Cuentas pendientes

Salud reproductiva

En 2008, un tercio de los embarazos terminaron en aborto según los registros que se manejan en el área de ginecología del Nuevo Hospital El Milagro y que remiten exclusivamente a la situación sanitaria de la capital salteña. La evidencia demuestra que los mensajes de la Iglesia y las campañas de las organizaciones civiles católicas en contra de la interrupción voluntaria de la gestación están muy lejos de la dura realidad que rodea a las mujeres en la provincia, y que el camino para no abortar es la educación sexual y la anticoncepción artificial. Después de todo, velar por la salud pública es una tarea del Estado y no una cuestión religiosa.

Por Eva Sibila

El aborto es un recurso extremo al que prácticamente ninguna mujer querría apelar. Sin embargo, esta práctica es frecuente aun siendo ilegal. El año pasado, en Salta Capital, uno de cada tres embarazos fue interrumpido intencionalmente. Esta es la principal causa de mortalidad y morbilidad en mujeres jóvenes ya que, en altos porcentajes, los abortos se realizan mediante prácticas clandestinas, sin higiene ni asistencia médica.
Pero la respuesta que debería dar el Estado está enterrada en un cajón. Se trata del proyecto de Reglamentación de la Ley 7.311 sobre Sexualidad Responsable, que fue elaborado a partir de 2006 por una comisión creada por el Ministerio de Salud de la Provincia.
La medida permitiría asignar recursos económicos para la implementación de programas de educación sexual en los distintos grupos poblacionales y garantizar la provisión de anticonceptivos, que escasean en casi todos los centros asistenciales públicos.
Quienes caminan por los barrios marginales de la ciudad saben que muchas mujeres se quedan embarazadas no sólo porque sufren violaciones dentro de sus matrimonios, sino también debido a que sus esposos les prohíben el uso de métodos para evitar embarazos, porque suponen que esa necesidad está relacionada a la intención de mantener relaciones sexuales con otros hombres.
Con el machismo naturalizado, algunas señoras se resignan a cargar solas con una decena de hijos, puesto que culturalmente la reproducción y el cuidado de los niños “es un problema de mujeres”, y no es raro que, cuando las papas queman, los hombres abandonen el núcleo familiar. “¿Por qué seguís teniendo chicos?”, le preguntó en una ocasión una colaboradora de Cáritas a una mujer de escasos recursos que ya tenía nueve. La respuesta fue siniestra: “Me quedo embarazada porque cada vez que mi marido llega a la casa borracho, me viola”.
La activista católica consideró que, más allá de que la única opción permitida por la Iglesia para el control de la natalidad sea el ´método natural´, “resulta fundamental facilitarles otras alternativas a las mujeres”. Además, insistió en que “necesitan estar más acompañadas, sufren violencia y no pueden decidir qué vida quieren llevar adelante”.

Los mitos

“En la primera relación no te quedás embarazada” o “Si hacés pis después de tener sexo, no pasa nada”, son algunas de las múltiples creencias falsas derivadas de la ausencia de educación sexual en los barrios de Salta y causales de muchos embarazos no planificados. Así lo explicó Sandra Bustamante, una maestra que trabaja desde hace algunos años en la Fundación Entre Mujeres organizando reuniones en distintos puntos de la provincia para hablar de derechos humanos y de sexualidad.
Sin financiamiento externo pero con gran vocación de servicio, el grupo de capacitadoras hace hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados a través de folletos y reparto de preservativos, aunque “las mujeres casadas prefieren cuidarse usando el DIU para que sus maridos no se enteren que están usando un método anticonceptivo”, confirmó.
Al igual que otras 200 organizaciones promotoras de derechos, Entre Mujeres enarbola el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito, para no morir”.

La salud de las mujeres ya no es una prioridad

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el por entonces ministro de Salud Ginés Gonzáles García impuso su autoridad para que todos tengamos acceso a la maternidad planificada y a la educación sexual sin costo alguno. Durante algunos años llegaron los insumos suficientes a todos los centros de salud de la Argentina. Durante el gobierno de Cristina Fernández, el funcionario aceptó el cargo de embajador en Chile y con él se terminaron las políticas progresistas en la materia.
Sus acciones le valieron la amenaza del ex vicario castrense Antonio Basseoto, quien le envió una carta pública escalofriante en la que decía: "La multiplicación de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio... Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”... Aunque no lo dijo, todos relacionaron la frase con los vuelos de la muerte que concretaba el último gobierno militar para eliminar a los opositores políticos, con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica.
Cabe aclarar que el Vicariato Castrense se creó durante el gobierno militar en 1957, mediante un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire.

Se vulneran derechos fundamentales

La ausencia de un programa provincial de salud sexual y procreación responsable va a contramano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos en pactos internacionales con rango constitucional en Argentina. Hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.
Respecto de la ausencia de políticas de Estado que atiendan los derechos humanos de las mujeres, el titular de Amnistía Internacional en el país, Rafael Barca remarcó: “La violencia contra las mujeres es una vergüenza para los derechos humanos. Mientras continúe, será imposible hacer realidad el cumplimiento de los derechos para todas las personas. Aunque no existen cifras oficiales, los datos que relevamos demuestran que el Estado se encuentra lejos de tomar el tema como prioridad”.
“Es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda el problema desde sus políticas públicas. Son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha”, concluyó.

El peor de los muros sociales

El trabajo que el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) viene realizando en nuestra Provincia muestra que, en términos cuantitativos, el número de denuncias y consultas por discriminación viene aumentando notoriamente desde que el Instituto iniciara su labor año y medio atrás.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, desde el mes de julio de 2008 y hasta septiembre de este año hubo 230 consultas y 31 denuncias. Del total de consultas por Grupo Vulnerado, un 16 % fueron por discapacidad, seguido por VIH – sida (12,31%), diversidad sexual (11,59%), pueblos originarios (8,69%), género (7,24%) y otros (6,52%). En cuanto a las denuncias que se efectuaron dentro del mismo grupo, un 22,58% fue por motivos ideológicos, seguido en un 9,67% por diversidad sexual, etarios-adultos mayores y otros. En cuanto a las consultas según el ámbito en el que la discriminación tuvo lugar un 23,91% fue en el trabajo; 20,28% en educación pública; 15,94% en el Poder Ejecutivo; 13,76% privado; 10,14% salud pública, entre otros. Y las denuncias aumentaron notablemente en el ámbito laboral, con un 41,9%, seguido del Poder Ejecutivo con un 19,35%, educación pública (16,12%) y salud pública (9,67%), entre otros.
Por último, un dato más a tener en cuenta es que las personas con discapacidad fueron mayormente discriminadas en el ámbito laboral en un 30%; en los medios de transporte- micro, un 17% y en la educación y salud privada, un 13%. Las personas con diversidad sexual padecieron igual trato, principalmente en las fuerzas de seguridad, en un 35%; en los medios de comunicación gráficos, 17% y en educación pública y boliches, en un 6%. Los enfermos con VIH-sida en la salud pública, un 53% y en la salud privada, un 16%. Finalmente, las personas de pueblos originarios fueron mayormente discriminadas en el Poder Ejecutivo en un casi 70% de los casos.
Las primeras lecturas que surgen de los datos aportados por el Instituto son, por un lado, que un aumento en la cantidad de denuncias y consultas denota, en su faz negativa, que en nuestra sociedad aún se mantienen prácticas sociales discriminatorias que requieren un meticuloso abordaje interdisciplinario para minimizarlas al máximo, y por el otro, en su faz positiva, un saludable ejercicio de los derechos cívicos del ciudadano que acude a los organismos pertinentes para denunciar el trato desigual padecido.
Por otro lado, las minorías aún tienen enormes problemas para una inserción igualitaria en nuestra sociedad, ya sea en el trabajo, en la educación, en la salud, en el Estado, en actividades recreativas e incluso en el ámbito del hogar, con un agravante para las personas discapacitadas ante la escasa infraestructura urbana, como rampas para el ingreso y egreso de edificios, colegios, hospitales, vía pública en general, incluyendo los transportes públicos en particular.

Abordaje y Derechos

La problemática de la discriminación en el ámbito de las relaciones laborales no es ciertamente una cuestión novedosa. No obstante, en los últimos tiempos ha adquirido una importancia creciente. Este crecimiento debe atribuirse a la incidencia de las Declaraciones, Pactos y Convenciones internacionales que, desde la Reforma Constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional, y a otras fuentes normativas que, como los Convenios de la OIT, ratificados por la República Argentina, y otras normas legales sancionadas posteriormente, se refieren a la cuestión.
Si bien la problemática de la discriminación laboral puede plantearse tanto al celebrarse el contrato de trabajo como en el curso de su desarrollo, es indudable que la importancia de la cuestión se acrecienta cuando se produce en el momento del despido. En este aspecto, el art. 11 de la ley 25.013 de 1998 reguló los efectos del “despido discriminatorio”, entendiendo por tal el originado en motivos de raza, sexo y religión, estableciendo para tal supuesto un recargo indemnizatorio del 30%, que resulta aplicable sobre la indemnización por antigüedad que correspondiera al trabajador afectado.
Sin embargo, desde el año 1988 ya se encontraba vigente la ley 23.592, una disposición de orden general que, en su art. 1º, expresa que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. Y el mismo artículo agrega que “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
La divergencia interpretativa se planteó de inmediato acerca de si esta ley general era aplicable al ámbito específico de las relaciones laborales y, en su caso, cuáles eran los efectos jurídicos de esta aplicación. Ello guarda singular importancia, porque la locución legal “dejar sin efecto el acto discriminatorio” fue interpretada por algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia como la habilitación legal de la reinstalación en su anterior puesto de trabajo del trabajador despedido que acreditara que su cesantía respondía a motivos discriminatorios.
Por lo tanto, producido el hecho discriminatorio, el trabajador puede entender que el mismo posee tal magnitud que impide la prosecución de la relación laboral en los términos del artículo 242 de la ley de contrato de trabajo y darse por despedido, o también que el empleador haya resuelto una ruptura, mostrando abiertamente o escondiendo bajo otra causal su intención discriminatoria, correspondiendo aplicar el recargo indemnizatorio del 30% de la ley 25.013. Finalmente, en caso de un despido por motivos discriminatorios, y en virtud de precedentes doctrinarios y jurisprudenciales, el trabajador puede optar por continuar la relación laboral por vía de la ley 23.592, solicitando además un resarcimiento por daño moral y material.
Decíamos que para eliminar toda forma de discriminación en una sociedad, la misma debía ser abordada desde distintas disciplinas. La principal ha de ser a través de la educación, sobre todo teniendo en cuenta que la discriminación reconoce como causa excluyente a una forma de juzgar u opinar negativamente, formada inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario; es lo que se conoce como un prejuicio. En este sentido es fundamental entender que si educamos a los niños y adolescentes (no solamente desde la escuela, sino también desde el hogar) con ideas de tolerancia y de respeto hacia el otro, enseñándoles que las diferencias son tan enriquecedoras como las que hallamos y apreciamos en el mundo animal, y que tras cada una de ellas se encuentra un ser humano semejante a nosotros, ya habremos dado un salto gigantesco, incluso mayor que el que diera Armstrong en la luna.

Por otro lado, es imprescindible que el Estado remueva los obstáculos de tipo social, cultural, político, social y económico, que limitan “de hecho” la libertad y la igualdad de todos los hombres. Que mediante esa remoción exista un orden social y económico justo, y se igualen las posibilidades de todos los hombres y mujeres para el desarrollo integral de su personalidad y que, a consecuencia de ello, se promueva el acceso efectivo al goce de los derechos personales de las tres generaciones por parte de todos los hombres y sectores sociales.
Por último, la justicia debe ser la encargada de restablecer los derechos conculcados, haciendo respetar la ley que prescribe la igualdad jurídica de todos los habitantes. Esta igualdad se asienta sobre el reconocimiento previo de las diferencias físicas, ideológicas, raciales, etarias, sexuales, económicas, étnicas, religiosas, y un largo etc., para que ninguna de estas diferencias sea causa de discriminaciones arbitrarias. La igualdad no significa igualitarismo. Hay diferencias justas que deben tomarse en cuenta, para no incurrir en el trato igual de los desiguales. Incluso más, nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la identidad, que se correlaciona con el derecho a ser diferente, el cual exige que a cada ser humano se le respete y preserve lo que hay en él de diferente respecto a los demás, porque de ese modo se le resguarda a la vez su identidad, es decir, lo que en su “mismidad” hay de distinto -y no de igual- con los otros.

Sin lugar para los débiles

Salta Forestal, su lado más oscuro

Para ir al cementerio tienen que pedirle permiso a un guardia de la empresa. Hacinados, sin agua potable ni acceso a profesionales médicos, así se encuentran los habitantes de Barrio Nuevo, a la vera de Salta Forestal. Las empresas, que facturan más de 20 millones de dólares por año, sólo destinan 800 pesos por mes al desarrollo humano del pueblo con el que estaban comprometidas por contrato.

Por Daniel Medina

El Estado se ha convertido en el lobo del hombre. La función de los gobernantes ya no es proteger a los ciudadanos ni trazar políticas que los beneficien a corto, mediano y largo plazo, sino que se ha reducido a garantizar los negocios (y negociados) de unos pocos empresarios, en detrimento de los intereses de la mayoría.
Salta Forestal es un perfecto ejemplo de esta cuestión. En 1996, el gobernador Juan Carlos Romero cedió a las empresas Ecodesarrollo (de Alfredo Olmedo) y a Cervera (ahora Cresud), por un periodo de 64 años, 213 mil y 120 mil hectáreas de Anta, respectivamente. A cambio, y según lo estipula el contrato auspiciado por el Estado salteño, recién después de 20 años de concesión, o sea a partir de 2016, Ecodesarrollo empezaría a pagar el irrisorio canon de 90 mil pesos anuales (algo así como $0,28 por hectárea y por año).
Y esto probablemente se hubiera mantenido así, de no ser porque uno de los titulares de estas empresas se convirtió en una amenaza para el actual Gobierno, tras haber obtenido un 17% de los votos en los comicios para legisladores nacionales de junio último, y haber expresado públicamente su aspiración a ser gobernador y presidente de la República. Sólo entonces el Gobierno reaccionó, despertó de su letargo y, a través de sus funcionarios, calificó al canon de “ridículo”.
Según los nuevos cálculos del ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, la empresa Ecodesarrollo debería pagar algo más que los 90 mil pesos estipulados: 1.300.000 pesos, cifra que la otra empresa, Cresud, ya ha abonado, y que Alfredo Olmedo se rehúsa a desembolsar, pese a que sigue siendo una ganga, pues los cálculos menos optimistas señalan que las hectáreas de soja le dejaron al legislador una ganancia superior a los 20 millones de dólares.
Hasta el momento, las discusiones han girado en torno al contrato y sus cifras. Sin embargo, y detrás de todos esos números, hay ciudadanos que sobreviven a diario en situaciones indignas e inhumanas, como la resaca de esos negociados que sólo benefician a unos pocos.

Barrio Nuevo

A 35 km de Joaquín V. González, por un camino de tierra y ripio, se llega al infierno. Visto de lejos, el lugar parece un campamento improvisado para los refugiados de algún cataclismo inesperado. Sólo que estas personas no han sido víctimas de la naturaleza, sino de los empresarios y del Estado. “Barrio Nuevo” es el nombre que le dan al amontonadero de ranchos que depende directamente de Salta Forestal.
El contrato, tan beneficioso para Ecodesarrollo y Cresud, estipulaba que estas empresas tenían la responsabilidad de programar la sistematización del campo, teniendo en cuenta aspectos sociales y administrativos, con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable que “tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ubicados en una zona con alto grado de necesidades insatisfechas”. El Anexo 1 del punto 6 es claro en cuanto al compromiso adquirido: “Programar soluciones para las distintas situaciones de los ocupantes, tanto de los asentamientos poblacionales como de los puesteros, [mediante la] creación de fuentes de trabajo. Como así también [atender] la salud y la educación”.
En el punto 12 del mismo Anexo se especifica: “Planificar para cada centro la infraestructura mínima necesaria, que cubra todos los servicios comunitarios, como educación, energía eléctrica, salud, comunicación, transporte, agua, sanitarios, esparcimiento, etc.” Eso es lo que dice el papel. La realidad que viven los habitantes de “Barrio Nuevo” es muy distinta.
Son 204 las viviendas del barrio. Son de madera, piso de tierra, y la mayoría consiste en una sola habitación grande; las letrinas son compartidas. Las familias se siguen reproduciendo, pero las viviendas no aumentan, aunque los empresarios habían prometido construir entre siete y diez viviendas por año, algo que desde 1996 hasta la fecha jamás se cumplió. Y cada vez hay más personas hacinadas en esas moradas. Datos relevados por el mismo Gobierno prueban que el promedio es de 2 a 3 familias por casa, con un promedio de 6 a 8 niños en cada una de ellas. El contraste de estas viviendas, no con la sede central de la empresa, sino con la misma garita de seguridad, es atroz.
Pese a que Ecodesarrollo S.A. cuenta con varios pozos en su predio, algunos de agua potable y otros de agua para riego o para otras funciones, en Barrio Nuevo no existe red de agua, sino provisión de agua de pozo. Y nadie ha hecho un análisis físico-químico y bacteriológico sobre su potabilidad. En el punto 8, Anexo 1, que trata sobre los recursos hídricos del contrato que hizo firmar Juan Carlos Romero, se detallaba como uno de los deberes de las empresas: “En el caso del agua para consumo humano, se tendrá en cuenta la potabilidad y el tratamiento…” Y el punto 9 dice: “También, destinado a los puestos, se programarán sistemas de provisión de agua para consumo humano…”
Cuando el Director de Fiscalización, Juan Antonio Bruno, fue al lugar a realizar un relevamiento, hacía poco tiempo que, por haberse conectado las fases de manera invertida (EDESA), se quemaron dos bombas extractoras. “Cuando se presentó el problema de la bomba, durante tres días, para de la finca, pero aparentemente, al de agua no potable (salada, según los habitantes del lugar), lo que generó una gran cantidad de problemas de enterocolitis en los habitantes, especialmente en niños. La Municipalidad debió instrumentar el movimiento y la internación, especialmente de los niños, buscando evitar la deshidratación de los mismos”, detalló en el informe que elevó, semanas atrás, al secretario de Trabajo y Previsión Social, Eduardo G. Costello.
Tampoco la electricidad es segura. El informe detalla que sólo la primera hilera de casas cuenta con instalación eléctrica “más o menos correcta” (sic), “las restantes van tendiendo cables aéreos, a menos de dos metros de altura y a la vista, sin caños ni ningún material protector, no contando ni con disyuntores ni conexión a tierra alguna. Sólo algunos cuentan con llaves térmicas.”
El desempleo, consecuencia en parte de un producto como la soja, que requiere para su producción una mano de obra mínima, es otro de los problemas para los habitantes de Barrio Nuevo. Para recorrer los 35 km que los separan de Joaquín V. González, donde podrían hacer alguna changa, cuentan con un colectivo que pasa sólo dos veces por día: una vez por la mañana y otra vez por la tarde (salvo los martes, jueves y sábados, que hace el recorrido también por la noche); pero la tarifa es de $10 de ida y $10 de vuelta. Y las changas no alcanzarían ni para pagar los boletos.
Si se enferman, quedan a la buena de Dios. Se les había prometido construir un pequeño hospital a la entrada, pero hoy sólo cuentan con un centro de salud, al que un médico concurre únicamente tres veces por semana y atiende de 9:00 a 13:00 hs. Tampoco hay una ambulancia en el lugar. En caso de emergencia, el vehículo de algún vecino es el que carga con el enfermo, por el ripio, hasta González, donde sí son tratados con hospitalidad (acaso porque el al Intendente le da un poco de cargo de conciencia, ya que es socio de Salta Forestal, con el 2% de las acciones. Por eso siempre están sus intentos por paliar las consecuencias, pero demuestra un silencio rotundo para detener sus causas). Y las personas se enferman seguido. Por la pésima calidad de vida, la desnutrición, el hacinamiento, y porque los residuos sólidos domiciliarios son vertidos a cielo abierto en un descampado cercano a las viviendas.
Desde luego que, así como no se preocupan por satisfacer las condiciones básicas de salud, la promesa de construir un Centro de Estudios en el cruce de la Ruta 41 que incluiría todos los niveles, desde jardín de infantes hasta la finalización del ciclo, también quedó en la nada. Los habitantes de Barrio Nuevo tienen un colegio que llega hasta el 9º año solamente. Está en González, es verdad, pero a 35 km y a 20 pesos por día en transporte.
Como pocos tienen gas en garrafas, tienen que buscar leña para cocinar. Y la empresa rara vez los deja pasar del lado ya alambrado.
Lo peor es que el sufrimiento de los habitantes continúa hasta después de muertos. Cuando la empresa alambró el predio, el cementerio quedó separado del pueblo, dentro de la empresa. Para visitar a sus difuntos, primero hay que pedir autorización a los guardias y éstos, según el humor del día, la dan o no.
La empresa que factura 20 millones de dólares al año, sólo invierte, en Desarrollo Humano, 10.444 pesos por año, unos 870,35 pesos por mes.

Destrucción del trabajo

El informe del Director de Fiscalización sobre la sistemática destrucción de la fuente laboral en la zona es alarmante. “Desde que se concesionaron las tierras, casi todas las actividades fueron tercerizadas, siendo las empresas, (que en su mayoría no son ni de la localidad ni de la Provincia) las que contratan al personal por el tiempo que dure cada actividad, abonando por las tareas valores menores a los que corresponden y, casi siempre, sin registrar los trabajadores o, como en algunos casos indagados, dejados con deudas pendientes y/o libretas del RENATRE sin entregar”, dice.

Entonces, además de la empresa del Diputado Nacional, entran en juego nuevos nombres para las distintas actividades. Labores de desmonte quedaron en manos de la riojana FRABO (Franco Bosetti) y la siembra está a cargo de AJU (Tucumán). PETROBRAS provee el combustible; de la construcción se encarga GORENA (de Las Lajitas) y de la Cosecha, IBARBIA, a la que más o menos se la puede calificar como “lugareña”, puesto que sus dueños son de González.
Se especifica que las primeras actividades realizadas bajo esta modalidad consistieron en el desmonte de 2.000 hectáreas, por las cuales se abonó entre $ 200,00 y $ 400,00 por hectárea, cuando en realidad el trabajo realizado valía mucho más. “Otra actividad tercerizada fue la del trillado de todas las hectáreas, tarea por la que la empresa abonó $ 140,00 en lugar de los $230,00 por hectárea que hubieran correspondido”.
Otra irregularidad detectada es que a los trabajadores se les completa la libreta del RENATRE por periodos menores a los realmente trabajados, impidiéndoles acceder al fondo de desempleo que requiere un tiempo mínimo de trabajo de 18 meses.
“El Segundo Encargado, David Maldonado, tiene un almacén en una casa del Barrio, propiedad de la cuñada, en la que les fía a muchos las compras de alimentos a precios muy superiores a los de plaza. Cuando hay necesidad de tomar personal, toma a los que más le deben para cobrar directamente con descuentos de haberes”, relata el informe.
Pero lo peor es que a los obreros que tienen accidentes laborales se los deja automáticamente sin trabajo. “Existe un caso de un joven que por un accidente quedó con una discapacidad en una pierna y sin trabajo”, expresa el informe.

La situación de los puesteros no es mucho mejor. Se los fue cercando poco a poco, con alambrados puestos de la noche a la mañana, evitando que sus animales puedan pastar dentro de los predios que antes utilizaban para comer y que pasaron a la concesión. Por eso son muchos los puesteros que, ante el aislamiento impuesto, se han retirado del lugar. “Existe un caso en el que el hijo de un puestero, haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero”, dice el informe.
Después de dos años de gestión, la gobernación Urtubey tiene la posibilidad de implementar un cambio: dejar de garantizar la impunidad de las empresas y devolverle a estas personas la dignidad de seres humanos.

