Nostalgia de los 90

Inestabilidad Jurídica

El Senado, finalmente, le dio media sanción al proyecto de ley de Estabilidad Jurídica enviado por el Ejecutivo hace más de un año a la Legislatura provincial. Esta ley, de ser aprobada en Diputados, le garantizará a las empresas que inviertan en nuestra Provincia inmunidad jurídica ante futuras modificaciones legales que alcanzaran a las mismas.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, y con la finalidad de atraer inversiones a la Provincia, la norma prevé para aquellas compañías que se acojan a la ley, la celebración de un Contrato de Estabilidad con el Estado, en donde la empresa definirá de antemano una serie de normas determinantes para la inversión, las que no podrán ser modificadas por leyes provinciales o municipales que en el futuro pudieran afectarlas.
Asimismo, la ley prevé que puedan acogerse a este privilegio tanto inversores nacionales como extranjeros, siempre que realicen nuevas inversiones o amplíen las existentes, y estén destinadas a actividades productivas, excluyendo las financieras especulativas. Además, la inversión deberá generar más de cien puestos de trabajo, cumplir con los plazos de inversión, el pago al día de impuestos y el mantenimiento de las fuentes laborales. Por último, se excluye a los contratos de estabilidad del Régimen del Sistema de Contrataciones de la Provincia (Ley 6.838), que contiene los recaudos de publicidad y transparencia exigidos a los contratos que celebra el Estado.

Déjà vu

En el número anterior ya habíamos advertido acerca de la necesidad de modificar las leyes provinciales 6.025, 6.064 y 7.124, las cuales, con la excusa de fomentar la inversión privada en los sectores de la economía de la industria, turismo y ganadería, para de esa manera generar más empleos, lo que en verdad hicieron fue transferir cada año millones de pesos del erario público a las empresas del sector, además de beneficiarlas con exenciones impositivas y cesión de bienes y terrenos de dominio público, sin que ello le haya permitido a nuestra provincia salir de los primeros puestos en niveles de pobreza, desocupación, trabajo en negro e informal.
Remarcábamos, en este sentido, que las políticas de fomento de inversión para cumplir los fines loables de incentivar nuevos emprendimientos, motorizar la economía y generar empleos, deberían contemplar, por sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan y contribuyen a la distribución general del ingreso; privilegiar al empresariado local por sobre el foráneo, teniendo en cuenta que estos últimos, cuando provienen de países centrales, cuentan con mayores recursos para competir en nuestro medio; impedir que el mayor esfuerzo recaiga impositivamente sobre los sectores más vulnerables, que finalmente terminan financiando a los que mayores recursos tienen, y por sobre todo, las políticas de fomento deberían llevar incorporadas las sociales, ya que la visión del derrame de riqueza que había prometido el neoliberalismo, sólo produjo pocos ganadores y muchos perdedores que luego fueron apartados del sistema.
La Ley de Estabilidad Jurídica pretende seguir esta lógica de fomentar, no tanto la inversión para la generación de empleos, sino, y en forma excluyente, la acumulación de capital en pocas manos, pero de una manera mucho más desigual, grosera e ilegal que las anteriormente citadas. En efecto, esta Ley es desigual no sólo porque no prioriza a las pymes, sino porque de hecho las excluye, ya que para acceder al beneficio por ella contemplado, las inversiones deben generar al menos cien puestos de trabajo: tamaña inversión sólo estará al alcance de las grandes empresas. Recordemos, además, que quedan excluidas las actividades financieras especulativas. Forzosamente se vieron obligados a impedirles el ingreso al festín, luego de contemplar la apocalíptica consecuencia que las mismas generaron al planeta hace poco más de un año atrás. No así a la bancaria o financiera institucionalizadas, por lo que pareciera ser que esta ley es un traje hecho a medida de los grandes grupos de la producción, financieros y bancarios, entre ellos el Macro.

¿Inconstitucionalidad evidente?

