Necesidad y Urgencia… de control Legislativo

Emergencia Económica

Próximamente se cumplirán veinte años desde que se sancionó la emergencia económica en nuestra Provincia, la cual, año tras año, viene prorrogándose por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) emanados del Ejecutivo y convertidos posteriormente en leyes ante el silencio de la Legislatura para su tratamiento.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, la Constitución Provincial prevé que el DNU, luego de ser enviado a la Legislatura para su aprobación o rechazo, y sin que la misma se expida en un plazo perentorio de 90 días, quedará convertido en ley. Es lo que se conoce como “aprobación ficta” de una norma, y que se produce ante el silencio de ambas cámaras.
La aprobación ficta de una ley está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, pues el constituyente acertadamente consideró que es contraria a la esencia de un órgano deliberativo, al republicanismo -ya que impide el control de los actos de gobierno y concentra en el Poder Ejecutivo facultades del Legislativo- y viola la obligación irrenunciable del ejercicio de su competencia, la cual implica debatir sobre la oportunidad, el mérito y/o la conveniencia de la sanción de una norma que incidirá en los derechos de los ciudadanos.
El agravante de dicha práctica está en que, en el orden provincial, los DNUs pueden versar sobre materias de competencia legislativa sin excepción alguna (a nivel nacional se prohíbe que versen sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos), y además porque son una herramienta que concede al Ejecutivo amplias facultades en materia social, económica, administrativa, financiera, etc., puesto que, al menos en teoría, se dan en un marco de necesidad y urgencia, y en el caso que nos ocupa, a raíz de una emergencia económica.

Las etapas en Salta

La emergencia económica y administrativa en nuestra provincia fue establecida en marzo de 1990, durante el gobierno que encabezó el justicialista Hernán Cornejo, a través de la ley 6.583. Pero la Legislatura salteña también sancionó, en el año 2000, la ley 7.125, en la cual la provincia se adhirió a la ley nacional 25.344, que declaró en emergencia la situación económica financiera del Estado nacional. Esta ley nacional establece pautas para contratos del sector público nacional, relación de empleo público, juicios contra el Estado nacional, consolidación de deudas y también determina mecanismos para el saneamiento de la relación económica financiera entre el Estado nacional y las provincias, como también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 5.074, dictado por el Gobierno provincial el 7 de noviembre de 2008 y convertido en ley N° 7.558 en febrero de este año, y por cumplirse el plazo constitucional sin ser tratado por la Legislatura, prorrogó por un año más la declaración de emergencia de la provincia, con los argumentos de “que el régimen establecido (es decir la emergencia), a través de la ley 6.583 y sus sucesivas prórrogas, se encuentra vigente”; “que aún resulta necesario mantenerlo para asegurar la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados” y “que debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración”.
Ahora bien, lo que en ningún momento aclara el Decreto es cuáles son las razones de necesidad y urgencia que ameritan el mantenimiento de medidas como ser la suspensión de subsidios, subvenciones, beneficios tributarios y regímenes promocionales (con algunas excepciones), la prohibición de contratación o ampliación de personal salvo casos de extrema necesidad, la declaración de emergencia administrativa, de los servicios públicos y la ejecución de los contratos, de las obligaciones exigibles, régimen de contención del gasto público, etc. Y es que lo único que argumenta es que el estado de emergencia dictado dos décadas atrás aún se encuentra vigente, sin aportar ningún hecho político, económico o social que lo justifique. De esta manera, el concepto de “necesidad y urgencia” que contiene la Constitución deviene en una cláusula o expresión vacía de contenido, dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueve libremente y sin restricción alguna.
Es por ello que nuestros representantes parlamentarios deben ejercer el rol para el cual fueron elegidos y abrir el debate en torno a si se dan o no actualmente la concurrencia de ciertos hechos de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad, que justifiquen la emergencia económica y la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, como es el caso de los DNUs. Ya que, de no darse tales hechos, la Legislatura pondrá en evidencia una práctica abusiva y arbitraria de los mismos. Y en caso de que tales hechos sí se den, se podrá verificar si la emergencia se debe a factores exógenos (como ser crisis económicas externas) o a una inoperante administración local, que exigiría una interpelación a los responsables políticos para que rindan cuentas a la comunidad toda.

Argentinos de segunda

Un genocidio a fuego lento está diezmando a gran parte de las comunidades aborígenes del norte argentino. Los datos oficiales señalan que en la provincia un porcentaje superior al 57% de esta población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Los altísimos índices de mortalidad infantil, materna y de desnutrición en el caso de la comunidad Wichí, pueden explicarse apelando a dos factores: no tienen monte para cazar y conservar formas de vida ancestrales, y también se ven privados de los servicios sanitarios básicos. Hoy subsisten mediante planes asistenciales.

