La Dama de Hierro

Por Daniel Avalos*

La Corte Suprema de Justicia resolverá en la semana si debe o no castigar la tenencia de drogas para consumo personal. La polémica se ha desatado, y para Sonia Escudero el debate es extravagante. Lo expresó en una nota firmada por ella en http://www.agensur.info/. Escudero, sabemos, es el rostro femenino del romerismo. Su escrito es impiadoso y se opone a que la “tenencia” deje de considerarse un delito: “La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal” (Ley 23.737, art. 14, párrafo 2). Seamos prudentes; que los expertos se encarguen de tema tan delicado. Sumerjámonos nosotros en los estilos y las concepciones romeristas. Concluyamos, primeramente, que a esa fracción política el debate la incomoda; repasemos, para ello, el título de la nota de Escudero: “Despenalización de la tenencia para el consumo: una discusión desgastante y poco productiva”. El romerismo no discute, el romerismo es ejecutivo. También es “eficientista”. Escudero afirma que el fracaso en la lucha contra las adicciones no radica en la ley, sino en los poderes políticos que no la aplicaron adecuadamente. La solución, entonces, es dejar de discutir y concentrarse en optimizar dicha ley. ¿Cómo?, se pregunta uno, y Escudero responde: el espíritu de la ley no es represivo, sino “terapéutico”. Aclara allí que el artículo 17 dispone que, de comprobarse que el culpable de cargar estupefacientes es un adicto, el juez “podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena” para someterlo a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación. Siendo entonces el espíritu de la ley terapéutico, y citando al diario La Nación, Escudero concluye una vez más que “el fracaso no es imputable a la ley, sino a los poderes políticos que no financiaron debidamente el tratamiento médico – psiquiátrico de los adictos”.

