podría contar con el alimento mensual que los niños en riesgo nutricional precisan.
Mientras tanto, el 2009 cierra con un déficit que se aleja de la premisa marcada dos años atrás por un gobierno que prometió cambiar aquellas cosas que había que cambiar, y una de ellas era la desinversión en materia social que profundizó año a año la gestión del actual Senador Nacional.
Conviene recordar un párrafo de Urtubey en el acto aniversario: “Yo he tomado una decisión, dejando casi todo, que es trabajar por los salteños y fundamentalmente por los que menos tienen”. Esa es justamente la decisión que parecen no haber tomado algunos ministros, que no obran de acuerdo a la decisión de vida que dice haber tomado quien los puso al frente de las responsabilidades que omiten cumplir.

Regular menos

Balance en el Concejo Deliberante

Cincuenta y cinco resoluciones menos que en el año 2008; grandes reacomodamientos políticos; nuevos y viejos actores y el fin de la mayoría automática, es el resultado de un año de trabajo en el Concejo Deliberante de la ciudad. Gustavo Sáenz del PJ, Cristina Fiore del PPS y Martín Yánez de Libres del Sur fueron de los más productivos en su labor.

Por José González Romano

Durante el año se aprobaron 345 resoluciones de cuerpo, aquellas donde los concejales regulan la vida del Concejo y del Municipio, mientras en el año 2008 fueron 400. Se solicitaron 48 pedidos de informes, de los cuales 12 no fueron contestados. Entre las ordenanzas, aquellas que suponen un instrumento legal que regula la conducta de los ciudadanos, podemos mencionar la ordenanza enviada por el Ejecutivo que privatizaba el servicio de alumbrado público, permitiendo la entrada al juego de los prestadores de servicios Lusal S.A.. Algunas otras, aprobadas por el oficialismo, implicaron la creación de un nuevo impuesto para los contribuyentes, para pagarle a Lusal más de $ 700.000 anuales. Por el lado de las ordenanzas que beneficiaron a los vecinos, podemos mencionar la eximición del pago del derecho a construcción, lo que permitió poner freno a las más de 20 mil intimaciones que la empresa Magna había realizado y que amenazaban con rematar las casas de muchos vecinos de nuestra Ciudad. El proyecto fue vetado por el intendente Isa y luego el Concejo rechazó el veto por la presión social y por la pública, generada por el autor del proyecto.

Movimientos políticos

Tomemos en cuenta para analizar lo actuado en el saliente Concejo Deliberante, donde hace escasos días culminaron sus mandatos, que comenzaron, el 3 de diciembre de 2007, 21 ediles, de los cuales cuatro (de los nueve que buscaron la reelección) renovaron sus mandatos: Mirta Isa (PJ), Tomás Rodríguez (PJ), Pedro Serrudo (PJ) y Marcelo Oliver (Frente Salteño). Gustavo Sáenz se convirtió en senador provincial hasta el año 2013, y aunque varios otros se postularon, no pudieron acceder a ninguna banca.
Dato importante y muy comentado lo constituye la disminución del bloque, en términos numéricos, del Partido Justicialista. Cabe recordar que en el año 2007 actuó como bloque FREJUVI (PJ +PCP), contando con los once concejales necesarios para contar con una cómoda mayoría (sin contar los aliados). En el revés electoral de septiembre último, el PJ que responde al intendente Isa sólo logró introducir seis ediles, situación más que incómoda en un escenario en donde el peronismo disidente filtró ocho concejales, dos por la línea de Wayar (con el “Oveja” Álvarez a la cabeza), y seis por la línea de Romero (con Tonini y Raúl Romeo Medina como puntas de lanza de la avanzada romerista en el Concejo).
Otras bajas importantes las padeció el otrora fuerte (supo gobernar los destinos de la ciudad en varias oportunidades) Partido Renovador. De cuatro concejales con los que contaba después de 2007 (dos por el PRS más dos de Cabildo Abierto), en esta elección sólo accedió a una sola banca. Mientras tanto, el partido que no estará presente en este nuevo Concejo será el Partido de la Victoria, ya que se venció el mandato de Gustavo Cecilia y Cristian Monzo, no pudiendo éste renovar su banca en la última elección.
Entre los que sumaron, tenemos a la escisión renovadora que responde a Gómez Diez: Propuesta Salteña logró dos concejales, fruto de la Alianza Acuerdo Cívico y Social, compartida con la UCR (que después de muchos períodos logró ingresar un concejal). El PO pasó de uno a dos ediles: se fue Cristina Foffani y llegaron Gabriela Cerrano y la dirigente de Tribuna Docente Norma Colpari. Y entre los que se mantuvieron, no pudiendo plasmar en bancas lo logrado en referencia, tenemos al Movimiento Libres del Sur, que retuvo el espacio ganado en el 2005 (con Carlos Morello en esa oportunidad) al concluir su mandato Martín Yánez (2007-20009) y comenzar Gladys Tinte, en representación de Barrios de Pie y Villa Juanita. Un partido que se despide de la vida (política) real, es el Partido Frente Grande, que en 2007 le prestó su personería a los peronistas que estaban con Urtubey, y con éste, más el carismático Dr. Nazr traccionando la lista, logró que su principal dirigente, Diego Saravia, acceda a la banca, no pudiendo acercarse ni por asomo esta vez, ni siquiera con la inexplicable (ante sus adherentes) estrategia de llevar como candidato a Senador al alfil de Isa en el último Concejo, su ex presidente Gustavo Sáenz para que traccione la lista.

