Los tres mosqueteros

Panorama electoral universitario

En el primer trimestre del próximo año, la Universidad Nacional de Salta elegirá sus autoridades para los próximos tres años. A nivel de Rectorado, participarían en la lucha tres candidatos, provenientes de diversas tendencias y enfoques. Aquí, una aproximación al perfil de cada uno de ellos, sus chances y bases de apoyo.

Por Eduardo da Silva

La universidad se apresta a celebrar las elecciones de autoridades, siendo las de Rector las más importantes. Vale la pena recordar que la figura del Rector de una Universidad Nacional goza del carácter de un personaje público, referente de una alta casa de estudios, lo cual otorga una cuota importante de poder y capacidad de influencia.
Tres serían los candidatos a reemplazar a la Ingeniera Stella Pérez de Bianchi. En esa nómina están se encuentran el contador Víctor Hugo Claros (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas), el Ingeniero Norberto Alejandro Bonini (Decano de la Facultad de Ciencias Exactas) y el Dr. Guillermo Andrés Baudino (Decano de la Facultad de Ciencias Naturales).

Tecnócrata consecuente

Sobre el contador Víctor Claros puede decirse que ha hecho una carrera importante. Se destaca su capacidad para ascender en puestos de forma continua, una habilidad digna de admiración en instituciones tan burocráticas como la UNSa. El perfil de este Decano de Ciencias Económicas se asemeja al del típico tecnócrata neoliberal, ejecutor disciplinado de un tipo de pragmatismo algo extraño, porque siempre decide para el mismo lado: la derecha. En algunos sectores de la universidad, donde existe la consistente tendencia del ser salteño de estar a la derecha de la derecha, existen posibilidades de convencer de que una simple (y triste) ideología como la neoliberal aún tiene algún tipo de funcionalidad en el mundo que viene (¿ya llegó?), donde el mismo Bush ha nacionalizado parte de la banca el año pasado. Asimismo, el contador Claros ha tenido una buena actividad en el ámbito privado, habiendo sido Director del Banco de Préstamo. Se le reconoce gran capacidad de gestión, justamente en una Facultad que tampoco se destaca por complejizar y diversificar sus actividades (Ciencias Económicas es la facultad en la que menos se promueve la investigación, a punto tal que es la que menos proyectos tiene en funcionamiento en el Consejo de Investigación de la Universidad), de forma tal que no sea simplemente un contenedor de jóvenes intentando estudiar compulsivamente, en vistas de una salvación individual. En relación al apoyo del que gozaría, se dice que sería poco y que conseguiría un tercer lugar tranquilo. Más allá de que, como histórico militante radical, cuenta con el apoyo de Franja Morada, que representa un aparato electoral interesante en caudal de votos, y pareciera no alcanzarle, ya que su imagen está ligada de alguna forma a medidas resistidas, como el arancelamiento.

El químico

Por su parte, el Ingeniero Químico Norberto Bonini aparece como uno de los que tiene posibilidades de llegar a disputar el Rectorado. Como buen creyente de las Matemáticas, la Física y la Química, el perfil de este candidato se asemeja al de una persona estructurada, dogmática y fuertemente conservadora. Dicen que es un formalista, es decir, aquel que más que apegarse a las formas y los métodos, convierte a todo su ser en una forma y en un método, definido e inmodificable. Es muy estricto y defensor a ultranza de las jerarquías. Cree abiertamente en el orden y hace de ello un culto. En términos ideológicos, no aplica a las categorías clásicas, pero es una persona que uno podría situarla más a la derecha, sobre todo si se tiene en cuenta esta tendencia a respetar al máximo al status quo. Según varios estudios antropológicos y biológicos, las personas y los organismos rígidos e imposibilitados de poner en duda sus costumbres y hábitos son los que perecen porque no logran convivir efectivamente con lo que Maturana en Biología y Luhmann en Sociología han llamado la “autopoiesis”. El caso de Bonini es el de una persona responsable e idónea, proveniente de una clase media moralista e ingenua, que supone que el apego a las normas facilitará la clarificación de las medidas a tomar para mejorar el funcionamiento de la realidad (desconociendo que los reglamentos son tinta muerta no desligada de los intereses subjetivos de las personas que las leen y aplican; en esa ignorancia del inconsciente y sus intrincados deseos y pulsiones es donde anida la ingenuidad de la clase media, que hace también que cada proyecto político que la represente fracase), en tanto no entiende que esta realidad es enormemente compleja y dinámica, y a su vez exigente de miradas más abiertas, participativas y menos simplistas. Según lo que se comenta, Bonini gozaría del apoyo de un sector importante de profesores y alumnos, aunque son conocida sus rencillas con la gente de ADIUNSa., el gremio de los profesores universitarios.

El joven

Finalmente, nos referiremos al Dr. Baudino, quien es el representante de la continuidad de la actual gestión. Continuidad en el sentido de que fue uno de los fundadores del grupo de docentes que trabajaron por la elección de Bianchi hace seis años. Si bien no hay sondeos oficiales, la sensación que recorre los pasillos de la UNSa en Castañares es que las gestiones de la Ing. Bianchi han dejado conformes a varios sectores. Se piensa que esto afectará en la intención de votos que irían para Baudino, como forma de afianzar el rumbo marcado por la gestión actual. Baudino, por su parte, se ubica en términos ideológicos en el campo del llamado progresismo de centro-izquierda. Tiene fama de ser un gran emprendedor, ya que se cuentan múltiples actividades en todos los años que ha estado relacionado con la Universidad. Al mismo tiempo, mucha gente destaca el marcado carácter social de su gestión, junto con su compromiso en debates públicos de relevancia, como cuando formó parte del debate generado en torno al desastre de Tartagal de principio de año o el famoso reordenamiento territorial.
Sobre él pesa la “acusación” de ser muy intelectual (paradójica denuncia en un ámbito universitario), lo cual le restaría cierto carisma y llegada a los diversos sectores que componen la Universidad. Tampoco ha logrado despegarse de las críticas que lo azotaron (sobre todo desde la izquierda universitaria) cuando fue la discusión por los fondos de las mineras, a los cuales la universidad accedió (cabe destacar que ninguno de los tres candidatos a los que nos estamos refiriendo en esta nota tuvo una postura negativa a la hora de recibir ese dinero). Si bien no aparece como seguro ganador, mantiene posibilidades, y según lo que se comenta, llegaría a una segunda vuelta con Bonini.

Trabajo Informal en Salta

Actualmente, el término informalidad ha cobrado una notable importancia dada su creciente y profunda implicancia social y política. Más precisamente, el trabajo informal es una de las principales características de las economías subdesarrolladas, y permite explicar la precariedad del mercado laboral y por ende de toda la sociedad. Salta no es la excepción.

Por Alejandro Nieva

Siguiendo la línea del Ministerio de Trabajo de la Nación, puede entenderse como “trabajo informal” a aquellas actividades laborales desarrolladas por fuera del marco legal, sin los derechos y beneficios que este provee. Cabe destacar que esta clasificación identifica al trabajo formal con el trabajo decente (en los términos de la OIT), es decir, aquel justamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, de seguridad ocupacional y de dignidad humana.
La cantidad de actividades pasibles de ser calificadas como informales no están solamente asociadas con un sector, ya que por lo general se suele poner como excusa que la causa principal de que existan empleados “en negro”, es la baja productividad de las empresas y el elevado costo que conlleva registrar la actividad laboral. Fueron estas razones, justamente, las tenidas en cuenta durante los años de apogeo neoliberal y las que motivaron políticas económicas acordes a esa interpretación sesgada. Es decir, se pensó que un mercado laboral desregulado (flexibilizado) tendería por sí mismo a erradicar el empleo informal; no obstante, las medidas tomadas no hicieron otra cosa que agravar el problema, tornando volátil y poco seguros los puestos de trabajo y legitimaron, a su vez, una práctica evasiva, que es la que determina por antonomasia el trabajo informal, teniendo en cuenta que los asalariados informales, es decir aquellos en relación de dependencia, constituyen el 80% de los trabajadores en esa condición.
Otra de las causas del trabajo informal pueden llegar a ser las continuas depresiones de los ciclos de la actividad económica (identificados con una disminución considerable del PBI per cápita). Como el trabajo es una variable que acompaña el comportamiento de la actividad en general, en esas etapas un mercado laboral escueto no puede absorber gran cantidad de los oferentes de mano de obra, por lo que son obligados a generarse sus propios puestos de trabajo, basados en otra lógica, la autosubsistencia, y por lo general acompañados por una baja productividad y precariedad en sus prácticas, esto debido principalmente a las características de la actividad desarrollada, la cuales suelen ser intensivas en mano de obra y con muy poca participación de capital. Esta masa de población, por lo general, suele presentar características socioeconómicas y de formación inferiores a aquellos que acceden a un puesto en el sector formal, lo cual tiende a agravar su situación de vulnerabilidad. Como se mencionó anteriormente, no sólo los trabajadores empleados en este sector constituyen la totalidad de los empleados informales; la situación de ilegalidad surge además del incumplimiento de la legislación laboral por parte de empleadores y cuentapropistas; es por esto que el trabajo informal puede encontrarse localizado tanto en empresas formales y unidades productivas informales como en hogares particulares. La baja productividad de un sector determina el fenómeno creciente de informalidad laboral, pero no es el único factor ni el más importante; otros determinantes son la tendencia generalizada a permitir y hasta a legitimar la proliferación de actividades por fuera del marco de la legislación laboral; la percepción de la sociedad de que la informalidad es una vía válida, la incertidumbre sobre el futuro de la economía o el desmantelamiento de la inspección laboral.

Los datos en Salta

Teniendo en cuenta esos parámetros, se puede llegar a una cuantificación de los empleados informales en la Provincia de Salta; no obstante, la misma puede estar rezagada, dada la poca disponibilidad de datos pertinentes a nivel nacional y la nula elaboración, o bien total indisponibilidad, por parte de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia para proveer datos al respecto. Por ende, los datos con los que se cuentan son los de la última EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de 2006, los cuales fueron oportunamente tratados. A partir de ellos, se estimó el total provincial de los empleados informales por rama de la actividad económica. Cabe destacar que los datos provenientes de la EPH son los pertenecientes al Aglomerado Salta, mientras que los que se presentan a continuación son del total de la provincia.

Empleo informal por sector de la actividad

Se puede observar la irregularidad en los mercados laborales de cada actividad económica de la provincia, lo cual se relaciona con la cantidad de empleados informales que tiene cada actividad. Paradójicamente, si la productividad fuese el único determinante del trabajo informal, es de notar que sectores de gran participación en el PBG provincial (Producto Bruto Geográfico) ostentan márgenes de informalidad alarmantes, como es el caso de la Agricultura con un 68,21%, la explotación de minas y canteras (que en su totalidad se trata de una actividad intensiva en capital) con un 64,12%, la industria manufacturera con un 71,20% y la construcción con un 70, 84% de sus empleados en negro. Por otra parte, se puede ver una casi total participación de trabajadores irregulares en el servicio doméstico, cercana al 90%. Es necesario destacar que estos servicios están prestados básicamente por mujeres, y aun en esta cuasi modernidad muestran una mayor vulnerabilidad que los empleados varones.
Sucede algo muy interesante, pese a lo que por lo general se puede estimar en economías un poco más desarrolladas (el caso de Capital Federal, por ejemplo): la informalidad en la producción de bienes es mucho mayor a la de la producción de servicios. En la primera, los informales representan un 69,59%, mientras que en la segunda, un 49,67%. Esto puede atribuirse a que, pese a que algunas de estas actividades, me refiero a las de producción de bienes (como lo es el caso de la minería o de la cosecha de soja), responden a una lógica intensiva en capital, por lo que deberían demandar trabajadores con mayor formación y mejor remunerados, usan en sus cadenas de valor, o bien en sus actividades anexas, mucha mano de obra de personas sin calificación alguna, y los remuneran miserablemente. Algo que se puede observar con las condiciones laborales humillantes a las que se ven expuestos muchos trabajadores del agro, quienes pueden ser utilizados desde tareas como la cosecha a mano de los cultivos delicados, hasta para levantar piedras del terreno para evitar la reparación de las camecas, algo que sí es muy costoso para el empleador.

Empleados Informales por Sector de la Actividad

A continuación se pretende mostrar cómo aporta cada sector de la actividad a generar los 165.065 empleados en situación de informalidad, es decir el 56% de los empleados en la provincia.
La mayor cantidad de empleados informales la ostentan los sectores pertenecientes al Comercio con un 21%, Agricultura con un 18%, Servicio Doméstico con un 14%, Industria Manufacturera con un 11% y la Construcción con un 10%. El aporte de los demás sectores es marginal. A partir de la identificación de los sectores más vulnerables, se pueden encaminar las medidas tendientes a revertir esta situación, puesto que, como bien manifiestan tanto funcionarios provinciales como nacionales, se trata de una decisión política. Se pudo ver una amplia y masiva campaña de concientización a nivel nacional acerca de esta problemática, como lo es el caso de los servicios domésticos y la producción industrial. Como resultado se obtuvo un comportamiento favorable, según datos que se pueden observar en las EPH correspondientes a Capital Federal y Gran Buenos Aires, pese a que se podría haber profundizado el ataque a esta situación de irregularidad, para lo cual se debería haber aprovechado la expansión económica sostenida y consolidada hasta el año 2008. En nuestra provincia la labor se hace más difícil, dada la estructura económica poco diversificada que por lo general presenta, y debido a que los sectores económicos y de poder se encuentran unificados y se resisten a una mayor contribución patronal o bien a una mayor inspección por parte del Estado provincial. Sin embargo, un problema a dilucidar también será la pertinencia de cada medida de política económica tendiente a modificar el estado actual de las cosas. Quedó empíricamente demostrado ya (con una serie de aproximadamente 30 años) que la disminución de las cargas sociales, del costo de registración y de impuestos relacionados a la actividad económica, no repercuten en la creación de empleo decente y con ingresos que superen el nivel de subsistencia, y en esto tenemos que ser claros: el trabajo informal es por lo general un trabajo de bajos ingresos, que no permite el acceso a seguridad provisional ni a seguro de salud a los trabajadores ni a sus hijos, y por ende es un factor más de vulnerabilidad, no sólo de un mercado laboral, sino de la sociedad que lo padece.

Empresarios ricos, empresas pobres

A lo largo de los años, el fuero laboral salteño fue sufriendo modificaciones de distintas índoles. Desde el tiempo que consume hoy en día un proceso laboral, hasta la aplicación del derecho de nuestros juzgados, el trabajador que busca un resarcimiento por parte de las empresas no siempre ve satisfechos sus reclamos. Existe, en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos.

Por Soledad Villoldo

El procedimiento laboral en Salta ha ido modificándose. En primer lugar, y por el evidente crecimiento demográfico que ha experimentado nuestra provincia, los procesos tienden a hacerse menos diligentes si no se adecua el número de Juzgados a la cantidad de justiciables que existen, ello para atender la demanda de justicia en forma eficiente. Por otro lado, el procedimiento laboral que poseemos no cumple con la normativa Constitucional de la Provincia, que exige que el mismo sea sumario (ágil y expeditivo estructuralmente) y no uno ordinario (es decir, el procedimiento más largo que existe). Ante ello, los profesionales que se ocupan de los mismos consideran de vital importancia el cambio de rumbo en orden a la aplicación de la ley laboral en nuestros juzgados, que ha sufrido una suerte de endurecimiento de los requisitos exigidos por los jueces a la hora de resolver las cuestiones laborales, ello en detrimento del trabajador.
Esta situación, que podría describirse como la otra cara de la moneda de la Flexibilización laboral en materia legislativa llevada a cabo en los 90, se caracteriza por la no aplicación de los fallos más vanguardistas en materia de tutela laboral que se generan en otras jurisdicciones, especialmente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tales como la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, que regula con excesivo rigor la procedencia de la multa del art. 80 LCT (tres sueldos por la no entrega de certificaciones laborales), la aplicación de las cargas procesales dinámicas y el principio in dubio pro operario en materia probatoria; la no aplicación de ciertas normas de protección, tal el caso del la Ley 24.013, que castiga el empleo clandestino; un pesado rigor en el procedimiento per se, que se exige en el intercambio epistolar previo a la demanda judicial (reclamo especifico de rubros, invocación de plazos, causales de autodespido), en la confección de las planillas de liquidación, en la enunciación de los hechos y los reclamos en la demanda, y en la rendición de las pruebas propuestas. Asimismo, cabe poner de relieve el tiempo que lleva el procedimiento descripto: para obtener una sentencia definitiva, el trabajador deberá esperar entre dos y tres años. Ello arroja como conclusión que hoy es más difícil para un trabajador salir airoso de un pleito laboral en el que busca la satisfacción de sus derechos.

Empresarios ricos, empresas pobres

También atenta contra los intereses del obrero el cerrojo que han colocado los juzgados laborales en materia de embargos preventivos. Es usual escuchar la queja constante de los profesionales del derecho, quienes afirman que en la actualidad el otorgamiento de las medidas cautelares en el fuero laboral es más acotado. Ello es en verdad grave si recordamos lo dicho en cuanto a la duración del proceso laboral, debiendo además tomarse en cuenta que en muchos casos los trabajadores litigan en contra de empresarios que se encuentran en el límite de insolvencia, con lo que una sentencia favorable al trabajador quedaría en una fútil declamación por no haberse protegido su crédito en el inicio del litigio.
Algunas soluciones propuestas
Lo que puede verse fácilmente es que el procedimiento laboral en Salta (también ocurre en otras provincias) no está en sintonía con la manda Constitucional inclusiva de un proceso sumario, indispensable para la concreción de los objetivos que subyacen en el Principio Protectorio (Ver recuadro). Ante esa situación, consultados los profesionales del derecho por Cuarto Poder sobre cuáles son las soluciones que permitan encontrar el camino hacia un proceso laboral digno de ser llamado custodio del principio protectorio, los letrados refieren la necesidad de crear un procedimiento verdaderamente sumario “en consonancia con lo normado por la ley fundamental de la provincia. Sabemos, sin embargo, que un cambio de tal envergadura conlleva un tiempo difícil de determinar. En todo caso, una solución podría partir del análisis del procedimiento laboral que nos rige en la actualidad”. Por otro lado, ante la interpelación de si verdaderamente deberían ser tan lentos y extensos los procedimientos, responden: “Es indudable que el procedimiento laboral actual no es tan expedito como el procedimiento sumario que se aplica en jurisdicción civil, pero no es menos cierto que aquél no es aplicado con la rigurosidad que imponen sus normas. En la práctica, nuestro proceso laboral sufre dos grandes interrupciones: la primera ocurre luego de la apertura a prueba, en donde hay que esperar aproximadamente un año para encontrarnos con la audiencia en la que se provee la prueba testifical, confesional y de peritos. El segundo momento se sucede luego de los alegatos, ya que tendremos que esperar tres, o cuatro, o tal vez una mayor cantidad de meses para obtener la sentencia de primera instancia. Y todo eso sin descontar que la sentencia puede ser apelada”.
Evidentemente, la provincia padece un problema estructural, que incluye el presupuestario. Esto último impide la creación de nuevos juzgados laborales. Basta si no analizar un dato preciso: promediamos en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos. Específicamente, en la Jurisdicción Centro, tenemos seis jueces laborales que deben atender 3.000 procesos al año. En la Jurisdicción Norte, circunscripción Tartagal, tenemos un juez para 600 procesos, y en Orán, dos jueces para 800 casos. En la Jurisdicción Sur de Metán, ocurre algo similar: un juez para 400 juicios. El Poder Judicial de Salta cuenta sólo con una Cámara de Apelaciones en lo Laboral, dividida en dos Salas e integrada cada una por dos camaristas. Resulta indispensable, entonces, proponerse una política de incremento en la calidad de la justicia que ofrecen nuestros tribunales y que se traduzca en el fortalecimiento y crecimiento estructural de los ámbitos de resolución de conflictos. Con todo, resultaría indispensable también una adecuación del procedimiento laboral a los postulados constitucionales referidos a la protección del trabajo, que priorice la inclusión no sólo de un proceso sumario, sino de uno con características acordes con una correcta protección del trabajador, que contemple los principios más actuales propuestos por la doctrina, tales como la ampliación del “tercero” actualmente responsable, indemnidad del trabajador, consistente en la creación de fondos especiales para el caso de insolvencia del empleador, cautela en la denegación de beneficios. Sólo así podremos afirmar la existencia de un Derecho del Trabajo verdaderamente tutelar.

Letra Muerta
Existe un total acuerdo en la doctrina y jurisprudencia, en especial la iberoamericana, sobre la existencia e importancia de un principio del Derecho del Trabajo en particular: El Principio Protectorio o de Protección. En palabras simples, el objetivo del Derecho del Trabajo es proteger a la parte más débil de la relación laboral, al obrero, quien sufre la pérdida de su libertad de negociación desde que se coloca a las órdenes de un empleador, teniendo en miras satisfacer sus necesidades económicas, situación que desemboca en la desigualdad o hiposuficiencia.
De ese principio se desprenden otros que se constituyen en verdaderas herramientas de aplicación de la protección del trabajador. Ellos son, entre otros: el Dispositivo-oficioso: caracterizado por estar el impulso del proceso y sus medidas a cargo del juez, con una actividad coadyuvante de las partes; la Celeridad: se refiere a la velocidad que debe imprimírsele al proceso, esto es, debe ser un proceso ágil y veloz; Expeditividad: relacionada con el anterior, implica que la velocidad del proceso debe darse en un corto período; Gratuidad: basada en la imposibilidad de los trabajadores de realizar erogaciones dinerarias en pos de la materialización de sus derechos, por lo que se dispone que el proceso no tendrá costos o serán mínimos para ellos; Inmediación: está en íntima relación con los principios de oficiosidad, celeridad, expeditividad y búsqueda de la verdad real. Implica que el juez, personalmente, participará en las etapas procesales claves, tales como audiencias de conciliación, testimoniales, confesionales, presentación de informes periciales, etc., todo ello a fin de tener una idea cercana de los hechos tal como ocurrieron entre las partes; Oralidad: con la realización de ciertos actos de manera oral, se busca celeridad, expeditividad y le permite al juez estar presente a los fines de cumplir con la inmediación necesaria para descubrir la verdad real de los hechos; Irrenunciabilidad de los derechos, etc. Incluye también la Constitución de la Provincia de Salta, normas protectorias del trabajo humano, en su Título III, artículos 43, 44 y 45.

Certezas fatales

Por Daniel Avalos

Virgilio Choque, el burócrata, el que renuncia a la acción para abrazar la inercia sindical en complicidad con los poderes de turno, ha ganado las elecciones del gremio docente. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez fue diferente. Y lo fue porque, por primera vez, podría haber perdido. El proceso electoral –la Justicia le había ordenado habilitar a una lista cuyos referentes lideraron las históricas huelgas docentes de los últimos años – y los resultados lo confirman. La suma de las dos listas opositoras, al parecer, que surgieron de esas históricas luchas superó el porcentaje de la lista oficial. Las causas de la derrota, entonces, tendrían que buscarse también, y en gran medida, en la conducta de aquellos actores que el pensamiento transformador deseaba que ganen. Eso no sólo no ocurrió, sino que también esos actores parecieron protagonizar un simulacro de tragedia griega, en donde los protagonistas que despertaban simpatía parecían condenados a hacer lo que no debían hacer para que la obra tuviera otro final. El problema, sin embargo, es que los derrotados no estaban condenados a hacer lo que hicieron, confirmando así que los hombres y las mujeres son libres hasta para dirigirse a su propia perdición.
Alguno de los derrotados debió haber cedido para asegurar el triunfo. En el sentir de muchos docentes, ese alguien debía ser el Partido Obrero. Algo de razón tienen. Tribuna Docente, rama sindical de ese partido, era la fuerza cuyo programa movilizaba menos a la docencia y era, también, la que contaba con una fuerza cuantitativamente menor para desplegar las acciones necesarias para cumplir el objetivo de recuperar el gremio. No fue lo único. Esa fuerza era, paradójicamente, la que mayor capacidad de daño poseía para abortar ese objetivo si no se llegaba a un acuerdo que impidiera concurrir a las elecciones separadas. No se trataba de una cuestión legal ni formal. Se trataba de un razonamiento político. Tal razonamiento no apareció y la obstinación concretada retrasó el proceso que, tanto ellos como la Lista Naranja de Víctor Gamboa, consideraban importante: desplazar a Choque de la conducción del gremio.
Tribuna Docente expresó sus razones. Las mismas dejaron al descubierto concepciones, por lo menos, infrapolíticas. Es más, la obstinación continuó después de terminados los comicios, cuando explicaron la derrota apelando a cuestiones morales y recurriendo al concepto de traición. El razonamiento había comenzado antes. Como previendo los resultados, un volante de la Lista Rosa-Roja anterior al domingo 6 de diciembre explicaba que “la Lista Naranja de Gamboa ya demostró (cursivas en el original) que, llegando al Poder de la Junta de Clasificaciones, en lugar de representarnos actúa como un órgano de simples funcionarios del ministro y como cómplices de toda clase de atropellos a la carrera docente”. El volante seguía con las acusaciones, denunciando que la lista de Gamboa había rechazado un acuerdo de lista única, “…lo que demuestra que no les interesa los intereses generales de la docencia sino los propios”. Vieja práctica trostkista, ver traidores en todos lados. Podrían haber razonado otra cosa: que los potenciales aliados para derrotar a Choque eran contradictorios, moderados, tibios, etc., pero no. Concluyeron que eran traidores que, abrazados a sus propios intereses, conciliaban estos a los intereses de los “explotadores” y que, por ello mismo, los gamboas habían abandonado la lucha. Una lucha, entonces, que se ha perdido, dicen, no por errores de Tribuna Docente, ni siquiera por las maniobras de Virgilio Choque, sino por la lista de Gamboa que, como Tribuna Docente, se arrojó a heroicas huelgas en donde no faltó la represión laboral y física. El trostkismo es así. No sólo padece de una crónica incapacidad para identificar a los adversarios principales, consumen también enormes energías en la tarea de “desenmascarar” a los infiltrados del campo popular, a aquellos que, disfrazados de populares, introducen en los sectores obreros la “ideología dominante”, contaminando la atmósfera revolucionaria químicamente pura de la izquierda “en serio”.
Y ahora la situación se invierte. El docente frustrado ante la derrota sugiere un acuerdo entre la tropa de Claudio del Plá y Choque, funcional a los objetivos electorales de éste último. Es comprensible, pero conviene no creerlo. Las conductas funcionales del Partido Obrero al establishment no responden a la moral distorsionada de sus militantes. Son sus concepciones ideológicas y políticas las que explican sus prácticas desgraciadas. Es el problema del trotskismo en muchos lados, y es lo lógico cuando los actores se refugian más en los textos clásicos del marxismo y en principios cuasi-religiosos que en la realidad concreta en donde se mueven. Convengamos: el error aporta a sus dirigentes un toque de distinción intelectual, pero casi siempre constituye el camino más seguro a la derrota. El Partido Obrero quería una lista de unidad, sí, pero a cambio de que los que la conformaran se subordinaran a reivindicaciones que trascendían el objetivo urgente de desplazar a Choque. No querían el programa de mínima posible en las actuales circunstancias, sino el programa de máxima imposible y que, además, abortaba la unidad y/o la lista única que habría garantizado la derrota del burócrata. Una digresión teórica se impone. Es para referirse a Lenin que, sabemos, es un clásico del marxismo y que ha dirigido una revolución. El pensador calificaba a grupos como estos como ultraizquierdistas. Lo hizo en un texto titulado “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”. El “izquierdista” era aquel que pretendía y, suponemos, creía, que la posibilidad de instalar el programa de máxima era siempre inmediata en nombre del rigor teórico y la pureza de principios. Lo elegante, así, tiene un costo. El costo de acabar con la práctica política, que es un arte más sutil, que requiere avances y retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos, aliados transitorios, otros permanentes, etc., a fin de ir orientando la historia hacia objetivos estratégicos. La dirección de un gremio puede ser, efectivamente, importante y estratégica. El Partido Obrero piensa lo mismo, pero si lo ocupan ellos. Son los riesgos de ser trostkista y ver en la historia casi siempre una “situación revolucionaria” (crisis de la economía capitalista + ascenso de las luchas obreras + crisis de las direcciones burocráticas – dirección revolucionaria), que ellos anhelan convertir en una “crisis revolucionaria”, a la que se llega cuando una dirección política conduce esa situación hacia una salida igualmente revolucionaria.
Así las cosas, la gran estrategia revolucionaria de un grupo frustró lo posible por un imposible que, a decir verdad, no sabemos bien en qué consistía. Optó por la derrota heroica, que fue ridícula, en vez de la victoria parcial que permitiera diseñar para adelante las acciones en mejores condiciones. Virgilio Choque, el burócrata, el que cree, como lo decía John William Cooke, que el mundo puede cambiar infinitamente sin que eso signifique que él debería abandonar el lugar que ocupa en el mismo, ha triunfado. Lo hizo sin teoría, porque el burócrata subordina todo al pragmatismo puro. Su estrategia fue clara: evitar que la docencia concurra masivamente al acto eleccionario y dividir a la oposición abriendo la participación a Tribuna Docente, convencido de que esta haría lo que hizo. Choque, en definitiva, hizo lo que debía hacer un burócrata que se precie de tal: ocuparse de que las buenas razones del progresismo y la izquierda sean incapaces de traducirse en fuerza y voluntad organizada para lograr los objetivos.
Tiene sentido. El burócrata carece de otra certeza, que anida en el progresismo y cierta izquierda. La certeza de que la Historia avanza, inexorablemente, hacia un futuro mejor. El volante del Partido Obrero lo vuelve a evidenciar. Antes de indicar, al final del mismo, el número de lista y los contactos telefónicos, reza “Nada ni nadie podrá impedir que los docentes levantemos la cabeza”. Reparemos en el detalle. El slogan arengoso trostkista es igual al utilizado por Urtubey, autoproclamado progresista, en la campaña electoral de 2007 y que hoy retumba en todas las radios de la provincia: “Nada ni nadie podrá detener este cambio”. Evitemos los rumores, detengámonos en lo que venimos analizando: ese slogan encierra la certeza de la que venimos hablando. En realidad, encierra dos certezas. Una de ellas, lo dijimos, es que la Historia avanza hacia un horizonte posible y mejor. La otra, relacionada con la primera, desnuda la convicción de que el progresista y el revolucionario, siempre autoproclamados incondicionales practicantes de la Razón para encontrar el sentido y hasta las leyes que determinan la evolución de esa Historia, nos dicen que el triunfo de lo mejor es inevitable y que los actores que lo garantizan son los que practican esas creencias, es decir ellos mismos. Convengamos: no es lo mismo ser progresista que revolucionario. El progresista apuesta al cambio gradual, cree que con cambiar una parte del todo alcanza. El revolucionario no. No quiere cambiar una “parte” del todo, sino el “todo”, identificado como enteramente perverso. Para el revolucionario, el progresista que apuesta a un cambio gradual es un tibio o, peor aún, alguien que esconde inconfesables motivos ocultos, casi siempre relacionados con intereses prácticos individuales.
La certeza que anidan, sin embargo, es la misma: el triunfo está garantizado. Seamos justos: tal certeza proviene de los mejores pensadores del marxismo. Carlos Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista declaraba, refiriéndose al destino de la burguesía: “Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”. Jean Paul Sartre hizo lo mismo en el prólogo de un libro famoso (Los condenados de la tierra, del argelino Frantz Fanon): “La descolonización está en camino, lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar la realización”. La izquierda y el progresismo ya deberían haber aprendido la lección. La Historia no avanza en la dirección única de sus deseos. No hay camino predeterminado; si así fuera, los hombres y mujeres no serían libres. Los Choques no sólo pueden retrasar los procesos de cambio, pueden también impedirlos. Lo grave, en todo caso, es que las fuerzas de izquierda también, cuando actúan con márgenes de error tan elevados que posibilitan congelar la historia en la modalidad de la dominación. Lo hacen cuando parecen conformarse con tener la razón, cuando se conforman con pegar el grito testimonial, y prescinden de los análisis serios en torno a las relaciones de fuerzas reales que existen entre los campos sociales en disputa, o prescinden de razonamientos estratégicos terrenales. Son muchos. Trascienden a los miembros de fuerzas políticas y sindicales organizadas. Pero el comportamiento es siempre el mismo: exaltan exclusivamente las posturas de resistencia y el valor de las movilizaciones de base, en desmedro de los razonamientos políticos, convirtiendo al vicio en virtud. El vicio de no valorizar, de una buena vez, a la política.

Docentes votando, ¿también están educando?

Elecciones en la ADP, ganó otra vez Virgilio Choque

Pasaron una vez más las elecciones en la Asociación Docente Provincial, la ADP, y por cuarta vez ganó y fue reelecto el ya inamovible secretario general Virgilio Choque. Mientras se escrutan los últimos votos, aquellos que llegan por vía postal y que corresponden a las escuelas del interior, el candidato por la Lista Naranja, Víctor Gamboa, comenzó a lanzar el proyecto de fundar un gremio paralelo a la ADP, resignado ya a no poder reconquistarla.

Por Daniel Escotorin

A diferencia de otras elecciones, esta vez las acusaciones por fraude quedaron matizadas por los cruces entre las listas opositoras, la de Gamboa y la lista del Partido Obrero (PO), que llevaba a Ángel Tolaba como candidato. Nuevamente, unos y otros se acusan de haber dividido a la oposición y, así, permitido el triunfo de Choque.
Como primera cuestión, es indudable que Choque ha perfeccionado las técnicas de fraude. Las mañas, los artilugios, todo lo que le permita retener su poder gremial se renuevan día a día, es cada vez más grosero su proceder, pero es a la vez directamente proporcional con la eficiencia de sus resultados. La oposición, los militantes, dirigentes, candidatos, quedan siempre descolocados frente a cada paso de Choque. Vale esta aclaración porque, en realidad, el sentido de esta nota es correr la mirada de este escenario y posarla sobre una más compleja, más polémica y de fondo. ¿Es el fraude la única causa por la que gana Virgilio Choque? ¿No hay alguna responsabilidad directa de los docentes? Cuando se apunta a la consabida “burocracia sindical”, se lo hace con elementos contundentes en mano: proscripción de listas o candidatos, ejercicio de diversos tipos de violencia, acción directa para evitar la participación, urnas violentadas o escrutinios sin control. La mayoría de las veces es una combinación de todos estos elementos, pero a no confundir: que la elección se realice un día domingo no es impedimento para votar, que los padrones estaban arreglados pero también hubo voluntad de votar y se lo hizo. Y Choque logró ganar por apenas cien votos más o menos; si le agregamos votos fraudulentos, podríamos concluir que se pudo haber ganado por una pequeña diferencia, pero un buen porcentaje votó por la lista oficialista.
Resulta en cierto punto una tremenda paradoja que el espacio de la asamblea provincial docente que supo convocar a miles de docentes de toda Salta, no haya podido capitalizar toda esa masa en una organización permanente. ¿Causas? Varias. Divergencias en los sectores que confluyen allí, internas dirigenciales, diferencias políticas (sí, políticas), una práctica que osciló entre un gremialismo salarial y un discurso apenas politizado, entre la reivindicación del horizontalismo asambleario y la mirada de reojo a la estructura sindical de la ADP. Primera conclusión: desde la dirigencia, el discurso elaborado, entendido éste como la síntesis de las acciones y las palabras construidas, fue confuso e impreciso, además de la falta de acuerdos que se reflejaban en acusaciones mutuas. Si bien la imagen y el liderazgo de Gamboa quedaron cristalizados en esta elección, no alcanzó para hegemonizar al conjunto de la asamblea y la oposición a Choque.

Las bases

Pero no se trata de poner todas las responsabilidades en la dirigencia. Queda un tercer factor: el de los propios docentes, su mentalidad, su conformación cultural e ideológica. Tomemos como punta de análisis de este factor lo enunciado más arriba: ¿Qué sucedió con esa enorme masa movilizada en los paros del 2005, 2006, 2007? ¿Cómo se manifestó esa voluntad de cambio expresada en esas jornadas de lucha? ¿Hubo tal voluntad?. En cierto sentido, puede responderse que sí, que la lucha de aquellos años tenía dos destinatarios: el gobierno de Juan Carlos Romero y su intransigencia autoritaria, a la que se logró doblegar; y por otro lado el propio Choque. Pero aquí se falló y entonces, si miramos un poco más allá de la primera línea de información y datos, podemos ver que hubo una lectura incorrecta de esa confrontación con el romerismo. En primer lugar, porque así como se lo doblegó en términos de concesiones, aunque no hayan sido muchas, corrió la cortina para exhibir el desgaste social de ese gobierno, y aquí es donde los espejos devolvieron reflejos engañosos: la asamblea, entendida como el conjunto de participantes y no sólo la militancia, más esa mayoría partícipe de los paros, marchas y otras acciones, no tenía como objetivo conciente el desgastar al gobierno, y entonces se tomó como propio un hecho político, la derrota del romerismo, a la que contribuyó pero nunca se lo propuso.
Entonces, desde allí se engarza con la realidad que, tras los paros y más allá del desgaste mental y físico que supone sostener movilizaciones de varias semanas, permite explicar el retraimiento del conjunto docente por la sencilla razón de que sus objetivos nunca fueron más lejos que de la reivindicación estrictamente salarial. La propuesta válida de recuperar la ADP se convirtió en una utopía propia de un buen número de militantes y aledaños, pero no de la mayoría de las maestras y maestros provinciales. ¿Cuántos de ellos renunciaron a la ADP en repudio a la traición de Virgilio Choque? ¿Cuántos continuaron usufructuando los beneficios, legítimos por otra parte, que brinda el sindicato? He aquí la gran contradicción, o al menos la limitación de un grupo social que no logra establecer una base material sólida que les permita plantearse nuevas tareas políticas para su universo más global, más general.
Hablando de política, y por eso remarcaba ese término anteriormente, cuántas veces no se escuchó en las asambleas, en las marchas, en las reuniones en escuelas la frase “Esto (por el paro) no es político”, “Nosotros no hacemos política”, etc. Esa negación es la primera evidencia de una reivindicación cortoplacista, estrictamente gremial. Cuando los docentes cantaban a coro en esas marchas multitudinarias “Docentes luchando, también están educando”, parecía expresarse un salto en la conciencia y en la voluntad que sólo se logra con la acción concreta, es decir en la lucha. Habrá que revisar este viejo postulado porque, efectivamente, no hubo tal avance y en esto es válido poner algunos ejemplos sobre la mentalidad o la conformación ideológica del pensar docente: en esos días, se dio el recordado caso del alumno del colegio Arturo Illia que, por un gesto de rebeldía, pero también por ser sindicado como “cabecilla” de algunas movidas gremiales estudiantiles, fue expulsado del colegio y motivó el respaldo pleno de los docentes a las autoridades por la decisión adoptada. El otro ejemplo, más general pero contundente, fue la escasa (o debemos decir nula) movilización detrás de la discusión por la Ley Provincial de Educación.
Es verdad que, a la deficiente situación salarial, se debe sumar una realidad demasiado dura en cuanto a condiciones laborales de la docencia salteña, que empuja a muchos de ellos a estar más preocupados por esa cotidianeidad del día a día, pero justamente desde ese contacto con esa realidad los pone en un estadio por arriba de otros sectores sociales, laborales o culturales, que no siempre tienen el espacio o la capacidad de observar y analizar.
Como conclusión, el fracaso en la recuperación de la ADP va más allá del fraude oficialista o de la eterna división de la oposición. En todo caso, la decisión del sector de la Lista Naranja (Gamboa) de constituir un nuevo gremio docente es saludable si éste sirve para canalizar no sólo las reivindicaciones gremiales, salariales, sino también para contener la necesaria obligación de continuar la formación ciudadana y política de los docentes por otros medios.