Entonces uno recurre a la historia reciente y descubre que el romerismo también es amnésico. Durante sus doce años de gestión, el Estado encaró la problemática con un “programa”. Se llamaba “Programa contra el abuso de drogas y alcohol”, dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia, y contaba con un presupuesto asombroso: $150.000 anuales. ¡El diario La Nación tenía razón!: los poderes políticos, el romerismo en este caso, no financiaban debidamente el tratamiento a los adictos. Y así seguimos descubriendo cosas; por ejemplo, que el actual gobierno del cambio, al menos, concretó uno en un año y medio de gestión. Convirtió al programa en Secretaría; cuadriplicó en el 2008 la cantidad de asistidos en la Provincia con respecto al 2007; entre enero y junio del presente año, ya asistió a más personas que todo el año pasado (Fuente: Secretaría de Lucha contra las Adicciones); incrementó los lugares en donde se recibe atención gratuita; fijó un patrón de asistencia que asegura que las prácticas brindadas sean las apropiadas; puso a funcionar una Unidad de Acompañamiento Nocturno en el Hospital Ragone; destinó este año un presupuesto de 3 millones de pesos, y gasta una cifra similar en la construcción de un Centro de Internación del Estado. Es cierto, lo hecho resulta insuficiente; también podrán los expertos discutir si las modalidades asumidas son las recomendables; pero, sin lugar a dudas, responde infinitamente más al espíritu de la ley que Escudero reivindica como la adecuada y que la gestión de la que ella fue parte no respetó. Escudero, por supuesto, no sufre de amnesia.
Pero dejemos de lado el estilo. Detengámonos ahora en las concepciones. Después de todo, el diario La Nación, y Escudero, pueden no tener la razón. Tal vez el problema no consista sólo en que los poderes políticos no apliquen la ley, sino en que el espíritu de la ley sea equivocado. Recordemos: esa ley y muchas otras enfatizan la importancia del tratamiento que los poderes no financian y también ponen el acento en la lucha contra la sustancia prohibida. Cuando se refiere a esto último, el tono de la Senadora se torna apocalíptico: “(…) La tenencia no sería posible con la adquisición del material prohibido, en una genuina –aunque rudimentaria- operación de compraventa. Ese dinero que el consumidor entrega a quien le suministra la droga es la fuente primaria del financiamiento y de la existencia misma del narcotráfico y de todos sus ejércitos de sicarios (…) El consumidor sabe que de esta manera contribuye decididamente al sostenimiento, supervivencia y desarrollo de la empresa criminal y que de este modo no propende solamente a su propio deterioro (…) sino que contribuye decididamente al envenenamiento y degradación de millones de personas y de los valores esenciales de la humanidad”. Puede que el modelo de Escudero sea Margaret Tatcher, que la dureza sea en ella un valor superior que debe ser alcanzado, no lo sabemos, pero el razonamiento es de un reduccionismo alarmante. Es el de aquellos que pretenden convencernos apelando a la vehemencia y no a la razón. Pone en igualdad de condiciones al adicto que, sin dudas, recurre muchas veces al delito improvisado y no exento de violencia, con el miembro de la red mafiosa que “delinque bien”, profesionalmente y planificando cómo maximizar la rentabilidad minimizando los riesgos. Es cierto: se tata de un párrafo furioso, inocuo para aquellos que sinceramente quieren ocuparse del problema de las adicciones. Conviene entonces tomarlo como un exabrupto y detenernos en la cuestión de fondo. Los expertos en adicciones están más preocupados por otras cosas. Por ejemplo, por diseñar políticas públicas que, sin descuidar el tratamiento y la lucha contra la sustancia, se ocupen de los sujetos y las condiciones de época que posibilitan que el mismo haga un uso irresponsable de las drogas. Un entorno social y cultural que constituye el punto de desequilibrio que posibilita que las adicciones hayan alcanzado las actuales y dramáticas dimensiones. Efectivamente, pensar que la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, como medida aislada, no resuelve el problema de las adicciones, no es una postura descabellada. El problema es que, para personas como Sonia Escudero, el plan integral parece reducido a la penalización de la tenencia. Un enfoque verdaderamente integral, que incluya la aproximación a los sujetos que consumen y a las condiciones de vida en las que se desarrollan, es algo que para los conservadores no merece ninguna atención. A esta “Dama de Hierro”, evidentemente, no parecen preocuparle las causas profundas de un problema social. Ella sólo quiere erradicar sus consecuencias. Quiere hacerlo con mano dura y cosificando la tenencia como un delito. El romerismo es así: duro, implacable y amante de despertar el odio antes que el amor.
Conviene entonces terminar oyendo a otras voces. Aquellas de menor exposición pública y con menos fuerza política aún para imponer otras razones. Los fundamentos de la propuesta de un Plan Provincial de Lucha Contra las Adicciones del diputado Carlos Morello vienen bien. Sobre todo los párrafos que se detienen en las adicciones que sufren millones de jóvenes, y en las condiciones de vida en las que se mueven: “Población sobrante por naturaleza, esa juventud está sujeta también a las lógicas de un mercado que propagandiza que cualquier producto tapa un problema, anestesiando entonces la resolución del mismo. No es casual que muchos profesionales clasifiquen al adicto como el sujeto ideal del mercado, es decir aquel que es capaz de recurrir a cualquier medio para acceder a la oferta que, en su caso particular, es la sustancia psicoactiva. Asistimos, sin embargo, a una problemática que trasciende la mera ecuación de oferta – demanda, pero que nace de ella. Un tipo de sociedad que, democratizando los deseos de acceder a los productos del mercado, no ha democratizado las posibilidades reales de acceder a ellos, generando así lo que muchos llaman la ‘sociedad del odio’. Un tipo de sociedad en donde la violencia se vuelve cruel, irracional, generalizada y casi siempre atribuida sin previa reflexión al adicto, al excluido o al empobrecido, a los que se estigmatiza como desquiciados individuales, y no como productos de un desajuste social que nos involucra a todos. En ese marco, constituye un error referirse a las adicciones como un flagelo, concepto que hace alusión a una especie de calamidad, a una desgracia que, siendo externa a la sociedad misma, esta no puede más que padecerla como un infortunio. Por el contrario, las características de esa sociedad no sólo explican la dimensión del fenómeno que padecen miles de argentinos, sino que también esa misma sociedad tiene mucho por hacer para empezar a cambiar la situación”. (www.diputadomorello.websitum.com/ Plan nacional de lucha contra las adicciones)

*Lic. en Historia - ISEPCi Salta

¿Anta somos todos?