La ley es grosera porque crea un privilegio -como lo es el Contrato de Estabilidad- que repugna en una sociedad que padeció las políticas de concentración y segregación neoliberales. Recordemos que en dicho Contrato la empresa fijará de antemano una serie de normas determinantes para invertir, que no podrán luego ser modificadas por leyes posteriores. ¿Puede una ley impedir ser modificada por otra posterior y/o superior? Si no puede, ¿acaso un contrato celebrado entre un privado y el Estado podría impedir ser modificado por una ley que debe propender a proteger el bienestar general por sobre el particular? La cuestión se torna ridícula, claro, y esto lo saben los privados y los funcionarios con debilidades hacia el lucro individual, pero también saben que, no obstante, una futura modificación normativa les permitirá iniciarle al Estado jugosos juicios millonarios por incumplimiento contractual ¿Alguien ya se imagina de quiénes y de dónde saldrá el dinero para pagarles?
Es ilegal porque pretende excluir a los “Contratos de Estabilidad” del Régimen del Sistema de Contrataciones de la Provincia. Esto, además, es de suma gravedad, pues atenta contra uno de los postulados fundantes del sistema republicano, que son la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, para el control de legalidad y para evitar la arbitrariedad, máxime cuando ese contrato será el armazón normativo que regirá la relación contractual y al cual se intenta inmunizar contra futuras leyes.
En el nombre de la seguridad jurídica, en nuestro país, se cometieron las mayores transgresiones a las leyes. Privatizaciones escandalosas; fuga de miles de millones de dólares, llevada a cabo no sólo por los bancos sino también por multinacionales; flexibilización laboral que, además de mermarles ilegalmente los derechos a los trabajadores, generó la mayor desocupación de la historia reciente; saqueo y contaminación de recursos naturales; concentración de la riqueza, generadora de una desigualdad de casi 35 veces entre el ingreso de los más ricos con respecto al de los más pobres, y los ejemplos podrían continuar.
La seguridad jurídica consiste en que el Estado haga respetar la Constitución y los Tratados Internacionales, para que los sectores más vulnerables de la población gocen de los derechos fundamentales que le asisten, pues las leyes son una de las pocas herramientas de protección a las cuales pueden aspirar dichos sectores, ya que los estratos más poderosos en una sociedad cuentan, además, con otras herramientas, como ser la del dinero, la educación o las influencias. De lo contrario, si también se los ampara a estos con leyes de privilegios, alcanzan poderes verdaderamente omnímodos. Es por ello que el Estado debe ser el principal garante de cumplir y hacer cumplir las normas Supremas, para no sólo brindar mayor seguridad jurídica, sino también política, económica, social y, por qué no, moral.

Modelo sojero en Anta (Segunda parte)

Una economía de “enclave”

En este número, presentamos la segunda parte del estudio de Chris van Dam publicado en la revista peruana Debate Agrario, en el año 2001, sobre el “modelo sojero” en Las Lajitas. Una "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia son cada vez menores y que posee un nulo efecto dinamizador de la economía regional. Contaminación ambiental por uso indiscriminado de agroquímicos, desempleo y empobrecimiento de la región, son algunos de los efectos más importantes de un tipo de desarrollo que favorece a muy pocos.


Hay un generalizado convencimiento de que la siembra directa es, per se, una práctica que conserva el suelo y el medioambiente en general y, por lo tanto, una forma de producción sustentable. En Anta, sin embargo, la sustitución de la soja por el poroto, primero, y la adopción de la siembra directa, después, no fueron el resultado de una nueva actitud hacia el medioambiente, sino de consideraciones agronómicas -rápida pérdida de fertilidad del suelo y por lo tanto de la productividad- vinculadas a consideraciones económicas. Asimismo, esto se debe al hecho de que la tierra ha triplicado su precio, convirtiéndose en uno de los factores que más contribuye a los costos totales de producción. Ante ello, el cuidado de la fertilidad del suelo es una preocupación central del productor porque ésta puede determinar su éxito o fracaso empresario.

Además, si el sistema es conservacionista del suelo, no parece ocurrir lo mismo con los demás recursos: aire, agua, flora y fauna. Hay varias razones para ello. Por un lado, la siembra directa exige mayor uso de herbicidas, dada la cantidad de malezas que prosperan al abrigo del rastrojo y por la humedad existente. Si bien con la soja el número de herbicidas se ha reducido a dos con la introducción de la soja transgénica (RoundUp y 2-4-D), las cantidades utilizadas son tan altas que, en el caso del 2-4-D, afectan buena parte de la vegetación existente en la región, cortinas, huertas, e incluso las arboledas y los frutales del centro de las Lajitas. En el caso del maíz, también se usa Atrazina, prohibido en muchos países por su toxicidad y residualidad. Por otro lado, el uso excesivo de herbicidas responde a un mal manejo del sistema. Muchos productores no fumigan cuando la maleza es aún pequeña y puede controlarse con pequeñas dosis de herbicidas menos dañinos, como el RoundUp (glifosato que, según Monsanto, el mismo que provee semillas transgénicas de soja, se inactiva tan pronto toca el suelo). Por el contrario, lo hacen una vez que ya está crecida, acudiendo al 2-4-D, un herbicida hormonal mucho más potente y barato, aunque infinitamente más tóxico y que pasa a fase gaseosa a partir de los 25º C. El 2-4-D no sólo es cancerígeno (se encuentra en la lista de los agroquímicos "rojos" en la clasificación de la OMS), sino que con el calor "toma vuelo" y deseca todo lo que encuentra a su paso. Por último, aunque todos los productores saben de los efectos más contaminantes y tóxicos del 2-4-D con respecto al RoundUp para lograr el mismo efecto, la relación en costo por hectárea es de 7 a 1.

