Los coyotes blancos

Empresarios cafayateños usurpan tierras indígenas

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial, que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de ayer en la ciudad de Salta, pero la Justicia falló a favor del empresario Ramiro Michel, autorizándolo a seguir trabajando en las tierras indígenas.

Por JGR

Además de la medida que favorece al empresario, la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a Nominación, a cargo del Dr. Antonio Pastrana, terminó imputando por el delito de usurpación al miembro de la comunidad diaguita Manuel Mamaní. Este último relató a Cuarto Poder, que se había apersonado a nuestra ciudad como delegado de las organizaciones indígenas. Relato también que las tierras de la discordia fueron el hogar de sus abuelos y padres, aunque finalmente todos esos antecedentes de nada sirvieron.
Todo terminó desencadenándose el día miércoles 11 de noviembre cuando, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron las siguientes: “Mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo…”

La ley y la fuerza

Acaecido el hecho, inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160. Conviene recordar que la Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan: este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”.
Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente sólo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.
Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día viernes 13 a las 10:00 en la ciudad de Salta, de la que Mamaní salió imputado.
Se trata de un hecho más, en el contexto de reiterados intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, que buscan aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario que iba acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad a manos de un empresario.

Otra vez sopa

Presupuesto provincial

El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.

Por Alejandro Nieva

El Gobierno provincial, en el mensaje que antecede al proyecto del Presupuesto, atribuye el escaso incremento de determinadas partidas presupuestarias al supuesto incremento marginal de las transferencias provenientes del Estado Nacional, cercanas al 11%. Si bien este argumento puede tornarse verosímil al observar la transferencia nacional de “recursos corrientes” por coparticipación (dinero en efectivo sin condicionamientos en torno a su uso), un análisis más exhaustivo del presupuesto provincial nos permite aseverar que, tanto la participación del volumen de los aportes nacionales como provinciales no se han modificado en relación con el año anterior.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.

Transferencias Nacionales y Dependencia Provincial

Concepto 2009 2010

Coparticipación Nacional 2.811.404.548 3.132.407.200
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%

En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.

Prendados

Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento. La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.

Digresión Ingresos Propios

Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .

Transferencias de capital

Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.

Gastos, trabajadores y prioridades

Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.

Coparticipación a Municipios

Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.

Más rutas, menos casas

La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.


Leyes de Promoción: primero los poderosos

Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.

