La Dama de Hierro

Por Daniel Avalos*

La Corte Suprema de Justicia resolverá en la semana si debe o no castigar la tenencia de drogas para consumo personal. La polémica se ha desatado, y para Sonia Escudero el debate es extravagante. Lo expresó en una nota firmada por ella en http://www.agensur.info/. Escudero, sabemos, es el rostro femenino del romerismo. Su escrito es impiadoso y se opone a que la “tenencia” deje de considerarse un delito: “La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal” (Ley 23.737, art. 14, párrafo 2). Seamos prudentes; que los expertos se encarguen de tema tan delicado. Sumerjámonos nosotros en los estilos y las concepciones romeristas. Concluyamos, primeramente, que a esa fracción política el debate la incomoda; repasemos, para ello, el título de la nota de Escudero: “Despenalización de la tenencia para el consumo: una discusión desgastante y poco productiva”. El romerismo no discute, el romerismo es ejecutivo. También es “eficientista”. Escudero afirma que el fracaso en la lucha contra las adicciones no radica en la ley, sino en los poderes políticos que no la aplicaron adecuadamente. La solución, entonces, es dejar de discutir y concentrarse en optimizar dicha ley. ¿Cómo?, se pregunta uno, y Escudero responde: el espíritu de la ley no es represivo, sino “terapéutico”. Aclara allí que el artículo 17 dispone que, de comprobarse que el culpable de cargar estupefacientes es un adicto, el juez “podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena” para someterlo a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación. Siendo entonces el espíritu de la ley terapéutico, y citando al diario La Nación, Escudero concluye una vez más que “el fracaso no es imputable a la ley, sino a los poderes políticos que no financiaron debidamente el tratamiento médico – psiquiátrico de los adictos”.