Estrategias financiero-productivas

En general los productores sojeros de Anta son productores "ricos", por el patrimonio que tienen como dueños de la tierra. Tengamos en cuenta que con un precio de 1300 dólares la hectárea, un productor promedio en Anta, con 1500 has, tiene un patrimonio de US$ 2.000.000, sin contar la maquinaria y el resto de la infraestructura. Con una tendencia a la reducción de los márgenes de ganancia por hectárea, consideran que la única forma de mantener su utilidad es agrandando su unidad de superficie, por lo que las ganancias obtenidas son automáticamente reinvertidas en compra o arriendo de más tierra. El crédito bancario es escaso y caro: en gran medida, los fracasos de los productores que abandonaron la zona o están en crisis se explican por el nivel de endeudamiento, basados en cálculos demasiado optimistas. Asimismo, los productores se han vuelto cada vez más dependientes de un complejo industrial que tiene todo "amarrado": les ofrece un paquete tecnológico, validado y que se supera tecnológicamente a sí mismo en forma continua, les provee los insumos y la financiación necesaria para que este capital de trabajo recién sea pagado una vez vendida la cosecha, y, finalmente, les compra la producción. En el caso de Anta, se identifican cinco criterios para poder analizar las diversas estrategias financiero-productivas de los productores sojeros. Para el caso del proceso de concentración de la propiedad, aunque no hay datos cuantitativos que den cuenta de ese proceso, son varias las hipótesis que lo explicarían.

La primera razón es el hecho de que tanto la siembra directa como las decrecientes utilidades por hectárea han hecho crecer el umbral mínimo a partir del cual producir soja se vuelve rentable. La siembra directa requiere maquinarias complejas y costosas, pero su uso a su vez sólo se justifica económicamente en grandes superficies cultivadas. El umbral estaría, según los productores, entre las 1.000 y 2.000 has, lo que determinaría que los más pequeños o bien deben crecer, arrendando unidades adicionales, o bien abandonar la producción, vendiendo o arrendando su campo. La segunda razón es que sólo los grandes productores tienen capacidad financiera para hacer frente a un ciclo de años malos (baja producción, precios deprimidos), mientras que el pequeño se ve obligado a vender su campo. Una tercera hipótesis sería la diferencia de manejo tanto productivo como financiero entre los productores, lo que significa rendimientos distintos (promedios que van de los 1.800 a los 2.800 kg/ha) y de costos por ha. Las mismas, en un contexto donde los márgenes pueden ser pequeños, especialmente en años con precios deprimidos, expulsan de la producción a los menos exitosos, grandes o chicos. Una hipótesis darwiniana del proceso de concentración de la propiedad en Anta. Un cuarto conjunto de razones es que se trata de un mercado "cerrado", local, donde quienes venden o arriendan prefieren hacerlo con productores de la zona, con quienes tienen una relación de confianza. Y por último, el factor "vecindad": un productor de la zona estará dispuesto a pagar un sobreprecio por un predio pegado o cercano al suyo, sobreprecio que no está dispuesto a pagar el inversor de afuera. En realidad, estas hipótesis no se oponen unas a otras, aunque estudios más específicos permitirán determinar cuáles son las más fuertes.

Productores prósperos y zona pobre

La poroteada, como se denomina en el Norte a la cosecha del poroto, históricamente convocaba a jornaleros indígenas, bolivianos y argentinos de provincias cercanas. El reemplazo del poroto por soja, la introducción de la siembra directa y la modernización tecnológica, ha sido devastadora en términos de empleo en la zona. Se calcula que los requerimientos de mano de obra han disminuido de 2,5 jornales por hectárea a 0,5 jornales por hectárea. Traducido al conjunto de la región, las 200.000 has. hoy en producción en la zona de Lajitas sólo generan 400 empleos permanentes. Todo ello se refleja en los datos de migración y pobreza que muestra la zona. CEIDEA (1997) señala que el incremento intercensal para Anta es del 11%, comparado con el 24.6% para la provincia, lo que demuestra que es una zona de emigración. Los datos de pobreza no son más alentadores: Anta tiene un 53% de hogares con NBI, mientras que el promedio provincial es de 33.9%. El hacinamiento total de hogares era 52% en Anta versus 39% en la provincia, con un 70% de viviendas deficitarias, y frente al 45,1% en el promedio provincial. Aunque estas son cifras del Censo de 1991, la situación sólo puede haber empeorado en esta última década.

El proceso de concentración de la tierra viene a agudizar esta situación: si pequeños y medianos productores podían residir en la zona, generando algún efecto económico en los pueblos, con su partida sólo quedan los grandes productores, más vinculados a la ciudad de Salta, en cuanto a lugar de residencia y de consumo. En realidad, ello es un indicador más de que el modelo sojero de Anta es una suerte de "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia van siendo cada vez menores, con lo cual no se cumple ningún efecto dinamizador de la economía regional. Y esta situación se da a pesar de que la soja y el poroto contribuyen en forma notoria al PBI agrícola de Salta y son uno de sus principales rubros de exportación.

