Federalismo y politización

Por Daniel Avalos

De un tiempo a esta parte, los municipios ocupan un lugar importante en la agenda política del Ejecutivo provincial. Pareciera que el federalismo, en Salta, avanza inexorablemente a convertirse en una realidad. Por ejemplo, el Grand Bourg alega que la monumentalidad de las obras públicas romeristas hoy no las vemos porque las obras se han descentralizado, privilegiando a un interior postergado durante décadas. El argumento, incluso, interpela al salteño capitalino que, en su arrogancia centralista, semejante a la practicada por los porteños con el resto del país, padece de una crónica incapacidad para razonar que esa descentralización es algo digno del mayor de los méritos. Y el argumento trauma al federalista sincero, que ante interpelación tan conmovedora lo atraviesa como una daga ardiente, que desnuda nuestro propio unitarismo. Tomamos conciencia, de repente, de que somos salteñocéntricos, propietarios de valores que nos llevan a considerar que los actos provinciales importantes deben, necesariamente, producirse en la capital.
Convengamos…algo de eso hay. Por ello mismo, la reacción inmediata es celebrar la voluntad política de federalizar, al menos, las obras, alegrándonos de que esas que no se levantan en la capital se levanten en el interior y festejando, por ejemplo, que los fondos girados por la Nación por derechos de exportación de soja se destinen en un 50% (a dónde), un 20% más de lo que Nación estipulaba. No es poco dinero. Se trata de $119.500.000, cifra que representa un 35% de lo que la provincia coparticipa por impuestos a esos mismos municipios, según el presupuesto 2010. Ejemplifiquemos: el pequeño municipio de Los Toldos recibirá $454.506 que antes no recibía. La creciente Orán, $6.675.609. Esas partidas constituyen la única novedad saliente de un presupuesto que, en términos reales y porcentuales, no ha variado en nada con respecto al anterior. Pero es una novedad de superficie. Porque, si abandonamos la mirada al ras del suelo, lo que primero fue alentador al final no lo es tanto. Otros movimientos pueden vislumbrarse con una lectura más profunda. La nota de Alejandro Nieva publicada en esta edición lo muestra bien: mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, ésta incrementa las transferencias a los municipios en sólo un 9,4%. “Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.” Pero eso sólo es una parte porque, además, los recursos provenientes de la soja se estipulan como propios del “Ámbito Provincial”, lo cual, según los técnicos, supone un manejo discrecional del ejecutivo. Una bofetada, entonces, a la noción de federalismo, en tanto la periferia seguirá siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior seguirán centralizadas en la capital ¿Por qué?
Un ensayo de respuesta no puede prescindir de un análisis político y de los movimientos que los actores de esa dimensión social realizan, ni de sus objetivos finales: las elecciones de 2011. Para el urtubeicismo, el interior se ha vuelto estratégico. Es cierto, los movimientos seguirán digitándose desde el centro político, pero una de las batallas políticas principales se disputará allí. Y el Estado prepara el escenario, lo acondiciona, lo que en política tradicional supone pertrecharlo de recursos que luego deben utilizarse en pos de objetivos políticos precisos. Se trata del interior. Ese interior postergado durante décadas, en donde la pobreza que las políticas de ajuste crearon genera repugnancia hacia la clase política, pero también una adicción temerosa en las bases sociales empobrecidas. Terreno que cuenta, como en todos lados, con un ejército de punteros, mezcla de rufianes y gestores de las demandas urgentes de la población empobrecida, pero asombrosamente eficaces en la empresa de convertir el derecho a la asistencia en una herramienta de dependencia política.
El otro bando, el romerismo, reconoce la estrategia. Y, a falta de ejército regular, parece estar usando comandos especializados (Justicia y Auditoría) que hostiguen a los capitanes del interior: los intendentes. La serie de hechos político-judiciales que toman notoriedad pública desde el caso Leavy en Tartagal, con una seguidilla de procesos judiciales a intendentes y el protagonismo que toma el nuevo auditor, Daniel Nallar, con el control de las cuentas de los municipios, podrían leerse desde las características de esta guerra de posiciones. El oficialismo seduce, y en esa política de seducción, no apelar a un discurso progresista y federal sería insensato. La oposición romerista, mientras tanto, advierte a los intendentes que alguna vez fueron suyos que la venganza puede ponerse en marcha. Los movimientos, entonces, confirman la importancia de los intendentes en la hora actual. La iniciativa parece estar del lado del oficialismo que, sin embargo, asume el riesgo de quedar demasiado prisionero de actores siempre zigzagueantes y que, de abandonar el campo de batalla, dejarían a la actual gestión sin chances.

