lunes, 23 de noviembre de 2009

El “desarrollo” en los confines de Salta

Revalorización territorial y modelo sojero en Anta (Primera parte)


La pampeanización de la frontera agrícola en la provincia de Salta ha generado una profunda transformación productiva y social. El departamento de Anta es el paradigma de un proceso con profundos impactos sociales y ambientales. Chris van Dam estudia en 2001 el “modelo sojero” en Las Lajitas y el proceso de concentración de la propiedad que resulta del mismo. De este documento, publicado originalmente en la revista peruana “Debate agrario” en el 2003, presentamos en este número una primera entrega.


Hacia 1990, uno de los últimos frentes de la expansión agropecuaria en la Argentina -el departamento de Anta- presentaba un "pronóstico reservado". Lo amenazaba la cíclica inestabilidad de los precios del poroto (cultivo por excelencia en la zona por ese entonces), las fuertes oscilaciones en las precipitaciones y la acelerada degradación ambiental que producían los cruentos métodos de desmonte y el propio sistema de producción que, desde todo punto de vista, favorecía la erosión hídrica y una drástica disminución de la fertilidad. A sólo una década de aquellos diagnósticos, una segunda "revolución verde" pareciera haber tenido lugar en Anta. Esta segunda expansión, que algunos han llamado "revalorización territorial", está marcada por un incremento casi continuo en términos de productividad, de porcentaje de los campos bajo cultivo agrícola, y de cómo la "frontera" agrícola se ha ido desplazando. En sólo diez años, los precios de la tierra se han, a grosso modo, triplicado. Pero hay dos procesos, ocurridos también en esta década, que nos interesan particularmente: la degradación del suelo se ha revertido y los campos han recuperado parcialmente su fertilidad, y paralelamente se ha dado una concentración de la propiedad de la tierra en manos de un grupo reducido de grandes productores y megaempresas de capitales extraregionales.
Los cambios están asociados al reemplazo del cultivo del poroto por el de la soja, lo que a su vez permitió una modificación radical en el sistema productivo, ahora basado en la introducción de una tecnología puesta a punto para el corn belt (cinturón de maíz) y la región pampeana, y que consiste principalmente en la introducción de la siembra directa, variedades transgénicas, rotación soja/maíz y la sistematización de los campos. Todo lo cual permitió disminuir sensiblemente los costos de producción, conservar los suelos y la humedad y así estabilizar la productividad y la rentabilidad, más allá de la irregularidad en las precipitaciones y las variaciones en el precio, mucho más estables en el caso de la soja que en el del poroto.

Soja y “pampeanización”

El reemplazo del poroto por la soja, iniciado tímidamente en Anta en los '80 y generalizado en los '90, cambiaría sin embargo el curso de esta "historia anunciada". Y, curiosamente, también lo haría a partir de un nuevo proceso de "pampeanización" del Umbral. Mientras que el poroto era un cultivo especifico del Umbral, para el cual no existía un paquete tecnológico ad hoc, para el caso de la soja existía una propuesta experimentada y validada en la zona pampeana. La principal razón para la adopción de la soja fueron sus ventajas económicas, amén de algunas ventajas agronómicas.
El cambio de cultivo y de patrón productivo traería muchos otros cambios: el encarecimiento del precio de la tierra y la necesidad de contar con maquinaria sofisticada y costosa para la siembra directa fue cambiando el perfil del productor, atrayendo grandes inversores. Los costos unitarios decrecían en la medida en que hubiera economías de escala, lo que llevó a que ciertos productores crecieran, comprando o arrendando campos, y a que otros vendieran, en un proceso de concentración de la propiedad. La siembra directa también hizo posible cultivar soja con mucha menor humedad, lo cual provocó una nueva expansión de la frontera agrícola. La disminución de tareas de laboreo del cultivo y la introducción de maquinaria muy eficiente también redujeron los requerimientos de mano de obra, a pesar de la fuerte expansión del cultivo. Lo sucedido en Anta confirma así diagnósticos de otras zonas del país, que dan buena cuenta de la drástica expulsión de mano de obra en el agro como resultado del ingreso del capital financiero, del proceso de concentración de la propiedad y de la modernización tecnológica en esta última década.