Por Eva Sibila

Durante los cortes de ruta en los que miembros de distintas comunidades wichís mantenían aislado al departamento San Martín, escuché que un periodista afirmaba que el dirigente que lideraba la medida quería plata, que con 1.200 pesos lo arreglaban. “Qué raro”, pensé. Si fuera tan barata la cosa, esto no estaría sucediendo. Pero él seguía insistiendo en que eran vagos, borrachos, piqueteros, sucios y coimeros.
Más allá de los prejuicios, los registros oficiales marcan que en Salta más del 57% de los aborígenes padece hambre y no tiene acceso al agua potable. Cercados por los monocultivos de soja y maíz, a los wichís sólo les queda recolectar bolsones sociales y, por supuesto, la dependencia absoluta de los punteros políticos.
Esta política nefasta no hizo más que incrementar la indigencia y la muerte. La mortalidad infantil actualmente triplica la media de otras poblaciones en la provincia. Según los médicos y agentes sanitarios que tratan con estas poblaciones, los aborígenes son reticentes a asistir a los servicios de salud y, cuando lo hacen, la situación del enfermo es grave.

Una mirada más profunda

Indagando sobre este problema específico, accedí a una investigación realizada entre 2002 y 2003 en el departamento Rivadavia Banda Sur por la psicóloga Elfi Jockers, de la cual se desprende que la desvalorización de la cultura Wichí deja poco espacio a la integración y genera dificultades de comunicación entre la perspectiva de los aborígenes y la de los servicios de salud.
“Se trata de erradicar costumbres y de instaurar nuevos hábitos. Lo curioso es que demasiadas veces se desconocen cuáles son esas costumbres a erradicar, y se desechan sin conocer”, señala en su ensayo la especialista en Salud Pública. Siguiendo este análisis, se enumeran como componentes de la no salud factores como la falta de tierras, la discriminación, la pérdida del monte, la contaminación y la pérdida de las costumbres.
Las mujeres mayores de estas comunidades atribuyen los problemas sanitarios a la ausencia de los cuidados tradicionales que evitaban la enfermedad y que implicaban no consumir determinados alimentos, restringir esfuerzos, permanecer unida al esposo, evitar traslados, mantener al recién nacido en el rancho y evitar asustarlo, entre otros.
Si bien las estrategias del sistema de Atención Primaria de la Salud han logrado disminuir muchas enfermedades, la imposición de saberes generó otros problemas: “perdida la integridad de la cosmovisión, pasan a depender del Estado, que a través de sus instituciones no se cansa de considerarlos inferiores, convirtiéndolos en mendigos.”


Al modo de los conservadores

Aquellas mujeres patricias, madres y esposas de los hombres “esclarecidos” de la Patria, fueron quienes en las primeras décadas del 1800 fundaron las sociedades de beneficencia. No pedían igualdad de derechos: daban limosna. Las damas no querían perder sus privilegios, juntaban fondos para que a los pobres no les faltara polenta.
Hoy, como en aquel tiempo, la señora gorda que pedalea en su bicicleta fija se ofusca porque los piqueteros se están organizando en cooperativas y están accediendo al salario para sus hijos. Ella quiere más seguridad, quiere que los niños pobres estén presos y que los indios trabajen, que no sean vagos, que no pidan todo de arriba.
Al borde del colapso, la señora de clase media alta salió con la cacerola de teflón a repudiar a la Presidenta cuando impuso las retenciones a la soja, “porque a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo”, y mucho menos para repartir la plata con los pobres, porque “ellos se la van a gastar en vino”.
Al parecer, está prevaleciendo el pensamiento típicamente neoliberal del “darwinismo social”. Así se plantea crudamente la defensa irrestricta de los privilegios de clase frente a la desigualdad y se considera a los pobres desde el punto de vista estrictamente caritativo. Dejen que los ricos ganen plata que rebosa hacia una pequeña clase media…..y generemos una gran institución tipo “Cáritas” para distribuir lo necesario para asistir a los pobres. En pocas palabras, estamos retrocediendo 100 años en las concepciones sociales.

