La sombra de una duda

Federico Cruz entró detenido a la Alcaidía en buen estado de salud y salió con toda clase de golpes. Murió, días después, en el Hospital San Bernardo. Aun cuando estaba internado, en la Aicaldía les negaban información a sus hermanas. Mentiras, muerte y maltratos, otra vez en democracia.

Por Daniel Medina

Se llamaba Federico Víctor Cruz. Ingresó detenido a la Alcaidía de la ciudad de Salta en perfectas condiciones físicas, y salió de allí en una camilla con traumatismo de cráneo, para morir, días después, en el Hospital San Bernardo. Las constantes mentiras hacia los familiares durante los días de detención han generado una serie de dudas y preguntas que desde el organismo se niegan a responder. Se ha impuesto, sobre la causa, un manto de silencio.

Nostálgicos del pasado
En unos pocos días, el 18 de noviembre, iba a cumplir 41 años. Era un tipo alto, forzudo, aunque en las últimas semanas había bajado algo de peso. Estaba dando su batalla más dura: contra su adicción al alcohol. Y había ganado una buena: pasó un mes sin consumir una sola gota. Después tuvo una recaída; pero para el martes 27 de octubre ya tenía tres días sin ingerir. Esto le había generado problemas para dormir y, como se le habían acabado las pastillas para poder conciliar el sueño, las hermanas decidieron llevarlo al Hospital del Milagro, para que le suministraran algún medicamento que le ayudara a luchar contra la abstinencia. De allí lo derivaron al neuropsiquiátrico Miguel Ragone, a donde llegaron alrededor de las 22 y las 22.30 horas.
El profesional que lo atendió lo encontró totalmente lúcido y hasta intercambiaron varias bromas. Le inyectaron un sedante y el médico le indicó que siguiera con el tratamiento que realizaba para controlar su adicción. “Con esto te vas a dormir”, le prometió. Federico llegó a su casa, sintiéndose mucho mejor; se dio una ducha, pero, de todos modos, no pudo dormir. Decidió, a las tres de la mañana, salir a caminar un rato para despejarse.

A la mañana siguiente, cuando sus hermanas constataron que no había vuelto, se preocuparon mucho, sobre todo porque Federico estaba sedado y se podía haber caído dormido en cualquier parte. Lo buscaron por la zona, pero sin éxito.
“A las tres hablé a la (comisaría) Octava y le pregunto al que me ha contestado si estaba detenido Federico Víctor, y el oficial me dijo que no había ningún detenido en la comisaría. Hablé a la Alcaidía…”, explica Antonia, su hermana. El oficial le dio un número de teléfono. Llamó. La persona que lo atendió le dijo que para esa consulta tenía que llamar a la Ciudad Judicial. Llamó. En Ciudad Judicial, le dijeron que llame a la Aicaldía, y le dieron otro número. Allí preguntó si había algún detenido llamado Cruz Federico Víctor y le explicó que él no podía descansar, que lo habían inyectado y que no sé qué habrá pasado con él. Sí, acá está detenido, por tentativa de robo, le dicen. La voz en el teléfono le aseguró que recién al día siguiente podrían verlo, en el horario de visita, de 9 a 12.

Pero Antonia estaba preocupada por su salud, así que no esperó hasta el día siguiente. Sólo quería verlo o que le aseguraran que estaba bien de salud. Junto a su otra hermana, fueron esa tarde a la Alcaidía, entre las 20 y las 21 horas. Y también habría ido la mamá, de no ser porque tiene 71 años y no puede andar subiendo y bajando de colectivos. Lograron hablar con el guardia, después de una larga espera, y le pidió lo mismo: que se dé un vistazo a su hermano, que se fije cómo está, porque él no estaba bien, necesitaba descansar.

El oficial no tenía muchas ganas de hablar. La hizo aguardar más. Fue a una garita y habló y desde donde estaba parada Antonia parecía que el guardia le consultaba al otro sobre la salud de su hermano. “No, señora, aparentemente su hermano está bien, acá hay profesionales, no se preocupe, acá hay médicos, hay psicólogo, hay enfermero. En cuestión de salud hay cualquier cantidad de profesionales”, le dijo, y agregó: “Vengaló a ver mañana a primera hora, que es horario de visita y ya lo va a ver”.

Las palabras del guardia tranquilizaron a la hermana de Antonia, pero a ella no; por eso pidió permiso en el trabajo y al día siguiente (jueves) fue de nuevo. Llegó alrededor de las 9.30 de la mañana. Hizo fila, le preguntaron a quién iba a visitar, tomaron nota y le dijeron que espere. Habían pasado más de treinta minutos, cuando se le acercaron para decirle “Señora, su hermano está de salida”. “¿Qué quiere decir con salida?”, preguntó ella y ahí el guardia empezó a dudar: “No, estemm, parece queee… Capaz que se fue al juzgado a declarar (cuando declaró el día anterior); venga más tarde, más tarde lo va a ver”, dijo el guardia.

Y Antonia volvió esa misma tarde. Llegó a las 16,30 y recién a las 17 los guardias empezaron a contar la misma historia de la mañana. “Está de salida”, decían. “Vengasé el lunes, el lunes lo va a ver”, le dijeron. Antonia se plantó. Y les juró que no se iría del lugar hasta que viera a su hermano. El policía volvió a titubear. “Bueno”, le dijo, “vaya a hablar con la administradora.”
La administradora tampoco fue de gran ayuda. Buscaba los datos de Federico con una indeferencia atroz, como quien busca un clip en la cartera, mientras Antonia repetía, una vez más, su nerviosismo por el estado de salud de su hermano, que había salido a caminar un rato, después de que le inyectaran un sedante. La administradora se fue como para hablar por teléfono. La aguja grande del reloj volvió a recorrer medio círculo, cuando la mujer reapareció. “Señora, sabe qué, su hermano está internado…. Vaya al San Bernardo y ahí capaz que le digan algo”, le dijo la administradora. No supo explicar qué tenía, en qué circunstancias se fue, ni siquiera cuándo fue trasladado. “No le sé decir nada”, expresó.

