Por Juan Pablo Balderrama*
El diputado nacional electo Alfredo Olmedo sostiene que ha convertido a Anta en un modelo de desarrollo que es ejemplo de la Nación. Un análisis riguroso de los indicadores sociales muestra, contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, que el lugar donde se produce la actividad económica sojera no supone un desarrollo económico y social para el conjunto de la población y que ni siquiera aspira a tenerlo. Olmedo, sin reticencia alguna, dijo la semana pasada que deseaba transformar a Salta, y que Anta sería el estadio máximo de sus aspiraciones. Parece prudente entonces observar cuáles son las características de esta nueva Metrópoli Latinoamericana.
El departamento de Anta tiene la mayor cantidad de superficie plantada en el territorio de la provincia, superando por lejos las 300 mil hectáreas que arrojaban los datos del Censo Nacional Agropecuario en el año 2002. De este número, la mayoría, casi el 50%, se destina a las oleaginosas (eufemismo utilizado para no decir “soja”). A su vez, la participación de las oleaginosas en el Producto Bruto Geográfico provincial (PBG) -indicador que resulta de la suma total de la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestra provincia- muestra, en al caso de las oleaginosas, un sostenido aumento desde su boom en los 90, llegando a representar el 10,3% para el año 2007.
El Valor Bruto de la Producción de los “humildes” productores agropecuarios, que defienden tanto Olmedo como sus compañeros de la Mesa de Enlace, alcanzó valores siderales para una provincia de las características de Salta. Ha superado, en el año 2007, los 923 millones de pesos CONSTANTES (es decir, habiendo descontado ya el impacto de la inflación), según datos de la Dirección General de Estadísticas. A primera vista parece que les va bastante bien a los anteños; ahora bien, ¿esta increíble productividad se vio volcada al departamento, sus municipios y su gente? La respuesta es no. En Salta no existe derrame y las consecuencias de la ridícula distribución del ingreso que ostenta y de una estructura impositiva totalmente regresiva, son capaces de producir las siguientes disparidades.
Concentración de la riqueza y deuda social
Anta está integrado por cinco municipios: Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González y Las Lajitas. El desarrollo en cada uno de estos no parece ser el mejor. Ciertos indicadores, como el Índice de Necesidades Sociales (INS), muestran un panorama desalentador para esos distritos. El INS refleja de forma conjunta el estado de la Salud, la Educación (como bienes públicos) y la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La tabla 1 puede ilustrar el estado de algunos indicadores sociales en los municipios del “paraíso”.
Tabla1: Necesidades Sociales*
El diputado nacional electo Alfredo Olmedo sostiene que ha convertido a Anta en un modelo de desarrollo que es ejemplo de la Nación. Un análisis riguroso de los indicadores sociales muestra, contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, que el lugar donde se produce la actividad económica sojera no supone un desarrollo económico y social para el conjunto de la población y que ni siquiera aspira a tenerlo. Olmedo, sin reticencia alguna, dijo la semana pasada que deseaba transformar a Salta, y que Anta sería el estadio máximo de sus aspiraciones. Parece prudente entonces observar cuáles son las características de esta nueva Metrópoli Latinoamericana.
El departamento de Anta tiene la mayor cantidad de superficie plantada en el territorio de la provincia, superando por lejos las 300 mil hectáreas que arrojaban los datos del Censo Nacional Agropecuario en el año 2002. De este número, la mayoría, casi el 50%, se destina a las oleaginosas (eufemismo utilizado para no decir “soja”). A su vez, la participación de las oleaginosas en el Producto Bruto Geográfico provincial (PBG) -indicador que resulta de la suma total de la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestra provincia- muestra, en al caso de las oleaginosas, un sostenido aumento desde su boom en los 90, llegando a representar el 10,3% para el año 2007.
El Valor Bruto de la Producción de los “humildes” productores agropecuarios, que defienden tanto Olmedo como sus compañeros de la Mesa de Enlace, alcanzó valores siderales para una provincia de las características de Salta. Ha superado, en el año 2007, los 923 millones de pesos CONSTANTES (es decir, habiendo descontado ya el impacto de la inflación), según datos de la Dirección General de Estadísticas. A primera vista parece que les va bastante bien a los anteños; ahora bien, ¿esta increíble productividad se vio volcada al departamento, sus municipios y su gente? La respuesta es no. En Salta no existe derrame y las consecuencias de la ridícula distribución del ingreso que ostenta y de una estructura impositiva totalmente regresiva, son capaces de producir las siguientes disparidades.