Federalismo y politización

Por Daniel Avalos

De un tiempo a esta parte, los municipios ocupan un lugar importante en la agenda política del Ejecutivo provincial. Pareciera que el federalismo, en Salta, avanza inexorablemente a convertirse en una realidad. Por ejemplo, el Grand Bourg alega que la monumentalidad de las obras públicas romeristas hoy no las vemos porque las obras se han descentralizado, privilegiando a un interior postergado durante décadas. El argumento, incluso, interpela al salteño capitalino que, en su arrogancia centralista, semejante a la practicada por los porteños con el resto del país, padece de una crónica incapacidad para razonar que esa descentralización es algo digno del mayor de los méritos. Y el argumento trauma al federalista sincero, que ante interpelación tan conmovedora lo atraviesa como una daga ardiente, que desnuda nuestro propio unitarismo. Tomamos conciencia, de repente, de que somos salteñocéntricos, propietarios de valores que nos llevan a considerar que los actos provinciales importantes deben, necesariamente, producirse en la capital.
Convengamos…algo de eso hay. Por ello mismo, la reacción inmediata es celebrar la voluntad política de federalizar, al menos, las obras, alegrándonos de que esas que no se levantan en la capital se levanten en el interior y festejando, por ejemplo, que los fondos girados por la Nación por derechos de exportación de soja se destinen en un 50% (a dónde), un 20% más de lo que Nación estipulaba. No es poco dinero. Se trata de $119.500.000, cifra que representa un 35% de lo que la provincia coparticipa por impuestos a esos mismos municipios, según el presupuesto 2010. Ejemplifiquemos: el pequeño municipio de Los Toldos recibirá $454.506 que antes no recibía. La creciente Orán, $6.675.609. Esas partidas constituyen la única novedad saliente de un presupuesto que, en términos reales y porcentuales, no ha variado en nada con respecto al anterior. Pero es una novedad de superficie. Porque, si abandonamos la mirada al ras del suelo, lo que primero fue alentador al final no lo es tanto. Otros movimientos pueden vislumbrarse con una lectura más profunda. La nota de Alejandro Nieva publicada en esta edición lo muestra bien: mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, ésta incrementa las transferencias a los municipios en sólo un 9,4%. “Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.” Pero eso sólo es una parte porque, además, los recursos provenientes de la soja se estipulan como propios del “Ámbito Provincial”, lo cual, según los técnicos, supone un manejo discrecional del ejecutivo. Una bofetada, entonces, a la noción de federalismo, en tanto la periferia seguirá siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior seguirán centralizadas en la capital ¿Por qué?
Un ensayo de respuesta no puede prescindir de un análisis político y de los movimientos que los actores de esa dimensión social realizan, ni de sus objetivos finales: las elecciones de 2011. Para el urtubeicismo, el interior se ha vuelto estratégico. Es cierto, los movimientos seguirán digitándose desde el centro político, pero una de las batallas políticas principales se disputará allí. Y el Estado prepara el escenario, lo acondiciona, lo que en política tradicional supone pertrecharlo de recursos que luego deben utilizarse en pos de objetivos políticos precisos. Se trata del interior. Ese interior postergado durante décadas, en donde la pobreza que las políticas de ajuste crearon genera repugnancia hacia la clase política, pero también una adicción temerosa en las bases sociales empobrecidas. Terreno que cuenta, como en todos lados, con un ejército de punteros, mezcla de rufianes y gestores de las demandas urgentes de la población empobrecida, pero asombrosamente eficaces en la empresa de convertir el derecho a la asistencia en una herramienta de dependencia política.
El otro bando, el romerismo, reconoce la estrategia. Y, a falta de ejército regular, parece estar usando comandos especializados (Justicia y Auditoría) que hostiguen a los capitanes del interior: los intendentes. La serie de hechos político-judiciales que toman notoriedad pública desde el caso Leavy en Tartagal, con una seguidilla de procesos judiciales a intendentes y el protagonismo que toma el nuevo auditor, Daniel Nallar, con el control de las cuentas de los municipios, podrían leerse desde las características de esta guerra de posiciones. El oficialismo seduce, y en esa política de seducción, no apelar a un discurso progresista y federal sería insensato. La oposición romerista, mientras tanto, advierte a los intendentes que alguna vez fueron suyos que la venganza puede ponerse en marcha. Los movimientos, entonces, confirman la importancia de los intendentes en la hora actual. La iniciativa parece estar del lado del oficialismo que, sin embargo, asume el riesgo de quedar demasiado prisionero de actores siempre zigzagueantes y que, de abandonar el campo de batalla, dejarían a la actual gestión sin chances.

¿Me llena una fichita, señora?

Impacto de la reforma electoral en Salta

El proyecto de reforma electoral presentado por el Gobierno nacional y en discusión actualmente en las comisiones parlamentarias revela el objetivo del Gobierno, por un lado, de poner en caja a la disidencia pejotista, y por otro forzar a la oposición a cerrar filas en torno a un siempre conflictivo frente electoral. Apuesta a mantener el dominio sobre el electorado a partir de una oposición disgregada en no más de tres o cuatro fuerzas y de eliminar la competencia interna. Más allá de los avatares coyunturales, se impone la necesidad de nuevas reglas de juego político. En Salta, los efectos se sentirán también en las fuerzas locales.