El Umbral al Chaco, Anta y el núcleo sojero

El núcleo sojero hoy se extiende unos 80 kms, de norte a sur, y entre 30 a 40 kms de oeste a este, desde las serranías hasta el chaco semiárido. Hasta hace algunos años, muchos de los campos eran mixtos, agrícolas y ganaderos. Se estima que hay entre 150.000 y 200.000 hectáreas cultivadas en la campaña 1999/2000, de las cuales 95.000 están en manos de 19 productores. Se los conoce como el “Grupo Lajitas”, y reúne a los productores más grandes y más antiguos de Anta. Tiene diez productores y 60.000 has., pero incluyendo a Alfredo Olmedo que, por sí solo, tiene 25.000. El grupo ProAnta fue formado más recientemente y con nueve productores tiene 35.000 has. Pensando en un promedio de 1000 has. por productor para las restantes 55.000 a 105.000 has. (según cuál sea la estimación), muy a grosso modo se puede estimar que son cultivadas por entre 55 a 105 productores, además de los 19 ya mencionados. A ello debemos agregar las seis ‘megaempresas’, que cumplen un papel muy importante en el imaginario social, y que se distinguen del resto de los productores por la magnitud de la superficie que ocupan, pero sobre todo por la magnitud de la inversión. Se caracterizan por su gran disponibilidad de capital, por la facilidad con la cual pueden reconvertirse, por el bajo perfil con el cual manejan sus decisiones empresarias (lo cual contribuye a controversias y sospechas de todo tipo) y por la tecnología que utilizan, inusual para la zona, en general importada o copiada de otras zonas. Estas megaempresas son LIAG S.A., Agropecuaria Río Juramento, CRESUD, Los Dálmatas, Olmedo y La Moraleja.
Un primer factor de diferenciación, entonces, entre estos productores sojeros, es la cantidad de tierra bajo cultivo. Sin embargo, esta variable no parece correlacionarse con la adopción de un paquete tecnológico diferenciado, el cual, por el contrario, es más que uniforme. Hoy en día, el 95% de la soja de la zona se cultiva en siembra directa. Todos, independientemente del tamaño del predio, utilizan variedades transgénicas y los mismos agroquímicos (salvo pocas hectáreas con soja orgánica). El mercado es el mismo: las cuatro o cinco grandes cerealeras instaladas en la zona.
Otros factores que deben ser tomados en cuenta, en el intento de construir una tipología de productores son el origen del capital y la trayectoria del productor. Por un lado, subsiste un grupo de productores llegados en la década del '70 con el primer impulso de la expansión. Pero en la década del '80, e incluso a inicios de los '90, aparece un segundo grupo de productores e inversores, atraídos por el bajo precio de la tierra, la posibilidad de conseguir grandes superficies y la alta rentabilidad. Esta segunda oleada tiene una mentalidad más empresaria, más "progresista". También hay que tener en cuenta el estilo de administración del campo y la estrategia financiera-productiva adoptada. Mientras algunos productores cuentan con toda la infraestructura necesaria (maquinaria para la siembra y la trilla, camionetas, galpones, etc.) y se expanden en la búsqueda de economías de escala dados los altos costos fijos, otros tercerizan al máximo, aprovechando la presencia en la zona de contratistas para cada una de las labores: siembra, cosecha y fumigación. En términos de expansión, también las estrategias son muy diversas: desde quienes han crecido muy lentamente y sobre todo en base a capital propio, y quienes han crecido rápidamente, acudiendo al endeudamiento bancario.

El nuevo paquete tecnológico: la siembra directa

Hacia mediados de la década del '80, la soja empieza a sustituir al poroto en Anta. El poroto había sido hasta entonces el cultivo por excelencia, pero el precio del grano era un albur. Y en cuanto a rendimientos, aunque el poroto requiere menos humedad que la soja convencional, también había altibajos con los cambios de precipitación. El poroto, un cultivo absolutamente regional, apenas si contaba con un programa de investigación del INTA local, mientras que la soja contaba con un paquete tecnológico probado y validado en la región pampeana.
Los principales problemas agronómicos en Anta para el cultivo de cereales eran el estrés hídrico, que se acentuaba en años secos, y el hecho de que el suelo quedaba al desnudo en la época del cultivo, expuesto a las altas temperaturas y a las lluvias de verano, que en pocos años iban lavando el suelo. Las ventajas del paquete tecnológico eran obvias entonces: disminuía el riesgo climático, garantizando la productividad; permitía recuperar los suelos, que hasta ese entonces se degradaban crecientemente; tratándose de un cultivo con un mercado más estable, permitía prever una cierta rentabilidad y un manejo empresarial más eficiente (ahora el productor podía proyectar sus rendimientos); simplificaba el proceso productivo, ahora más rápido y mas eficiente, abaratando los costos de producción; las empresas que proveen los insumos (semillas, agroquímicos) y la maquinaria siguen desarrollando o validando la tecnología, dando un soporte técnico al productor e introduciendo mejoras que permiten abaratar aún más los costos y se daba la posibilidad de expandir la frontera agrícola a zonas mas áridas (hasta los 500 mm)
Como era de esperar, y dados los menores requerimientos de laboreo, la siembra directa también significa un menor requerimiento de maquinaria. Sin embargo, la maquinaria para la siembra directa es más compleja y más costosa, lo cual abre un mercado para los contratistas. Pese a ello, no todas han sido ventajas con la siembra directa, como analizaremos con más detalle: la siembra directa supuso una nueva alteración del ecosistema, con lo cual aparecieron nuevas malezas y sobre todo nuevas plagas y enfermedades, lo cual implica el uso de herbicidas y plaguicidas en grandes cantidades y con gran impacto en el ambiente; la creciente dependencia de las semilleras, que sacan al mercado nuevas variedades con mejor potencial o resistentes a nuevas enfermedades; el requerimiento de mano de obra es muchísimo menor. Lo que puede haber favorecido la rentabilidad empresarial ha significado desempleo y un mayor empobrecimiento de la zona.
El paquete tecnológico, como hemos podido observar, sigue siendo muy dinámico. Ya no son los tradicionales generadores de tecnología (la Universidad, el INTA) quienes brindan la asistencia técnica; ahora son las mismas empresas de agroquímicos y semilleras, así como las cerealeras presentes en la zona (Monsanto, Cargill, Dekalb, Continental, Pioneer, Zeneca).

Ocupación y pulsos de la expansión agropecuaria

Buena parte del departamento de Anta, y en especial el área de expansión agropecuaria, se ubica en el llamado “Umbral al Chaco salteño”, una franja con orientación norte-sur y de transición entre las laderas orientales y húmedas de los Andes y la llanura chaqueña árida.
En términos de historia ambiental, podemos distinguir cuatro grandes periodos: la ocupación del Umbral, a partir del siglo XVIII, cuando se forman las grandes haciendas ganaderas; la etapa de la explotación forestal del Umbral, que cobra dinamismo hacia 1920-1930 con la llegada del ferrocarril; la primera expansión agropecuaria, que se inicia hacia 1965, con masivos desmontes para el cultivo básicamente de poroto y que parecía cerrarse con una inevitable degradación ambiental; una segunda expansión, que situamos alrededor de 1990, esta vez para la producción de soja, que utiliza este paquete tecnológico de punta, basado en la siembra directa y que significará un nuevo desplazamiento de la frontera agrícola en tierras antes ganaderas o marginales.
Los factores que explican la primera expansión agropecuaria (1965-1990) en el Noroeste Argentino, y en especial en Salta, han sido ampliamente descritos por varios autores, y sólo los enumeraremos aquí en forma resumida: un ciclo de años más húmedos, favorable a la producción de granos; la existencia de buenos precios en el mercado internacional, tanto para la soja como para el poroto; el muy bajo precio de la tierra, que permitió que en los mejores años tanto la tierra como el costo del desmonte necesario para habilitar la tierra para el cultivo pudiera pagarse con las primeras cosechas y, finalmente, las políticas de subsidio del gobierno nacional (Ley 22211/80), que con el argumento de promover la puesta en valor de zonas áridas y semiáridas, otorgó ventajas impositivas y crediticias que hicieron aún más atractivas las inversiones.
En términos ambientales y productivos, sin embargo, el éxito fue invariablemente de corto plazo: una vez aprovechada la fertilidad natural acumulada, los suelos se agotaban rápidamente, decaía la producción, los campos eran abandonados o dedicados a una ganadería extensiva y se procedía a desmontar nuevas superficies, repitiéndose el ciclo. A fines de los años '80, el panorama parecía más bien sombrío, y los estudios coincidían en señalar la insustentabilidad ambiental y productiva del modelo, el agotamiento de los suelos y el progresivo abandono de los campos.

En busca de la vida perdida

Drogadependencia



En las Jornadas de Violencia que organizó el S.A.Vic. ( Servicio de Asistencia a la Víctima) en la Provincia, la Psicóloga Irma Lidia Silva expresó que los diarios y revistas que hablan sobre los temas más candentes de nuestra actualidad, tales como el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y las drogas, no sólo estigmatizan a los jóvenes sino que también se les niega la posibilidad de escuchar su opinión sobre lo que les está ocurriendo, desaprovechando así una importante fuente de información que apunte al cuidado de su integridad física y moral.


Por M.C.

Seguramente José Lamas (nombre ficticio que preserva la identidad del entrevistado) se sorprenderá al leer esta nota, en la cual se verán reflejadas sus experiencias de vida, porque tal vez no pueda creer que pasó por el terrible infierno de las drogas. Probablemente le cueste reconocerse como esta persona que ha vuelto a la vida. Sabe, también, que su rehabilitación durará el resto de su vida, y que todos los días es un nuevo triunfo, un paso que lo aleja un poco más del sufrimiento que experimentó estos años. La oficina de su hermano, lo que según él lo hace sentirse a gusto, fue el lugar de encuentro. Cuando lo conocí, pude notar que era un joven de clase media alta, y resaltó que sus padres son separados, su mamá profesional, su padre comerciante y que tiene dos hermanos. José es el del medio. Repite a lo largo del diálogo su intención de ayudar a quienes tengan el mismo problema que lo golpeó duramente.
José comenzó a consumir alcohol a los 14 años, y me asegura que fue su puerta de entrada a las drogas, con las cuales tuvo su primer encuentro a los 16 años. Marihuana, cocaína, psicofármacos, LSD y pasta base, son las sustancias de las que se hizo dependiente. “Te sentís un Dios pero no enfrentas la realidad, uno busca escapar de sí mismo porque no te sentís útil ni lleno…La droga te muestra dos caras, una del enamoramiento, en donde te satisface la sustancia, pero la otra cara la droga te maneja, no podés dejar de consumir, no podés salir solo”, comenta. Su familia comenzó a sospechar de su comportamiento hostil y de su aislamiento, sus salidas y embriaguez habitual. Cuando por fin se enteraron de que José era adicto, significó un dolor muy grande, pero no dudaron en ayudarlo. José encuentra en “cuestiones sociales como la adolescencia y la marginalidad, y en factores personales tales como la falta de límites, de contención, la angustia y la depresión”, las causas de su ingreso en el mundo de las drogas. Las consecuencias fueron dolorosas: perdió sus afectos, su libertad, la conciencia, la razón, los valores, el vínculo familiar, la confianza, el amor, el respeto hacia padres y hermanos. Perdió, en definitiva, su vida saludable y tranquila, en la cual trabajaba, hacía deportes, tenía metas, sueños y objetivos.


Los años duros
Ya inmerso en el torbellino de las drogas, pasó lo peores momentos de su vida. “Terminé viviendo en la calle, durmiendo en plazas, mendigando, muy tristemente. Lo más duro de las drogas es que te quita los sueños, los proyectos, te quita todo….te quita los afectos….Uno con la droga no sólo se destruye uno mismo, sino también a todo el ámbito familiar, es por eso que se denomina a la familia como co-adicta. La droga es un problema de todos, un problema social. Hay muchas personas que creen que un adicto sólo surge de la marginalidad económica, pero la droga está en todos los ámbitos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres”
José no espera a que le pregunte, y me brinda su opinión sobre la relación entre las drogas y la delincuencia. Sabe que hay muchas personas que identifican a la delincuencia con las drogas (según el Mapa de la Discriminación del INADI, el 62% de las personas encuestadas en Salta piensa que la mayoría de los drogadictos son delincuentes; el 61% está total o parcialmente convencido de que la mayoría de los delincuentes no tiene recuperación), pero expresa que si bien es una realidad que hay delincuentes que se drogan, y que son los más difíciles de tratar desde el punto de vista terapéutico, también hay adictos que no delinquen: “Yo no delinquía, yo vengo de una familia en la cual me enseñaron valores desde chico”. José, a diferencia de otros, tenía medios para sustentar su adicción, por lo que le pregunto si hubiese delinquido si habría carecido de ellos: “Y, sinceramente no lo sé. En un momento dado, yo viví en la calle y conocí gente delincuente que me ofreció ir a delinquir… Yo realmente prefería pedir, nunca se me ocurrió delinquir porque yo sé cuál es el camino: la cárcel.”


El largo camino de la recuperación
La opinión de José coincide con la de un sinnúmero de argentinos, que piensan que “muchos políticos hacen oídos sordos a madres desesperadas que piden por la rehabilitación de un hijo, la cual debe llevarse a cabo en un centro de rehabilitación. Sin embargo, es absolutamente necesario que el adicto tenga ganas de salir de esto, no que vaya por fuerza de la Justicia o empujado por los padres, sino por una decisión propia de querer cambiar el estilo de vida, empezar a vivir una vida diferente con límites, con sueños, con ganas de estar de la vereda del frente. En algunos casos extremos, lamentablemente no queda otra salida que judicializar la situación, y a través de un juez iniciar un tratamiento más allá de que el adicto no lo desee.”
El relato muestra lo extenso y dificultoso del camino hacia la recuperación. Cuenta que pasó por muchas instancias, que espera que su experiencia les sirva a las personas “para que no tengan que estar dando vueltas, sino atacar el problema lo más rápidamente posible”. Comenzó yendo a psicólogos, pasó por alcohólicos anónimos, por narcóticos anónimos, realizó tratamientos ambulatorios y estuvo en un neuro-psiquiátrico. Sin embargo, piensa que “el mejor tratamiento para un adicto es la comunidad terapéutica.” Aclara que “la familia no debe depositar al adicto, ya que precisamente la familia juega un rol imprescindible en la recuperación, durante el tratamiento y después del mismo, por ello es importante que se mantenga el contacto a través de visitas y llamados telefónicos. Las comunidades se tienen que basar en un modelo de estructuras firmes, el adicto tiene que empezar a saber lo que es un “no”, ya que la base del éxito para salir de las drogas son los límites. El adicto necesita un aislamiento de todo el entorno que lo rodea, éste es el primer trabajo que se hace. Mediante grupos de autoayuda formados con otros compañeros/internos se produce una ayuda mutua para poder vencer sus problemas, sus angustias, sus dolores. En la gran mayoría de las comunidades se trabaja con ex adictos rehabilitados, que actúan como operadores terapéuticos. Su papel es de gran relevancia, ya que son personas que vivieron las mismas experiencias que vivió uno. También es vital el trabajo con psicólogos y demás profesionales especializados. Luego comienza la reconstrucción de la estructura personal, que en virtud de la drogadependencia se ha visto aniquilada. Los adictos han perdido sus responsabilidades, horarios, higiene, por lo que hay que empezar nuevamente a formar a la persona, al hombre. A través de la comunidad terapéutica uno empieza a madurar todos estos aspectos y a sentirse diferente, útil, una persona con una vida por hacer.”
José ahora es otro y no duda en exteriorizarlo: “Estar internado no es lindo, pero da sus frutos. Yo lo puedo recomendar a la gente que se sienta mal, que no quiera seguir viviendo una vida de fantasías, de mentiras, de soledad y de dolor. Ahora me siento libre; me costó mucho pero tuve la decisión firme de recuperar mi vida y lo conseguí.”

Comunidades Terapéuticas

José describe las características de las Comunidades Terapéuticas en las que estuvo internado, expresando su opinión sobre cada una de ellas. Estuvo internado en las tres instituciones que mencionamos a continuación. Hace doce meses ingresó al Programa San Andrés, concluyendo la primera etapa del mismo. Ahora se encuentra en la segunda, de reinserción social. Para mayor información y contactos: http://www.manantiales.org.uy/home.php; http://www.betania.org.ar/; http://www.programaandrescba.org.ar/


“Manantiales”
Es una fundación sin fines de lucro de origen argentino ubicada en Buenos Aires. Tiene una sede en el Uruguay, en la localidad de Toledo, cercana a Montevideo, en la cual estuvo internado José durante cinco meses. Tiene capacidad para 60 personas, de diferentes edades y clases sociales. También ingresan personas de diferentes países. Es una comunidad con estructuras firmes, reconocida mundialmente por trabajar muy bien la parte emocional. Posee un alto porcentaje de adictos rehabilitados (alrededor del 30%). Para destacar un aspecto negativo se puede mencionar la escasa cantidad de profesionales para todas las personas que conforman la comunidad.


“Betania”
Ubicada en Cerrillos, Salta, cuenta con una gran estructura edilicia: cancha de futbol, vóley, pileta. La estructura de la comunidad no es fuerte según José. Hay mucha libertad para los pacientes. Trabajan de una manera diferente a Manantiales. “En un muy corto lapso, el adicto ya puede salir a la calle a enfrentar situaciones, y creo que ahí se equivocan. Al adicto hay que decirle que ‘no’, es una manera de ayudarlo. Dejar salir al paciente en tan poco tiempo genera que no tenga límites, que no sepa cómo actuar frente a distintas situaciones que se le van presentando”, sostiene José.


“Programa Andrés”
Es uno de los mejores programas para rehabilitación de adicciones del país. Ubicado en Córdoba Capital, tiene una capacidad para 27 internos. Posee una estructura muy firme en la cual se trabaja mucho con los diferentes grupos terapéuticos: de autoayuda, de convivencia, etc. Basado en un método creado por su fundador, Carlos Novelli, y pionero en las comunidades terapéuticas de la argentina, se centra en la historia del individuo. El proceso del programa se inicia con una entrevista, en la cual se busca averiguar el grado de compromiso de la persona que intenta ingresar. Se realiza también una serie de actividades recreativas: fútbol, natación, etc.


Los costos
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) otorga becas para quienes necesiten realizar tratamientos de rehabilitación. José tuvo una experiencia amarga con la beca que consiguió: “La beca te la otorgan una sola vez en la vida, pero yo fui tan irresponsable que la perdí… Si uno consigue una beca hay que aprovecharla. La beca tiene una duración de doce meses, o sea que con la beca se puede terminar el tratamiento”. Actualmente hay 800 jóvenes becados en todo el país. En el caso de los menores de edad, la SEDRONAR no entrega becas.
Los costos de los tratamientos son bastantes elevados. Van de $1.800 a $3.200 mensuales. Otro tipo de comunidades que trabajan con mayores comodidades, incluyendo terapias alternativas, por caso, equinoterapia, pueden llegar a costar $7.000 por mes. El caso de José, que se repite constantemente en otros jóvenes, incluye otros gastos: psicólogos y psiquiatras, quienes cobran un plus de $30 a $60 en el caso de que el paciente tenga obra social. En el caso de pacientes particulares, el costo de la sesión oscila entre los $150 y $300. Las Comunidades Terapéuticas no incluyen los gastos en elementos de uso personal de los internos, como ser higiene, vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas, etc. Deben incluirse los gastos en viajes, estadía y llamados telefónicos que representan la contención de la familia.
La cuota mensual de la internación de José en la Comunidad del Programa Andrés fue de $2.500 ($30.000 por año), una suma inalcanzable para la mayoría de los argentinos. Lamentablemente, los trabajadores de la SEDRONAR se encuentran en conflicto y movilización por la posible desaparición del organismo, lo cual llevaría a que se pierdan no sólo 400 puestos de trabajo, sino también la otorgación de las becas.




Renuncia de Farquharson
José está al tanto de la renuncia del secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farqhuarson. Considera que “los gobiernos provinciales y nacionales siempre han marginado el área de adicciones. La Argentina no tiene una capacidad operativa para enfrentar a la drogadicción. No se proveen los recursos necesarios, tanto humanos como económicos. Es imprescindible la creación de más centros y comunidades terapéuticas, ya que lamentablemente la drogadicción ha crecido de un modo impresionante en estos años, siendo la Provincia de Salta una de las más afectadas. La renuncia me parece correcta, porque para trabajar de una buena manera hacen falta recursos. Desde ya me parece errada la opinión de la nueva encargada del área, Lic. Roman Ru, en cuanto a que buscarán internaciones breves. Está demostrado en todo el mundo que la tasa de éxito en rehabilitación de adictos sólo se incrementa en el caso de internaciones prolongadas.”.

Estado ladrón, Grupo Macri cómplice

JUICIO MILLONARIO

Privatización del 97 y reestatización de por medio, nunca se transfirieron las acciones participadas a los obreros del correo oficial. Desempleo, estafas y suicidios después, el Estado reconoció la “falta”, pero nunca hizo nada al respecto. Ahora se viene la vía judicial y una demanda masiva por “omisión”. Si callar es mentir, ¿omitir es robar?

Por Julieta Lucero

Ex agentes del Correo Argentino están preparando un juicio millonario a nivel nacional contra el Estado y contra el grupo empresario Macri por el 14 por ciento de acciones de propiedad participada que les pertenecen a los trabajadores y nunca fueron efectivamente implementadas por ninguno de los dos.
En Salta se reunirán esta tarde para terminar de acordar con el estudio de abogados que va a llevar adelante la demanda masiva. En el resto del país, ya firmaron los ex empleados de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de modo parcial las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa.
Desde su formación en 2006, la Asociación de ex Agentes del Correo Argentino salteña - que luego se replicó en distintos puntos del territorio argentino-, se reunió con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales buscando una respuesta a la omisión de la propiedad de esos títulos en el contrato de traspaso de la empresa a manos privadas, que se convirtió, en definitiva, en una suerte de robo velado.
En el ámbito de Nación, el secretario de Comunicación de la Presidencia a cargo de la cartera en 1999 reconoció el “error”, pero aún así nada se hizo al respecto. Más acá en el tiempo, lograron plantear el reclamo en la Cámara de Diputados y ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En la provincia, antes de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, Juan Manuel Urtubey se comprometió a llevar el pedido de los despedidos de la gestión macrista ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dijo en una mesa de café, como esta, que, si ganaba las elecciones, su despacho no iba a tener chapa, que iba a estar abierto para cualquiera que lo necesite. Pero después de eso nunca más nos recibió ni nos contestó ninguna nota”, afirmó el presidente de la Asociación, Rodolfo Rosas.
Agotadas entonces las vías administrativas, con intentos judiciales individuales aislados y estafas por parte de algunos gremialistas, la decisión que tomen esta tarde afectará a unos 250 salteños que fueron “limpiados” del Correo con la privatización, obligados a renunciar bajo la figura de “retiro voluntario”. De ganar el juicio, hombres y mujeres que hoy tienen muy pocas chances de entrar nuevamente en el mercado laboral recuperarían la dignidad y el capital que el Estado les quitó y el Grupo Macri aceptó.

Excedente
“Entrábamos a trabajar y no se sabía si seguíamos”, explicó Carlos Bejarano, secretario de la asociación, al referirse al sistema de despidos que dejó al 70 por ciento de la planta salteña del correo afuera de la institución. “Sabíamos que si nos llamaban a la oficina del gerente era para decirnos que éramos ‘exedentes’ y que nos iban a presionar para aceptar el retiro voluntario con el argumento de que si no lo hacíamos quedábamos en la calle sin nada”, relató.
El largo proceso que los llevó a esa situación comenzó el 29 de diciembre de 1992, con el decreto 2.793 y la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), conocida como Correo Argentino. El 1 de diciembre de 1997, a través de una concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, el Grupo Macri se hizo cargo de la administración del correo oficial tras el decreto del Poder Ejecutivo 262/97.
Con la ley 23.696 se creó el Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual el Estado entregó a los empleados del correo el 14 por ciento de las acciones. En 1998, cuando el servicio se convirtió en sociedad anónima, debía cristalizarse esa entrega. Estaba estipulado que sea a través de sucesivos decretos del Ejecutivo y que se sume un director con voz y voto de los empleados accionistas.
El proceso siguió. Gracias al decreto 1.560/98 se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a confeccionar y aprobar el Formulario de Adhesión al programa, el Acuerdo General de Transferencia (AGT) y el Convenio de Sindicación de Acciones (CSA), hecho que ocurre finalmente en el 99. Ese año también se establecieron sujetos comprendidos en el PPP, se aprobó el listado de categorías profesionales de trabajadores y se excluyó del programa a la categoría de aprendices. Pero decretos van, firmas vienen, el Estado nacional nunca transfirió el paquete accionario a los obreros.
“Empecé cavando pozos, después fui cartero, mensajero y terminé como jefe de los carteros”, explicó Rosas, un hombre con una carrera dentro del correo que, al igual que a la mayoría de los trabajadores, el grupo Macri despidió sin siquiera la jubilación anticipada. “Se creó un clima raro dentro de la empresa. No sabíamos quién era compañero y quién no”, afirmó.

Vuelta al Estado
A fines de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner decretó el fin del contrato de concesión a la empresa y se formó una unidad administrativa a cargo de la conducción del Servicio Oficial de Correos, con el objeto de reorganizarse en un plazo de 180 días. Cumplido ese tiempo, se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), pero con un pequeño detalle: el artículo segundo del decreto 721/04 estableció que “el cien por ciento del capital de la sociedad que se crea pertenecerá al Estado nacional”.
Así, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se convertía en el tenedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Ministerio de Economía y Producción del uno por ciento restante. De los ex trabajadores y empleados del momento, ni noticias.
“Muchos de los compañeros se suicidaron. Otros se están muriendo de depresión”, confesó Rosas, que espera llegar a un acuerdo con los miembros de su asociación para poder acoplarse a la demanda a nivel nacional. “Creemos que hay más de un 90 por ciento de posibilidades de ganar”, afirmó.
“Hace poco, en un velorio, un actual ministro del gobierno provincial me abrazó y me dijo que las acciones eran ‘honoríficas’, nada más. Como si nos hubiesen regalado una heladera, por ejemplo, y no nos dejaran usarla, porque es sólo para mirar”, dijo indignado Rosas.
Primero empleados, después renunciados, más tarde estafados por abogados y gremialistas. Hoy, los ex agentes del Correo Argentino definen si se suman al camino judicial. Según el servicio metereológico y las previsiones de Rosas y Bejarano, señor ministro, señor gobernador, señora presidenta y señor Macri, parece que en el norte el clima se empezó a calentar y se va a necesitar litros y litros de agua fresca.


Convocatoria
La Asociación de ex agentes del Correo Argentino convocan a empleados y ex empleados a una reunión para tratar la demanda judicial contra el Estado y el grupo Macri. Será hoy a las 10, en el salón de la Asociación Jerárquica de Empleados Profesionales de la Comunicación, Córdoba 785.

El camino desde el Monte de Piedad

Cuenta la historia que el Monte de Piedad tuvo un origen lejano, y un propósito entre solidario y justiciero: evitar los elevados intereses que se les cobraba a los más necesitados. Fue así como esta figura fue cobrando solidez, adquiriendo nuevos caracteres y afirmándose en el incipiente mundo financiero. Veamos a continuación, el camino recorrido a la fecha.


Por Gabriela Gutiérrez






Que las desorbitantes medidas económicas implementadas durante el menemato dejaron sumida a toda la sociedad en una situación compleja no es novedoso. Tampoco es revelador decir que el tejido social quedó destruido y la población sumida en un contexto de vulnerabilidad. Ahora bien, los modos de recupero económico de la ciudadanía y sus posibilidades de acceso a créditos capaces de activarlos sí lo son. He aquí una reseña de algunos habilidosos que venden espejitos de colores.

Con el correr de los años y la llegada del kirchnerismo al poder, sus primigenias medidas económicas y políticas fueron de a poco combatiendo, o al menos eso se decía, algunos de los nefastos efectos de los noventa, entre los cuales el desempleo se desprende como uno de los más graves y con las peores consecuencias.

El creciente grupo de desempleados aislados del sistema también se vio privado del acceso al crédito, quedando de esta manera en las márgenes de un sistema financiero que los excluía de la posibilidad de ampliar sus recursos o de hacer frente a nuevos emprendimientos.

La aparición de las microfinanzas en ese escenario ha permitido el acceso a novedosas líneas de crédito, destinadas a pequeños emprendedores que antes tenían vedada esta posibilidad. Algunas de estas líneas provienen del Estado- de ellas nos hemos ocupado en ediciones anteriores- , de organismos internacionales -cooperación internacional- y de entidades financieras privadas. Estás últimas han tenido un gran crecimiento en términos cuantitativos; en nuestra ciudad es fácil encontrar en la zona céntrica estas financieras.

De un tiempo a esta parte han irrumpido en la escena nacional y provincial una multiplicidad de estas entidades financieras pertenecientes a la esfera privada. Entre sus rasgos distintivos podemos destacar que se presentan como instituciones sumamente accesibles y capaces de otorgar créditos con una gran facilidad y una asombrosa rapidez. La sola presentación del recibo de sueldo, una copia del DNI y una boleta de servicios basta en algunos casos para ser considerado elegible. Superada la primera instancia de evaluación, se accede al monto solicitado a una velocidad inusitada. Hasta aquí, nada que reprocharles.

Ahora bien, en lo que refiere a los intereses que deben abonar los tomadores de crédito hay mucho para decir, puesto que son muy elevados. Marcela lo cuenta con palabras sencillas, la mirada algo perdida y esquiva, mientras controla el agua para el mate. A ella, como a muchos otros, llegar a estos lugares no le costó mucho, menos aún ilusionarse con poder afrontar, una vez obtenido el crédito, todas esas deudas que venía arrastrando. Sobre un total de tres mil pesos solicitados en una de estas entidades, Marcela devolvió unos $5.400. Le habían anunciado unos $750 de gastos, pero de los $1.650 restantes nadie le había especificado nada. Lo curioso de todo esto es que ella los encontró a través de Internet. Buscando en medio de esos días de desesperación, le pareció una buena idea consultar por ese medio. Y ahí estaban: solícitos y amables le indicaron un lugar al cual acercar la documentación. Una vez resuelta esta instancia, firmó unos papeles de letras chiquitísimas, y se retiró contenta. Setenta y dos horas más tarde los tres mil pesos estaban en su cuenta. La acrecentada deuda se descontaba a través de débito directo de su caja de –inexistentes- ahorros. Hace dos días que cumplimentó un plan de pagos cuasi eterno. Hoy asegura, sabe, que fue una decisión presurosa y equivocada.

Su historia es la de otros, como la de Nicolás, que ya contaba con una historia de varios créditos solicitados. Una financiera local, devenida en banco, le había permitido hacer frente en otras oportunidades a deudas, y al finalizar el último, le había hecho llegar a la casa una tarjeta. Recuerda que por ese entonces no sabía muy bien si era de crédito o de débito, pero el instructivo que la acompañaba indicaba los –muy-simples- pasos para obtener efectivo de los cajeros automáticos pertenecientes a la firma. Hizo una par de extracciones, y el drama llegó al momento del pago. Los intereses, a esta altura elevadísimos, y las respectivas transacciones efectuadas le dejaron una cuenta a pagar que se le hacía imposible de afrontar. Se presentó entonces en la financiera, indagando las razones de la desproporcionada deuda contraída casi sin darse cuenta. Ellos le dijeron que no había reparado en detalles casi obvios-para ellos-, que había ingresado opciones equivocadas y que debía cubrir ese gasto como fuera.

Magdalena tiene otra experiencia, y la relata con voz calma, mientras el ventilador va y viene con ruido suave; a medida que avanza su relato, ella se peina con los dedos como quien ordena la historia y le da perspectiva. Fue contactada hace poco por una vecina del barrio, que le ofreció la posibilidad de acceder a un préstamo a través de una financiera especialista en microcréditos. ¿Cómo resistirse a esa oferta? Si era lo que venía esperando de hace meses. Magdalena ya es experimentada en microcréditos, ha sido tomadora en el banquito –así denominan al Banco Popular de la Buena Fe- ; ahora enfrenta una encrucijada. Precisa el dinero, pero teme enredarse en algo complicado. Esta financiera le ofrece una modalidad que le es familiar: la del grupo solidario. Precisa reunirse junto a otras u otros emprendedores, unos doce aproximadamente, para poder acceder al crédito. Ella no lo toma a la ligera, recuerda bien lo que le costó afianzar su grupo en el banquito, las dificultades que enfrentaron, los avances juntas. Vuelve a acomodar el jopo al ritmo del ventilador blanco, y sentencia: “Ni loca me meto en esto”.

La de Magdalena no es una reflexión cualquiera. Es la de una emprendedora que ha visto “la otra historia”. La de la Economía Solidaria, esa que avanza a paso lento pero seguro. La historia que Magda conoce le enseñó que otra realidad es posible. Una en la que ella fue protagonista junto a otras emprendedoras. Ella bien sabe que es un camino largo, casi como el que siglos atrás se emprendiera con el Monte de la Piedad, pero no teme, apuesta, se juega y sabe que no está sola. La respaldan sus compañeras, la moviliza la ilusión y el compromiso. Desde siglos atrás, cuando se inició la labor del Monte de Piedad, se hace evidente que los matices son otros, que la brecha entre lo recorrido es enorme, pero hay mucho de ese principio de solidaridad y de justicia que busca evitar las redes de la usura y brindar acceso a nuevas oportunidades en la Economía Social. Esa nueva economía que hoy se palpita como una realidad concreta.

Monte de Piedad

Los Montes de Piedad (del italiano Monte di Pietà) eran entidades benéficas donde los pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias y así satisfacer sus necesidades más primarias.
Nacidas en el norte y centro de Italia en el siglo XV, la iniciativa de los franciscanos nació como una forma de combatir la usura. Los primeros montes de piedad fueron establecidos desde 1462 a 1490 en Perusa, Savona, Mantua y Florencia.
En esa época era usual que los prestamistas cobraran intereses altos por los créditos: eran del orden del 20% al 200%, con lo cual el acceso al crédito estaba vedado o era muy restrictivo en cuanto al pago de los compromisos o estaba a merced de la usura para los agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y los pobres. La palabra Monte hacía ya referencia a una caja pública o a una masa metálica de dinero. Las ciudades- estado italianas habían instaurado Montes desde el siglo XII para afrontar necesidades financieras o de obras públicas. La denominación de Piedad (di Pietà) se agrega para diferenciarlas de otros tipos de Montes, ya que cumplían fines caritativos y benéficos.
Los Montes de Piedad atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos gratuitos sin interés, garantizados con alhajas y ropas, e intentando con ello suavizar los abusos de la usura. Para conseguir su finalidad, el Monte de Piedad necesitaba recursos, que obtenía sobre todo de la captación de depósitos en metálico. También obtenía fondos provenientes de limosnas, de ayudas de la Corona y de celebraciones religiosas. Con ello se formaba un fondo común.
No obstante, estos recursos pronto se manifestaron insuficientes y se hizo necesario cobrar intereses, hecho que supuso críticas dentro de la Iglesia Católica. Estas críticas no serían atemperadas hasta que el Concilio de Letrán en 1515 admitió la posibilidad de establecer un moderado interés por los préstamos prendarios. El Concilio de Trento (1545-1563) proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad.
En el siglo XVIII, los Montes de Piedad estaban patrocinados por la iniciativa real, manteniéndose la inspiración benéfico-religiosa de su funcionamiento. En Francia no se establecieron Montes hasta 1777, pero la Revolución destruyó la especie de monopolio que ejercía aquel establecimiento y de ahí la aparición de innumerables cajas de préstamos en que se cometían enormes usuras.
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Sólo los negocios gozan de buena salud

Hospital Oñativia

La conducción del Hospital Oñativia está siendo duramente cuestionada por los profesionales. Al pésimo estado del nosocomio y los bajos sueldos, se suman críticas a convenios y contratos que van en detrimento de la institución y favorecen el bolsillo de unos pocos, parados a los dos lados del mostrador.