El sobrino de Antonia entró al San Bernardo y salió de ahí horrorizado. Apenas si pudo ver a su tío Federico, porque estaba custodiado con dos guardias, que ni siquiera le permitían hablar con los médicos. El sobrino logró hablar con un profesional del nosocomio, que le explicó que le habían sacado un coágulo de la cabeza, que tenía un pulmón perforado, que estaba con respirador artificial y con sondas por todas partes. El cuerpo parecía, sobre todo, como si lo hubieran molido a golpes.

Después, cuando sacaron el permiso para poder visitarlo, se enteraron que ya llegó inconciente y que poco había para hacer. Recalcaron que si pasaba las 72 horas, podría haber algún milagro.
Ni siquiera la defensora oficial, designada por la causa de robo, estaba notificada del traslado de Cruz al hospital. Y la mujer quedó en tomar medidas el día lunes.
Ese mismo lunes, a los familiares de Federico se les informó que él tenía muerte cerebral y que ya sólo podían esperar que se detenga su corazón. El martes, Antonia estaba esperando el horario de visita y cuando entra sólo ve a dos guardias en el lugar, quienes le comunican que su hermano había muerto a las 11.20. ¿Y de qué murió?, preguntó Antonia. “No, no le puedo decir nada”, dijo el oficial.
Y como era un detenido, el cuerpo quedó en manos de Ciudad Judicial. “Cuando fui a ver a mi hermano, ya no estaba”.

Demasiadas incógnitas. Antonia llegó a la Alcaidía para que le explicaran por qué su hermano, que sólo había salido a caminar un rato, ahora estaba en la morgue. En la Alcaidía hicieron lo que mejor saben hacer: no dar respuestas. “No, señora, tiene que ir a su defensora. Ella va a solicitar un informe y después nosotros le elevamos el informe a la defensora y ella le va a decir cuándo va a estar el informe. Ese es el procedimiento, señora”, dijo el guardia.

La única persona que aporta datos a todas estas sospechas es la doctora Beatriz Nieto, que firmó el certificado de defunción del hospital. Califica a la defunción como una “muerte violenta”, por traumatismo de cráneo producido mientras estaba en la Alcaidía.

Si la justicia funciona, los nostálgicos de azul deberán dar sí o sí ante un juez las respuestas que hoy Antonia y su familia tanto necesitan. Y, si en la justicia hay algún valiente, entonces, quizás, los responsables pasarán al otro lado de la reja. Porque este país se había jurado que estas atrocidades no volverían a pasar Nunca Más.

Delito y pobreza

Soledad Villoldo

La pobreza sigue jugando un papel preponderante cuando nos adentramos en el análisis de nuestro sistema penal, y su relación con niños, jóvenes y adultos. Según el Mapa de la Discriminación, Representaciones, Acciones y Percepciones acerca de la Discriminación en la República Argentina, realizado por el INADI durante el período 2008-2009, 9 de cada 10 argentinos/as creen que se discrimina a personas en situación de pobreza. En nuestra provincia, según la misma fuente, la principal causa de discriminación, con el 34,7% es el nivel socioeconómico, con el agravante de que el 86,9 % de los salteños que padecen la misma no denuncia hechos de este tipo, y el 51,2% no sabe cómo defenderse frente a ella, aun cuando el procedimiento consiste sólo en hacer la denuncia frente al INADI, quien luego de una breve investigación expresa en un dictamen no vinculante si el hecho constituye o no una situación discriminatoria según ley 23.592, pudiendo luego judicializar el reclamo.
Si estos son los índices de discriminación en Salta por el hecho de parecer pobre, es lógico pensar que una persona pobre es más propensa a ser denunciada o detenida por esta condición, sin importar si realmente cometió algún delito. En la Argentina hay 12.237.325 de niños y niñas entre 0 y 17 años. Casi 5 millones son pobres (el 40,9%) y 1.700.000 (14,3%) indigentes. Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, de los cuales treinta y nueve contradicen la Convención de los derechos del niño, permitiendo el encierro mayor a 72 horas en comisarias o cárceles de adultos. Es por todos conocido que siempre fue evidente la ventaja que posee quien más tiene cuando enfrenta a la maquinaria judicial, pero esta situación se fue agravando con el correr de los años, a punto tal que podríamos considerarla una falla del propio sistema, que no es ejecutada a sabiendas, o al menos no en todos los casos. Según estadísticas pertenecientes al año 2007, ingresaron a nuestros tribunales 147.277 causas en Salta, de las cuales 5.029 corresponden a causas penales en los juzgados de menores. El Ministerio Público sólo cuenta con nueve defensores penales oficiales, quienes, no por impericia pero sí por falta de tiempo y recursos, se ven imposibilitados de brindar una correcta atención a los imputados.
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Por su parte, una defensa penal particular es relativamente costosa ($150 aproximadamente, entre estampillas y gastos causídicos, y $1500 a $5000 de honorarios profesionales), dependiendo de lo complejo del caso, pero no deja de ser casi inalcanzable para los que menos tienen. Cuando la imputación es leve, los menores son llevados a la comisaria del menor, en donde estarán hacinados por unos días hasta que el juez de turno los entregue a sus padres. Y he aquí una oportunidad de oro para torcer la historia de estos jóvenes, que es desaprovechada por el Estado: no se indaga con mayor profundidad en la situación de vida que están atravesando, la cual posiblemente los haya llevado a acercarse al delito. Los jóvenes se vuelven a sus casas sin haber sumado herramientas de aprendizajes que impliquen una mejoría en sus vidas. A no dudarlo: se podría hacer mucho más. En efecto, las posibilidades son múltiples, tales como la realización de amplios informes socioambientales, psicológicos, exámenes físicos, de nutrición, seguimiento de la evolución del menor, brindarle información sobre opciones de vida (educativas, laborales -según la edad-, deportivas, etc.) Claro está que enfrentamos una constante escasez de recursos, o al menos eso es lo que el Estado nos hace saber.
¿Es cierto, entonces, que no existe Justicia para los pobres? He aquí la inquietante respuesta de Luis Federico Arias, magistrado del Juzgado en lo Contencioso Admisistrativo de la Plata: “Mi fallo que prohíbe las detenciones de menores por contravenciones y averiguación de antecedentes rige hasta que la Corte Suprema bonaerense no se expida. Es grave si en una comisaría han violado la orden judicial: espero que haya el mismo rigor para juzgar a los policías como el que se tiene con los menores. Hace poco tiempo mataron a un muchacho en un patrullero con un tiro en la cabeza y los policías fueron liberados. Ahí no se dice (…) que entran por una puerta y salen por la otra. La Justicia tiene que ser pareja para todos. Pasa lo mismo con mis denuncias contra funcionarios públicos: las causas son archivadas. Hay una Justicia para pobres. No es verdad que los pobres no tengan acceso a la Justicia: lo tienen, pero en la justicia penal (...) se criminaliza a los menores: se los considera delincuentes, asesinos y drogadictos (…) Hay un terrorismo estatal silencioso y una falta de atención notable hacia las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”. (Diario Crítica de la Argentina 18/10/09). Observamos, petrificados, un aluvión de hechos luctuosos que involucran niños y adolecentes. En su mayoría tienen como caldo de cultivo a la Pobreza.
En nuestra Provincia, lejos de acercarnos a las soluciones, presenciamos inverosímiles discusiones que parecían zanjadas en el siglo pasado, tal el caso del servicio militar obligatorio o el trabajo infantil, como métodos mágicos que resolverían la dramática situación de los jóvenes. Así lo manifestaron a cuanta cámara de televisión se prendiera algunos personajes públicos. Recuérdese a Juan Ángel Pérez, intendente de La Merced, al diputado Carlos “Querubín” Sosa en plena sesión de Cámara, a Omar Soches López, en el mismo recinto, y hasta al benemérito director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis del Arzobispado de Salta, quien manifestó que "la vuelta del trabajo infantil sería el mal menor". En la Argentina el trabajo infantil afecta a dos millones de chicos de entre 5 y 14 años. En Salta podemos ver chicos que limpian vidrios de autos, hacen malabares por monedas, lustrabotas, vendedores de estampitas, o que se dedican al cultivo de tabaco, etc. Sin embargo, también aumentaron las denominadas “peores formas” de trabajo infantil, que están contempladas en la ley 25.255 del año 2000, y que incluyen a la esclavitud, a la oferta de niños para la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y todo aquello que por las condiciones en que se lleva a cabo, daña la salud, la seguridad o la moral de los niños. El agravante de la apología del trabajo infantil realizada en nuestra provincia, viene dado por provenir de hacedores de leyes y formadores de opinión. Para desbaratar estos dichos, sólo es necesario recordar que, desde 1994, nuestra Constitución Nacional incorporó a su artículo 75, inciso 22, la Convención Internacional sobre los Derechos del Nino, cuyo contenido y jerarquía jurídica obliga a nuestro país a proteger a nuestros niños, no precisamente con trabajo pero sí con salud y educación.