Concentración de la riqueza y deuda social
Anta está integrado por cinco municipios: Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González y Las Lajitas. El desarrollo en cada uno de estos no parece ser el mejor. Ciertos indicadores, como el Índice de Necesidades Sociales (INS), muestran un panorama desalentador para esos distritos. El INS refleja de forma conjunta el estado de la Salud, la Educación (como bienes públicos) y la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La tabla 1 puede ilustrar el estado de algunos indicadores sociales en los municipios del “paraíso”.Tabla1: Necesidades Sociales*
Municipio NBI Congestión Salud Acceso Educación
Apolinario Saravia 45% 4.897 87%
El Quebrachal 41% 2.268 85%
General Pizarro 55% 1.578 85%
Joaquín V. Gonzalez 44% 3.928 85%
Las Lajitas 44% 3.896 82%
* Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Estadísticas y Programa Estadístico del Ministerio de Salud Pública.
La segunda columna muestra el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los departamentos. Conviene precisar aquí que tales porcentajes superan ampliamente la media provincial, situada en 27,5%. El dato de General Pizarro es casi macabro: de cada 100 personas, 55 de ellas no tiene acceso a agua potable, a sistema de saneamiento, o presenta condiciones de vivienda inadecuadas para su grupo familiar, hacinamiento crítico, alta dependencia económica, miseria, y niños de entre 7 y 11 años que no asisten a la escuela.
Como se verá, dicho indicador en todo el departamento no baja del 44%, mostrando una vulnerabilidad exacerbada de gran proporción de la población de estos municipios. A continuación, en la columna 3, observamos el estado de la Salud, representado por un indicador de congestión, que se mide por la cantidad de consultas hospitalarias que debe atender por año por unidad sanitaria. Sólo dos de los cinco municipios muestran mejor indicador que la media de la Provincia, que se sitúa en 3.286 consultas por unidad asistencial; sin embargo, en el caso de General Pizarro debe prestarse mucha atención, puesto que, si bien tiene muy baja congestión, las unidades asistenciales no son las adecuadas, al igual que en Apolinario Saravia. En su mayoría, se trata de Puestos Sanitarios o de Emergencia, que no cuentan con médicos a cargo todos los días de la semana.
Finalmente, la última columna muestra el porcentaje de acceso a la educación. Este se mide según la cantidad de personas en edad escolar que realmente acceden a este derecho. En el caso de Anta, las estadísticas de todo el departamento se encuentran por debajo de la media provincial, que se sitúa en un 90% de acceso, mientras que en el caso de las Lajitas (el más preocupante), de cada 100 niños, 18 no asisten a la escuela. El sector más afectado es el de la franja de edad correspondiente al estudio del Nivel Polimodal.
Anta y la precariedad institucional
Como se pudo observar, las variables sociales que caracterizan a los distritos del Departamento de Anta se encuentran muy alejadas de lo que puede considerarse como adecuado. No obstante, no sólo las personas se encuentran exentas de las superganancias de los empresarios agropecuarios, sino que también estos municipios institucionalmente son muy frágiles. Síntoma claro de esta debilidad es el exiguo monto de recaudación de los mismos. Resulta ser que los “regímenes de promoción” a las inversiones aprobados en la provincia desde el año 1980, permiten que la mayoría de las actividades económicas (las grandes actividades)
puedan estar exentas de tributos. Leyes de promoción que, además, “recomiendan”, es decir obligan, a que los municipios eximan de impuestos a todas estas actividades. Este puede ser uno de los motivos que explique por qué las arcas municipales se encuentran vacías, sin olvidar, claro está, que la mayoría de los mismos no cuenta con la estructura necesaria para cobrar tributos.
Este coctail de exención – elusión – evasión, terminó por perjudicar enormemente a las finanzas municipales; tal es así, que todos los municipios presentan sucesivos déficit. Los últimos datos disponibles pertenecientes al Ministerio de Finanzas de la provincia y que corresponden al periodo 2007, muestran que, en el caso del municipio de El Quebrachal, el déficit llega al 37% de sus ingresos totales (esto es, ingresos propios del municipio más lo que recibe de coparticipación); Las Lajitas y General Pizarro en negativo por casi el 15% de sus ingresos totales, mientras que Joaquín V. González y Apolinario Saravia muestran menores desequilibrios fiscales. Sin embargo, los problemas no terminan aquí: además de mostrar tablas en rojo, estos distritos, como la gran mayoría de los municipios de la provincia, mantienen niveles de dependencia de la coparticipación provincial muy marcados.