¿Me llena una fichita, señora?

Impacto de la reforma electoral en Salta

El proyecto de reforma electoral presentado por el Gobierno nacional y en discusión actualmente en las comisiones parlamentarias revela el objetivo del Gobierno, por un lado, de poner en caja a la disidencia pejotista, y por otro forzar a la oposición a cerrar filas en torno a un siempre conflictivo frente electoral. Apuesta a mantener el dominio sobre el electorado a partir de una oposición disgregada en no más de tres o cuatro fuerzas y de eliminar la competencia interna. Más allá de los avatares coyunturales, se impone la necesidad de nuevas reglas de juego político. En Salta, los efectos se sentirán también en las fuerzas locales.

Por Daniel Escotorin

El esquema político actual es verdaderamente anárquico: fuerzas construidas sin respetar lo que la misma ley actual ordena a base de decretos dictados a conveniencia del poder y de las internas del pejotismo (por lo menos así ha sucedido desde las elecciones generales del año 2003, lo que permitió la elección de Néstor Kirchner). Vale recordar aquella histórica elección luego de la catástrofe político-social de diciembre de 2001, que eyectó desde la terraza de la Casa Rosada al aliancista radical Fernando De la Rúa. Se hablaba en ese entonces de la “crisis de representación”: esto era el punto máximo de ruptura entre la sociedad argentina y sus partidos políticos, los que, a fuerza de incumplir promesas, cerrarse sobre las ambiciones personales de sus dirigentes elegidos (desde el presidente hasta el último de los concejales, salvo limitadas excepciones) y hundirse en el fango del discurso pragmático y posibilista, negó derechos y soluciones urgentes a millones de argentinos. “Que se vayan todos” era una consigna levantada en noches de temidos cacerolazos por los fugaces presidentes de ese tumultuoso 2002.
Pero en la política, casi como una ley física, el vacío no existe, y lo que no se ocupa se llena con lo que existe. Así, para las elecciones de mayo de 2003, las principales fuerzas que competían eran desprendimientos de sus troncos originales que, nada es casual, provenían de las mismas fuerzas responsables del colapso nacional; es decir, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR). Por un artilugio del presidente provisional Eduardo Duhalde, que buscaba impugnar el resurgimiento de su rival Carlos Menem, anuló las internas partidarias y permitió que los candidatos se presentaran con fuerzas propias sin hacer uso de los símbolos del PJ. Así, Menem (junto a J. C. Romero), Kirchner y Rodríguez Saa compitieron con distintos nombres o frentes electorales, naciendo allí el Frente para la Victoria, sello K que sobrevive hasta el día de hoy. Los radicales también presentaron sus ex en nuevas fuerzas: la entonces progresista Elisa Carrió, con el ARI, y el ex ministro fugaz de la Alianza, Ricardo López Murphy, con su Recrear. Desde entonces no mejoraron las cosas; por el contrario, y para hacer un ejercicio de memoria local, vale recordar también las piruetas electorales de los pejotistas salteños: en el 2007, Juan Manuel Urtubey compitió desde el Frente para la Victoria con Juan Carlos Romero por el PJ; ganó el primero e inmediatamente se hizo del aparato partidario que sigue presidiendo JCR. Durante este año Urtubey, a través de sus candidatos, participó en las legislativas desde el PJ contra el mismísimo presidente de ese partido, que actuó con una fuerza ajena llamada Frente Federal. ¿Clarito? Bueno, si no entendió…