Por Juan Pablo Balderrama*

El diputado nacional electo Alfredo Olmedo sostiene que ha convertido a Anta en un modelo de desarrollo que es ejemplo de la Nación. Un análisis riguroso de los indicadores sociales muestra, contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, que el lugar donde se produce la actividad económica sojera no supone un desarrollo económico y social para el conjunto de la población y que ni siquiera aspira a tenerlo. Olmedo, sin reticencia alguna, dijo la semana pasada que deseaba transformar a Salta, y que Anta sería el estadio máximo de sus aspiraciones. Parece prudente entonces observar cuáles son las características de esta nueva Metrópoli Latinoamericana.
El departamento de Anta tiene la mayor cantidad de superficie plantada en el territorio de la provincia, superando por lejos las 300 mil hectáreas que arrojaban los datos del Censo Nacional Agropecuario en el año 2002. De este número, la mayoría, casi el 50%, se destina a las oleaginosas (eufemismo utilizado para no decir “soja”). A su vez, la participación de las oleaginosas en el Producto Bruto Geográfico provincial (PBG) -indicador que resulta de la suma total de la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestra provincia- muestra, en al caso de las oleaginosas, un sostenido aumento desde su boom en los 90, llegando a representar el 10,3% para el año 2007.
El Valor Bruto de la Producción de los “humildes” productores agropecuarios, que defienden tanto Olmedo como sus compañeros de la Mesa de Enlace, alcanzó valores siderales para una provincia de las características de Salta. Ha superado, en el año 2007, los 923 millones de pesos CONSTANTES (es decir, habiendo descontado ya el impacto de la inflación), según datos de la Dirección General de Estadísticas. A primera vista parece que les va bastante bien a los anteños; ahora bien, ¿esta increíble productividad se vio volcada al departamento, sus municipios y su gente? La respuesta es no. En Salta no existe derrame y las consecuencias de la ridícula distribución del ingreso que ostenta y de una estructura impositiva totalmente regresiva, son capaces de producir las siguientes disparidades.

Concentración de la riqueza y deuda social

Anta está integrado por cinco municipios: Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González y Las Lajitas. El desarrollo en cada uno de estos no parece ser el mejor. Ciertos indicadores, como el Índice de Necesidades Sociales (INS), muestran un panorama desalentador para esos distritos. El INS refleja de forma conjunta el estado de la Salud, la Educación (como bienes públicos) y la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La tabla 1 puede ilustrar el estado de algunos indicadores sociales en los municipios del “paraíso”.

Tabla1: Necesidades Sociales*

Municipio NBI Congestión Salud Acceso Educación

Apolinario Saravia 45% 4.897 87%
El Quebrachal 41% 2.268 85%
General Pizarro 55% 1.578 85%
Joaquín V. Gonzalez 44% 3.928 85%
Las Lajitas 44% 3.896 82%


* Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Estadísticas y Programa Estadístico del Ministerio de Salud Pública.

La segunda columna muestra el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los departamentos. Conviene precisar aquí que tales porcentajes superan ampliamente la media provincial, situada en 27,5%. El dato de General Pizarro es casi macabro: de cada 100 personas, 55 de ellas no tiene acceso a agua potable, a sistema de saneamiento, o presenta condiciones de vivienda inadecuadas para su grupo familiar, hacinamiento crítico, alta dependencia económica, miseria, y niños de entre 7 y 11 años que no asisten a la escuela. Como se verá, dicho indicador en todo el departamento no baja del 44%, mostrando una vulnerabilidad exacerbada de gran proporción de la población de estos municipios. A continuación, en la columna 3, observamos el estado de la Salud, representado por un indicador de congestión, que se mide por la cantidad de consultas hospitalarias que debe atender por año por unidad sanitaria. Sólo dos de los cinco municipios muestran mejor indicador que la media de la Provincia, que se sitúa en 3.286 consultas por unidad asistencial; sin embargo, en el caso de General Pizarro debe prestarse mucha atención, puesto que, si bien tiene muy baja congestión, las unidades asistenciales no son las adecuadas, al igual que en Apolinario Saravia. En su mayoría, se trata de Puestos Sanitarios o de Emergencia, que no cuentan con médicos a cargo todos los días de la semana.
Finalmente, la última columna muestra el porcentaje de acceso a la educación. Este se mide según la cantidad de personas en edad escolar que realmente acceden a este derecho. En el caso de Anta, las estadísticas de todo el departamento se encuentran por debajo de la media provincial, que se sitúa en un 90% de acceso, mientras que en el caso de las Lajitas (el más preocupante), de cada 100 niños, 18 no asisten a la escuela. El sector más afectado es el de la franja de edad correspondiente al estudio del Nivel Polimodal.