Ante los reguladores de la sexualidad

La movida social de sensibilización y el pedido de políticas públicas GLBT (Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales) llegó ante magistrados y ministros de la Corte, y también se discutió con comunicadores. A nivel nacional, la marcha y el matrimonio gay. A nivel local, el mes de la diversidad y una lucha que no tiene que ver con el tamaño del distrito.

Por Julieta Lucero

Jueces y periodistas salteños se reunieron por primera vez con especialistas para tratar el tema de la diversidad sexual en cada ámbito. Fueron dos encuentros por separado, organizados por el recientemente creado Observatorio para la Promoción de Derechos de Diversidad Sexual, en los que participaron el escritor y periodista Osvaldo Bazán -actualmente en el diario Crítica de la Argentina-, el psiquiatra Ricardo Duranti -del Hospital Muñiz de Buenos Aires- y un representante de Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de la Nación, Fernando Delio. Estos últimos organismos son los patrocinadores del proyecto nacional en el cual se enmarca el Observatorio.
En una sociedad en la que se es heterosexual y católico por default, la mesa con magistrados y el taller para periodistas resultó un acercamiento de sensibilización a los “grandes reguladores sociales de la sexualidad”, como denominó Duranti a las leyes y los medios.

Sin herramientas

“El Estado de la provincia no está preparado para tratar temas trans”, afirmó el juez de la Cámara del Crimen N° 1, Héctor Alavila. Fue en una reunión informal en la que, por primera vez, magistrados y especialistas se sentaron a hablar de temas GLBT. La convocatoria la hizo el juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Mario D’Jallad.
Del encuentro participaron diez jueces, entre ellos la ministra de la Corte María Rosa Ayala Flores. Junto a Bazán, Duranti y Delio, estuvo presente el coordinador local del proyecto de ONUSIDA, el licenciado en Ciencias de la Comunicación Matías Hessling. En total, fueron unas 35 personas del ámbito judicial presentes en la Escuela de la Magistratura.
Además de referirse a casos concretos de presas travestis, Alavila reclamó que los diputados agilicen “lo referido a la identidad, porque hay una demora que tiene que ser resuelta”. El juez en lo criminal explicó que no sólo afecta de forma personal a las trans presas, sino que la falta de resolución implica un trastorno burocrático al sistema carcelario y judicial.

Pecado, enfermedad y delito

“Escribí la historia del castigo de la homosexualidad, no de la homosexualidad”, afirmó Bazán en la charla. “Desde 1492, ser gay y las prácticas no reproductivas en América Latina son un pecado. Con el positivismo, éramos pecadores y enfermos. Y cuando se hicieron las leyes, se pensó que iba a mejorar, pero no: además, se convirtió en delito”, sentenció ante los magistrados.