Cercanías

Por Daniel Avalos

Algunos de los que habíamos militado en la izquierda universitaria durante los noventa, volvimos a la UNSa después del 2001 como profesores. Algunos de esos algunos sentíamos la necesidad del gesto obligatorio, o políticamente correcto, de volver a militar. No se pudo; al menos no como había sido en la etapa estudiantil. Las viejas compañías ya no estaban. El “Frente Amplio”, una alianza de militantes que provenían de la izquierda y peronistas históricos que habían destronado a la Franja Morada de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, era un recuerdo mal guardado por la organización que la sucedió: Oktubre. Y no sólo estábamos solos. El país había explotado, la situación social y política era otra, y mientras tanto nuestra nueva condición de docentes nos llevaba a otros ámbitos de participación. Algunos optamos por emplear nuestra disciplina, la Historia, como espacio de compromiso social. El estudio de lo que había ocurrido en los 60 y los 70, la necesidad de revisar un periodo que el alfonsinismo había convertido en una disputa entre dos demonios, escrito desde la idealización o la demonización de las organizaciones populares, se convirtió en nuestro campo de militancia. Fundábamos revistas, organizábamos charlas, y mientras hacíamos todo aquello admirábamos el novedoso paisaje militante estudiantil. Un grupo era llamativo. Lo conducía un estudiante de rasgos claramente teutones. Era Gustavo Farqhuarson. Solía pasearse acaloradamente por los patios cercanos del viejo edificio de la Facultad de Humanidades, seguido de otros estudiantes. Formaban la agrupación “Venceremos”. A mis clases de Historia Colonial asistían algunos. Los más, participaban apasionadamente de ellas; los menos, tenían una actitud contemplativa. Una vez, dos profesores que habíamos hecho del estudio de los 60 y los 70 casi una disciplina, recurrimos a ellos. Fue cuando trajimos a un militante importante de Montoneros en los 70. Hablamos con Farqhuarson y acordamos: la “Venceremos” convocaría estudiantes y se anotaban como co-organizadores del encuentro. El día del encuentro no aparecieron. La Venceremos era así, desconcertante. El teutón también. No participaban de las elecciones estudiantiles; había semanas que protagonizaban actividades febriles y otras en donde no aparecían por ningún lado. Después me lo explicó el propio Farqhuarson: convocaban simpatizantes, pero no para militar en la universidad, sino para trabajar en el “territorio”, intentando resolver las necesidades urgentes de los barrios cadenciados, como comedores, merenderos, centros de alfabetización, etc. A veces comunicarse era difícil, pero uno lo sentía cercano, un militante nuestro, parte de ese “nosotros” genérico que llamamos “movimiento popular”. Nos encontramos después de un largo tiempo. Algunas cosas habían cambiado. Me relató que a la militancia territorial le había sumado la militancia política. Que el nuevo nombre, “Libres del Sur”, respondía a esa orientación, dirigida a acumular fuerza y voluntades para llegar al Estado. Que “el Estado sí importaba”, que era el espacio de disputa entre las fuerzas políticas que todo lo mercantilizan, y aquellas que aspiran a redistribuir la riqueza y promover los derechos económicos y sociales de los estratos populares. Otra vez, uno lo sentía muy cerca.

