Yo voy a tratar de dar mi aporte respecto de este tema de la ley. Más allá de los principios que ustedes han explicado de la reforma, creo que hay una coincidencia quizás en que en este momento no se ve esa movilización del estudiantado, cosa que es relativamente cierta. Pero también los momentos son diferentes. No quiero hacer un debate sobre la reforma pero, indudablemente, la enseñanza clerical de la época del ‘18 es totalmente distinta a la actual. Y volviendo a lo actual, creo que es interesante destacar cuál es la Ley de Educación Superior que hoy nos rige, y en qué sentido habría que cambiarla. La Ley de Educación Superior actual, que es del año 96, es el resultado de la reforma de la Constitución del año 1994, que establece, en algunos de sus artículos, que en esta cuestión de la enseñanza, incluyendo la universitaria, debe primar la gratuidad y la equidad. Cuando uno lee equidad y gratuidad, gratuidad con equidad, bueno, ve la combinación de dos términos muy buenos, que se supone que deben potenciarse y significar que la enseñanza es gratuita y que la equidad representará que habrá algún mecanismo para garantizar esa equidad para aquellos que no pueden acceder a los estudios, sobre todo a los universitarios. Y si bien hay un grupo de constitucionalistas que así lo interpretaron, bueno, ese grupo de constitucionalistas, aparentemente, a posteriori, ese grupo no tuvo poder. Y entonces la interpretación de gratuidad y equidad pasó por la de los constitucionalistas como Eduardo Menem o Dromi, quienes sostuvieron que gratuidad y equidad significaban que la enseñanza era gratuita y, para facilitar o favorecer la equidad, debían pagar aquellos que tuvieran plata para poder darles becas a los que no la tuvieran. Y con esto, nuevamente, una clara demostración del desentendimiento del Estado respecto de la educación superior. Desentendimiento que primó, obviamente, durante toda esa época, o que se sintió muy fuertemente en los noventa, y que influyó muy negativamente sobre la educación universitaria, porque además esa Ley de Educación Superior, que nace con ese principio, que eso es lo fuerte de la ley, creo que eso lo simboliza mucho. Tiene como ochenta artículos, es absolutamente reglamentarista, pero la fuerza, toda la ley subyace allí: que pague el que tiene para darle becas al que no tiene, con lo que significa, obviamente, la imposibilidad del acceso a los sectores populares a la enseñanza superior e, inclusive, de los sectores medios. La ley, por otro lado, esto lo marca claramente en dos pautas más que marcan esa cuestión del desentendimiento del Estado. En otro artículo establece que las universidades podrán fijar salarios: salarios de docentes, salarios de trabajadores no docentes, de personal de apoyo universitario. Indudablemente, esto significa que el presupuesto que establece la ley para mantener las universidades nacionales es un subsidio, con lo cual las universidades podrán distribuir ese subsidio hacia su interior, pero que inclusive el salario lo podrán fijar. Esto significa que se inició una fuerte fragmentación hacia el interior de las universidades, además, acompañadas de un escaso subsidio (porque no es presupuesto, es subsidio), para sobrevivir, instala al interior de cada universidad la puja salarial, cosa que indudablemente, desde mi punto de vista, es muy grave. Para los menemistas esto es dar una fuerte autonomía a las universidades. Es decir, esta concepción del Estado que se desentiende de la educación para ellos es reforzar la autonomía. Y el otro componente muy fuerte que tiene la ley es la famosa creación de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que más allá de que haya acreditación y evaluación, hoy el mundo universitario occidental existe en todas las universidades, puede ser que se instale, que esté, que se instaló. Pero viene acompañado, el artículo 42 y 43 de la ley, que habla de este tema de la acreditación, de las carreras de interés público, la acreditación obligatoria y de los alcances de los títulos excluyente, va acompañado de un artículo 76, o sea que es difícil encontrarlo rápidamente cuando uno lee la ley, que dice que las carreras que sean declaradas de interés público y que su evaluación no acredite las pautas mínimas, se podrá cerrar la matrícula. Este artículo 76 posiblemente sea el más peligroso, y además está tan alejado del 43 que casi ni se lo encuentra. Al establecer la declaración obligatoria de algunas carreras de interés público, y aquellas carreras serán las que tengan que ver sus profesionales con actividades de la importancia de afectar a la salud de los habitantes, el ambiente y demás, bueno, cualquiera que piense cuál es la carrera de interés público dice la Medicina, sin duda, es una carrera que afecta a toda la sociedad. Y entonces sí comienzan las acreditaciones de la carrera de Medicina y, bueno, ocho universidades públicas con Medicina, es una carrera que está en muy pocas universidades por razones de su costo, obviamente. Pero esto avanza, y como ese mismo artículo dice que cuando se declara un título de interés, los alcances del título son excluyentes para ese título comienza la puja de las corporaciones profesionales, y entonces esa puja de corporaciones hace que hoy prácticamente todas las corporaciones hayan pedido que su carrera, su título sea de interés público. Todas las ingenierías, la arquitectura, la veterinaria, la agronomía, la geología, la abogacía. Lo cual dijimos que es un buen antecedente, porque si todas siguen pujando por ser de interés público, porque esto lo estamos pidiendo, que todas sean de interés público, es imposible que un organismo de acreditación las pueda evaluar, así que por allí ayudamos a que esto se empiece a diluir o a desaparecer pujando por que todas sean de interés público. Y hoy es bastante lamentable ver cómo las corporaciones se están peleando en el consejo de universidades, que es el órgano que coordina estas cosas, peleando de una manera increíble. Hoy se están peleando los ingenieros agrimensores contra los ingenieros civiles, los bromatólogos contra los veterinarios…Hay una puja que