Escribanía

Para muchos, el Concejo que acabó hace días su mandato era bastante aburrido. Hacen referencia a la falta de debates enriquecedores, lo cual se atribuyó a un oficialismo municipal con amplia mayoría (a sus once concejales, había que sumarle el acompañamiento constante de Nora Ríos, Gustavo Cecilia y Cristina Mariani por parte del PRS-FPV). Sin embargo, los hechos más sobresalientes (y para nada aburridos) se dieron cuando se trató (ya había sido aprobado en el 2007 bajo la presidencia de Vidal Casas en el Concejo) el escandaloso pago de una abultada multa diaria que la ciudad le pagaba al empresario Roque Lozano, consecuencia de la transferencia y canje de los inmuebles municipales por un galpón en la zona del Chango Más, por no hacer efectiva la transferencia de los mismos; la creación de un nuevo impuesto, el de Lusal; la prórroga del contrato a Agrotécnica; la controversia (o escándalo) por el nuevo código de planeamiento urbano; las excepciones al código de construcción, otorgada por Kalinsky, ex secretario municipal de Planificación y Desarrollo; entre otros temas que interesaron, o que deberían haber interesado a la ciudadanía, “si no después no se quejen” (por el aumento de los impuestos, por la construcción sin orden de nuevas torres en lugares no aptos, que provocan el colapso de los servicios cloacales, o por la entrega a precio vil del patrimonio de los salteños).
En todos ellos, la mayoría oficialista nunca estuvo en riesgo, aunque sí debió soportar las observaciones de la oposición en la voz de Foffani, Yánez y, a veces Fiore, y también al principio de Diego Saravia que, luego de un inicio opositor, rápidamente se pasó a las filas encubiertas del oficialismo.

El “viejo” y el “joven”

En el período 2007-2009 del HCD, el concejal de mayor edad fue Pedro Serrudo, secretario general del gremio municipal (UTM). Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el haber logrado la Resolución que declaró de Interés Municipal el Test Match entre el Seleccionado Los Pumas y el Seleccionado de Inglaterra, que se llevó a cabo el día 13 de junio de éste año en el estadio Martearena; también fue autor del proyecto de Resolución en el que se declaran “Deportistas Destacados de Salta Capital” a los integrantes del Seleccionado Júnior de la Liga Salteña de Béisbol, que saliera campeón nacional de la disciplina en mayo, en la ciudad de Córdoba.
Desde el otro extremo de la realidad etaria, se encontraba el concejal por el Movimiento Barrios de Pie - Libres del Sur, Martín Yánez, quien asumió como edil a la edad de 24 años. La performance del joven concejal fue ampliamente superior a la del experimentado Serrudo. Martín Yánez presentó cerca de cien proyectos (junto a Cristina Fiore y Gustavo Sáenz, fue de los más productivos en su labor). Entre los más relevantes de su autoría se encuentra el proyecto de creación de la Fiscalía Anticorrupción Municipal, que aún se encuentra en la comisión de legislación general y que nunca pudo ser tratado, a pesar de ser un proyecto de ordenanza bastante elaborado. Por el contrario, se aprobó el proyecto de su autoría sobre el Uso social de los terrenos baldíos, por medio del cual los baldíos de la capital pueden convertirse en centros culturales comunitarios y deportivos, con el fin de que muchas organizaciones de la comunidad que hoy no cuentan con un espacio puedan hacerlo para desarrollar sus actividades con un fin social. Fue aprobado después de tres meses de peleas en la comisión de legislación general. En otro orden de cosas, a él correspondió la iniciativa de declarar ciudadano ilustre al ingeniero Gerardo Héctor Bavio Arias, quien en 1973 fuera designado Intendente de nuestra ciudad por el Gobernador Ragone, marchando al exilio cuatro años más tarde para regresar al país en el año 1990. Desde entonces se desempeña en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde reside, trabajando arduamente en la defensa de los Derechos Humanos y la libertad política.