Por Daniel Escotorin

El esquema político actual es verdaderamente anárquico: fuerzas construidas sin respetar lo que la misma ley actual ordena a base de decretos dictados a conveniencia del poder y de las internas del pejotismo (por lo menos así ha sucedido desde las elecciones generales del año 2003, lo que permitió la elección de Néstor Kirchner). Vale recordar aquella histórica elección luego de la catástrofe político-social de diciembre de 2001, que eyectó desde la terraza de la Casa Rosada al aliancista radical Fernando De la Rúa. Se hablaba en ese entonces de la “crisis de representación”: esto era el punto máximo de ruptura entre la sociedad argentina y sus partidos políticos, los que, a fuerza de incumplir promesas, cerrarse sobre las ambiciones personales de sus dirigentes elegidos (desde el presidente hasta el último de los concejales, salvo limitadas excepciones) y hundirse en el fango del discurso pragmático y posibilista, negó derechos y soluciones urgentes a millones de argentinos. “Que se vayan todos” era una consigna levantada en noches de temidos cacerolazos por los fugaces presidentes de ese tumultuoso 2002.
Pero en la política, casi como una ley física, el vacío no existe, y lo que no se ocupa se llena con lo que existe. Así, para las elecciones de mayo de 2003, las principales fuerzas que competían eran desprendimientos de sus troncos originales que, nada es casual, provenían de las mismas fuerzas responsables del colapso nacional; es decir, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR). Por un artilugio del presidente provisional Eduardo Duhalde, que buscaba impugnar el resurgimiento de su rival Carlos Menem, anuló las internas partidarias y permitió que los candidatos se presentaran con fuerzas propias sin hacer uso de los símbolos del PJ. Así, Menem (junto a J. C. Romero), Kirchner y Rodríguez Saa compitieron con distintos nombres o frentes electorales, naciendo allí el Frente para la Victoria, sello K que sobrevive hasta el día de hoy. Los radicales también presentaron sus ex en nuevas fuerzas: la entonces progresista Elisa Carrió, con el ARI, y el ex ministro fugaz de la Alianza, Ricardo López Murphy, con su Recrear. Desde entonces no mejoraron las cosas; por el contrario, y para hacer un ejercicio de memoria local, vale recordar también las piruetas electorales de los pejotistas salteños: en el 2007, Juan Manuel Urtubey compitió desde el Frente para la Victoria con Juan Carlos Romero por el PJ; ganó el primero e inmediatamente se hizo del aparato partidario que sigue presidiendo JCR. Durante este año Urtubey, a través de sus candidatos, participó en las legislativas desde el PJ contra el mismísimo presidente de ese partido, que actuó con una fuerza ajena llamada Frente Federal. ¿Clarito? Bueno, si no entendió…

Así las cosas, es evidente que ni a ganadores ni a perdedores se les puede reclamar seriedad ni coherencia en sus acciones, y entonces es real que se necesita una ley que ponga límites a estos mamarrachos, sin olvidar las nefastas listas colectoras, que dicho en criollo es simplemente colgarse de la imagen del seguro ganador y desde allí ver que se liga, a veces casi por casualidad, ya que el sufrido votante entraba al cuarto oscuro, se encontraba con un candidato a gobernador, por ejemplo, en seis boletas, agarraba cualquiera y listo. Y si algo más se puede sumar al desaguisado en las últimas elecciones ante la incapacidad o la viveza de no convocar a elecciones internas, recordemos que se presentaron cuatro fuerzas panpejotistas: el propio PJ, el Frente Federal, el Frente Salteño y el Frente para la Victoria.

Tres son multitud

Sin embargo, a pesar de encontrar elementos razonables y positivos en el proyecto oficial, éste en su esencia tiende a una reforma estructural del sistema de participación electoral y desde los requisitos que se exigirían a los partidos, se ve que se apunta a un retorno y restablecimiento orgánico del bipartidismo. Este sistema no es casual, sino absolutamente funcional a las necesidades de un esquema de restauración de la estabilidad política cuya base es la alternancia entre partidos, ya sean reformistas o conservadores, pero en sustancia de preservación del modelo capitalista. Los ejemplos nacionales abundan y están cerquita nuestro: en Uruguay, a lo largo del siglo XX, convivieron en “democrática alternancia” blancos y colorados, postergando por casi cuatro décadas a al izquierdista Frente Amplio; algo similar ocurre con el modelo español, donde conviven el conservador Partido Popular y el progresista PSOE, o el de Chile, con la Concertación de Partidos, alianza cuasi progresista en el gobierno desde 1989 y la derechista Alianza por Chile, y donde veinte años después surge una tercera fuerza, desprendida del riñón de la Concertación para asomar como futura opción a las dos alianzas actuales. En definitiva, el proyecto busca ajustar la sobreoferta de partidos para reducirla a su mínima expresión, fomentando las alianzas políticas de carácter perdurable.

Si se analizan los resultados de las últimas elecciones presidenciales, de octubre de 2007, se puede observar que, de catorce fuerzas en competencia, con la actual ley sólo hubieran quedado cuatro de ellas: el Frente para la Victoria (45%), la Coalición Cívica (23%), la UCR (17%) y el Frente Justicia, Unidad y Libertad de Alberto Rodríguez Saa (8%). Como se ve, dos fuerzas (pan)radicales y el pejotismo se llevan el 93% de los votos: no sorprende entonces que de la boca para afuera los radicales se muestren disconformes, pero puertas adentro saludan con regocijo este proyecto, que obliga a volver a todos los emigrados post 2001.

Con justa razón, el diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando “Pino” Solanas, salió al cruce de este proyecto, porque los partidos provinciales o que no tienen una presencia en todas las provincias, estarían condenados a desaparecer. Se puede pensar que lo mismo ocurriría en Salta con el hoy instalado Partido Obrero (PO), ya que a nivel nacional ambas fuerzas no llegan al piso mínimo requerido del 3%, o por caso a Libres del Sur, que cuenta con representación legislativa nacional por dos provincias y en el caso de Salta con un diputado provincial. En el caso del PO, es la cuarta fuerza política, pero en la suma nacional no llega al 1%. En definitiva, si por un lado se tendería a una normalización en el funcionamiento de los partidos políticos, por otro se busca concentrar la mayor cantidad de votos en un sistema bipolar y reducido, ya que los candidatos de cada fuerza surgirían de elecciones internas abiertas y obligatorias, y quienes no se presenten o pierdan no pueden participar en las generales. La explicación de esto es que se busca fortalecer los partidos a través de la participación compulsiva del ciudadano; si ya cuesta convencer frente a la oferta actual, nada hace pensar que la obligatoriedad va a generar conciencia política o participación ciudadana activa y conciente. El fortalecimiento de los partidos políticos sólo se logrará con una ética política surgida y alimentada desde la propia dirigencia y con gestos reales de respeto hacia la comunidad, es decir, comprometerse verdaderamente frente a las necesidades de las grandes mayorías, necesidades que son muchas y urgentes. Sólo así se fortalecerán tanto los partidos como la democracia en sí misma. El resto es para la foto.

Desde abajo nació el PAT

Se trata del Partido Auténtico de los Trabajadores (PAT), nueva fuerza política que hizo su presentación el jueves pasado, en el salón de la Agremiación Judicial. Este partido nace ante la iniciativa de un grupo de dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Salta, que ya habían participado en la experiencia electoral a través del Encuentro Popular Amplio (EPA), alianza constituida por el Partido Comunista, el Partido Humanista y el MOCEP de Armando Jaime, entre otros. Ahora se suman al frente ya con partido propio y, dicen sus referentes, “con el objetivo de dotar a los trabajadores de una nueva y auténtica representación política, una fuerza propia de los trabajadores”.
El PAT se vincula con otras experiencias políticas surgidas desde la CTA, como la del diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Claudio Lozano, el UNE de Neuquén o el partido de Víctor de Gennaro, que es parte del frente que lidera en la provincia de Buenos Aires el diputado electo Martín Sabatella. Por esta razón es que la semana anterior mantuvieron una conversación privada con Fernando “Pino” Solanas durante su estadía en la ciudad de Salta.
Entre los referentes y miembros de la Junta Promotora del PAT se encuentran Vuenaventura David, María Lapasset y Laureano Sánchez, y en consonancia con la nueva ley, ya están saliendo a juntar y llenar fichas de afiliación.