Mirando al mercado externo

Desde el punto de vista de la producción, el grano es exportado en su totalidad, sin ningún proceso de transformación que genere valor agregado. En cuanto a los insumos, semillas y agroquímicos, todos son provistos por empresas extraregionales (en realidad multinacionales, como Monsanto) que no generan prácticamente empleo en la zona. Lo mismo sucede con la maquinaria agrícola y las camionetas. Los contratistas también son empresas de fuera de la región, al igual que sus empleados, y sólo permanecen en la zona durante periodos muy puntuales en el año. En cuanto a las utilidades, las mismas son enviadas a los dueños de las empresas, que por lo general son de fuera de la provincia o incluso del país, y cuando son reinvertidas, lo son en la compra de más tierra y en la expansión productiva, que tampoco tiene un efecto dinamizador de la economía. En términos de consumo, el número cada vez más reducido de productores se traduce en un consumo cada vez de menor impacto en la economía provincial. El único rubro de interés para la provincia son los impuestos inmobiliarios o el canon de riego, que en el caso de Anta, y en comparación a otras zonas similares del país, son bajos, con situaciones frecuentes de no pago y de periódica condonación de la deuda.
Para una provincia como Salta, una de las más pobres del país, con altos índices de desempleo, sin industria ni oportunidades laborales en las ciudades, con situaciones críticas en varios de sus principales productos (tabaco, azúcar), el modelo sojero de Anta no es sostenible (Anta tiene una superficie similar a la de la provincia de Tucumán, pero Tucumán sostiene una población veinte veces superior), ni en términos sociales ni en cuanto a su posibilidad de dinamizar la economía regional. Se trata claramente de un modelo que beneficia a un grupo de productores cada vez más reducido pero a su vez más próspero, con fuertes externalidades sociales (desempleo, emigración) en el contexto de una región empobrecida.

Apuntes

¨ El modelo no es sustentable. La recuperación de la fertilidad de los suelos y la introducción de prácticas de conservación provocadas por la entrada del paquete soja-siembra directa-variedades transgénicas, no es producto de una mentalidad conservacionista, sino de cálculos sobre beneficios económicos de una tecnología que resuelve problemas agronómicos en el cultivo y, cuando el precio de la tierra se dispara, cuida el valor del patrimonio. Cuando determinadas prácticas que aseguran un manejo cuidadoso del ambiente (como el uso de agroquímicos) significan menor rentabilidad, el productor suele privilegiar criterios económicos. Ello confirma que, en una economía capitalista, medidas que favorecen la sostenibilidad o la equidad sólo pueden ser introducidas si tienen ventajas económicas o si existen normas regulatorias y una autoridad de aplicación eficaz.

¨ El núcleo sojero de Anta se asemeja a una economía de enclave: un grupo cada vez menor de grandes productores y empresas que utilizan los recursos naturales de la zona en un sistema productivo donde los demás factores de producción son importados de fuera de la región. Las utilidades son reexportadas a los accionistas o reinvertidas en la ampliación de sus emprendimientos, pero sin mayor impacto en la economía regional. En ese sentido, las cifras sobre el producto agropecuario generado en la zona, relevantes para una provincia como Salta, son engañosas si contabilizamos los beneficios reales para la economía provincial: un número muy reducido de puestos de trabajo y una contribución marginal a las arcas provinciales a través de impuestos inmobiliarios y cánones de riego.

¨ La "modernización" de la producción sojera en Anta incrementó la vulnerabilidad de los productores, cada vez más dependientes de un mercado globalizado y de un complejo oleaginoso sobre el cual no tienen ninguna influencia, como así también de un paquete tecnológico (maquinaria, variedades genéticamente modificadas, agroquímicos) que les provee una industria con rasgos cada vez más monopólicos. La fusión, en los últimos años, entre quienes proveen los insumos y quienes compran la cosecha, y que además financian el capital de trabajo que requieren los productores, cumple una función "tenaza", que va disminuyendo las posibilidades de reconversión productiva.

¨ La soja genera una muy baja utilidad por hectárea (dependiendo del precio del grano y la productividad de la parcela, alrededor de $100-$150). A pesar de ello, los productores sojeros tienen una gran resistencia a diversificar y reconvertirse, a ensayar otros cultivos. Más bien buscan compensar la caída de utilidad por unidad de superficie con la incorporación de unidades adicionales. La producción de otros granos (maíz, trigo, cártamo, etc.) se hace más bien por razones agronómicas, vinculadas a mantener la fertilidad del suelo y, por ello, en función de las necesidades del cultivo de soja.

¨ Los productores suelen enfatizar que el apoyo que reciben por parte del Estado ha sido más bien escaso, sobre todo en función de lo que ellos mismos han invertido y siguen invirtiendo en la zona, y la notable contribución del núcleo sojero al PBI agrícola provincial y a las "exportaciones" de la provincia. Mirado desde otra óptica, el Estado subsidia en forma encubierta la producción sojera, desde la infraestructura vial -que prácticamente sólo sirve a los intereses de la economía sojera- y las diversas políticas de desgravación impositiva que han beneficiado a algunas empresas, los bajos impuestos inmobiliarios y cánones de riego cobrados, muchas veces condonados, hasta las externalidades ambientales y sociales que los productores generan, cuyos costos son asumidos por el Estado (creciente pobreza y desempleo) y por la sociedad en su conjunto (daños ambientales).

¨ La agricultura intensiva es posible en la zona, pero para ello se requieren ciertos cambios: a) una política provincial que oriente la producción de commodities a las zonas más áridas (donde está probado que puede producirse en siembra directa y con una rentabilidad aceptable), estimulando y premiando a los productores que se reconviertan a cultivos intensivos; b) identificación de cultivos intensivos con mercados nacionales y de exportación, adaptando tecnologías existentes para la zona; c) dinamización del mercado de tierras, de manera tal que los actuales productores, a través de la venta progresiva de parte de sus tierras obtengan el capital necesario para las inversiones que requiera la reconversión. Tierra que sería adquirida, mediante un programa de crédito, por pequeños y medianos productores, lo cual tendría un impacto adicional importante sobre la economía regional, revirtiendo el proceso de concentración de la tierra; d) estimulación de la radicación de agroindustrias que permitan darle valor agregado a la producción en la zona.

La Salta agroexportadora del siglo XXI

Estructura económica provincial

El análisis de distintos instrumentos estadísticos producidos por organismos oficiales que incluyen al Poder Ejecutivo provincial, permite visualizar a los sectores de la actividad económica que poseen mayor peso relativo en la economía provincial, como así también determinar cuáles de esos grupos fueron los más beneficiados durante el periodo de post-convertibilidad. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional con la reactivación de la industria, Salta se ha orientado a la reprimarización de su economía y al monocultivo.

Por Juan Pablo Balderrama

La economía de la provincia de Salta puede clasificarse en sectores, clasificación que surge de un sistema que permite contar con información homogénea a fin de poder compararla. El aporte (en porcentaje) que cada sector de la economía hace al Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial (entendido este como el valor de los bienes y servicios finales producidos en la provincia) para el año 2008, segun datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas nos permiten afirmar de qué forma está estructurada la economía provincial. Puede verse que el aporte de los diferentes sectores al PBG fue dispar. Por un lado, se destacan cinco sectores de gran peso relativo, como ser el agropecuario, que explica un 14%; los servicios de transporte, almacenamiento y transporte, un 11%; la administración pública, un 10% y el comercio y construcción con 9% cada uno. Cabe destacar que los datos obtenidos fueron del PBG a precios constantes, esto es, sin considerar el cambio de los precios por inflación ni apreciación.

Por otra parte, y rezagados por los primeros, se encuentran la industria manufacturera con un 8% del total del producto, al igual que los servicios inmobiliarios y la enseñanza; mientras que escalones más abajo lo ocupan la intermediación financiera, los servicios sociales y de salud, los servicios de electricidad gas y agua, y la explotación de minas y canteras. Los demás sectores, mientras tanto, ocupan una proporción marginal del producto.

Esta exposición es ilustrativa, pues sólo muestra una foto de la estructura económica provincial en el año 2008. Para obtener un análisis más riguroso, es conveniente saber cómo se han comportado estos sectores en el transcurso del tiempo.

El comportamiento de los distintos sectores fue muy variado. Por una parte, encontramos grandes aumentos registrados, sobre todo, en el sector agropecuario, el sector de la construcción y el ligado a la producción de servicios de transporte, almacenamiento y comunicación. Los demás sectores mostraron un incremento pero de menor cuantía, incluido, entre estos, el relacionado con la industria manufacturera. Por otra parte, hubo sectores, tales como la explotación de minas y canteras, que sufrieron una importante disminución en su aporte al PBG total, así como los servicios domésticos, que sufrieron también una caída pero de una magnitud mucho menos considerable.

Por lo visto, puede decirse que Salta mostró un comportamiento diferente al de la Nación en su conjunto, puesto que ésta se volcó manifiestamente hacia la producción industrial, convirtiendo a esta actividad en la principal generadora de trabajo; la adopción de un tipo de cambio competitivo, además, permitió el desarrollo y la promoción de la industria nacional. En cambio en la Provincia, los sectores relacionados a la producción agropecuaria fueron los impulsados en gran parte por el incremento exponencial de la superficie plantada de oleaginosas (soja por antonomasia), que a su vez desplazó a otros cultivos mucho más valiosos para el consumo interno, pero a la vez menos rentables, como lo es el trigo.

Esta dicotomía muestra, a grandes rasgos, la ineficiencia de los incentivos instaurados por las famosas leyes de promoción 6.025, 6.064 y 7.124, que destinan aproximadamente 40 millones de pesos anuales a transferencias de capital a los privados (partida que puede encontrarse en el presupuesto provincial), más otros beneficios, tales como la casi completa eliminación de la carga fiscal provincial. Esto se puede ver reflejado en el gráfico que se presenta a continuación, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Rentas. Se muestra allí la participación de la recaudación del impuesto a las actividades económicas, cuya recaudación depende del gravamen a la actividad de cada uno de los sectores de la economía.

El sector agropecuario, pese a representar el 14% del PBG provincial, tan sólo aporta un 3% en la recaudación del impuesto a las actividades económicas. Se puede ver, además, que, a pesar de tener mucho menos peso relativo en la producción de la provincia, los sectores relacionados a la industria, la intermediación financiera y el comercio son los que más aportan al acervo provincial. Se podría estimar cuánto tendrían que pagar los sectores más beneficiados en los últimos años, pero la tarea se hace muy complicada puesto que las exenciones que corren para estos sectores no necesitan de presentación alguna de la base imponible y, por otra parte, la información de la DGE posee la limitación de no contar con datos corrientes actualizados (ni una estructura de estimación adecuada, como sucede en el caso de la soja) que permita calcular la recaudación potencial de este impuesto.

Entonces, ¿es justificado el reclamo de los patrones del campo cuando repiten a viva voz que el Estado se queda con casi toda su producción y que no los deja crecer? Al menos en Salta, que es una provincia que no tiene un margen de rentabilidad tan elevado como la zona pampeana, esto no sucede: estos sectores tienen una carga fiscal casi inexistente y crecieron bastante bien durante el último periodo post–convertibilidad. Teniendo en cuenta que el Impuesto a las Actividades Económicas representa cerca del 80% de los ingresos genuinos de la provincia, podría incrementar fácilmente su recaudación si se gravaran estas actividades, lo que representaría a su vez un mayor grado de independencia de la coparticipación federal. Cabe entonces preguntarse si este Gobierno, elegido legítimamente por voluntad popular, debe hacer caso a los reclamos sectoriales que presionarán, seguramente, para no pagar un 3% de lo que producen al fisco.

Licencia para contaminar

La industria anarquista

Los vecinos de Villa Mitre denuncian que empresas del Parque Industrial están contaminando la zona. La responsable es una cerámica, que tiene sus nueve chimeneas humeando toda la noche. El caso desnudó la total inoperancia de los organismos de control: sólo 3 de más de 70 empresas presentaron el Estudio de Impacto Ambiental, que figura entre los requisitos para instalarse en el lugar, donde gozan de todo tipo de exenciones impositivas.

Por Julio Quiroga

Ángela Godillo no da más. Tiene 68 años y vivió durante más de cuarenta y cuatro feliz en su casa de Villa Mitre, hasta que el Parque Industrial empezó a funcionar a pleno. Sobre la mesa de su cocina hay una caja de PRO AIR NASAL, medicamento que se aplica sobre las fosas nasales. Es la única forma que Ángela tiene para respirar. Peregrinó, durante seis meses, por cinco médicos, además de su hijo, que también es doctor, hasta que le encontraron lo que tenía. “Vomité durante tres meses, bajé quince kilos, mirame cómo estoy”, dice. “Yo tengo problemas con la garganta, los ojos. Y la tos… Acá hay chicos que tosen, todo el día tosen. Me dijeron que era alergia. Todos estamos perjudicados”, dice la mujer, con los ojos aún rojos, pese a los medicamentos.
El problema de Ángela es, en realidad, el problema de todo un barrio. Alguna vez, los que vivían en esta zona pensaron el lugar como “un segundo San Lorenzo”. Hasta que el Parque Industrial llegó. Villa Mitre, Floresta, Villa Juanita, Autódromo, El Jardín, todos estos barrios están contaminados por las fábricas. “Acá está muriendo gente de cáncer”, denuncia Ángela.

Efecto mariposa
El 10 de diciembre de 2008, el gobernador Juan Manuel Urtubey participó del acto de inauguración de la planta de Cerámica Alberdi, en el Parque Industrial Salta. Para la empresa santafesina, que tiene al ex senador Julio San Millán en uno de sus cargos directivos, la planta de Salta resultaba un punto estratégico para poder ampliarse en el norte argentino y países limítrofes, y prometía tener una capacidad de producción de 500.000 metros cuadrados por mes. “Salta encarna el ideal de progreso”, dijo el presidente de la Cerámica, Miguel Ángel Rapelli. Uno de los motivos esgrimidos por Rapelli para instalarse en Salta fue“la seguridad jurídica que la Provincia brinda a los inversores, quienes son los encargados de crear fuentes de trabajo.”
Urtubey, por su parte, hizo hincapié en la creación de puestos de trabajo (en ese momento, la planta contaba con 500 trabajadores, según se informó) y repitió que la creación de fuentes laborales se debía al “producto de las condiciones de previsibilidad productiva y estabilidad en la normativa jurídica de la Provincia, que está generando un marco de confianza para las inversiones.”
Nada se dijo, en ese acto, de los verdaderos motivos que suelen atraer a las empresas al Parque Industrial: las exenciones impositivas, y la total falta de control por parte del Estado. Esto último, imprescindible para poder armonizar esa creación de 500 puestos de trabajo con la no menos importante cuestión vinculada a la salud de miles de personas.

Un país aparte
Según la misma reglamentación del Gobierno, son varios los requisitos para que una empresa se instale en el Parque Industrial. Primero, debe exhibir una carta de intención; después, presentar el Proyecto Técnico, en el cual se tiene que informar sobre la demanda de energía eléctrica, agua, gas, tipos de afluentes, personal a emplear, instalaciones, maquinarias, obras civiles, etc. El tercer paso es la entrega del Proyecto Económico. Allí, el interesado tiene que dar los siguientes datos: obtención de la materia prima, estudio de mercado, comercialización, costos, inversiones y financiamiento previsto para el desarrollo del proyecto.
El cuarto punto especifica que la empresa está obligada a hacer la Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, “que contenga residuos emitidos al aire, residuos evacuados en el agua, residuos introducidos al suelo, evacuación sanitaria, indicando el sistema de tratamientos de residuos y su costo estimado.”
Sin embargo, una investigación del periodista Maximiliano Rodríguez reveló que sólo tres empresas, de las más de 70 que operan en el Parque Industrial, tienen certificado de aptitud ambiental otorgado por la Municipalidad. Y Cerámica Alberdi no está entre esas tres. La denuncia de los vecinos por la contaminación desnudó no sólo la inoperancia de funcionarios municipales y provinciales, sino, y sobre todo, la impunidad con la que se manejan las empresas una vez que se han instalado en el lugar.
Sólo después de la presión mediática, el director de protección ciudadana, Eduardo Gandulfo, hizo algunas declaraciones que fueron lo más parecido a lavarse las manos. Y Nicolás Zenteno, a cargo provisoriamente de la Defensoría del Pueblo, sólo explicó que verificarán cuáles son las competencias municipales sobre el polo industrial y el daño ambiental que producen las empresas radicadas en ese lugar. “Hay algunas empresas que aún vuelcan sus desechos en el Río Arenales; por ello debemos hacer un estudio ambiental, para iniciar las acciones legales pertinentes y elaborar un plan de saneamiento del curso de agua el próximo año”, dijo Zenteno en una emisora local.
El que parece haber reaccionado, aunque sólo después de haber recibido el golpe, fue Pablo Brandán, subsecretario de Medio Ambiente. Al menos en las emisoras, aseguró que las 64 industrias que aún no presentaron los estudios de impacto ambiental ya están siendo notificadas para regularizar su situación en las próximas 72 horas. Y prometió que las empresas que no cumplan con este requisito, serán multadas y, de persistir en esa situación, procederían a su clausura.
Pero todo parece nada más que una cortina de humo para ganar tiempo: esperar, hasta que el tema deje de ser tratado por los medios, caiga en el olvido y dejar que las empresas sigan contaminando. Maximiliano Rodríguez, además, constató que los dichosos empleados trabajan sin máscaras, y que ni siquiera cuentan con las medidas de seguridad básicas para la labor.
Nueve son las chimeneas que Cerámica Alberdi utiliza para deshacerse de sus residuos. De día, prácticamente no se ve nada, y es que empiezan a trabajar a las 20, 20,30 hs, y siguen, sin parar, durante toda la noche. No hace falta ver las chimeneas para darse cuenta del trabajo de la cerámica. Los vecinos que están más cerca, además, la escuchan trabajar: “Hace un ruido espantoso, se siente como una tormenta que se acerca con viento y piedras”, relató un vecino.
Ángela Godillo no da más. Y no sabe qué hacer. Mudarse no es una opción: hace cuarenta y cuatro años que vive ahí, ¿por qué se va a tener que ir ella y se van a quedar los empresarios? Pero todo a su alrededor se va secando. “Yo salía a regar las plantitas de noche, porque esa es la mejor hora para cuidar el agua, que tanto escasea. Entonces, yo iba y le tiraba a las plantitas, sentía que me ardía la vista. Era una cosa como si vos aspirarías picante y te llega a toda la garganta. Yo digo Esto no puede ser, y miro para allá y veo humaredas, polvillos por todas partes. Lo de los muebles es desesperante”, dice. Las plantas, aunque las riega, se secan. Están tapadas de ese polvillo blanco (posiblemente cal), y lo mismo pasa con la perrita boxer que tiene: “Cada día más flaca, y eso que no sabés qué lindo que come”, se lamenta.
Por las noches, su casa es una prisión. Ni siquiera puede abrir las ventanas. Porque el olor es demasiado nauseabundo.