Por Daniel Medina



Las 36 fotos que se encuentran en la página web del Hospital Oñativia fueron sacadas con sumo cuidado: esta vez, el arte nacido para retratar la realidad tuvo como único objetivo ocultarla. Ni las cucarachas, ni los azulejos rotos, ni la suciedad en los pisos, baños y consultorios, ni los enchufes destruidos y que pueden electrocutar a cualquiera –todos padecimientos diarios de los profesionales y pacientes- se pueden ver en esas imágenes. Mucho menos visible es la carencia de medicamentos básicos para diabéticos y para aquellos con problemas de tiroides, que sí se sufren en el día a día.
Hay otras circunstancias que un buen observador podría percibir en la fotografía de un hábil fotógrafo, si es que éste simplemente gatillara, sin invitar a la pose, para poder captar realmente el instante. Por ejemplo, se haría evidente el amplio malestar de los médicos por los bajos sueldos, por la falta de elementos básicos de funcionamiento, porque los baños son nauseabundos o porque la mayoría no tiene ni dónde cambiarse ni oficina, y se pueden encontrar hasta consultorios con agujeros en el piso.
Otro ingrediente de la bronca que vienen acumulando los profesionales es que el pésimo presente del hospital sólo se puede entender a partir de una serie de medidas erradas que tomó “el gobierno de facto”. Así denominan en los pasillos de “El bocio” a la gerencia que asumió a fines de 2007, en concordancia con el cambio en la gobernación provincial. Poco antes, el hospital había llevado a cabo sus elecciones. El Dr. Ernesto Saravia Day, quien actualmente desempeña el cargo de Gerente General, fue uno de los tres candidatos. Y salió tercero. Pero ahí entró a jugar su papel el Ministro de Salud de la provincia, y lo designó. A su manera, fue una forma de darla la razón a la Biblia: los últimos serán los primeros.

Los negocios

La nueva gerencia, encabezada por Ernesto Saravia Day y con Marcelo Pedro Nallar como subgerente, tomó distancia de los empleados (sólo se puede llegar a ellos a través de un portero eléctrico); se ha aislado. Y desde ahí se arman los negocios, que van en detrimento del hospital y sólo favorecen a unos pocos. El hospital se ha convertido en un reducto, donde cuatro o cinco hacen negocios, y donde la única forma de hacer plata es llevándose bien con la conducción, se comenta en los pasillos.
Por eso hay bronca. Y ésta, que se viene acumulando de manera silenciosa en los trabajadores del nosocomio, se agravó el día 24 de junio de este año, cuando la gerencia firmó un contrato de gestión de servicios de transplantes, contrato que los demás trabajadores observan como otra maniobra que hundirá aún más a este hospital de autogestión y sólo llenará los bolsillos de un puñado. La situación es extremadamente anómala: hay un par de médicos que se encuentran de los dos lados del mostrador: son los contratantes y los contratados al mismo tiempo. Y, para que esta nueva función pueda desarrollarse a pleno, deberán construir toda una nueva ala, para la cual ya se ha tomado un préstamo, aparentemente de un organismo internacional.
Se presume que en el contrato el hospital se comprometió a entregarle a la empresa “Transplante Renal Salta SRL (ETRS SRL) el lugar acondicionado para que se preste el servicio de Transplante Renal, con una Unidad de internación que deberá ser acondicionada por la empresa contratada, lo cual le dará la exclusividad para su uso. El hospital, además, aportará los dos quirófanos reglamentarios, la Unidad de Terapia Intensiva y los consultorios de seguimiento ambulatorio necesarios para el normal funcionamiento del servicio. Y también pondrá el personal de enfermería, maestranza y mantenimiento, ropa de cama, alimentación de los pacientes, esterilización, etc.
Además, el servicio de emergencia del hospital cubrirá las urgencias que se presenten fuera del horario habitual de trabajo, contando obligatoriamente con el apoyo pasivo de los integrantes del Equipo de Transplante. O sea que los mal pagados médicos tendrán más trabajo, el cual deberán hacer sin cobrar un adicional económico.
Todo servido para la empresa. Incluso hay un ítem que protege un poco las arcas del hospital, pero sólo para asegurarle a los privados que recibirán su dinero. Se explica allí que, en caso de que la internación supere los 21 días por determinadas complicaciones, será entonces “el financiador” (léase Ministerio de Salud Pública) el que se hará cargo de los costos.
Lo que sí saldrá del bolsillo de la empresa es el pago de los honorarios del equipo médico quirúrgico necesario: nefrólogos, urólogos, cirujanos, anestesistas e instrumentistas.
El contrato firmado ese 24 de junio tiene un plazo de diez años, prorrogable automáticamente por períodos iguales. Por eso la bronca. Porque el Hospital Oñativia es de autogestión, lo más cercano a una cooperativa, y las decisiones de la actual conducción, con contratos de este tipo o los convenios firmados con la municipalidad capitalina, ponen al nosocomio al borde del abismo. Todas las decisiones se toman sin consultar a nadie: sólo dan, como mucho, un aviso de lo que ha pasado.
En el caso del contrato para los transplantes, la conducción ha tratado de abrir el paraguas, diciendo que si sobra plata va a ir a la productividad. Por su parte, los profesionales que sostienen en pie al Oñativia saben que nunca puede sobrar plata, porque los gastos de esta prestación son enormes.
Una sola certeza tienen los profesionales del lugar: este saqueo no se podría estar llevando a cabo sin la complicidad del Ministerio de Salud.