Anta y la precariedad institucional

Como se pudo observar, las variables sociales que caracterizan a los distritos del Departamento de Anta se encuentran muy alejadas de lo que puede considerarse como adecuado. No obstante, no sólo las personas se encuentran exentas de las superganancias de los empresarios agropecuarios, sino que también estos municipios institucionalmente son muy frágiles. Síntoma claro de esta debilidad es el exiguo monto de recaudación de los mismos. Resulta ser que los “regímenes de promoción” a las inversiones aprobados en la provincia desde el año 1980, permiten que la mayoría de las actividades económicas (las grandes actividades) puedan estar exentas de tributos. Leyes de promoción que, además, “recomiendan”, es decir obligan, a que los municipios eximan de impuestos a todas estas actividades. Este puede ser uno de los motivos que explique por qué las arcas municipales se encuentran vacías, sin olvidar, claro está, que la mayoría de los mismos no cuenta con la estructura necesaria para cobrar tributos.
Este coctail de exención – elusión – evasión, terminó por perjudicar enormemente a las finanzas municipales; tal es así, que todos los municipios presentan sucesivos déficit. Los últimos datos disponibles pertenecientes al Ministerio de Finanzas de la provincia y que corresponden al periodo 2007, muestran que, en el caso del municipio de El Quebrachal, el déficit llega al 37% de sus ingresos totales (esto es, ingresos propios del municipio más lo que recibe de coparticipación); Las Lajitas y General Pizarro en negativo por casi el 15% de sus ingresos totales, mientras que Joaquín V. González y Apolinario Saravia muestran menores desequilibrios fiscales. Sin embargo, los problemas no terminan aquí: además de mostrar tablas en rojo, estos distritos, como la gran mayoría de los municipios de la provincia, mantienen niveles de dependencia de la coparticipación provincial muy marcados.


El gráfico muestra la proporción en que los municipios salteños dependen de la coparticipación provincial. Los datos son elocuentes: 44 de un total de 59 municipios dependen en más de un 75% de las sumas enviadas por el Gobierno provincial. Vale decir, de cada 100 pesos de ingresos con los que cuenta el municipio, más de 75 provienen de la coparticipación; 13 de ellos dependen entre un 50% y 75% y tan sólo dos dependen en menos de un 50% de lo transferido por la provincia. En el caso de los distritos correspondientes al departamento de Anta, tres de ellos corresponden al primer grupo y dos, al segundo. Como se podrá ver, estas economías dinámicas a las que alude el discurso del senador Olmedo ni siquiera poseen la suficiencia financiera para solventar el 15% de sus gastos corrientes en el mejor de los casos. Gastos fiscales que deberían tender a modificar la inequitativa distribución de la riqueza, mostrada ya por el comportamiento de los indicadores sociales.
Contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, el lugar donde se produce la actividad económica no muestra desarrollo, ni siquiera aspira a tenerlo. ¿En qué es lo que falla? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza de la actividad económica en consideración y con las relaciones sociales subyacentes. En relación a la naturaleza de la actividad económica, la explotación latifundista de la soja (no existe otra forma, puesto que no es rentable si se produce en pocas hectáreas) no es una actividad que tenga efecto multiplicador. Esto quiere decir que una inversión en este sector de la economía no tiene la capacidad de incrementar la actividad económica en otros sectores, ni tampoco de generar mucha incidencia en el empleo, dos características que cualquier actividad que se precie de llamarse a sí misma “economía regional” debe tener. El caso de la soja es muy particular, puesto que ni siquiera se consume en el país, y por ende ni siquiera se utiliza para fortalecer el mercado interno, políticas que cualquier país sensato del mundo aplica antes de trazar una estrategia exportadora.
Por otra parte, esta actividad, al estar desligada de cualquier obligación tributaria, no repercute en las disponibilidades con las que pueda contar la autoridad estatal. El modelo no lo permite, puesto que está basado en la errónea concepción de pensar que, despreciando la propiedad pública y privilegiando la propiedad privada y la actividad económica que ella genera, se puede llegar a mayores niveles de bienestar. El modelo funciona hace ya casi treinta años en la provincia, y esta provincia no vio los frutos del incremento de la actividad económica.
* Economista ISEPCi – Salta