El gráfico muestra la proporción en que los municipios salteños dependen de la coparticipación provincial. Los datos son elocuentes: 44 de un total de 59 municipios dependen en más de un 75% de las sumas enviadas por el Gobierno provincial. Vale decir, de cada 100 pesos de ingresos con los que cuenta el municipio, más de 75 provienen de la coparticipación; 13 de ellos dependen entre un 50% y 75% y tan sólo dos dependen en menos de un 50% de lo transferido por la provincia. En el caso de los distritos correspondientes al departamento de Anta, tres de ellos corresponden al primer grupo y dos, al segundo. Como se podrá ver, estas economías dinámicas a las que alude el discurso del senador Olmedo ni siquiera poseen la suficiencia financiera para solventar el 15% de sus gastos corrientes en el mejor de los casos. Gastos fiscales que deberían tender a modificar la inequitativa distribución de la riqueza, mostrada ya por el comportamiento de los indicadores sociales.
Contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, el lugar donde se produce la actividad económica no muestra desarrollo, ni siquiera aspira a tenerlo. ¿En qué es lo que falla? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza de la actividad económica en consideración y con las relaciones sociales subyacentes. En relación a la naturaleza de la actividad económica, la explotación latifundista de la soja (no existe otra forma, puesto que no es rentable si se produce en pocas hectáreas) no es una actividad que tenga efecto multiplicador. Esto quiere decir que una inversión en este sector de la economía no tiene la capacidad de incrementar la actividad económica en otros sectores, ni tampoco de generar mucha incidencia en el empleo, dos características que cualquier actividad que se precie de llamarse a sí misma “economía regional”
debe tener. El caso de la soja es muy particular, puesto que ni siquiera se consume en el país, y por ende ni siquiera se utiliza para fortalecer el mercado interno, políticas que cualquier país sensato del mundo aplica antes de trazar una estrategia exportadora.
Por otra parte, esta actividad, al estar desligada de cualquier obligación tributaria, no repercute en las disponibilidades con las que pueda contar la autoridad estatal. El modelo no lo permite, puesto que está basado en la errónea concepción de pensar que, despreciando la propiedad pública y privilegiando la propiedad privada y la actividad económica que ella genera, se puede llegar a mayores niveles de bienestar. El modelo funciona hace ya casi treinta años en la provincia, y esta provincia no vio los frutos del incremento de la actividad económica.
* Economista ISEPCi – Salta
El Quebrachal 41% 2.268 85%
General Pizarro 55% 1.578 85%
Joaquín V. Gonzalez 44% 3.928 85%
Las Lajitas 44% 3.896 82%
* Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Estadísticas y Programa Estadístico del Ministerio de Salud Pública.
La segunda columna muestra el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los departamentos. Conviene precisar aquí que tales porcentajes superan ampliamente la media provincial, situada en 27,5%. El dato de General Pizarro es casi macabro: de cada 100 personas, 55 de ellas no tiene acceso a agua potable, a sistema de saneamiento, o presenta condiciones de vivienda inadecuadas para su grupo familiar, hacinamiento crítico, alta dependencia económica, miseria, y niños de entre 7 y 11 años que no asisten a la escuela.
Como se verá, dicho indicador en todo el departamento no baja del 44%, mostrando una vulnerabilidad exacerbada de gran proporción de la población de estos municipios. A continuación, en la columna 3, observamos el estado de la Salud, representado por un indicador de congestión, que se mide por la cantidad de consultas hospitalarias que debe atender por año por unidad sanitaria. Sólo dos de los cinco municipios muestran mejor indicador que la media de la Provincia, que se sitúa en 3.286 consultas por unidad asistencial; sin embargo, en el caso de General Pizarro debe prestarse mucha atención, puesto que, si bien tiene muy baja congestión, las unidades asistenciales no son las adecuadas, al igual que en Apolinario Saravia. En su mayoría, se trata de Puestos Sanitarios o de Emergencia, que no cuentan con médicos a cargo todos los días de la semana.Finalmente, la última columna muestra el porcentaje de acceso a la educación. Este se mide según la cantidad de personas en edad escolar que realmente acceden a este derecho. En el caso de Anta, las estadísticas de todo el departamento se encuentran por debajo de la media provincial, que se sitúa en un 90% de acceso, mientras que en el caso de las Lajitas (el más preocupante), de cada 100 niños, 18 no asisten a la escuela. El sector más afectado es el de la franja de edad correspondiente al estudio del Nivel Polimodal.