Salta según Davos

Por Daniel Avalos

La seguridad jurídica, en nuestro país, es el slogan preferido de la derecha. Para algunos resulta extemporáneo hablar de derechas e izquierdas. Evitemos entonces el debate y conformémonos con decir que la derecha siempre opta por estar sometida a algo que, nos dicen, es inevitable y/o recomendable. Ese algo puede ser Dios, las fuerzas armadas, el mercado, o todo eso junto. La derecha que nos importa hoy desde hace tiempo tiene su nuevo tótem: el mercado. Como ese tótem se ha impuesto desde hace unas décadas, las leyes estatales que regulan su funcionamiento se estructuraron a su medida. Es hoy lo establecido, y que los Estados respeten lo establecido es sinónimo de un Estado serio, respetuoso de la seguridad jurídica. Es lo que distinguiría a un país en serio de otro que no lo es. Así, a la seguridad jurídica que nos referimos aquí es a la que invocan los representantes del libre mercado. Son los filósofos noventistas de razonamiento rápido que concluyeron que, para alcanzar el crecimiento económico, se debe facilitar -a como dé lugar- el acceso de "los inversores" a la producción, porque, garantizándoles la maximización del lucro, se propendería al aumento de las inversiones, lo cual generaría más empleo, favoreciendo así los intereses de los trabajadores y protegiendo los intereses empresarios. Para ello, lo deseable e inteligente sería reducir al mínimo la regulación e intervención estatales en el mundo de la economía. El resto del discurso es más conocido: menos Derecho Laboral, más trabajo; menos control ambiental, más trabajo.
Hace un año, el representante de Cerámica Alberdi (empresa que se levanta en el Parque Industrial de la provincia), Miguel Ángel Rapelli, lo manifestó bien. Fue en la inauguración de la planta de nuestra ciudad en donde explicó que el motivo (del) de emplazar el emprendimiento en Salta era “la seguridad jurídica que la provincia brinda a los inversores, quienes son los encargados de brindar trabajo”. Hace un año, entonces, la izquierda podría haber exclamado: ¡Cagamos! Convengamos, la izquierda sería ese sector que la derecha odia o no entiende, por su intentos obstinados y revulsivos de querer despojarse del sometimiento a lo establecido. A ese alguien el tiempo le ha dado la razón en términos sociales y ambientales. Cerámica Alberdi funciona, hace un año, (prescindiendo) haciendo caso omiso del impacto que sus actividades generan en esas dimensiones.
Son los riesgos que se corren cuando la seguridad jurídica se impone en clave neoliberal, es decir, cuando las empresas son consideradas el actor dinámico por excelencia. Porque la gran iniciativa privada es el Poder, y el poderoso convierte en ley la posibilidad de estar por encima de los derechos del resto, disfrazando, ellos y sus gestores políticos, el privilegio de idea. Paradójico, porque todos hablan de la crisis del “neoliberalismo”, pero este sigue imponiendo sus reglas. Y las sociedades lo padecen: los vecinos de Villa Mitre, por ejemplo, impotentes ante ese mundo que perciben como ajeno e implacable. Tiene sentido. Basta con escuchar el tratamiento que le dieron al tema “Cerámica Alberdi” los principales medios de comunicación de la provincia para entenderlo. Se quejaron del incumplimiento de la norma, es cierto, pero no de la norma. Conviene enfatizar: el Poder es también la posibilidad de zafar. Zafar de la revisión parlamentaria de la norma misma o zafar del incumplimiento a esa norma, ejercicios imprescindibles para no zafar del Poder. Los locutores reconocidos exigieron respeto a la norma y hasta recurrieron a ex funcionarios como Haroldo Tonini, quien explicó, con autoridad, cómo el Estado debe hacer cumplir la norma.
Y la norma responde a otro paradigma de moda: la Responsabilidad Social Empresaria, esa extraña combinación de filantropía empresarial y supuestos compromisos del empresariado para evitar al máximo los impactos sociales y ambientales que sus actividades generan. La crítica a Cerámica Alberdi se ha realizado desde ese lugar y desde la ineptitud del Estado por hacerla cumplir. Una Responsabilidad Social Empresaria cuya historia explica el buen estado de salud del que goza el neoliberalismo en nuestra provincia, una provincia seria, que respeta la seguridad jurídica. El concepto fue propuesto por y para las grandes empresas que, ante el auge de los problemas ambientales por ellas generados, se encontraban en una incómoda y extremada exposición pública. Lo hicieron en Davos en 1999, esa especie de Vaticano del Capital, el gran senado del capitalismo global, en donde los hombres del Poder, los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos analizan los problemas apremiantes del mundo -la salud y el medioambiente-, pero sobre la agenda de la política global, difundiendo un modo de vida ya globalizado que exalta la tecnologías (duras), el dinero, la destreza empresarial, la aptitud profesional y la seguridad jurídica como símbolos de civilidad.
El espíritu de Davos también habita estas tierras. Nuestros nuevos sectores dominantes han abandonado hace rato el apego a lo telúrico y consideran anacrónico el esfuerzo por identificar y resaltar la singularidad de la comarca, excluyendo las conexiones con el todo. De allí su autoproclamado “progresismo”, reducido en estos casos a autosegregarse, no por las viejas distancias sociales que imponía el Club 20 de Febrero, sino por la capacidad ostentosa de consumo. El límite es la “norma”. Eso no lo discuten, porque es eso o el caos. Y el caos tiene una materialización precisa. De allí que los salteños “bien”, de espíritu davoniano, renieguen del populismo chavista o de la crispación kirchnerista. Hay una cuestión de estilo, es cierto, pero también una de fondo. La “civilización Davos” se horroriza ante los estilos confrontativos, pendencieros y hasta desprolijos de los antiliberales. Pero sobre todo se horroriza con los intentos obstinados y revulsivos de querer despojarse del sometimiento a lo establecido: llevar adelante transformaciones sociales, políticas y culturales a través de una refundación de los Estados que nacieron con el neoliberalismo en el mundo (Chávez por ejemplo), e incluso con los proyectos menos ambiciosos que, negando algunos rasgos del neoliberalismo, avanzan por las líneas de menor resistencia del mercado para construir un modelo que no termina de dejar atrás lo viejo (kirchnerismo).
Los críticos empresariales y gubernamentales de Cerámica Alberdi quieren otra cosa. Un Social – Liberalismo. Una supuesta humanización del neoliberalismo. El resultado es conocido: el modelo se mantiene y las actitudes conservadoras se justifican.