El mal mayor

Por Daniel Avalos (Lic. en Historia, ISEPCi Salta)

Volvió Alfredo Olmedo durante la semana y fue noticia. No parecía ser el de antes de las elecciones de junio: hombre encongido y de hablar monosilábico. Las fotos publicadas el miércoles 12, de la reunión que los senadores sostuvieron con el Ministro de Medio Ambiente, lo mostraron sentado erguidamente. Tiene sentido. Ahora es Olmedo y su 17% de los votos. Entonces reapareció, letal y autorizado. Por eso increpó al Ministro, reclamándole que al mapa que indica las zonas autorizadas para el desmonte lo “pinte todo de verde y ponga el control necesario”. No fue un exabrupto, un dicho inconveniente e inesperado de alguien que no midió las consecuencias. Una interpretación de esas sería subestimar a Olmedo, y Olmedo, evidentemente, no se está subestimando. Liderando a los senadores de la reunión, expresando lo que ha expresado, reclamando lo que ha reclamado, dejó en claro que pretende ser un conductor. Como todo aspirante a conductor, tiene un plan en marcha y, también, un horizonte claro hacia donde llevar al rebaño. Lo dijo en un programa de radio: Anta es el puerto deseado, “una economía en movimiento que es ejemplo de la Nación.”
Analicemos con trazos gruesos el ejemplo. Olvidémonos, por un momento, el imperio sojero que su familia instaló allí para detenernos, solamente, en algunas cifras generales. Recurramos para ello a ciertas estadísticas actualizadas al año 2007. Por ejemplo, que desde la campaña 1998/99 las toneladas de soja allí producidas no dejaron de multiplicarse, pasando de 392.850 en 1999 a 1.291.020 en el 2007 (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación). Una cifra bien impresionante, cuyo valor bruto de producción sería más impresionante aún, si multiplicáramos esas toneladas por el precio promedio de la misma en el mercado mundial durante aquel año. No caben dudas, la soja avanza en Salta, como Olmedo en la política, con pasos decididos. Veamos. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas de la provincia, en el año 1999 el valor exportado de productos salteños tenía en las oleaginosas sólo el 2,1% del total, porcentaje que llegó al 10,3% en 2007. Cifra sólo superada por el rubro combustibles y aceites minerales (42,7%) y hortalizas y legumbres, que alcanzó el 13,7%. Rubro este último que, sin embargo, en 1999 representaba el 24,4% del total. Desde entonces, las oleaginosas aumentaron su presencia, dejando atrás a productos como el tabaco, los frutos, los productos químicos, azúcares, cereales, sales, algodón y cueros vacunos. Promete hacer lo mismo con las hortalizas y legumbres, graficando de manera asombrosa eso que muchos denuncian como una reprimarización de la economía provincial y el avance del monocultivo.
¿Cuál ha sido el secreto de este tipo de desarrollo? Olmedo padre lo sintetizó magistralmente. “Tenemos que observar qué consume el mundo y ver si eso se puede producir en nuestra zona” (La Nación, 18/11/06). El mundo, es decir el mercado mundial, quiere soja, y Anta, como todas las zonas situadas en la frontera agrícola, se la provee. El desarrollo según Olmedo es así: rentabilidad asombrosa, tecnología de punta, avance de la desforestación, monocultivo... y hombres que sobran. El problema, según Olmedo, es que faltan tierras y que el Estado no se las quiere dar. Añora otros tiempos; por ejemplo, cuando Romero se convirtió en un proveedor desmesurado de tierras. Recordemos el caso paradigmático. Corría abril de 2005 y los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) eran desafectados de su condición de “reserva natural provincial protegida”, a la que había accedido en el año 1995. La ley de desafectación fue un pedido del Poder Ejecutivo Provincial que, basándose en informes técnicos que advertían cierta degradación del monte en zonas de esos lotes, en vez de iniciar las actividades de recuperación y protección del área, analizar las posibles causas del problema y encarar las correcciones correspondientes, promulgó la Ley 7.274, que autorizaba al PEP a vender los lotes 32 y 33 subdivididos