Entonces uno recurre a la historia reciente y descubre que el romerismo también es amnésico. Durante sus doce años de gestión, el Estado encaró la problemática con un “programa”. Se llamaba “Programa contra el abuso de drogas y alcohol”, dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia, y contaba con un presupuesto asombroso: $150.000 anuales. ¡El diario La Nación tenía razón!: los poderes políticos, el romerismo en este caso, no financiaban debidamente el tratamiento a los adictos. Y así seguimos descubriendo cosas; por ejemplo, que el actual gobierno del cambio, al menos, concretó uno en un año y medio de gestión. Convirtió al programa en Secretaría; cuadriplicó en el 2008 la cantidad de asistidos en la Provincia con respecto al 2007; entre enero y junio del presente año, ya asistió a más personas que todo el año pasado (Fuente: Secretaría de Lucha contra las Adicciones); incrementó los lugares en donde se recibe atención gratuita; fijó un patrón de asistencia que asegura que las prácticas brindadas sean las apropiadas; puso a funcionar una Unidad de Acompañamiento Nocturno en el Hospital Ragone; destinó este año un presupuesto de 3 millones de pesos, y gasta una cifra similar en la construcción de un Centro de Internación del Estado. Es cierto, lo hecho resulta insuficiente; también podrán los expertos discutir si las modalidades asumidas son las recomendables; pero, sin lugar a dudas, responde infinitamente más al espíritu de la ley que Escudero reivindica como la adecuada y que la gestión de la que ella fue parte no respetó. Escudero, por supuesto, no sufre de amnesia.
Pero dejemos de lado el estilo. Detengámonos ahora en las concepciones. Después de todo, el diario La Nación, y Escudero, pueden no tener la razón. Tal vez el problema no consista sólo en que los poderes políticos no apliquen la ley, sino en que el espíritu de la ley sea equivocado. Recordemos: esa ley y muchas otras enfatizan la importancia del tratamiento que los poderes no financian y también ponen el acento en la lucha contra la sustancia prohibida. Cuando se refiere a esto último, el tono de la Senadora se torna apocalíptico: “(…) La tenencia no sería posible con la adquisición del material prohibido, en una genuina –aunque rudimentaria- operación de compraventa. Ese dinero que el consumidor entrega a quien le suministra la droga es la fuente primaria del financiamiento y de la existencia misma del narcotráfico y de todos sus ejércitos de sicarios (…) El consumidor sabe que de esta manera contribuye decididamente al sostenimiento, supervivencia y desarrollo de la empresa criminal y que de este modo no propende solamente a su propio deterioro (…) sino que contribuye decididamente al envenenamiento y degradación de millones de personas y de los valores esenciales de la humanidad”. Puede que el modelo de Escudero sea Margaret Tatcher, que la dureza sea en ella un valor superior que debe ser alcanzado, no lo sabemos, pero el razonamiento es de un reduccionismo alarmante. Es el de aquellos que pretenden convencernos apelando a la vehemencia y no a la razón. Pone en igualdad de condiciones al adicto que, sin dudas, recurre muchas veces al delito improvisado y no exento de violencia, con el miembro de la red mafiosa que “delinque bien”, profesionalmente y planificando cómo maximizar la rentabilidad minimizando los riesgos. Es cierto: se tata de un párrafo furioso, inocuo para aquellos que sinceramente quieren ocuparse del problema de las adicciones. Conviene entonces tomarlo como un exabrupto y detenernos en la cuestión de fondo. Los expertos en adicciones están más preocupados por otras cosas. Por ejemplo, por diseñar políticas públicas que, sin descuidar el tratamiento y la lucha contra la sustancia, se ocupen de los sujetos y las condiciones de época que posibilitan que el mismo haga un uso irresponsable de las drogas. Un entorno social y cultural que constituye el punto de desequilibrio que posibilita que las adicciones hayan alcanzado las actuales y dramáticas dimensiones. Efectivamente, pensar que la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, como medida aislada, no resuelve el problema de las adicciones, no es una postura descabellada. El problema es que, para personas como Sonia Escudero, el plan integral parece reducido a la penalización de la tenencia. Un enfoque verdaderamente integral, que incluya la aproximación a los sujetos que consumen y a las condiciones de vida en las que se desarrollan, es algo que para los conservadores no merece ninguna atención. A esta “Dama de Hierro”, evidentemente, no parecen preocuparle las causas profundas de un problema social. Ella sólo quiere erradicar sus consecuencias. Quiere hacerlo con mano dura y cosificando la tenencia como un delito. El romerismo es así: duro, implacable y amante de despertar el odio antes que el amor.
Conviene entonces terminar oyendo a otras voces. Aquellas de menor exposición pública y con menos fuerza política aún para imponer otras razones. Los fundamentos de la propuesta de un Plan Provincial de Lucha Contra las Adicciones del diputado Carlos Morello vienen bien. Sobre todo los párrafos que se detienen en las adicciones que sufren millones de jóvenes, y en las condiciones de vida en las que se mueven: “Población sobrante por naturaleza, esa juventud está sujeta también a las lógicas de un mercado que propagandiza que cualquier producto tapa un problema, anestesiando entonces la resolución del mismo. No es casual que muchos profesionales clasifiquen al adicto como el sujeto ideal del mercado, es decir aquel que es capaz de recurrir a cualquier medio para acceder a la oferta que, en su caso particular, es la sustancia psicoactiva. Asistimos, sin embargo, a una problemática que trasciende la mera ecuación de oferta – demanda, pero que nace de ella. Un tipo de sociedad que, democratizando los deseos de acceder a los productos del mercado, no ha democratizado las posibilidades reales de acceder a ellos, generando así lo que muchos llaman la ‘sociedad del odio’. Un tipo de sociedad en donde la violencia se vuelve cruel, irracional, generalizada y casi siempre atribuida sin previa reflexión al adicto, al excluido o al empobrecido, a los que se estigmatiza como desquiciados individuales, y no como productos de un desajuste social que nos involucra a todos. En ese marco, constituye un error referirse a las adicciones como un flagelo, concepto que hace alusión a una especie de calamidad, a una desgracia que, siendo externa a la sociedad misma, esta no puede más que padecerla como un infortunio. Por el contrario, las características de esa sociedad no sólo explican la dimensión del fenómeno que padecen miles de argentinos, sino que también esa misma sociedad tiene mucho por hacer para empezar a cambiar la situación”. (www.diputadomorello.websitum.com/ Plan nacional de lucha contra las adicciones)

*Lic. en Historia - ISEPCi Salta