Consultado por el juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia N°5, Daniel Canavoso, Bazán, autor del libro de investigación La historia de la homosexualidad en la Argentina, también se refirió al matrimonio de dos personas del mismo sexo, proyecto por el cual el periodista había sido llamado como asesor en las comisiones de Legislación General y Familia, de la Cámara de Diputados de la Nación. Hace algunas semanas que la modificación en la ley se está tratando, pero, a pesar de haber confirmado su apoyo en reiteradas oportunidades, el tema no pudo ser llevado al Recinto: “El oficialismo no dio quórum, después de haberse mostrado de acuerdo en repetidas oportunidades ante los medios. Tampoco bajaron el PRO y la UCR. Pero es probable que salga, porque la UCR planteó que tiene que rever su posición”.

Violencia social e institucional

En tanto, Duranti, co-autor junto a Hessling del cuaderno Atención en la salud de las personas travestis y transexuales -editado en 2006 en la ciudad de Buenos Aires y reeditado por Nación en 2008-, relató las fallas en el sistema de salud porteño que lo llevaron a la escritura de ese libro y que se relaciona con el reclamo que hizo Alavila.
“Hubo una fractura entre la oferta de salud pública y la demanda de la población trans, planteado como un problema del sistema. Había una reacción negativa del personal de los hospitales y salitas ante las pacientes trans, lo que provocaba que no se acercaran a consultar o tratarse”, explicó el psiquiatra. Uno de los mecanismos que se utilizó para salvar esa fractura fue formar al personal, tanto médicos como enfermeras y administrativos, en el manejo de situaciones cotidianas, simples pero significativas, como llamar a la travesti por el nombre que eligieron, respetando el lugar en el que se encuentran en cuanto a la identidad de género y no de dónde vienen.
“Los problemas que atraviesan las trans son muchos, pasan por una violencia social y también institucional. Por eso las claves en este caso fueron tanto la cuestión identitaria, el nombre y los cambios en el cuerpo, como el tema hormonal”, afirmó el especialista, que confirmó el éxito del programa en cuanto al cambio de hábitos y el boca a boca del colectivo GLBT. Y agregó que lo que pasa en Salta con el sistema judicial no es exclusivo del norte. “Desarmar la estructura social de prejuicios para ver cómo se aplica la ley es complejo para todos los jueces en todos lados”, aclaró.
En una sociedad en la que se es heterosexual por default y frente a jueces de una de las provincias más conservadoras del país, Bazán hizo un planteo claro y muy gráfico: “El niño gay y la niña lesbiana nacen en guerra sin saberlo. Cuando el niño judío vuelve a la casa mal porque lo discriminaron, los padres judíos le dicen que el problema no es él, el problema es del mundo. Cuando un niño negro vuelve a la casa porque lo discriminaron, los padres negros le dicen que el problema no es él, el problema es del mundo. Cuando un niño gay vuelve a la casa porque lo discriminaron, muchas veces se encuentra con su mayor enemigo, no lo aceptan ni lo contienen frente a las hostilidades que sufre a diario”, concluyó.


Puto el que escribe

“El redactor, a través de la palabra de un supuesto especialista, afirma que ‘en Salta hay un crecimiento marcado de la homosexualidad’, pero no pone ni una sola cifra. Si esta persona trabajara en mi redacción, sería echada por poco profesional”, explicó el escritor y periodista Osvaldo Bazán, haciendo referencia al titular de un diario salteño, en el taller para periodistas y estudiantes de la comunicación denominado Los falsos acuerdos sobre la realidad: la cuestión GLBT en los medios de comunicación locales. Asistieron unas 35 personas, entre ellas el secretario de Prensa de la Provincia, Federico Dada, que propuso incluir la temática de diversidad sexual en un plan provincial de capacitación para periodistas.
La constante criminalización de los sujetos, la exacerbada estereotipación, la falta de datos certeros y mención de fuentes, el abuso del condicional, el uso en masculino de la palabra ‘travesti’, la opinión disfrazada de noticia informativa, el mal uso de citas de autoridad y la constante utilización de concepciones discriminatorias de forma alevosa en lo escrito y en las caricaturas fueron algunos de los elementos que impactaron a los talleristas invitados: Bazán, el psiquiatra porteño Ricardo Duranti y el representante de la agencia ONUSIDA Fernando Delio.
La actividad tenía como objetivo analizar y hacer conscientes las valoraciones e intereses que se ponen en juego a la hora de construir una noticia en una empresa de medios. Se realizó en la Biblioteca Provincial, fue organizada por el Observatorio para la Promoción de Derechos de Diversidad Sexual y se hizo en el marco del Mes de la Diversidad, declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante capitalino.
Que traba, que trans, que lesbiana, que gay, que puto, a los medios les cuesta encontrar palabras para denominar las distintas identidades sexuales. Las conceptualizaciones son relativamente nuevas y están en proceso de cambio, por lo que la tarea de Duranti fue explicar términos y aclarar dudas sobre este punto, y la de Bazán contar su experiencia al respecto.
Ya en la segunda mitad del taller, dos investigadores del Observatorio, junto con la colaboración del periodista de Crítica de la Argentina, abordaron de manera práctica lo anteriormente expuesto y, con una dinámica de grupos, se analizó detalladamente distintas notas de gráfica en papel y digital de 2008 y 2009, así como caricaturas que trataron el tema GLBT de una u otra manera.
Tras la finalización del encuentro, el Secretario de Prensa de la provincia propuso incluir la temática de la diversidad sexual en un plan de capacitación para periodistas en las ciudades más importantes del interior de la provincia.
Participaron periodistas y estudiantes de las siguientes instituciones y empresas de medios: UNSa, INADI, El Tribuno, Canal 11, Deportea, Área de Prensa de la Cámara de Diputados de la provincia, Área Municipal de la Mujer, Dínamo FM, Salta 21, La Hora de Salta, FM Cadena Latina, Semanario El Expreso, Aludis.
Próximamente se realizará una actividad de sensibilización con legisladores y funcionarios del Ejecutivo.