indudablemente habla de un nuevo sistema universitario con muchas características, desde mi punto de vista, muy negativas, porque, bueno, junto con estos procesos se fue alentando en el sistema universitario argentino, con estas políticas neoliberales, la profesionalización de los estudios universitarios, es decir la universidad al servicio de la formación de profesionales, dejando de lado la universidad del pensamiento, de la reflexión, de las humanísticas, de las sociales, de todas estas asignaturas o disciplinas que, indudablemente, no son las de las profesiones liberales. Esto alentó y favoreció muchísimo la Ley de Educación Superior vigente. La otra característica de la ley vigente es una alta injerencia del Poder Ejecutivo, porque la ley establece que las universidades deben adecuar en plazos perentorios los estatutos a la nueva ley, y los estatutos tienen que ir al Ministerio de Educación, quien los tiene que aceptar, en definitiva. Caso de la Universidad Nacional de Salta, como muchas universidades. La mayoría, en este momento, en el 96, escriben en su estatuto que los estudios de grado son gratuitos. O sea Salta, la UNSa, establece la gratuidad de sus estudios de grado. Cuando ese estatuto va al Ministerio es observado y rechazado. Eso le pasó prácticamente a todas las universidades públicas. Cuando el estatuto es rechazado, la universidad se presenta a la Justicia. En ese momento de auge del 96 al 98, las universidades que se presentan a la Justicia plantean la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior por afectar, justamente, la autonomía universitaria y esta concepción o percepción de la gratuidad con equidad. La Corte adicta del momento rechaza todas las presentaciones de las universidades públicas. Rechaza primero a Córdoba, luego al resto. Se salvó la UBA por otro tema, y así que estamos con todos los estatutos observados. La Universidad Nacional de Salta no volvió a convocar a asamblea, como era la obligación supuesta establecida por la ley para modificar el estatuto, porque mientras esta cuestión existe, nadie se va a arriesgar a que una asamblea loca, difícil pero probable, diga “Hay que cumplir con la ley, hay que adecuar el estatuto”. Nosotros dijimos “nosotros no vamos a adecuar el estatuto, ni vamos a llamar una asamblea”, para nada, si está latente el peligro de que la enseñanza de grado pueda ser arancelada, si esta es la puerta última que nos queda para defender, en el marco de la actual ley. No tocar el estatuto de la Universidad Nacional de Salta, porque dice que los estudios son gratuitos, a pesar de que está observado. Después esto paso y se tranquilizaron un poco las aguas en cuanto a la injerencia del Poder Ejecutivo con el debilitamiento del menemismo, después se fue, y entonces, un poco, la situación política fue cambiando. Hoy tenemos una muy buena noticia que estábamos esperando los rectores, porque habían quedado dos universidades, la Universidad de General Sarmiento y la Universidad de La Plata con reclamos ante la Corte Suprema, fundamentalmente por la gratuidad de la enseñanza. Hace quince días, o diez, la nueva Corte…Digamos, la Corte anterior citó jurisprudencia, los estudios de grado pueden ser arancelados, esto ya está y es jurisprudencia de Corte. La Corte actual, ante el reclamo de La Plata y Sarmiento fija una nueva jurisprudencia y dice, más o menos, que en el marco de una nueva autonomía universitaria, la universidad puede establecer que los estudios son gratuitos, porque la interpretación que toma de gratuidad y equidad no es la de estos dos constitucionalistas que les decía al principio, sino del otro sector de constitucionalistas, entre ellos Jesús Rodríguez, que lo toma con mucha fuerza. Ese es el fallo de la Corte. Así que se abre un camino positivo, muy positivo en este sentido. El sistema universitario lo ha recibido con un gran placer al fallo de la nueva Corte. Y lo último, para terminar con esto y abrir un poco las preguntas, es que el Poder Ejecutivo, desde que estaba el ministro Filmus, nos había anunciado que le faltaba una tercera ley para modificar de las que había propuesto, que había sido la Ley Federal de Educación, la de enseñanza técnica y la de educación superior. La de educación superior no llegó a las cámaras en la gestión de Filmus y sí va a llegar a las cámaras en la gestión del ministro Tedesco. Para lo cual las Cámaras están trabajando un poco, fundamentalmente se está moviendo la presidenta de la comisión de educación de diputados, la diputada Adriana Puigrós, está comenzando todos los contactos, hizo contacto con FUA, hizo contacto con el CIN y con otras instituciones. Inclusive anunció la visita a universidades del interior para concentrarse desde algunas universidades a hacer un poco de debate, reunirse con los rectores de la región y consultar a las comunidades universitarias. Más allá de eso, creo que lo concreto es que quien va a presentar el proyecto de ley es el Poder Ejecutivo. Digamos que el Poder Ejecutivo lo va a poder estar planteando, si mantiene la postura del ministro Filmus apostando a la gratuidad de la enseñanza…Acá hay un dato histórico, la gratuidad de la enseñanza se estableció en la Argentina, la gratuidad de los estudios universitarios es del 51 ó 52, durante el gobierno peronista, por lo tanto es un principio peronista la gratuidad de la enseñanza, que esperemos que se sostenga, así lo anunciaron en su momento. Y por otro lado el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todos los rectores, el CIN, preparó un primer documento que se llama “Lineamientos para una Ley de Educación Superior”, donde creo que lo más importante, y con esto termino, es que se establece, en este documento breve, la interpretación de que la educación superior es un derecho humano y un bien público. Y esto refleja o contiene todo el sentido de lo que significa la gratuidad de la enseñanza de grado, los principios de la autonomía universitaria, el cogobierno y la representación. Así que, bueno, esto es un poco la síntesis de lo que está ocurriendo en este momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario