El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ISEPCi-Salta, dio inicio el pasado viernes 6 de junio en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de la Provincia al ciclo de conferencias titulado "Política, cultura y actualidad", que se llevarán adelante el primer viernes de cada mes. En la oportunidad se conformó una mesa panel que abordó el conflicto del campo, sus implicancias en lo económico, lo social y en lo político. Participaron el Diputado Provincial Dr. Carlos Morello, Movimiento Libres del Sur; el Ing. Lucio Yazlle, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta; el Lic. Eduardo Arancibia Gutiérrez, Asesor y Consultor de empresas y el Lic. Daniel Avalos, Historiador y miembro del ISEPCi-Salta.
Los panelistas coincidieron en resaltar que una de las características principales del conflicto fue su politización. Ninguno de los presentes se escandalizó ante esa situación; por el contrario, enfatizaron que se trataba de un hecho positivo aun cuando, y en esto también coincidieron todos, tal condición fue consecuencia del manejo de los dirigentes de las entidades agropecuarias, que en el desarrollo del proceso reconocieron que sus planteos trascendían las reivindicaciones meramente económicas, permitiendo así no sólo discutir el tipo de país que se desea, sino también debatir el cómo llevar adelante ese modelo, que varía según los sectores de la sociedad.
En ese contexto, la mayoría coincidió en que la discusión de fondo no era tanto el cómo habían llevado adelante las negociaciones los dirigentes del campo y los funcionarios de gobierno, sino más bien si era legítimo y deseable que el Estado intervenga o no en las reglas de la economía.
Enmarcadas las intervenciones en este punto, los panelistas se concentraron, en distintos niveles, en explicar en qué consistía eso que el “campo” denominó la “oportunidad histórica”. Al analizar la misma, se hizo la obvia alusión a la favorable situación internacional que, para países productores de materias primas, implica la consolidación de las economías emergentes, principalmente asiáticas, algo que no sólo tiene que ver con el aumento de la población sino también con los profundos cambios en los hábitos alimentarios de países como China, por ejemplo, que provocan una demanda impresionante de granos, empleada para la producción de carne. Se recordó que los chinos, por ejemplo, comieron en el año 2005 cinco veces más carne que a fines de los años 80; que se precisan 3 kilos de granos para producir un kilo de ave y más de 6 kilos de granos para producir un kilo de carne vacuna, y se mostró, a continuación, cómo esa fenomenal demanda incidió en la estructura económica de países como el nuestro: 26 millones de hectáreas cultivadas en la campaña 2000-2001 y 30 millones en la campaña 2006-2007; que en igual periodo se pasó de los 67 millones de toneladas de producción a los 94 millones e, incluso, se destacó que además de los beneficios producidos por la comercialización de los productos debían visualizarse las ventajas patrimoniales del sector, teniendo en cuenta que la hectárea de tierra maicera en la región de Buenos Aires está valuada hoy en los 9.200 US$, muy por encima de los 3.200 US$ que costaban antes del boom de la exportación en el año 2002.
Analizado el favorable contexto internacional, se hizo alusión, sin embargo, a que la tan mentada “oportunidad histórica” está lejos de explicarse, exclusivamente, por la situación internacional, en tanto la otra pata de la misma era atribuible al modelo diseñado por el Estado nacional desde el año 2002 y que podía resumirse en la política cambiaria del “dólar alto”. Para el caso, los participantes no valoraron como bueno o malo a ese modelo, sino como una realidad que benefició a los sectores exportadores que, al contar con un esquema de 3 x 1, favoreció la producción doméstica y particularmente la destinada a la exportación siendo, precisamente, el “campo” sojero el sector más beneficiado. En este punto se precisó que la intervención del Estado en el mantenimiento de este tipo cambiario es crucial, en tanto es él, y no el mercado, el que mantiene este artificial tipo de cambio que favorece, precisamente, a los sectores exportadores y que, por lo tanto, las pretensiones de no intervención por parte del Estado en las reglas de la economía era un argumento falaz, en tanto era lógico que si el Estado interviene en la economía para mantener un dólar artificialmente alto, puede también intervenir para decidir qué hacer con las rentas extraordinarias que ese modelo genera para determinados sectores. Rentas que, además, sirven para que el Estado logre una política de superávit fiscal, necesaria para adquirir dólares en el mercado cambiario dependiendo menos de otras fuentes de financiación, como la emisión monetaria o el endeudamiento.
Recién entonces las intervenciones giraron en torno a las retenciones. No sólo porque ellas representaran el disparador de un conflicto que superó los 85 días, sino también como un símbolo que pudiera representar la legitimidad de un Estado dispuesto a intervenir en la economía de un país, problemática ésta que los panelistas en distintos grados consideraron realmente importante. En ese punto nadie negó la importancia de los porcentajes que las retenciones suponen, pero todos coincidieron en que el esquema de retenciones móviles bajo ningún punto de vista amenazaba la rentabilidad y la continuidad de la producción y de la inversión en el sector, tal como los dirigentes del campo denunciaron.
Asimismo, se destacó que tal instrumento de recaudación constituye un instrumento admitido por la Organización Mundial de Comercio, que se trata de una herramienta de la que hacen uso cerca de 50 países del mundo y que jurídicamente se asienta en la noción de soberanía estatal sobre los recursos del suelo y subsuelo de un territorio. Tampoco se dejó de mencionar el concepto de “renta diferencial de la tierra”, según la cual las condiciones naturales extraordinarias de la pampa húmeda en nuestro país otorgan a los que la explotan ventajas comparativas únicas, que no tienen que ver con la pericia o las inversiones del sector sino con condiciones únicas e irrepetibles, que colocan a países como el nuestro o Brasil en condiciones excepcionales a mediano y largo plazo.
Finalmente se hizo alusión a las supuestas paradojas que el conflicto evidenció: particularmente la alianza entre entidades como la Sociedad Rural y la Federación Agraria. Al respecto, se ensayaron explicaciones que requerirán análisis. Pero la hipótesis que uno de los panelistas ensayó es que la misma “oportunidad histórica” que el campo reclama aprovechar fue modificando la base social de entidades como la Federación Agraria, al convertir al pequeño productor en una naciente burguesía agraria que se puede sentir, inconciente o concientemente, bien interpretada por las doctrinas liberales, que ven en la actividad empresarial el motor del crecimiento y la necesidad de que el Estado no obstaculice sus actividades de producción, que en algún momento se derramarían al resto de la sociedad. Y aunque no se negó que entre los miembros de esa entidad aún existe un número considerable de pequeños productores afectados por las medidas del Gobierno, se sugirió que existe también un número nada despreciable de productores que ya no son pequeños productores. Se dieron cifras definitivas del Censo Nacional Agropecuario 2002, en donde se establece que las Unidades Productivas Agrarias descendieron un 21% entre el año 1988 y el 2002, y que esas mismas unidades, en igual periodo, crecieron un 25%, pasando en promedio de tener una extensión de 469 hectáreas, a 588. Y aun cuando no existían cifras definitivas para el periodo 2002-2007, nada hacía suponer que ese proceso no se hubiera intensificado.
Sumando al fenómeno la profunda tecnologización del campo, se sugirió al público que las supuestas contradicciones entre el historial de un dirigente progresista como Buzzi, aliado hoy a Luciano Miguenz, es poco paradójico, en tanto el primero no estaría más que respondiendo a nuevas demandas sociales de esa entidad que, sin convertirla en “oligárquica”, en tanto políticamente reaccionaria y tecnológicamente atrasada, si la orientaba hacia posturas más cercanas a ideas neoliberales.
Finalmente, también se enfatizó el rol de los medios de comunicación en el conflicto y cómo esto, independientemente de los intereses directos que pudieran existir entre los medios de comunicación y el campo, confirmaba teorías que, desde hace décadas, difunden intelectuales de todo el mundo: una noción de “verdad” que no supone una adecuación entre lo que los hombres dicen de una “cosa” y la realidad de esas “cosas”, sino más bien una que supone la capacidad de determinados sectores de imponer como verdad aquello que ellos consideran verdadero. De allí, se dijo, la necesidad de los sectores populares y nacionales de tomarse con seriedad una política hacia los medios de comunicación y darles el rol estratégico que se merece.
En ese contexto, la mayoría coincidió en que la discusión de fondo no era tanto el cómo habían llevado adelante las negociaciones los dirigentes del campo y los funcionarios de gobierno, sino más bien si era legítimo y deseable que el Estado intervenga o no en las reglas de la economía.
Enmarcadas las intervenciones en este punto, los panelistas se concentraron, en distintos niveles, en explicar en qué consistía eso que el “campo” denominó la “oportunidad histórica”. Al analizar la misma, se hizo la obvia alusión a la favorable situación internacional que, para países productores de materias primas, implica la consolidación de las economías emergentes, principalmente asiáticas, algo que no sólo tiene que ver con el aumento de la población sino también con los profundos cambios en los hábitos alimentarios de países como China, por ejemplo, que provocan una demanda impresionante de granos, empleada para la producción de carne. Se recordó que los chinos, por ejemplo, comieron en el año 2005 cinco veces más carne que a fines de los años 80; que se precisan 3 kilos de granos para producir un kilo de ave y más de 6 kilos de granos para producir un kilo de carne vacuna, y se mostró, a continuación, cómo esa fenomenal demanda incidió en la estructura económica de países como el nuestro: 26 millones de hectáreas cultivadas en la campaña 2000-2001 y 30 millones en la campaña 2006-2007; que en igual periodo se pasó de los 67 millones de toneladas de producción a los 94 millones e, incluso, se destacó que además de los beneficios producidos por la comercialización de los productos debían visualizarse las ventajas patrimoniales del sector, teniendo en cuenta que la hectárea de tierra maicera en la región de Buenos Aires está valuada hoy en los 9.200 US$, muy por encima de los 3.200 US$ que costaban antes del boom de la exportación en el año 2002.
Analizado el favorable contexto internacional, se hizo alusión, sin embargo, a que la tan mentada “oportunidad histórica” está lejos de explicarse, exclusivamente, por la situación internacional, en tanto la otra pata de la misma era atribuible al modelo diseñado por el Estado nacional desde el año 2002 y que podía resumirse en la política cambiaria del “dólar alto”. Para el caso, los participantes no valoraron como bueno o malo a ese modelo, sino como una realidad que benefició a los sectores exportadores que, al contar con un esquema de 3 x 1, favoreció la producción doméstica y particularmente la destinada a la exportación siendo, precisamente, el “campo” sojero el sector más beneficiado. En este punto se precisó que la intervención del Estado en el mantenimiento de este tipo cambiario es crucial, en tanto es él, y no el mercado, el que mantiene este artificial tipo de cambio que favorece, precisamente, a los sectores exportadores y que, por lo tanto, las pretensiones de no intervención por parte del Estado en las reglas de la economía era un argumento falaz, en tanto era lógico que si el Estado interviene en la economía para mantener un dólar artificialmente alto, puede también intervenir para decidir qué hacer con las rentas extraordinarias que ese modelo genera para determinados sectores. Rentas que, además, sirven para que el Estado logre una política de superávit fiscal, necesaria para adquirir dólares en el mercado cambiario dependiendo menos de otras fuentes de financiación, como la emisión monetaria o el endeudamiento.
Recién entonces las intervenciones giraron en torno a las retenciones. No sólo porque ellas representaran el disparador de un conflicto que superó los 85 días, sino también como un símbolo que pudiera representar la legitimidad de un Estado dispuesto a intervenir en la economía de un país, problemática ésta que los panelistas en distintos grados consideraron realmente importante. En ese punto nadie negó la importancia de los porcentajes que las retenciones suponen, pero todos coincidieron en que el esquema de retenciones móviles bajo ningún punto de vista amenazaba la rentabilidad y la continuidad de la producción y de la inversión en el sector, tal como los dirigentes del campo denunciaron.
Asimismo, se destacó que tal instrumento de recaudación constituye un instrumento admitido por la Organización Mundial de Comercio, que se trata de una herramienta de la que hacen uso cerca de 50 países del mundo y que jurídicamente se asienta en la noción de soberanía estatal sobre los recursos del suelo y subsuelo de un territorio. Tampoco se dejó de mencionar el concepto de “renta diferencial de la tierra”, según la cual las condiciones naturales extraordinarias de la pampa húmeda en nuestro país otorgan a los que la explotan ventajas comparativas únicas, que no tienen que ver con la pericia o las inversiones del sector sino con condiciones únicas e irrepetibles, que colocan a países como el nuestro o Brasil en condiciones excepcionales a mediano y largo plazo.
Finalmente se hizo alusión a las supuestas paradojas que el conflicto evidenció: particularmente la alianza entre entidades como la Sociedad Rural y la Federación Agraria. Al respecto, se ensayaron explicaciones que requerirán análisis. Pero la hipótesis que uno de los panelistas ensayó es que la misma “oportunidad histórica” que el campo reclama aprovechar fue modificando la base social de entidades como la Federación Agraria, al convertir al pequeño productor en una naciente burguesía agraria que se puede sentir, inconciente o concientemente, bien interpretada por las doctrinas liberales, que ven en la actividad empresarial el motor del crecimiento y la necesidad de que el Estado no obstaculice sus actividades de producción, que en algún momento se derramarían al resto de la sociedad. Y aunque no se negó que entre los miembros de esa entidad aún existe un número considerable de pequeños productores afectados por las medidas del Gobierno, se sugirió que existe también un número nada despreciable de productores que ya no son pequeños productores. Se dieron cifras definitivas del Censo Nacional Agropecuario 2002, en donde se establece que las Unidades Productivas Agrarias descendieron un 21% entre el año 1988 y el 2002, y que esas mismas unidades, en igual periodo, crecieron un 25%, pasando en promedio de tener una extensión de 469 hectáreas, a 588. Y aun cuando no existían cifras definitivas para el periodo 2002-2007, nada hacía suponer que ese proceso no se hubiera intensificado.
Sumando al fenómeno la profunda tecnologización del campo, se sugirió al público que las supuestas contradicciones entre el historial de un dirigente progresista como Buzzi, aliado hoy a Luciano Miguenz, es poco paradójico, en tanto el primero no estaría más que respondiendo a nuevas demandas sociales de esa entidad que, sin convertirla en “oligárquica”, en tanto políticamente reaccionaria y tecnológicamente atrasada, si la orientaba hacia posturas más cercanas a ideas neoliberales.
Finalmente, también se enfatizó el rol de los medios de comunicación en el conflicto y cómo esto, independientemente de los intereses directos que pudieran existir entre los medios de comunicación y el campo, confirmaba teorías que, desde hace décadas, difunden intelectuales de todo el mundo: una noción de “verdad” que no supone una adecuación entre lo que los hombres dicen de una “cosa” y la realidad de esas “cosas”, sino más bien una que supone la capacidad de determinados sectores de imponer como verdad aquello que ellos consideran verdadero. De allí, se dijo, la necesidad de los sectores populares y nacionales de tomarse con seriedad una política hacia los medios de comunicación y darles el rol estratégico que se merece.