Sí al matrimonio gay

La Justicia declaró inconstitucional el impedimiento para que dos personas del mismo sexo puedan casarse. En un fallo inédito, esta tarde la jueza del fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Seijas, determinó que tanto el artículo 172, como el 188 del Código Civil atentan contra la Constitución Nacional.
La jueza señaló que el artículo 172, que establece que para el casamiento es necesario el consentimiento de "un hombre y una mujer", y el 188, que fija la fórmula "los declaro marido y mujer", son anticonstitucionales. Así, se sienta un precedente que podrá ser tomado por el Congreso para modificar la ley, para la que no hubo quórum el martes pasado.

Plata fresca

El Programa Nacional de Promoción del Microcrédito que opera en nuestra provincia ha ejecutado en el presente año un total de $ 423.300 en microcréditos. Este y otros programas, como el Banco Popular de la Buena Fe, intentan fortalecer los emprendimientos de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Por Gabriela Gutiérrez

El Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”, desembarcó en nuestra provincia a partir de la gestión de la Secretaría de Políticas Sociales. Su funcionamiento recae en siete organizaciones sociales de base que trabajan a lo largo del territorio provincial. Dos de ellas se encuentran en nuestra ciudad, y las otras cinco en las localidades de La Unión (Rivadavia Banda Sur), Coronel Juan Solá (Rivadavia Banda Norte), Aguaray, Tartagal, San Agustín, El Carril, Seclantás y San Carlos. A ellas compete ejecutar los montos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entre el Estado provincial – representado por dos de sus secretarías (PYMEs y la Secretaría de Políticas Sociales)- y dos de las organizaciones ejecutoras de crédito, se conforma el Consorcio de Gestión Local, figura clave del programa. Compuesto por organizaciones de la sociedad civil y el Estado, el Consorcio actúa como organización administradora del programa de microcréditos, y también como nexo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es el Consorcio quien se ocupa de transferir la metodología del programa a las organizaciones, sus respectivos asesores y sus emprendedores.
En sus menos de dos años de vida, el programa ha llegado a unos doscientos cuarenta emprendedores y ejecutó créditos por un monto de $ 423.300. Son las organizaciones ejecutoras quienes evalúan los proyectos de los emprendedores y los aprueban desde sus respectivos comités de crédito. Es en el seno de estos comités donde también se deciden los montos a ser otorgados, variando los mismos entre los $500 y los $3000, y los plazos de devolución, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Se exige que los emprendimientos cuenten con una antigüedad mínima de cuatro meses, con el objetivo de fortalecer financieramente unidades productivas que ya se encuentran en marcha.
De acuerdo al ritmo de trabajo de cada organización, se contempla la posibilidad para los emprendedores del acceso a un recrédito, al cual pueden acceder según cumplan con los plazos de devolución. Dicho compromiso con la devolución posibilita asimismo que otros emprendedores accedan a la misma oportunidad que ellos tuvieron. Muchas de las organizaciones que participan del programa ya han represtado en base al dinero devuelto por los tomadores de crédito, y con esto han generado la posibilidad de acceso al crédito a otros emprendedores. Es así como se conforma un círculo virtuoso, en el cual el valor de la palabra, la confianza y la solidaridad han permitido fortalecer este tipo de unidades productivas. En una proyección a futuro, se estima ampliar el alcance del programa en todo el territorio provincial, con el fin de poder acercar esta importante herramienta a cada vez más emprendedores de la economía social.

Banco Popular de la Buena Fe
El Banco Popular de la Buena Fe es otra propuesta de la Comisión Nacional de Microcrédito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual promueve el microcrédito para el desarrollo de emprendimientos productivos, de servicio o venta. La iniciativa está destinada a emprendedores de los sectores populares de todo el país. Entre sus objetivos se cuentan los siguientes:
- Generar autoempleo y mejorar la calidad de vida de los sectores populares más empobrecidos;
- Promover la gestión asociada entre el Estado (Nacional, provincial y local) y Organizaciones No Gubernamentales;
- Aportar una metodología de trabajo que incentive el fortalecimiento del tejido social, trabajando juntos por una "comunidad organizada" que sea artífice de su propia historia, con sus miembros participando activamente en la transformación social;
- Impulsar la autonomía de cada persona a través de la promoción de sus propias habilidades y saberes que generan trabajo digno;
- Generar protagonismo en cada uno y en la comunidad en su conjunto;
- Incentivar la capacidad de soñar y de gestar nuevas utopías;
- Promover espacios asociativos y redes de gestión asociada para mejorar los procesos de desarrollo local;
- Generar instancias de capacitación para el fortalecimiento de la organización, producción y comercialización de los emprendedores.

En nuestra provincia coexisten numerosas experiencias. Entre ellas puede destacarse la que funciona bajo la coordinación de la Asociación de Estudiantes y Educadores, la cual desempeña sus tareas en el Barrio Santa Ana II. Inició sus tareas en el territorio a fines del año pasado y, desde entonces, bajo la modalidad de los grupos solidarios -hay doce grupos en la actualidad, y los mismos están compuestos por cinco integrantes cada uno- han alcanzado a la fecha a un total de sesenta emprendedores. El primer crédito que reciben asciende a $500 y, una vez cubiertas las veinticuatro cuotas (los plazos de pago son semanales), cuentan con la posibilidad de acceso a un sistema de recrédito escalonado: un segundo crédito de $750 y un tercero de $1.000. Desde Nación se trabaja para aumentar estos montos, aunque aún la decisión no se ha concretado. Se propone que el piso del microcrédito sea de $750, para luego poder acceder a $1000 y finalmente a $1250.

La “Vida de Centro”, tal como llaman los emprendedores a sus reuniones semanales, incluye el abono de la cuota correspondiente y talleres de capacitación dictados por los promotores de la asociación. Existen también otras instancias de formación que se realizan a nivel nacional y de las cuales también participan los emprendedores del banquito, que en su gran mayoría se trata de mujeres. La mayor parte de las unidades productivas del Barrio Santa Ana II están dedicadas a servicios (especialmente en el rubro alimenticio); le siguen los emprendimientos productivos y, finalmente, la reventa. Hay en lista de espera unas veinticinco mujeres y un grupo solidario conformado por hombres. Algunas de estas mujeres cuentan con experiencia previa en este tipo de créditos –la experiencia de PROMUJER es común a muchas de ellas- puesto que, al momento de conseguir recursos financieros, se vuelve menester la búsqueda en el complejo abanico de ofertas existentes. Las mujeres asumen un rol protagónico, se activan y se vuelven auténticas protagonistas de un espacio de lucha. El hombre como proveedor de ingresos de la familia, ante un contexto de crisis y elevadísima desocupación, ve desdibujada esa figura estelar y encuentra en su compañera un sostén para el hogar y un genuino apoyo en un difícil momento.

Actores y mecánicas
El microcrédito surge como una herramienta para una población sumida en la pobreza, aislada y situada en los márgenes de un sistema que no permitía su inclusión, pero que tampoco les brindaba una alternativa concreta. Ahora bien; han sido diversos los actores que han puesto en práctica esa herramienta. Entre ellos se encuentra el Estado, que intenta recuperar su rol activo y de promotor de los derechos de los ciudadanos. Aquí encontramos a la Nación y a nuestra provincia emprendiendo un camino en el fortalecimiento de la economía de los ciudadanos, acción que ha arrojado importantes resultados. Del entramado de las microfinanzas también participan los organismos internacionales de crédito y firmas privadas que, con el boom de las financieras, ingresaron al mercado aunque caracterizándose por sus abusivos intereses.
Todos estos actores poseen un elemento común, y es la implementación de la metodología de grupos solidarios, en donde cada integrante se convierte en co-responsable del resto de sus miembros, quienes, ante la imposibilidad de pago por parte de alguno de ellos, es el compañero el que debe responder por él. Tanto el Estado, los organismos internacionales y las financieras han moldeado el sistema con sus particularidades (la cantidad de integrantes del grupo, por ejemplo, tiene diferentes matices en cada organismo ejecutor), pero en todas estas instituciones, más allá de las diferencias, conviven la misma metodología.

Historia
La historia de las políticas sociales en nuestro país guarda una estrecha relación con la vida religiosa. En sus orígenes, las señoras de la alta sociedad y pertenecientes al culto católico apostólico romano participaban activamente de la asistencia social y eran “guardianas” de los cuerpos y las almas de aquellos que nada tenían. La irrupción del peronismo en la vida política argentina marcó un punto de quiebre. Lo que hasta entonces fuera potestad de las señoras de la alta sociedad se fue transformando lentamente en un nuevo espacio en el cual el Estado cobró un rol protagónico. La mujer, de a poco, fue abriéndose paso y ganando espacios.
Por el contrario, las políticas neoliberales imprimieron a las políticas sociales un modelo focalizado. El Consenso de Washington sentó las bases de las “recetas” implementadas en nuestra región, las cuales fueron minando la presencia del Estado y desdibujando su rol. Nuestra provincia no fue una excepción: la gestión de Juan Carlos Romero se convirtió en su artífice, provocando como consecuencia la destrucción del tejido social. Promediando los inicios de la presente década, se produjo un giro hacia las políticas sociales con un tinte universal, aunque aún el abandono de los principios neoliberales no se ha producido de manera tajante.

Cinco décadas igual

Floresta y la segregación urbana

La historia y actualidad de un barrio de la Capital como Floresta, da una idea clara de cómo funciona la segregación urbana en Salta: evidente distribución desigual y desproporcionada del espacio urbano en términos de acceso a servicios, alumbrado, limpieza, asfalto, entre otras. Miles de hogares con piso de tierra o ladrillo suelto, sin provisión de agua por cañería o que no disponen de inodoro con descarga de agua, y otros muchos compuestos por ranchos, casillas, piezas de inquilinato y/o pensión. Floresta figura entre los barrios con más del 40% de población con NBI, índice que incluye hogares en donde se registra hacinamiento o en donde hay niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

José González Romano

Se tata de uno de los barrios más antiguos y poblados de la ciudad, y también uno de los que mayor déficit de servicios públicos posee. Un centro de salud y dos comedores gestionados y controlados por organismos oficiales constituyen la única presencia del Estado en el lugar. Un paradigmático caso de marginalidad urbana, entendida como el hecho de vivir en y de los márgenes de la ciudad, pero no fuera de ellos, motivan una serie de preguntas que sólo la historia y las distintas trayectorias pueden ayudar a responder: ¿Por qué Floresta vive esa situación? ¿Por qué, después de más de cuarenta años, algunos servicios parecen una quimera?¿Por qué no se avanza en la regularización dominial del barrio? ¿Cómo se vive en un barrio estigmatizado, marginado, segregado? Los estigmas que clasifican al barrio y sus pobladores, ¿se repiten al interior del barrio? Para responder estas preguntas, Cuarto Poder incorpora las voces de los vecinos del barrio, ya que es de vital importancia observar cómo es experimentada por los mismos protagonistas la segregación residencial y cómo éstos se representan la vida en el barrio Floresta, conglomerado que podría definirse desde las ciencias sociales como espacio segregado y marginado.

Salta Somos Todos
La ciudad de Salta es una ciudad intermedia, con 457.427 habitantes según el último censo de 2001, pero que se estima ya pasa el medio millón de habitantes a la fecha, posicionándose como el octavo conglomerado urbano del país. Desde mediados del siglo pasado, la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, habiendo pasado de 115.000 habitantes en 1960 a más de 500.000 en la actualidad, concentrando casi la mitad de la población provincial. La ciudad es sede de los tres poderes del Estado; concentra las tareas administrativas, cuenta con dos universidades y concentra las principales empresas de bienes y servicios de la provincia. La actividad económica predominante es la de bienes y servicios, y en los últimos años ha liderado el ranking de ciudades argentinas con mayor trabajo informal, desempleo y subempleo. Según el INDEC, Salta posee la tasa de desocupación más alta del país. De acuerdo con los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, nuestra provincia registró un 11,9 % de población desempleada, siendo la única en el país en pasar los dos dígitos. (http://grupoaries.com.ar/ariesfm).
Diversos especialistas señalan el alto grado de urbanización en Argentina, con importantes carencias y asimetrías inter e intraurbanas, y cuyo rasgo novedoso es el crecimiento sostenido de las ciudades intermedias, vinculado en gran medida a la pobreza como causa y efecto de las migraciones internas. “Ya no se trata de ciudades con estándares de vida más o menos aceptables con algunos bolsones de pobreza, sino de ciudades pobres con algunos bolsones de riqueza” (Cuenya, 1997, citado en Sbrocco, Nombre de la publicación 1997). Asimismo, antropólogos de la Universidad Nacional de Salta como Sonia Álvarez (Nombre de la publicación 1999:60) coinciden y caracterizan a Salta como una ciudad intermedia con una fuerte estratificación social y cultural, altos índices de desempleo y un acelerado crecimiento urbano, donde “los pobres urbanos hacen la ciudad.”
El caso de barrio Floresta
La zona Este, donde se encuentra el barrio Floresta, es una de las más antiguas de la ciudad. El fuerte crecimiento de otros barrios habitados por los sectores populares se da en el período comprendido entre 1985 a la actualidad, con el consecuente aumento y proliferación de nuevos conglomerados urbanos, que se encuentran principalmente en las zonas Norte (cuyo límite se encuentra en el río Vaqueros), Oeste (a partir de la expansión de la frontera de la ciudad delimitada por la Avenida Zacarías Yanci) y Sureste, que se extiende a partir de la Avenida Tavella hasta los límites con el municipio vecino de Cerrillos.
Floresta contaba en el año 2001 con 1.385 hogares, que abarcan a 6.581 pobladores. Entre esos hogares, 1.128 casas incluyen a 5.497 pobladores, pudiendo detallarse de este número un conjunto de 229 casas tipo “A” (según la terminología censal, todas las casas no consideradas tipo B), y 899 casas tipo B, es decir, casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua (Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Dirección General de Estadísticas de Salta). Para completar el cuadro, existen otros 257 hogares clasificados como ranchos (96), casillas (139), piezas de inquilinato y/o pensión (22), y que albergan a 1.084 residentes. Mientras tanto, los mismos indicadores para toda la ciudad se invierten proporcionalmente, ya que el 79% de los hogares (66.569 en total) corresponde a casas tipo A, y el 21% (18.168) a casas tipo B. Asimismo, Floresta figura entre los barrios con más del 40% de población con NBI, colocándola en los primeros lugares de este triste ranking, que incluye hogares en donde se registra hacinamiento, con más de tres personas por cuarto, constituye una vivienda precaria o inquilinato (excluido el rancho), u hogares que no tienen retrete. También ingresan en esa categoría los hogares en los que hay niños en edad escolar que no asisten a la escuela, o viviendas en las que habitan cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no ha completado el tercer grado de escolaridad.

Ubicado en el extremo oriental de la Zona Este, el barrio limita al oeste con Villa Mitre, al sur con el Parque Industrial, al este con una cadena de cerros, al norte con barrio Constitución, al noreste con Loteo Velata o Divino Niño, y al noroeste con Villa Mónica. Tiene una extensión de unas veinte cuadras de largo, por tres cuadras de ancho, aunque el barrio va creciendo “para arriba” y en algunos sectores es más ancho. Está subdivido en tres sectores y muchos pobladores hacen uso de esta categorización para orientar a alguien que no es del barrio: Floresta Sur, Floresta Centro y Floresta Norte; a su vez, también cuenta con una parte “alta”, y una “baja”. Su parte más antigua tiene más de cinco décadas y se encuentra en la parte sur, comenzando desde ahí el proceso de urbanización del barrio, extendiéndose hacia el norte, y desde “abajo” hacia “arriba”. Posee tres arterias de ripio que la atraviesan longitudinalmente: la calle principal, Mariano Saravia, donde se encuentra el Centro de Salud Nº 44; la Avenida Delgadillo, que sirve para delimitar el barrio vecino, Villa Mitre, y la calle Hermenegildo Diez, que separa la parte de “arriba” de la de “abajo”. La avenida Universidad Católica separa Floresta Norte de Constitución, y da la impresión de no estar integrada al barrio porque actualmente forma parte de la Autopista o ruta Panamericana utilizada para el tránsito pesado que circula por la ruta Nacional 51.
Con respecto al servicio de transporte público, las líneas 2B1 y 2B2 son la que utilizan los vecinos del lugar, y a pesar de ser uno de los barrios más grandes y poblados de la zona no cuenta con ninguna línea de colectivo que pase por el barrio. Esta línea pasa por la calle Pompilio Guzmán de Villa Mitre, quedando la parada más cercana a los vecinos a dos cuadras, pero para buena parte de sus habitantes el colectivo queda a más de cuatro cuadras, y en los sectores más altos del barrio, la parada más cercana a ocho, constituyendo este uno de los reclamos más sentidos por la barriada. La propuesta de los vecinos es que el colectivo pase por la calle Hermenegildo Diez en sentido sur-norte, aunque desde Saeta responden que la misma no está en condiciones para que circulen los vehículos.
En la barriada se distinguen tres formas de producción del hábitat popular: loteo, asentamiento y villa. Se distingue como villas a aquellas que están construidas en su mayoría en terrenos fiscales o privados, con viviendas muy precarias, muy poco o ningún ordenamiento espacial, con calles interiores y con frecuencia muy angostas. Los asentamientos, por su parte, son formas nuevas de construcción del hábitat, inauguradas aproximadamente desde los 80 en el caso de Salta. Los especialistas señalan algunas características coincidentes entre estas dos formas de producción del hábitat: comparten entre sí una situación precaria de tenencia de la tierra, pero se diferencian porque en los asentamientos hay un ordenamiento del territorio en manzanas, lotes y calles, similar al del resto de la ciudad. Los loteos económicos son barrios que surgieron a partir de la subdivisión masiva de tierras de uso rural y que se vendieron en cuotas a plazos.