Conteniendo a la pobreza

Los impactos que la Asignación Universal por Hijo tiene en la lucha contra la pobreza, siguen siendo objeto de debate. Si se trata de un combate o una simple contención de la misma, es lo que divide las interpretaciones en el país y en nuestra provincia.

Por José González Romano

Según cifras oficiales, con la incorporación de 356 mil padres con derecho a percibir la asignación (que se anotaron en los últimos días de noviembre y empezarán a cobrar en diciembre), se alcanza a cubrir un total de 3.541.000 niños y adolescentes, hijos de desempleados y de trabajadores informales beneficiados con la medida. (http://www.anses.gob.ar/). Sólo en la Provincia de Salta (http://www.iruya.com/), se estima que la prestación alcanzaría a unos 280.000 beneficiarios. Si ello es así, se puede inferir que en nuestra provincia el beneficio alcanzaría al 23% de la población, estimando que somos 1,2 millones de habitantes (proyección estimada por el INDEC del censo de 2001, que arrojó la cifra de 1,079,051 habitantes); mientras que a nivel nacional, y calculando 40 millones de habitantes, el porcentaje alcanzaría al 9 % de la población.

Disputas

Sin dudas que la medida es buena y se aplaude su implementación. Los que se oponen a ella argumentan que se trata de una potenciación del asistencialismo, que se utiliza dinero de los jubilados a quienes de debería aumentar sus ingresos, o que no significa mucho para quien, teniendo un hijo, cobraba un plan de empleo de 150 pesos y ahora pasará a cobrar $144 (dado que los $36 restantes van a un fondo que se paga anualmente al acreditar que el hijo asiste a la escuela y recibe atención médica).
Los apologistas, por su parte, observan el vaso medio lleno. “La Asignación Universal por Hijo es una herramienta de suma importancia, ya que posibilita a aquellas familias que no tienen trabajo o están dentro del mercado informal obtener algunos recursos para algo tan simple pero tan digno como alimentarse o vestirse”, sostuvo Bossio, titular del Anses. “Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán integran el decil de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue. Así se invierte la norma de que las mejoras en la distribución del ingreso favorecieran a los segmentos de asalariados formales y beneficiarios del sistema previsional de ingresos medios y medios bajos”, dijo Verbitsky.
Algunos aducen aún más virtudes; por ejemplo, que esta medida constituye el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, porque es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra el 0,37 por ciento del Plan Bolsa Familia de Brasil y el 0,31 por ciento del Plan Oportunidades que implementa México, planes que requieren como condición para cobrar que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo, contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, “pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América Latina”, resume Nicolás Dvoskin, economista de la UBA.

Impacto

El impacto que esta medida trae aparejado también ofrece interpretaciones disímiles acerca de su real impacto. Según la consultora Equis, del ultraoficialista Artemio López, tomando en cuenta el número de beneficiarios y la inflación prevista, la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 % de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 % (si quiere llenar el vaso lo remito al blog de Artemio, http://rambletamble.blogspot.com/, quien además de encuestas lidera la banda de rock pesado “Trabajo sucio” por su defensa a ultranza del gobierno K).
Por otro lado, un informe del Banco Ciudad, dependiente de la gestión macrista, a través de su Área de Estudios Económicos, analiza que la pobreza podría caer aproximadamente 5 puntos (pasaría del 32,5% a 27,5%) siempre y cuando la macroeconomía no siga creando pobres (si usted quiere ver el vaso medio vacío, visite http://www.bancociudad.com.ar/ Informe económico semanal, o lea El Tribuno del domingo pasado, donde se levanta la noticia).
En lo que sí coinciden ambos informes es en las cifras de pobreza, que la sitúan en 32%. La consultora Equis estima que la Canasta Básica Total, que es la que determina la línea de pobreza, asciende a $1470, muy por encima de los $1045,6 que informó en noviembre el INDEC para octubre. A la Canasta Básica Alimentaria, que fija la línea de indigencia, le asigna un valor de 710 pesos, contra los 463,9 pesos del Instituto de Estadísticas oficial. Eso eleva los pisos de ingresos necesarios para que una familia tipo no sea considerada pobre o indigente. Con esos parámetros, López llega a la conclusión de que la pobreza en el Gran Buenos Aires asciende en la actualidad al 32 por ciento. El INDEC, muy por el contrario, sostiene que se ubica en 14 por ciento, mientras que a la indigencia la estima en 3,8. A nivel nacional, el organismo registra 15,1 por ciento de personas pobres, mientras la consultora Equis la ubica en 21,4, un 6,3% más de diferencia. Para el Norte, la pobreza abarca al 24,6 % según el INDEC, y al 33,9 % para la Consultora Equis.

Datos útiles

Quienes reúnen los requisitos y están registrados en las bases de ANSES, podrán consultar el día y la sucursal del banco donde le harán entrega de una tarjeta de débito para efectivizar el pago, a través de las vías de consulta habilitadas:
• Enviando un mensaje de texto al 26737, escribiendo la palabra “cobro” seguida de un espacio y del número de DNI del titular del beneficio; luego deberá dejarse otro espacio y agregar la letra “M” (si es el padre) o “F” (si es la madre). El costo de cada mensaje es de $0,16 más IVA.
• Ingresando a la página web del organismo, http://www.anses.gob.ar/
• Comunicándose al número gratuito de ANSES, el 130, de 8 a 20hs. Al respecto, conviene qe saber que el servicio de atención telefónica de ANSES se encuentra atendiendo un promedio diario de 62.166 consultas y el 30 noviembre marcó un pico de 429.905 llamadas. A lo largo de noviembre más de 6 millones de personas consultaron la página web de ANSES y se recibieron más de 3,8 millones de mensajes de texto para consultar sobre la asignación universal por hijo.
Una vez consultado el día y lugar de cobro, el titular deberá acercarse con su DNI, original y fotocopia, a la entidad asignada. Allí se le entregará la tarjeta de débito para cobrar el monto de la asignación, a partir de ese momento, en cualquier cajero automático de las redes Link, Banelco y Cabal.

Ensayo sobre la propaganda

Por Daniel Avalos

Durante el último mes, la voz oficial viaja por las ondas radiofónicas de manera devastadora. Pareciera que la hora crucial del brazo propagandístico gubernamental hubiera llegado. Se la escucha en las principales radios de la provincia, vestida como vertiginoso informe de gestión. Escuchando el spot radial es muy difícil saber qué ha hecho el Gobierno. Y esto, por una razón muy sencilla: la información que allí se emite está tan monitoreadamente comprimida, que el dato que uno lucha por retener en la memoria es desplazado inmediatamente por otro, que luego es empujado por otro más y así sucesivamente. Sólo el final del spot se entiende perfectamente. Un extracto del discurso del Gobernador con el lema de la campaña de 2007 (“Nada ni nadie podrá detener este cambio”), seguido por una voz conmovedora que confirma que la predicción de hace dos años es hoy una realidad: “Dos años haciendo realidad la esperanza”. Lindo final. Encierra la idea de que alguien se ha ocupado, Urtubey, de que la posibilidad deseable, que vendría a ser el sueño colectivo de un cambio, venza a muchas otras posibilidades no deseadas.
Por supuesto que nos estamos refiriendo a enunciados y no a realidades palpables. Pero analizar este enunciado en particular resulta interesante. El auge propagandístico, en primer lugar, y su estilo, está siendo impulsado por alguien, y ese alguien, sostienen algunos, sería el nuevo gurú de Urtubey: Alberto Fernández. Convencido éste, como dice estarlo, de que el Gobernador de Salta es presidenciable, el ex Jefe de Gabinete de la Nación precisaría que las políticas comunicacionales adquieran una nueva dimensión. Hace poco, por ejemplo, el Grand Bourg firmó un convenio con la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a fin de que ésta coordine y monitoree “las acciones de prensa que se refieren a las actividades de la Gobernación en el ámbito nacional” (Elintransigente.com). Alberto Fernández, lo sabemos, no es un experto comunicacional, pero sabe de la importancia que los medios tienen en la política actual en la búsqueda de potenciar y/o fortalecer la adhesión de la población a un personaje. Puede que ello explique la nueva impronta de la publicidad oficial en el ámbito provincial. Una impronta posmoderna que, hasta hace poco, los expertos comunicacionales del Grand Bourg no le habían impreso. Los spot de hoy son más metropolitanos, menos telúricos, y hasta puede que menos toscos. Imaginemos, por un momento, la discusión entre los expertos. Los telúricos, defendiendo la noción de que la clave para que el mensaje radiofónico penetre en la conciencia de los radioescuchas es que el mismo debería partir del marco cultural de los salteños, que no es metropolitano. Los expertos metropolitanos, por el contrario, dirían que no, que el marco cultural de los salteños hace rato que abandonó el telurismo y es abiertamente metropolitano, a raíz de la globalización de los mismísimos gustos sonoros. Confesemos, algunos creemos que los metropolitanos tienen razón.
El resultado es el spot mencionado. Una propaganda kitsch, que busca el impacto y no la reflexión, y que responde, puntillosamente, a las leyes de hierro que atraviesan hoy al mensaje visual y sonoro. Repasemos: exagerada acumulación de la información, al punto paradójico de que nada informa. El realmente interesado en descifrar lo que ese spot informa debería grabarlo, luego desgrabarlo y finalmente someter el mensaje al análisis, lo cual difícilmente haga un radioescucha promedio. Y el detalle es importante, porque ese mensaje está dirigido a nosotros, lo cual indica que el publicista posee una interpretación de cómo somos, es decir que ya estamos interpretados: seres de concentración corta, con déficit atencional, y de ahí la necesidad de apabullarnos con datos que, en vez de ser pasibles de análisis (algo que en realidad los publicistas creen que no nos importa), respondan mejor a una particular estética. Tal vez por ello las pequeñas unidades de tiempo silenciosas no existen en esos spot, silencios que siempre se asocian al procesamiento de la información que recibimos, a fin de organizarla y valorizarla como buena o mala. Pero nada de eso podemos hacer con la propaganda radiofónica actual, salvo saber que algo ha ocurrido, aunque no sepamos a quién ha beneficiado y a quién no. Otro detalle importante, justamente, porque la principal crítica que ha recibido este gobierno es que no ha tenido gestión. Si los spot intentan ser una respuesta a eso, puede que Michel Foucault tenga razón y que por ello debamos alegrarnos. Porque si todo este dinero es gastado desde el Poder para emplearlo en técnicas comunicacionales sofisticadas, es porque primero ha existido una insubordinación de seres que no creen lo que el Poder ha intentado hacer creer de sí mismo. Porque los hombres son libres, el Poder pretende alienarlos, estudiándolos con expertos de la FLACSO o de otros institutos de investigación, para ver cómo son, para saber por qué se insubordinan, para así intentar, en última instancia, terminar con el subversivo potencial. Hay intentos de alienación porque primero hay libertad.

¿A quién defienden los Entes?

Tarifazo

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) autorizó a la empresa Edesa -concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia- a realizar un reajuste tarifario que alcanzará a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes. El incremento será de un 12, 65% y afectará a unos 265 mil salteños.

Por Gabriel Sánchez

El organismo avaló el aumento, luego de que la empresa lo solicitara en el mes de setiembre con la finalidad de cubrir los costos necesarios para la prestación del servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa. Solicitud que se fundamentó en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que incluye los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
El titular del Ente Regulador, Armando Isasmendi, justificó la medida al explicar que, tras un “exhaustivo análisis”, se concluyó que el reajuste solicitado encuadraba en lo normado por el anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, que establece que “si al cabo de 12 meses el indicador testigo arroja una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. Remarcando, además, que el aumento permitirá obtener un ingreso tarifario óptimo y que posibilitará a la distribuidora prestar el servicio conforme a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión. Declaración, esta última, manifestada por Isasmendi, suponemos, ignorando la realizada por la representante de la empresa Adriana Cigno, cuando anunció que la empresa hará cortes programados en distintos puntos de la ciudad, atento al elevado consumo que se soporta en la época de verano y que se reservarán el derecho de no comunicar con anticipación esos cortes ni de avisar dónde serán, ya que no están obligados a hacerlo. Por último, al ser consultado sobre la audiencia pública que se fijó en el contrato de concesión como requisito previo para la autorización de cualquier ajuste tarifario, Isasmendi sostuvo (ignorando, con certeza, la finalidad que tiene la audiencia pública) que tal procedimiento se concreta sólo en las readecuaciones quinquenales.