Así las cosas, es evidente que ni a ganadores ni a perdedores se les puede reclamar seriedad ni coherencia en sus acciones, y entonces es real que se necesita una ley que ponga límites a estos mamarrachos, sin olvidar las nefastas listas colectoras, que dicho en criollo es simplemente colgarse de la imagen del seguro ganador y desde allí ver que se liga, a veces casi por casualidad, ya que el sufrido votante entraba al cuarto oscuro, se encontraba con un candidato a gobernador, por ejemplo, en seis boletas, agarraba cualquiera y listo. Y si algo más se puede sumar al desaguisado en las últimas elecciones ante la incapacidad o la viveza de no convocar a elecciones internas, recordemos que se presentaron cuatro fuerzas panpejotistas: el propio PJ, el Frente Federal, el Frente Salteño y el Frente para la Victoria.

Tres son multitud

Sin embargo, a pesar de encontrar elementos razonables y positivos en el proyecto oficial, éste en su esencia tiende a una reforma estructural del sistema de participación electoral y desde los requisitos que se exigirían a los partidos, se ve que se apunta a un retorno y restablecimiento orgánico del bipartidismo. Este sistema no es casual, sino absolutamente funcional a las necesidades de un esquema de restauración de la estabilidad política cuya base es la alternancia entre partidos, ya sean reformistas o conservadores, pero en sustancia de preservación del modelo capitalista. Los ejemplos nacionales abundan y están cerquita nuestro: en Uruguay, a lo largo del siglo XX, convivieron en “democrática alternancia” blancos y colorados, postergando por casi cuatro décadas a al izquierdista Frente Amplio; algo similar ocurre con el modelo español, donde conviven el conservador Partido Popular y el progresista PSOE, o el de Chile, con la Concertación de Partidos, alianza cuasi progresista en el gobierno desde 1989 y la derechista Alianza por Chile, y donde veinte años después surge una tercera fuerza, desprendida del riñón de la Concertación para asomar como futura opción a las dos alianzas actuales. En definitiva, el proyecto busca ajustar la sobreoferta de partidos para reducirla a su mínima expresión, fomentando las alianzas políticas de carácter perdurable.

Si se analizan los resultados de las últimas elecciones presidenciales, de octubre de 2007, se puede observar que, de catorce fuerzas en competencia, con la actual ley sólo hubieran quedado cuatro de ellas: el Frente para la Victoria (45%), la Coalición Cívica (23%), la UCR (17%) y el Frente Justicia, Unidad y Libertad de Alberto Rodríguez Saa (8%). Como se ve, dos fuerzas (pan)radicales y el pejotismo se llevan el 93% de los votos: no sorprende entonces que de la boca para afuera los radicales se muestren disconformes, pero puertas adentro saludan con regocijo este proyecto, que obliga a volver a todos los emigrados post 2001.

Con justa razón, el diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando “Pino” Solanas, salió al cruce de este proyecto, porque los partidos provinciales o que no tienen una presencia en todas las provincias, estarían condenados a desaparecer. Se puede pensar que lo mismo ocurriría en Salta con el hoy instalado Partido Obrero (PO), ya que a nivel nacional ambas fuerzas no llegan al piso mínimo requerido del 3%, o por caso a Libres del Sur, que cuenta con representación legislativa nacional por dos provincias y en el caso de Salta con un diputado provincial. En el caso del PO, es la cuarta fuerza política, pero en la suma nacional no llega al 1%. En definitiva, si por un lado se tendería a una normalización en el funcionamiento de los partidos políticos, por otro se busca concentrar la mayor cantidad de votos en un sistema bipolar y reducido, ya que los candidatos de cada fuerza surgirían de elecciones internas abiertas y obligatorias, y quienes no se presenten o pierdan no pueden participar en las generales. La explicación de esto es que se busca fortalecer los partidos a través de la participación compulsiva del ciudadano; si ya cuesta convencer frente a la oferta actual, nada hace pensar que la obligatoriedad va a generar conciencia política o participación ciudadana activa y conciente. El fortalecimiento de los partidos políticos sólo se logrará con una ética política surgida y alimentada desde la propia dirigencia y con gestos reales de respeto hacia la comunidad, es decir, comprometerse verdaderamente frente a las necesidades de las grandes mayorías, necesidades que son muchas y urgentes. Sólo así se fortalecerán tanto los partidos como la democracia en sí misma. El resto es para la foto.