Fragmentos

Por Daniel Avalos

El Alfredo Olmedo leve, el de la farándula que pretende comer con Mirtha Legrand, etc., debería hartarnos. El otro Alfredo Olmedo, el representante de una nueva forma de hacer riqueza, prescindiendo de los impactos ambientales y sociales que sus actividades generan, no. A ese hay que analizarlo, aprovechando su propia exposición mediática que, en definitiva, tiene un lado positivo. Y lo tiene porque ha roto con un mito del actual capitalismo global, según el cual la gran empresa y las redes que conforma constituyen una especie de monstruo abstracto e impersonal. Monstruos creados por los hombres, sí, pero que habrían escapado a su control, adquiriendo vida propia y generando sus propias e implacables leyes, que todo lo arrasan. Un mito de esas características tiene ventajas prácticas para quienes manejan los hilos de la economía, en tanto, bien sabemos, los que padecen al monstruo no tienen a quien ir a quejarse por sus atropellos. Olmedo confirma lo contrario: la desigualdad tiene rostro; el Poder, también, y las injusticias tienen responsables de carne y hueso. Salta Forestal es un fragmento de todo ese andamiaje. Una parte del todo, con sus particularidades, pero un ejemplo significativo de ese todo, que adquiere sentido en tanto contribuye a dibujar una totalidad cuyas lógicas atraviesan a todas las parcialidades.
Intentemos dibujar esa totalidad, y para ello recurramos a otro fragmento. En este caso, a una parte del informe de Daniel Medina, publicada en este número, que informa sobre las condiciones en las que viven los habitantes del Barrio Nuevo, en Joaquín V. González. Un barrio que formó parte de Salta Forestal hasta que los Olmedos se hicieron cargo de esa explotación. Obviemos aquí (el informe citado lo explica muy bien), todas las normativas que ese emprendimiento privado no cumple y a las que se había comprometido a cumplir en el contrato de concesión que firmó con el Estado provincial. Detengámonos, simplemente, en un fragmento pequeño que, creemos, ayudará a graficar cómo un tipo de sociedad, que se ha estructurado para beneficiar a la gran empresa, ha moldeado la realidad hiriente en la que se desenvuelve en cuanto a la exclusión que genera ese modelo, a las actividades ilegales a las que son empujados los que sufren esas condiciones y a las formas como el Poder intenta contrarrestarlas. El fragmento en cuestión dice así: “La situación de los puesteros [de Salta Forestal] no es mucho mejor. Se los fue cercando poco a poco, con alambrados puestos de la noche a la mañana, evitando que sus animales puedan pastar dentro de los predios que antes utilizaban para comer y que pasaron a la concesión. Por eso son muchos los puesteros que, ante el aislamiento impuesto, se han retirado del lugar. Existe un caso en el que, el hijo del puestero, haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero” (Ver p. del presente número)
La idea del cerco se impone. El alambrado demarca el espacio de los que tienen una vida (los de adentro), y de aquellos que han quedado fuera de ella (los de afuera). El puestero, seguramente explotado pero imprescindible en otros tiempos, hoy es prescindible. Es la naturaleza profunda del capitalismo actual, y que Salta Forestal tan bien representa, que lleva a prescindir de miles de hombres y mujeres, sin que esto ponga en riesgo su propia reproducción. La alambrada lo materializa bien. Materializa también que Olmedo reivindica para sí el derecho de imponer su voluntad a las cosas que la ley que se hicieron para tipos como él dicen que son de su dominio. Olmedo es hegeliano. No porque haya leído a Hegel, sus conversaciones con Mirtha Legrand no permiten afirmarlo, sino porque Hegel hace tiempo que se encargó de legitimar filosóficamente a los hombres poderosos. Lo hizo en 1821, en “Filosofía del Derecho”, cuando, refiriéndose a la propiedad privada, escribió: “Las personas tienen que darse para su libertad una esfera exterior (…) Lo inmediatamente distinto del espíritu libre es (…) una cosa, algo carente de libertad, de personalidad, de derecho”. Olmedo es libre porque a sus muchas cosas las delimita bien, a fin de imponer su voluntad sobre ellas. Olmedo, entonces, en estricto sentido hegeliano, es un hombre libre. Esa libertad, según cuenta en todos lados, es fruto del trabajo incansable de su padre. Hegel lo llamaría “diligencia” (“La riqueza depende de la diligencia de cada uno”). Así era Hegel. Creía en los grandes espíritus, que empujan a la historia hacia el futuro. Del otro lado de la alambrada, en cambio, quedan los nadies, hombres y mujeres que no hacen la historia e, incluso, están excluidos de ella. Son los prescindibles, los excluidos. Salta Forestal, por ejemplo, puede avanzar sin ellos; es más, para avanzar debe prescindir de ellos. Sabemos bien cuál es la visión que de estos, los nadies, tienen los Olmedos. Y lo sabemos porque lo expresan sin complejos: para ellos, los del otro lado de la alambrada son los vagos, los que no cultivan la cultura del trabajo, seres carentes de toda iniciativa, gente sin futuro.
El problema recurrente en toda la historia, a pesar de Hegel incluso, es que algunos de los nadies suelen inclinarse a la insubordinación. Es el caso de ese hijo de puestero que, “haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero”. Ese hombre desea que la alambrada no lo excluya y viola la norma que hace escasos años no existía. Alguien podría decir que es lo lógico. Todos sabemos que las leyes consuetudinarias suelen tener más fuerza que las escritas en la conducta de los seres humanos. Puede ser, aunque no habría que descartar lo otro, también muy probable: el encontrarnos ante un hombre desesperado que precisa, como al aire mismo, de ciertos recursos indispensables para poder vivir. Para las normas escritas e impuestas por los Olmedos, ese hombre desesperado delinque. Se reedita entonces el eterno conflicto entre los que son dueños de un país y los que no lo son. Ante eso, la injusticia social adquiere estatus jurídico. Aquel que dolorosamente ha sido privado de recursos elementales para la existencia, aquel que espera la oportunidad de burlar el alambrado para hacer uso de lo que, habiendo sido de todos, es ahora de uno, ya no es un hombre desesperado, sino un delincuente. El Poder así lo ha clasificado. Tiene sentido. De esta manera, ese Poder resguarda un tipo de sociedad que él ha ido forjando para beneficiarse. Ese es el Orden a mantener y, para hacerlo, exige tolerancia cero al acto que ha cosificado como vandálico. Apela al terror como mecanismo de disuasión. Ordena que no se contraten miembros de esa familia para realizar actividades de la empresa. La vieja idea del cerco militar atraviesa esa orden: privar al enemigo de sustento para aniquilarlo o quebrarlo moralmente. Una medida que no debe ser secreta, porque el terror sólo funciona si el resto de los potenciales insubordinados son testigos privilegiados del escarmiento ejecutado. Los Olmedos son, por así decirlo, pedagogos. Enseñan a los que quedaron fuera de la alambrada, con la pedagogía del dolor, que los límites son precisos y la cerca inviolable. La violencia de uno y otro lado esta allí latente, a flor de piel. A pesar de los deseos de algunos, la violencia latente de los que padecen el Poder no proviene de dogmas militantes ni de cuerpos ideológicos. Fluye, simplemente, de las abismales desigualdades que atraviesan a provincias como la nuestra. El corte de ruta, el acampe en Plaza de Mayo o la insubordinación de ese puestero que no acató la disposición de Salta Forestal son, en definitiva, recursos desesperados de los nadies, que sorprenden cuando no aparecen, más que cuando lo hacen.
Lo que allí, en Salta Forestal, ocurre, no es en términos filosóficos un acontecimiento. De serlo, sería algo aislado que terminaría evaporándose. Salta Forestal es un hecho histórico, algo que está inscripto en un proceso integral que le da significado. Cobra sentido en el marco de un liberalismo atroz, preñado de consecuencias que hoy vivimos: desempleo, exclusión, precariedad, y una sociedad de odio en donde los que tienen mucho piden a gritos rejas, armas y mano dura, a fin de que los que nada tienen respeten la vida, aun cuando estos últimos difícilmente valoren una vida que rara vez les ha dado algo. Habría que decir sencilla y poderosamente no a eso que Salta Forestal representa como fragmento de una totalidad que rebela. Es más, habría que salir de eso, aunque por ahora, en Salta, ese mandato parece encontrar aliados más en la voluntad de las fuerzas políticas progresistas, que en la correlación de fuerzas efectivas de las mismas.

Como campo al dedo

TRABAJO INFANTIL

La naturalización del trabajo infantil como producto de un proceso histórico estructural no convierte la situación de los chicos que encañan tabaco o despalillan ají en una menos grave. Casi sin actividades de recreación y educativas extraescolares, y con el hambre acechando la mesa familiar, los niños de La Viña trabajan en un mercado que tiende a expulsar a sus propios padres y condenarlos a un círculo de exclusión del que les resulta casi imposible salir.

Por Julieta Lucero

Agustín es el mayor de siete hermanos y no tiene mucho tiempo para jugar. Ayuda al papá en el tabaco, despalilla ají, le trabaja un potrero con cebolla a la abuela, va a levantar anís con amigos, cuida a los animales del vecino y, además, va a la escuela.

“Como no alcanza para comer, con lo que me pagan voy y le digo a mi mamá que mande a mi hermanito al almacén y compre lo que falta para cocinar”, dice, afianzado con una mano a la reja de entrada de la casa. Con su cuerpo inclinado hacia delante y una pierna que cruza a la otra por atrás, Agustín parece un hombre. Seguro, directo y sin temor a sostener la mirada, mide 1,40 y tiene 11 años.

Así como él, cientos de niños trabajan en La Viña, localidad distante a unos 110 kilómetros al sur de Salta Capital. Padres que los mandan al rastrojo para poder vestirlos; algunos que van por diversión, en un lugar donde no hay demasiadas actividades extraescolares para hacer; otros que juntan dinero para el carnaval del pueblo, que ahora cobra entrada; o que terminan encañando tabaco por acompañar a la mamá, ante la imposibilidad de dejarlos en la casa por no tener alguien que los cuide. Son muchas las razones, son muchas las consecuencias y es una la causa: la exclusión social.

En otras palabras

Según la Asociación Civil Conciencia, el trabajo infantil “es aquella actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por menores por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que puede ser peligrosa para el niño, entorpecer su educación o ser nociva para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.” La definición adopta los límites que plantea el artículo 32, inciso primero, de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en la Argentina en 1990 e incorporada en el ‘94 por la nueva Constitución.
En otras palabras, es Agustín despalillando ají para que sus hermanitos no pasen hambre y para que la abuela coma, pero también es Daniel, de 10 años, que va a la misma escuela y que acompaña a descolar cebolla a la mamá todos los sábados.
“Voy los fines de semana, porque después de clase tengo que ayudar en la casa”, dice Daniel, que confiesa que aun así faltó varias veces para ir al potrero. El también es el varón mayor pero, a diferencia de su compañero, tiene cuatro hermanas mujeres más grandes. La madre es el único adulto en la casa, por lo que él, como el hombre de la familia, sale a trabajar afuera, pero le corresponden también tareas hogareñas. “Me toca ir a comprar, limpiar, pero lo que más me cansa es chiki, chiki, chiki, lavar la ropa”, se queja, mientras con las manos hace como que frota la tela enjabonada.
La naturalización de este tipo de actividad en áreas rurales es producto de un proceso histórico. Más allá de la relación particular del esclavo de la Antigüedad con su dueño, del siervo de gleba de la Edad Media con el suelo o del campesino del siglo XXI con el patrón, la participación del grupo familiar fue siempre una de las claves del desarrollo productivo agrícola-ganadero.
En relación a la estructura económica tabacalera, que comparte la mayoría de las localidades del Valle de Lerma, entre ellas La Viña, el bienestar de muchos de los trabajadores depende del dinero que puedan ganar durante la primavera y el verano, en la época de la cosecha. Al sumar la mayor cantidad de miembros de la familia para obtener una mejor ganancia y, por ejemplo, “comprar los útiles y las zapatillas para la escuela”, como explicaron muchas mamás, el riesgo de trabajo infantil crece, incluso por razones tan básicas como la falta de un lugar donde dejar al niño mientras el adulto trabaja.

“Natural”

El que dijo que la Mesa de Enlace representa al campo, que “el campo somos todos” y que al que madrugada Dios lo ayuda, pues que comience a replantearse su oficio de creativo publicitario, porque no le está pegando. No es lo mismo un pequeño productor que un gran terrateniente, un propietario que un arrendatario, un criador que un invernador, un tabacalero que un tambero, un patrón que un peón. Y no es lo mismo un adulto que un niño, por más naturalizada que esté la actividad.
La mayoría de los abuelos y los padres de los chicos trabajadores también empezaron a encañar de pequeños. Muchos lo ven como el único paliativo a la pobreza; otros, como costumbre familiar. “Empecé a los seis años. Me acuerdo que nos despertábamos antes de que amanezca. Tomábamos el té y, cuando se escuchaban los bocinazos, salíamos a la calle. Era el camión del patrón que iba hasta el fondo del pueblo, avisando que ya nos íbamos. De vuelta, nos levantaba. Eramos muchas las familias alineadas en el jardín de cada casa esperando para subir”, recuerda una mamá de Chicoana, otro pueblo tabacalero del valle.
Es que es relativamente reciente el considerar a niños y jóvenes como sujetos de derecho, por lo que el trabajo infantil como problemática no data de muchos años atrás. Tanto es así que, según confirmó en junio de este año el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, su prevención “aún no cuenta con una partida dentro del presupuesto nacional, porque nadie lo veía como algo a resolver. Para arribar a la asignación de un lugar y un espacio en un presupuesto, tiene que haber un proceso de concientización lo suficientemente importante como para que sea percibido por todos como una problemática”, explicó el funcionario a la agencia de noticias Periodismo Social.
El tinte patriarcal que tienen las relaciones de trabajo en el norte de la Argentina torna aún más difícil una salida al problema. “Hace seis meses que el patrón no nos paga. Al resto de mis compañeros sí, pero para mí que a nosotros nos vio la cara”, dice una mamá de siete hijos que vive sobre la ruta nacional 68. “Cuando lo veo, corro a reclamarle, pero se me ríe en la cara y sigue de largo”, explicó la mujer, que ya hizo la exposición ante la comisaría del pueblo. Otros, como en el caso de una familia que vive en la finca en la que trabaja, en una casa de adobe, de piso de tierra y con un único grifo de agua afuera, cuentan que muchas veces no cobran porque “el señor dice que lo que hago es para pagar la luz que gastamos”, confiesa una madre y agacha la cabeza.

Cuestión estructural

Si no tienen la suerte de ser empleados municipales –suerte por estabilidad, no por el monto del salario-, la mayoría de los jefes de familia de La Viña son peones rurales que se encuentran en negro o tienen contrato temporario en alguna finca. La forma de vida que llevan es parecida a la de los pequeños productores que arriendan algunas hectáreas, y el riesgo de trabajo infantil para los chicos, también.
Las mujeres, en su mayoría, cuidan a los hijos, que por lo general son muchos y los tienen a corta edad. Conviven varias generaciones en pocas habitaciones y menos camas. Las posibilidades que hay de que los niños practiquen deportes o de que vayan a algún taller de arte son bajas por la falta de oferta, pero también por la división del trabajo al interior del hogar. A las nenas les toca cuidar a sus hermanos menores y a los nenes, acompañar al papá al rastrojo.
Además, durante las vacaciones, van con la madre, que tiene la posibilidad de sumarse al tabaco deflorando, encañando o desencañando. Según los padres, la mayoría de los finqueros no aceptan chicos en sus tierras. Si bien hay conciencia de que no está permitido que los niños trabajen -los grandes tienden a ocultarlo-, los más chicos no tienen problemas en contar lo que hacen. Sin más, confiesan que sí van y que les pagan por realizar tareas rurales.

Futuro

Qué necesita un niño para vivir es una pregunta fácil para contestar, pero representa una expectativa difícil de cumplir. Agustín y Daniel necesitan salud, el cuidado de la familia y, por sobre todo, “alimentarse”, según sus propias palabras. Para los padres, lo que necesitan es contención familiar, algo que, en la medida de sus posibilidades, tratan de cumplir.
Pero esos derechos, además de lo que puedan hacer los adultos por ellos, deben ser garantizados por el Estado. Muchos hablan de la falta de oportunidades para que sus hijos no trabajen en el campo de tan chicos, al rayo del sol o expuestos a agrotóxicos, pero no saben cómo hacer para cambiar su realidad y optan por irse a la ciudad. Quieren escaparle al “orden natural”, que los corre kilómetro a kilómetro y que finalmente los alcanza cuando vuelven a La Viña, a seguir donde habían dejado. “Nosotros nos fuimos un tiempo, alquilamos en muchos lugares de Salta, pero nos tuvimos que volver por problemas de trabajo”, dice una mamá, que ahora planea mudarse a Río Gallegos, porque en el sur el esposo encontró empleo como seguridad en una empresa.
El perfecto círculo de exclusión, que condena a niños como Agustín a hacer “dos rayas de anís por día” y a la madre de Daniel a pedir que su hijo “no siga el mismo camino” que ella, los pone entre la espada y la pared, entre la poca oferta de actividades recreativas y la necesidad de aumentar el ingreso familiar, entre la casi nula oferta de empleos y la falta de apoyo al pequeño productor para que pueda subir los sueldos y contratar en blanco. Entre el hambre y el trabajo infantil. Todo esto justificado, claro, desde una ideología de la clase en el poder, que lo domina todo, hasta el discurso. “El que pide que los chicos no trabajen cría vagos”, dice un productor, ofuscado con un trabajador social que se acerca a hablarle. Pero también los padres lo ven como una alternativa a “la calle”, para que no “se conviertan en delincuentes y roben” o “que no caigan en el alcohol”.
Algunos sin agua, otros sin luz, la mayoría sin trabajo fijo y con pocas posibilidades de conocer otra cosa que no sea el camino a la finca ida y vuelta, le temen al fantasma de la “inseguridad” y la “vagancia”, que algunos diputados nacionales plantean superar con el servicio militar obligatorio, pero también al alcoholismo, al que recurren grandes y adolescentes para pasar el tiempo y matar las penas, que no por ser un lugar común es menos cierto.
“El fin de semana pasado se mató una chica de 23 años. Tenía cuatro hijos de distintos padres y muchos problemas para cuidarlos. Sus papás la habían abandonado de chica y vivía con los hermanos. El sábado volvió de un baile y se ahorcó. No quiero que no haya salida para mis hijos, nadie quiere eso para sus hijos. Y tampoco quiero que vayan al tabaco a enfermarse. Quiero que estudien, que vayan a computación, que hagan deportes pero, ¿cómo hago? Ojalá que se vayan del pueblo, porque acá no hay mucho más para hacer que convertirse en nosotros”, dijo una mamá a la sombra de un árbol.
Son siete cuadras de largo y siete de ancho. Así de pequeña es La Viña, así de grande el círculo de exclusión en el que les toca vivir y del que Agustín, Daniel y sus padres, por sí solos, es probable que no encuentren salida.