Oír al ciudadano

La garantía de oír al interesado en una audiencia individual (con acceso al expediente, debate y prueba, control de la producción de la prueba, alegato y decisión fundada sobre los hechos alegados y probados), antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo, y hace al debido proceso, so pena de acarrear la nulidad del mismo. Dicha garantía se extiende a oír a la comunidad, esta vez en una audiencia pública, antes de emitir normas jurídicas administrativas e incluso legislativas de carácter general, que afecten o puedan afectar los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, amparados por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Por lo que será ilegal todo acto estatal dictado sin previa audiencia del o los interesados, por ser una garantía constitucional del debido proceso.
Por otro lado, un reajuste en las tarifas de cualquier servicio público no puede ser sólo discutido por funcionarios, o si se prefiere, entre regulador y regulado, ya que si la información requerida para el control proviene fundamentalmente de las propias empresas -que elaboran informes periódicos y los elevan a los Entes, que sólo efectúan auditorías e inspecciones complementarias- sumada a la siempre creciente amenaza de la corrupción y a la ausencia de autoridad que les exija a las prestatarias el cumplimiento de sus obligaciones a su cargo, como sería entre la más importantes, que realicen las inversiones necesarias para evitar los cortes de suministro (la falta de inversiones también debe tomarse en cuenta para desestimar los reajustes que las empresa demandan), el impacto no sólo sería desfavorable para el bolsillo de los usuarios sino también para la calidad del servicio.

Tutela judicial

Es dable decir que no estamos, afortunadamente, librados a la exclusiva protección de los Entes, sino que la Justicia habrá de intervenir para resguardar los derechos constitucionales de los usuarios. En este sentido, es interesante traer a colación un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, dictado a principios de este año, en donde se hizo lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por una asociación de usuarios a favor de todos los afectados en la Provincia.
En ella, el Juez ordenó: 1) la suspensión del aumento en la tarifa 2) a la empresa EDET S.A. que proceda a la refacturación de la totalidad de las boletas emitidas aplicándoseles el cuadro tarifario anterior a las mismas y 3) a que compense los pagos de facturas realizados por los usuarios con los incrementos tarifarios impuestos por las resoluciones cuestionadas con las próximas boletas a facturarse conforme lo ordenado en el punto 2.
Por otro lado estableció que, sin perjuicio de "que la relación jurídica entre el usuario y la concesionaria del servicio se rige por el marco regulatorio vigente y el contrato de concesión del servicio, esas normas deben interpretarse en función de los principios vectores emanados de normas de jerarquía superior, en tanto tiendan a equiparar la dispar relación de fuerzas entre las partes...". Estas expresiones contienen toda una definición y toma de posición acerca de la interpretación y valor que debe darse a los marcos regulatorios de los servicios públicos. Y, en este sentido, no debe estarse a lo manifestado, ni por la representante de la empresa cuando declaró que no tiene la obligación de informar a los usuarios de los cortes ya programados, ni del titular del Ente cuando prescindió de la audiencia pública, puesto que violan el mandato constitucional del artículo 42 cuando exige "protección de los intereses económicos de los usuarios", "información adecuada veraz" y "condiciones de trato equitativo y digno".
Por lo tanto, la Justicia no puede diferir el control de las tarifas públicas en los entes respectivos y deberá intervenir, en este caso, para restablecer los derechos conculcados de los usuarios de electricidad afectados irrazonablemente por esta suba intempestiva.

Detalles del aumento

El Ente Regulador de Servicios Públicos autorizó a la empresa concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia, a través de la Resolución N° 1750/09, a realizar una actualización tarifaria que alcanza a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes.
Lo dispuesto por el Organismo se efectuó a partir de una solicitud de la empresa que tiene como fin cubrir los costos necesarios para prestar el servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa.
La prestadora funda su pedido en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (V.A.D.), donde se incluyen los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
A tal efecto y conforme lo establecido en el Anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, donde se menciona “que si al cabo de 12 meses, el ‘indicador testigo’ arrojara una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. El Ente Regulador analizó dicha presentación y autorizó los ajustes tarifarios arrojados por los estudios técnicos realizados en el organismo, que resultaron menores a los solicitados por la Concesionaria.
La variación aplicada se traducirá en un valor real promedio de $3,82 para los usuarios TR1, quienes representan aproximadamente el 60% de los usuarios de toda la Provincia. El ajuste tarifario regirá desde diciembre de este año. La medida afecta a cerca de 140 mil usuarios residenciales.