Desde abajo nació el PAT

Se trata del Partido Auténtico de los Trabajadores (PAT), nueva fuerza política que hizo su presentación el jueves pasado, en el salón de la Agremiación Judicial. Este partido nace ante la iniciativa de un grupo de dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Salta, que ya habían participado en la experiencia electoral a través del Encuentro Popular Amplio (EPA), alianza constituida por el Partido Comunista, el Partido Humanista y el MOCEP de Armando Jaime, entre otros. Ahora se suman al frente ya con partido propio y, dicen sus referentes, “con el objetivo de dotar a los trabajadores de una nueva y auténtica representación política, una fuerza propia de los trabajadores”.
El PAT se vincula con otras experiencias políticas surgidas desde la CTA, como la del diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Claudio Lozano, el UNE de Neuquén o el partido de Víctor de Gennaro, que es parte del frente que lidera en la provincia de Buenos Aires el diputado electo Martín Sabatella. Por esta razón es que la semana anterior mantuvieron una conversación privada con Fernando “Pino” Solanas durante su estadía en la ciudad de Salta.
Entre los referentes y miembros de la Junta Promotora del PAT se encuentran Vuenaventura David, María Lapasset y Laureano Sánchez, y en consonancia con la nueva ley, ya están saliendo a juntar y llenar fichas de afiliación.

Las adicciones como una cuestión social

Traslado polémico

El ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, señaló la necesidad de que la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones pase a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud. El criterio de la afirmación, al parecer, estaría relacionado con el hecho de considerar que el tratamiento de los adictos es un tema de salud y debe dejar de ser considerado una cuestión social.

Por G.S.

Llamativo diagnóstico sobre el destino que debería tener una Secretaría cuya actividad ha sido reconocida recientemente por los representantes parlamentarios luego de un pedido de informe que se le hiciera a su titular, Gustavo Farquharson.
Sin bien el tema podría parecer una cuestión irrelevante (que la Secretaría funcione bajo la órbita de un Ministerio o de otro), un análisis más minucioso de la realidad local alerta de cuán precavidos habremos de ser a la hora de considerar las adicciones como un problema de salubridad o de política social, no porque se excluyan mutuamente, sino más bien porque se complementan. Pero de lo que aquí se trata es de establecer cuál ha de ser el compromiso a asumir y las políticas idóneas que el Estado debe implementar para combatir y disminuir a su máximo posible los daños humanos y sociales que las adicciones generan.
En este sentido, se podrá argüir que históricamente en nuestro país las personas con problemas de adicciones fueron marginadas de las políticas de salud, ya que el adicto rompía con el paradigma médico: una enfermedad - un tratamiento, al no reunir el perfil tradicional de un paciente dispuesto a tratarse y seguir mansamente las directrices médicas, sumado a que podía hallarse en conflicto con la ley y en la marginalidad, lo tornaba un sujeto problemático e indeseado para el profesional de la salud. No así para las instituciones del tercer sector, que absorbieron dicha problemática social y cuyos primeros precursores fueron los mismos usuarios de drogas que habían abandonado el consumo, para luego dar paso a las comunidades terapéuticas. Otro tanto se podrá indagar en cuanto a si realmente el sistema sanitario de nuestra provincia está en condiciones de absorber tamaña cuestión, teniendo en cuenta que ha mostrado grietas a la hora de brindar un servicio de salud de calidad, integral y accesible a todos los ciudadanos por igual.
Pero, sin detenernos en la capacidad o no que tendrá el sistema de salud para encarar el tratamiento de las adicciones (pues incluso en virtud del beneficio de la duda que esta iniciativa debería motivar y, suponiendo que lograra brindar de una manera eficaz los fines que se propone, esto es, el de dar el mejor tratamiento a los afectados), lo cierto es que para combatir de raíz el problema habrá que eliminar las causas que lo posibilitan y esto no se logrará si sólo se pretende hacer un abordaje del mismo asistiendo a los adictos, pues no sería más que atacar los síntomas de un organismo social deteriorado, lo que siempre nos haría correr detrás del problema.
Es necesario entender a las adicciones no como una enfermedad contagiosa o viral, hereditaria o genética, sino como el producto de una coyuntura social que evidencia serios deterioros en su calidad de vida. De hecho, las estadísticas dan prueba de ello cuando nos enseñan que la mayoría de los asistidos ni siquiera completó sus estudios básicos, que sólo un 10% terminó el polimodal, que el 60% son desocupados y que la sustancia que más se consume es la pasta base, la llamada “droga de los pobres”. Por ello mismo, son muchos los especialistas que afirman que para encarar una lucha eficaz contra el consumo, el Estado debe recomponer el tejido social, a través de políticas integrales, de prevención y asistencia, sobre todo en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegurando y brindando un pleno ejercicio de los derechos esenciales, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. De otra forma, si se pretende ocultar el problema atacando sus efectos, es decir a tratar las adicciones sin erradicar sus causas, no sería más que un intento en vano de oponer el árbol para ocultar el bosque.