Farqhuarson llegó a conducir la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de la mano de su organización, y esta semana ha renunciado. El periodismo relató el hecho así: “Farqhuarson aseguró que había tomado la decisión de renunciar ante la falta de presupuesto para el área que conducía, y por la decisión de Urtubey de pasar la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Humano al de Salud”. Es cierto, pero difícil entenderlo en toda su dimensión sin analizar el proceso político del Gobierno actual, del que Libres del Sur forma parte. Repasemos los aspectos técnicos. La cuestión presupuestaria ha sido importante según el renunciante: hay un desequilibrio entre lo que se necesita para luchar contra las adicciones y lo que el Gobierno destina para la tarea. El detonante, sin embargo, pareció ser otro: la disposición de trasladar la Secretaría de Lucha contra las Adicciones del ámbito de Desarrollo Humano al de la Salud. el ex Secretario declaró que una decisión de ese tipo suponía “querer atacar las consecuencias del problema y no la raíz de fondo, que tiene que ver con problemáticas sociales” (Nuevo Diario 17/11/09). Aun cuando los especialistas podrían ilustrarnos mejor al respecto, la postura está lejos de ser antojadiza. Considerar a las adicciones como un problema de salud es, por lo menos, discutible. La medicina casi siempre busca dar una definición exacta de la enfermedad (en este caso las adicciones); encontrar una causa específica de la misma y dar un tratamiento adecuado que erradique las causas de la enfermedad. Y el problema es que las adicciones no parecen tener una causa específica. Menos aún una causa que tenga que ver con cierta falla del cuerpo, que un médico compondría como un mecánico compone un auto. Las adicciones son producto de una problemática social. Resulta imposible combatirlas sin comprender el fenómeno de la precarización de las relaciones sociales en las que se desenvuelve nuestra sociedad, en general, y la juventud, en particular: quiebre de las solidaridades sociales, laborales y políticas, que rompen hasta límites insospechados la experiencia de los individuos, dejando como único horizonte de vida la inestabilidad y la incertidumbre. Evitemos, sin embargo, reducir todo a cuestiones técnico– científicas. Razones políticas atravesaron todo el proceso. Serán menos visibles, tendrán objetivos no declarados por las partes, pero efectivamente existen. El Estado, “que sí importa” como espacio de disputa entre fuerzas políticas con proyectos distintos, está ocupado hoy por un gobierno que viene mutando a un ritmo acelerado. Ese gobierno, que llegó al Poder a través de una alianza entre actores que decían perseguir un cambio con respecto al anterior, protagoniza hoy una metamorfosis irreversible: abandona el programa original, y se asienta en un PJ que, aportando a Urtubey un numeroso equipo de funcionarios político-administrativos que garantizan gestión y búsqueda de votos, pide a cambio mayor poder y aislamiento de las fuerzas que conformaron el Frente del 2007. Mientras eso ocurre, se consolida una tendencia conocida: debilitamiento el Estado, procesos privatizadores, precarización del trabajo, desempleo, debilitamiento del consumo popular, marginalidad, adicciones, etc.Farqhuarson ha renunciado a ocupar ese espacio que él y su organización consideran crucial. Ha dejado un puesto importante y, a la vez, un trabajo. El dato no debería ser noticia, pero lo es en estos tiempos. Quedarse sin trabajo en un país como el nuestro es el mayor miedo de hombres y mujeres, una pesadilla obstinada. Adujo diferencias técnicas aunque, a no dudarlo, éstas responden a conflictos políticos entre su fuerza y el Gobierno. Anunció su renuncia en una conferencia de prensa el día lunes con un tono de voz del que ya era dueño en la universidad: un hablar despersonalizado, como si relatara hechos en los que él no fuera protagonista. La decisión, seguramente, no significará que su organización se apreste a transitar una etapa de crecimiento gigantesco ni, menos aún, que la relación de fuerzas que existe en la provincia entre las fuerzas del establishment y las progresistas vaya a equilibrarse. Significa, sí, que esa organización quiere protagonizar la realidad política local. Y uno vuelve, entonces, a sentirlo muy cerca. Como en aquellos años desdichados y llenos de fantasmas, cuando nuestro país se deshilachaba y nos angustiaba a todos. Podremos discutir sus razones, los tiempos que ha empleado y otras cosas, pero uno lo siente cerca porque ve en él un militante que la política tradicional no ha devorado. El militante no es un profesional remunerado, sino alguien que busca entregar lo más importante que ha ido acumulando y aprendiendo para la construcción de un mundo mejor, el que desea vivir para protagonizar el cambio, luchando por él, fundiendo la teoría y la práctica, la ética y la vida cotidiana.

Los coyotes blancos

Empresarios cafayateños usurpan tierras indígenas

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial, que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de ayer en la ciudad de Salta, pero la Justicia falló a favor del empresario Ramiro Michel, autorizándolo a seguir trabajando en las tierras indígenas.

Por JGR

Además de la medida que favorece al empresario, la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a Nominación, a cargo del Dr. Antonio Pastrana, terminó imputando por el delito de usurpación al miembro de la comunidad diaguita Manuel Mamaní. Este último relató a Cuarto Poder, que se había apersonado a nuestra ciudad como delegado de las organizaciones indígenas. Relato también que las tierras de la discordia fueron el hogar de sus abuelos y padres, aunque finalmente todos esos antecedentes de nada sirvieron.
Todo terminó desencadenándose el día miércoles 11 de noviembre cuando, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron las siguientes: “Mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo…”

La ley y la fuerza

Acaecido el hecho, inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160. Conviene recordar que la Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan: este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”.
Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente sólo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.
Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día viernes 13 a las 10:00 en la ciudad de Salta, de la que Mamaní salió imputado.
Se trata de un hecho más, en el contexto de reiterados intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, que buscan aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario que iba acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad a manos de un empresario.

Otra vez sopa

Presupuesto provincial

El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.

Por Alejandro Nieva

El Gobierno provincial, en el mensaje que antecede al proyecto del Presupuesto, atribuye el escaso incremento de determinadas partidas presupuestarias al supuesto incremento marginal de las transferencias provenientes del Estado Nacional, cercanas al 11%. Si bien este argumento puede tornarse verosímil al observar la transferencia nacional de “recursos corrientes” por coparticipación (dinero en efectivo sin condicionamientos en torno a su uso), un análisis más exhaustivo del presupuesto provincial nos permite aseverar que, tanto la participación del volumen de los aportes nacionales como provinciales no se han modificado en relación con el año anterior.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.

Transferencias Nacionales y Dependencia Provincial

Concepto 2009 2010

Coparticipación Nacional 2.811.404.548 3.132.407.200
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%

En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.

Prendados

Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento. La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.

Digresión Ingresos Propios

Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .

Transferencias de capital

Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.

Gastos, trabajadores y prioridades

Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.

Coparticipación a Municipios

Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.

Más rutas, menos casas

La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.


Leyes de Promoción: primero los poderosos

Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.