en siete parcelas, de más de 2.000 hectáreas cada una, a un valor de $500 la hectárea. Por supuesto, la compra fue adjudicada a distintos empresarios sojeros en nombre del progreso. Datos del INTA de aquel entonces, indicaban que Anta contaba con 234.420 hectáreas sembradas de soja, 50.000 hectáreas más que el departamento que le seguía en todo el Noroeste (Moreno, Santiago del Estero) y con una ocupación promedio de un trabajador rural cada 500 ha. El Anuario Estadístico de la Provincia de Salta de 2004, indicaba también que el índice de necesidades básicas insatisfechas del “ejemplo nacional del desarrollo” era de 43.9, superior en 12,3 puntos al promedio de la provincia, con índices de desnutrición que llegaban al 13% y un analfabetismo del 9.4%. Por entonces, las áreas sembradas con soja, maíz, girasol y trigo habían crecido en los últimos diez años un 46,77% en el país, mientras que la población activa rural disminuía de 1.600.000 a 900.000 trabajadores. (Osvaldo Seggiaro, “Las venas abiertas de Salta”, en Revista Política y Cultura, junio de 2005)
Olmedo, entonces, quiere un Estado decidido a realizar concesiones. La actual gestión ha hecho las suyas, aceptando las modificaciones que el Senado, a través de Olmedo, hizo a la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en diciembre último. Pero Olmedo dice que su modelo productivo precisa más. Quiere cinco millones de hectáreas y no las cifras que ya han generado más de una polémica: poco más de un millón y medio. Expresó entonces, en su reunión con Julio Nasser, el problema de su modelo de desarrollo: pueden y quieren recaudar sumas asombrosas, pero requieren que el Estado no se entrometa. Y eso lo arroja al ruedo político. Paradójico, porque él, que defiende con los hechos la primacía de la economía por sobre la política, sabe ahora que un plan económico es tan bueno como bueno es contar con la fuerza política capaz de imponerlo. Olmedo hoy está entregado a esa empresa, y justamente allí es cuando del análisis económico pasamos político.
Tiene cómo encarar tal empresa. Es el máximo referente de una de las fracciones de las clases dominantes que ostenta un asombroso y creciente poderío económico. Una base material imponderable en su objetivo de otorgarle dirección política e ideológica al conjunto de esas fracciones. Sus excelentes relaciones con Juan Carlos Romero no son un dato menor. Una condición de posibilidad para una potencial alianza, asentada no sólo en las conveniencias políticas que toda alianza supone, sino también en sus profundas coincidencias ideológicas: una Argentina y una provincia que se desarrollan de espaldas al país, mirando al mar que las conecta al mercado externo. Orientadas a una concentración de la riqueza sin límites, y que prescinden de los efectos negativos que tal programa supone para el conjunto de la sociedad. En ese marco, la cultura del trabajo y de la producción de la que Olmedo habla forma parte del mismo plan. Se queja de los vagos, de los “planes no trabajar”, porque así sostiene la mentira que quiere sostener: el desempleo y la pobreza no fue ni es fruto directo de economías excluyentes, sino de la natural pereza de los desempleados.
Nada impide creer que Olmedo quiere conquistar el Estado. Los rumores de una fórmula suya con Sonia Escudero para la gobernación en el 2011 no resultan descabellados. Corre además con algunas ventajas extras. Tiene al frente un gobierno que ya no parece seducir a los de abajo, pero tampoco a los de arriba, acostumbrados como estuvieron durante doce años a planificar y ejecutar un proyecto que les resultó sumamente redituable y del que Olmedo es un ejemplo paradigmático. Una gestión, la de Urtubey, colmada de funcionarios que, creyendo ser el Poder, se entretienen exacerbando luchas facciosas y superficiales, cuando los movimientos profundos ocurren bajo las suelas de sus zapatos. Funcionarios que de seguro, tarde o temprano, padeceran lo que ingeniosamente el Subcomandante Marcos dio en llamar los rigores de un tipo de “política estomacal”: “O son digeridos, o son hechos mierda.”