La sombra de una duda

Federico Cruz entró detenido a la Alcaidía en buen estado de salud y salió con toda clase de golpes. Murió, días después, en el Hospital San Bernardo. Aun cuando estaba internado, en la Aicaldía les negaban información a sus hermanas. Mentiras, muerte y maltratos, otra vez en democracia.

Por Daniel Medina

Se llamaba Federico Víctor Cruz. Ingresó detenido a la Alcaidía de la ciudad de Salta en perfectas condiciones físicas, y salió de allí en una camilla con traumatismo de cráneo, para morir, días después, en el Hospital San Bernardo. Las constantes mentiras hacia los familiares durante los días de detención han generado una serie de dudas y preguntas que desde el organismo se niegan a responder. Se ha impuesto, sobre la causa, un manto de silencio.

Nostálgicos del pasado
En unos pocos días, el 18 de noviembre, iba a cumplir 41 años. Era un tipo alto, forzudo, aunque en las últimas semanas había bajado algo de peso. Estaba dando su batalla más dura: contra su adicción al alcohol. Y había ganado una buena: pasó un mes sin consumir una sola gota. Después tuvo una recaída; pero para el martes 27 de octubre ya tenía tres días sin ingerir. Esto le había generado problemas para dormir y, como se le habían acabado las pastillas para poder conciliar el sueño, las hermanas decidieron llevarlo al Hospital del Milagro, para que le suministraran algún medicamento que le ayudara a luchar contra la abstinencia. De allí lo derivaron al neuropsiquiátrico Miguel Ragone, a donde llegaron alrededor de las 22 y las 22.30 horas.
El profesional que lo atendió lo encontró totalmente lúcido y hasta intercambiaron varias bromas. Le inyectaron un sedante y el médico le indicó que siguiera con el tratamiento que realizaba para controlar su adicción. “Con esto te vas a dormir”, le prometió. Federico llegó a su casa, sintiéndose mucho mejor; se dio una ducha, pero, de todos modos, no pudo dormir. Decidió, a las tres de la mañana, salir a caminar un rato para despejarse.

A la mañana siguiente, cuando sus hermanas constataron que no había vuelto, se preocuparon mucho, sobre todo porque Federico estaba sedado y se podía haber caído dormido en cualquier parte. Lo buscaron por la zona, pero sin éxito.
“A las tres hablé a la (comisaría) Octava y le pregunto al que me ha contestado si estaba detenido Federico Víctor, y el oficial me dijo que no había ningún detenido en la comisaría. Hablé a la Alcaidía…”, explica Antonia, su hermana. El oficial le dio un número de teléfono. Llamó. La persona que lo atendió le dijo que para esa consulta tenía que llamar a la Ciudad Judicial. Llamó. En Ciudad Judicial, le dijeron que llame a la Aicaldía, y le dieron otro número. Allí preguntó si había algún detenido llamado Cruz Federico Víctor y le explicó que él no podía descansar, que lo habían inyectado y que no sé qué habrá pasado con él. Sí, acá está detenido, por tentativa de robo, le dicen. La voz en el teléfono le aseguró que recién al día siguiente podrían verlo, en el horario de visita, de 9 a 12.

Pero Antonia estaba preocupada por su salud, así que no esperó hasta el día siguiente. Sólo quería verlo o que le aseguraran que estaba bien de salud. Junto a su otra hermana, fueron esa tarde a la Alcaidía, entre las 20 y las 21 horas. Y también habría ido la mamá, de no ser porque tiene 71 años y no puede andar subiendo y bajando de colectivos. Lograron hablar con el guardia, después de una larga espera, y le pidió lo mismo: que se dé un vistazo a su hermano, que se fije cómo está, porque él no estaba bien, necesitaba descansar.

El oficial no tenía muchas ganas de hablar. La hizo aguardar más. Fue a una garita y habló y desde donde estaba parada Antonia parecía que el guardia le consultaba al otro sobre la salud de su hermano. “No, señora, aparentemente su hermano está bien, acá hay profesionales, no se preocupe, acá hay médicos, hay psicólogo, hay enfermero. En cuestión de salud hay cualquier cantidad de profesionales”, le dijo, y agregó: “Vengaló a ver mañana a primera hora, que es horario de visita y ya lo va a ver”.

Las palabras del guardia tranquilizaron a la hermana de Antonia, pero a ella no; por eso pidió permiso en el trabajo y al día siguiente (jueves) fue de nuevo. Llegó alrededor de las 9.30 de la mañana. Hizo fila, le preguntaron a quién iba a visitar, tomaron nota y le dijeron que espere. Habían pasado más de treinta minutos, cuando se le acercaron para decirle “Señora, su hermano está de salida”. “¿Qué quiere decir con salida?”, preguntó ella y ahí el guardia empezó a dudar: “No, estemm, parece queee… Capaz que se fue al juzgado a declarar (cuando declaró el día anterior); venga más tarde, más tarde lo va a ver”, dijo el guardia.

Y Antonia volvió esa misma tarde. Llegó a las 16,30 y recién a las 17 los guardias empezaron a contar la misma historia de la mañana. “Está de salida”, decían. “Vengasé el lunes, el lunes lo va a ver”, le dijeron. Antonia se plantó. Y les juró que no se iría del lugar hasta que viera a su hermano. El policía volvió a titubear. “Bueno”, le dijo, “vaya a hablar con la administradora.”
La administradora tampoco fue de gran ayuda. Buscaba los datos de Federico con una indeferencia atroz, como quien busca un clip en la cartera, mientras Antonia repetía, una vez más, su nerviosismo por el estado de salud de su hermano, que había salido a caminar un rato, después de que le inyectaran un sedante. La administradora se fue como para hablar por teléfono. La aguja grande del reloj volvió a recorrer medio círculo, cuando la mujer reapareció. “Señora, sabe qué, su hermano está internado…. Vaya al San Bernardo y ahí capaz que le digan algo”, le dijo la administradora. No supo explicar qué tenía, en qué circunstancias se fue, ni siquiera cuándo fue trasladado. “No le sé decir nada”, expresó.

El sobrino de Antonia entró al San Bernardo y salió de ahí horrorizado. Apenas si pudo ver a su tío Federico, porque estaba custodiado con dos guardias, que ni siquiera le permitían hablar con los médicos. El sobrino logró hablar con un profesional del nosocomio, que le explicó que le habían sacado un coágulo de la cabeza, que tenía un pulmón perforado, que estaba con respirador artificial y con sondas por todas partes. El cuerpo parecía, sobre todo, como si lo hubieran molido a golpes.

Después, cuando sacaron el permiso para poder visitarlo, se enteraron que ya llegó inconciente y que poco había para hacer. Recalcaron que si pasaba las 72 horas, podría haber algún milagro.
Ni siquiera la defensora oficial, designada por la causa de robo, estaba notificada del traslado de Cruz al hospital. Y la mujer quedó en tomar medidas el día lunes.
Ese mismo lunes, a los familiares de Federico se les informó que él tenía muerte cerebral y que ya sólo podían esperar que se detenga su corazón. El martes, Antonia estaba esperando el horario de visita y cuando entra sólo ve a dos guardias en el lugar, quienes le comunican que su hermano había muerto a las 11.20. ¿Y de qué murió?, preguntó Antonia. “No, no le puedo decir nada”, dijo el oficial.
Y como era un detenido, el cuerpo quedó en manos de Ciudad Judicial. “Cuando fui a ver a mi hermano, ya no estaba”.

Demasiadas incógnitas. Antonia llegó a la Alcaidía para que le explicaran por qué su hermano, que sólo había salido a caminar un rato, ahora estaba en la morgue. En la Alcaidía hicieron lo que mejor saben hacer: no dar respuestas. “No, señora, tiene que ir a su defensora. Ella va a solicitar un informe y después nosotros le elevamos el informe a la defensora y ella le va a decir cuándo va a estar el informe. Ese es el procedimiento, señora”, dijo el guardia.

La única persona que aporta datos a todas estas sospechas es la doctora Beatriz Nieto, que firmó el certificado de defunción del hospital. Califica a la defunción como una “muerte violenta”, por traumatismo de cráneo producido mientras estaba en la Alcaidía.

Si la justicia funciona, los nostálgicos de azul deberán dar sí o sí ante un juez las respuestas que hoy Antonia y su familia tanto necesitan. Y, si en la justicia hay algún valiente, entonces, quizás, los responsables pasarán al otro lado de la reja. Porque este país se había jurado que estas atrocidades no volverían a pasar Nunca Más.