Anta y la precariedad institucional
Como se pudo observar, las variables sociales que caracterizan a los distritos del Departamento de Anta se encuentran muy alejadas de lo que puede considerarse como adecuado. No obstante, no sólo las personas se encuentran exentas de las superganancias de los empresarios agropecuarios, sino que también estos municipios institucionalmente son muy frágiles. Síntoma claro de esta debilidad es el exiguo monto de recaudación de los mismos. Resulta ser que los “regímenes de promoción” a las inversiones aprobados en la provincia desde el año 1980, permiten que la mayoría de las actividades económicas (las grandes actividades)
puedan estar exentas de tributos. Leyes de promoción que, además, “recomiendan”, es decir obligan, a que los municipios eximan de impuestos a todas estas actividades. Este puede ser uno de los motivos que explique por qué las arcas municipales se encuentran vacías, sin olvidar, claro está, que la mayoría de los mismos no cuenta con la estructura necesaria para cobrar tributos.Este coctail de exención – elusión – evasión, terminó por perjudicar enormemente a las finanzas municipales; tal es así, que todos los municipios presentan sucesivos déficit. Los últimos datos disponibles pertenecientes al Ministerio de Finanzas de la provincia y que corresponden al periodo 2007, muestran que, en el caso del municipio de El Quebrachal, el déficit llega al 37% de sus ingresos totales (esto es, ingresos propios del municipio más lo que recibe de coparticipación); Las Lajitas y General Pizarro en negativo por casi el 15% de sus ingresos totales, mientras que Joaquín V. González y Apolinario Saravia muestran menores desequilibrios fiscales. Sin embargo, los problemas no terminan aquí: además de mostrar tablas en rojo, estos distritos, como la gran mayoría de los municipios de la provincia, mantienen niveles de dependencia de la coparticipación provincial muy marcados.
El gráfico muestra la proporción en que los municipios salteños dependen de la coparticipación provincial. Los datos son elocuentes: 44 de un total de 59 municipios dependen en más de un 75% de las sumas enviadas por el Gobierno provincial. Vale decir, de cada 100 pesos de ingresos con los que cuenta el municipio, más de 75 provienen de la coparticipación; 13 de ellos dependen entre un 50% y 75% y tan sólo dos dependen en menos de un 50% de lo transferido por la provincia. En el caso de los distritos correspondientes al departamento de Anta, tres de ellos corresponden al primer grupo y dos, al segundo. Como se podrá ver, estas economías dinámicas a las que alude el discurso del senador Olmedo ni siquiera poseen la suficiencia financiera para solventar el 15% de sus gastos corrientes en el mejor de los casos. Gastos fiscales que deberían tender a modificar la inequitativa distribución de la riqueza, mostrada ya por el comportamiento de los indicadores sociales.
Contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, el lugar donde se produce la actividad económica no muestra desarrollo, ni siquiera aspira a tenerlo. ¿En qué es lo que falla? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza de la actividad económica en consideración y con las relaciones sociales subyacentes. En relación a la naturaleza de la actividad económica, la explotación latifundista de la soja (no existe otra forma, puesto que no es rentable si se produce en pocas hectáreas) no es una actividad que tenga efecto multiplicador. Esto quiere decir que una inversión en este sector de la economía no tiene la capacidad de incrementar la actividad económica en otros sectores, ni tampoco de generar mucha incidencia en el empleo, dos características que cualquier actividad que se precie de llamarse a sí misma “economía regional”
debe tener. El caso de la soja es muy particular, puesto que ni siquiera se consume en el país, y por ende ni siquiera se utiliza para fortalecer el mercado interno, políticas que cualquier país sensato del mundo aplica antes de trazar una estrategia exportadora. Por otra parte, esta actividad, al estar desligada de cualquier obligación tributaria, no repercute en las disponibilidades con las que pueda contar la autoridad estatal. El modelo no lo permite, puesto que está basado en la errónea concepción de pensar que, despreciando la propiedad pública y privilegiando la propiedad privada y la actividad económica que ella genera, se puede llegar a mayores niveles de bienestar. El modelo funciona hace ya casi treinta años en la provincia, y esta provincia no vio los frutos del incremento de la actividad económica.
* Economista ISEPCi – Salta
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