Las adicciones como una cuestión social

Traslado polémico

El ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, señaló la necesidad de que la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones pase a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud. El criterio de la afirmación, al parecer, estaría relacionado con el hecho de considerar que el tratamiento de los adictos es un tema de salud y debe dejar de ser considerado una cuestión social.

Por G.S.

Llamativo diagnóstico sobre el destino que debería tener una Secretaría cuya actividad ha sido reconocida recientemente por los representantes parlamentarios luego de un pedido de informe que se le hiciera a su titular, Gustavo Farquharson.
Sin bien el tema podría parecer una cuestión irrelevante (que la Secretaría funcione bajo la órbita de un Ministerio o de otro), un análisis más minucioso de la realidad local alerta de cuán precavidos habremos de ser a la hora de considerar las adicciones como un problema de salubridad o de política social, no porque se excluyan mutuamente, sino más bien porque se complementan. Pero de lo que aquí se trata es de establecer cuál ha de ser el compromiso a asumir y las políticas idóneas que el Estado debe implementar para combatir y disminuir a su máximo posible los daños humanos y sociales que las adicciones generan.
En este sentido, se podrá argüir que históricamente en nuestro país las personas con problemas de adicciones fueron marginadas de las políticas de salud, ya que el adicto rompía con el paradigma médico: una enfermedad - un tratamiento, al no reunir el perfil tradicional de un paciente dispuesto a tratarse y seguir mansamente las directrices médicas, sumado a que podía hallarse en conflicto con la ley y en la marginalidad, lo tornaba un sujeto problemático e indeseado para el profesional de la salud. No así para las instituciones del tercer sector, que absorbieron dicha problemática social y cuyos primeros precursores fueron los mismos usuarios de drogas que habían abandonado el consumo, para luego dar paso a las comunidades terapéuticas. Otro tanto se podrá indagar en cuanto a si realmente el sistema sanitario de nuestra provincia está en condiciones de absorber tamaña cuestión, teniendo en cuenta que ha mostrado grietas a la hora de brindar un servicio de salud de calidad, integral y accesible a todos los ciudadanos por igual.
Pero, sin detenernos en la capacidad o no que tendrá el sistema de salud para encarar el tratamiento de las adicciones (pues incluso en virtud del beneficio de la duda que esta iniciativa debería motivar y, suponiendo que lograra brindar de una manera eficaz los fines que se propone, esto es, el de dar el mejor tratamiento a los afectados), lo cierto es que para combatir de raíz el problema habrá que eliminar las causas que lo posibilitan y esto no se logrará si sólo se pretende hacer un abordaje del mismo asistiendo a los adictos, pues no sería más que atacar los síntomas de un organismo social deteriorado, lo que siempre nos haría correr detrás del problema.
Es necesario entender a las adicciones no como una enfermedad contagiosa o viral, hereditaria o genética, sino como el producto de una coyuntura social que evidencia serios deterioros en su calidad de vida. De hecho, las estadísticas dan prueba de ello cuando nos enseñan que la mayoría de los asistidos ni siquiera completó sus estudios básicos, que sólo un 10% terminó el polimodal, que el 60% son desocupados y que la sustancia que más se consume es la pasta base, la llamada “droga de los pobres”. Por ello mismo, son muchos los especialistas que afirman que para encarar una lucha eficaz contra el consumo, el Estado debe recomponer el tejido social, a través de políticas integrales, de prevención y asistencia, sobre todo en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegurando y brindando un pleno ejercicio de los derechos esenciales, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. De otra forma, si se pretende ocultar el problema atacando sus efectos, es decir a tratar las adicciones sin erradicar sus causas, no sería más que un intento en vano de oponer el árbol para ocultar el bosque.