Delito y pobreza

Soledad Villoldo

La pobreza sigue jugando un papel preponderante cuando nos adentramos en el análisis de nuestro sistema penal, y su relación con niños, jóvenes y adultos. Según el Mapa de la Discriminación, Representaciones, Acciones y Percepciones acerca de la Discriminación en la República Argentina, realizado por el INADI durante el período 2008-2009, 9 de cada 10 argentinos/as creen que se discrimina a personas en situación de pobreza. En nuestra provincia, según la misma fuente, la principal causa de discriminación, con el 34,7% es el nivel socioeconómico, con el agravante de que el 86,9 % de los salteños que padecen la misma no denuncia hechos de este tipo, y el 51,2% no sabe cómo defenderse frente a ella, aun cuando el procedimiento consiste sólo en hacer la denuncia frente al INADI, quien luego de una breve investigación expresa en un dictamen no vinculante si el hecho constituye o no una situación discriminatoria según ley 23.592, pudiendo luego judicializar el reclamo.
Si estos son los índices de discriminación en Salta por el hecho de parecer pobre, es lógico pensar que una persona pobre es más propensa a ser denunciada o detenida por esta condición, sin importar si realmente cometió algún delito. En la Argentina hay 12.237.325 de niños y niñas entre 0 y 17 años. Casi 5 millones son pobres (el 40,9%) y 1.700.000 (14,3%) indigentes. Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, de los cuales treinta y nueve contradicen la Convención de los derechos del niño, permitiendo el encierro mayor a 72 horas en comisarias o cárceles de adultos. Es por todos conocido que siempre fue evidente la ventaja que posee quien más tiene cuando enfrenta a la maquinaria judicial, pero esta situación se fue agravando con el correr de los años, a punto tal que podríamos considerarla una falla del propio sistema, que no es ejecutada a sabiendas, o al menos no en todos los casos. Según estadísticas pertenecientes al año 2007, ingresaron a nuestros tribunales 147.277 causas en Salta, de las cuales 5.029 corresponden a causas penales en los juzgados de menores. El Ministerio Público sólo cuenta con nueve defensores penales oficiales, quienes, no por impericia pero sí por falta de tiempo y recursos, se ven imposibilitados de brindar una correcta atención a los imputados.
.
Por su parte, una defensa penal particular es relativamente costosa ($150 aproximadamente, entre estampillas y gastos causídicos, y $1500 a $5000 de honorarios profesionales), dependiendo de lo complejo del caso, pero no deja de ser casi inalcanzable para los que menos tienen. Cuando la imputación es leve, los menores son llevados a la comisaria del menor, en donde estarán hacinados por unos días hasta que el juez de turno los entregue a sus padres. Y he aquí una oportunidad de oro para torcer la historia de estos jóvenes, que es desaprovechada por el Estado: no se indaga con mayor profundidad en la situación de vida que están atravesando, la cual posiblemente los haya llevado a acercarse al delito. Los jóvenes se vuelven a sus casas sin haber sumado herramientas de aprendizajes que impliquen una mejoría en sus vidas. A no dudarlo: se podría hacer mucho más. En efecto, las posibilidades son múltiples, tales como la realización de amplios informes socioambientales, psicológicos, exámenes físicos, de nutrición, seguimiento de la evolución del menor, brindarle información sobre opciones de vida (educativas, laborales -según la edad-, deportivas, etc.) Claro está que enfrentamos una constante escasez de recursos, o al menos eso es lo que el Estado nos hace saber.
¿Es cierto, entonces, que no existe Justicia para los pobres? He aquí la inquietante respuesta de Luis Federico Arias, magistrado del Juzgado en lo Contencioso Admisistrativo de la Plata: “Mi fallo que prohíbe las detenciones de menores por contravenciones y averiguación de antecedentes rige hasta que la Corte Suprema bonaerense no se expida. Es grave si en una comisaría han violado la orden judicial: espero que haya el mismo rigor para juzgar a los policías como el que se tiene con los menores. Hace poco tiempo mataron a un muchacho en un patrullero con un tiro en la cabeza y los policías fueron liberados. Ahí no se dice (…) que entran por una puerta y salen por la otra. La Justicia tiene que ser pareja para todos. Pasa lo mismo con mis denuncias contra funcionarios públicos: las causas son archivadas. Hay una Justicia para pobres. No es verdad que los pobres no tengan acceso a la Justicia: lo tienen, pero en la justicia penal (...) se criminaliza a los menores: se los considera delincuentes, asesinos y drogadictos (…) Hay un terrorismo estatal silencioso y una falta de atención notable hacia las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”. (Diario Crítica de la Argentina 18/10/09). Observamos, petrificados, un aluvión de hechos luctuosos que involucran niños y adolecentes. En su mayoría tienen como caldo de cultivo a la Pobreza.
En nuestra Provincia, lejos de acercarnos a las soluciones, presenciamos inverosímiles discusiones que parecían zanjadas en el siglo pasado, tal el caso del servicio militar obligatorio o el trabajo infantil, como métodos mágicos que resolverían la dramática situación de los jóvenes. Así lo manifestaron a cuanta cámara de televisión se prendiera algunos personajes públicos. Recuérdese a Juan Ángel Pérez, intendente de La Merced, al diputado Carlos “Querubín” Sosa en plena sesión de Cámara, a Omar Soches López, en el mismo recinto, y hasta al benemérito director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis del Arzobispado de Salta, quien manifestó que "la vuelta del trabajo infantil sería el mal menor". En la Argentina el trabajo infantil afecta a dos millones de chicos de entre 5 y 14 años. En Salta podemos ver chicos que limpian vidrios de autos, hacen malabares por monedas, lustrabotas, vendedores de estampitas, o que se dedican al cultivo de tabaco, etc. Sin embargo, también aumentaron las denominadas “peores formas” de trabajo infantil, que están contempladas en la ley 25.255 del año 2000, y que incluyen a la esclavitud, a la oferta de niños para la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y todo aquello que por las condiciones en que se lleva a cabo, daña la salud, la seguridad o la moral de los niños. El agravante de la apología del trabajo infantil realizada en nuestra provincia, viene dado por provenir de hacedores de leyes y formadores de opinión. Para desbaratar estos dichos, sólo es necesario recordar que, desde 1994, nuestra Constitución Nacional incorporó a su artículo 75, inciso 22, la Convención Internacional sobre los Derechos del Nino, cuyo contenido y jerarquía jurídica obliga a nuestro país a proteger a nuestros niños, no precisamente con trabajo pero sí con salud y educación.