Oposiciones presentes en Floresta

En el estudio de caso, en algunos barrios las diferencias al interior de éstos se expresan en la oposición delante-detrás, mientras que en Floresta se manifiestan como barrio-asentamiento, propietarios-no propietarios, o Floresta vieja-Floresta nueva. El “barrio” comprende desde la calle Hermenegildo Diez hacia “abajo”, y los terrenos (salvo dos manzanas que están asentadas en el predio destinado a la escuela) están escriturados. Las casas tienen cloacas, luz, agua corriente, y desde hace dos años cuentan con el servicio de agua todo el día. Las dos calles principales de este sector están consolidadas (Av Delgadillo y calle Mariano Saravia); una parte está pavimentada, y en ella se encuentra el Centro de Salud, el comedor infantil (equipado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), la iglesia evangelista y su comedor infantil “Rayito de Sol”, dos aserraderos, talleres mecánicos, y las despensas más grandes. En contraste con el resto del barrio, se ven casas de material, con garaje y rejas. Otra peculiaridad es la cercanía con Villa Mitre, barrio en el cual están las instituciones educativas estatales (EGB y Polimodal), las paradas del colectivo y el Centro de Referencia Sanitario de la zona (ubicado en barrio Manjón).
A medida que uno “sube” en dirección al cerro, se adentra en el “asentamiento” o barrio Finca Altos de la Floresta, cuyos moradores están en una situación irregular con respecto al dominio de las tierras y no cuentan con agua corriente: para proveerse del líquido elemento deben recurrir a los grifos comunitarios con baldes y tachos, algo que sólo ocurre durante dos horas por día, porque después se corta el servicio. Cada quince días pasa el camión “aguatero” llenando tachos de 200 litros que los vecinos utilizan para lavar ropa, utensilios, y regar sus huertas familiares. A diferencia de Floresta “vieja”, no hay calles longitudinales, y las transversales son todas de lajas, sin enripiar, lo cual dificulta su tránsito en épocas de lluvia. Es en este sector en donde están las torres de alta tensión (y las viviendas bajo su perímetro) que atraviesan las veinte cuadras de longitud que tiene el barrio, a pesar de la existencia de una ley nacional que regula la distancia mínima que tiene que haber entre la línea de alta tensión y los hogares.

Segregados

Floresta y sus habitantes siguen sin estar integrados al desarrollo y al espacio urbanos. Más que por una cuestión de negligencia en la gestión municipal, esto ocurre por “la consecuencia residual de una economía dinámica con otras prioridades espaciales” (Walton, Nombre de la publicación 1984). Los interrogantes iniciales, entonces, pueden responderse a partir de la relación existente entre el Estado y el mercado. El primero se comporta de manera distinta según los casos. A veces equipa a lugares con servicios urbanos de calidad (asfalto, agua, gas, luz, cloacas, escuelas, centros de atención sanitaria, espacios de recreación, seguridad, transporte, dependencias estatales), y en otros invierte poco en la implementación de los mismos servicios. Así, como en el caso del barrio Floresta, se dan situaciones que deberían ser recuerdo de otras épocas, pero que hoy constituyen una flagelante realidad: largas colas de gente con baldes para aprovechar las pocas horas que sale el agua y la espera ansiosa del camión cisterna para llenar los tachos y poder usar el líquido durante los siguientes quince días hasta que el camión retorne nuevamente. La angustia cotidiana por la situación irregular de los terrenos de casi la mitad del barrio; la esperanza de que se solucionen los problemas de infraestructura pública; la bronca porque los servicios llegan a la mayoría de los barrios más nuevos, al igual que las escrituras de los terrenos, “mientras de Floresta nunca nadie se acuerda, como sino existiera”, según el relato de uno de sus habitantes. Mientras vemos el rol del Estado en la configuración de espacios de segregación, los habitantes de Floresta exigen su intervención, piden ser reconocidos como ciudadanos y por consiguiente, merecedores de la infraestructura y equipamientos públicos, y de un terreno propio donde vivir dignamente.

Un poco de historia

Floresta nace como un loteo hecho por distintas inmobiliarias. Desde el año 1956 ya se ofrecían los terrenos para su adquisición. Antes de ser barrio, el terreno era una finca, llamada Finca La Floresta, y según algunos testimonios, llegaba hasta donde era el Matadero Municipal. “Se va a sorprender usted porque, no sé si usted vio, en el matadero, al frente, hay un bar que dice “La Floresta”; hasta ahí llegaba la Finca La Floresta, después se hicieron los loteos y se fueron achicando, por supuesto, después se hizo el loteo La Fama, después se hizo el loteo de Villa Mitre, Constitución, bah, Mónica, después ya se hizo Floresta. Pero la finca esta llegaba hasta ahí, grandísimo, tiene su historia, grandes historias”. (Testimonio de RS, en entrevista realizada por el autor el 20/02/09).
Los dueños de esta finca era la familia de Alcira Gottlynh, viuda de Correa, que donó terrenos para la colocación de una cisterna, en el año 1983, a fin de que el barrio tenga agua. También se había reservado, cuando se hizo el loteo, un terreno para la construcción de una escuela, pero fue ocupado por familias que se asentaron allí. “Cuando nosotros vinimos acá no teníamos luz, agua, ni mucho menos algunas calles abiertas. Para ubicar el terreno nosotros geográficamente decíamos ‘este es mi terreno’, y así llegábamos. Sendero, todo era un sendero”. No había calles, los terrenos eran marcados a través de un mojón, “es una base de cemento, con un hierro en la punta, en el medio, de ahí se tira un hilo por acá, un hilo por allá, y de ahí se dice: aquí hay doce terrenos de diez (metros) de frente, después tira para allá, por eso uno se guiaba.” (RS)
El sector del barrio que se origina por asentamiento se fue poblando en varias oleadas, y recibe en su conjunto el nombre “Finca Altos de la Floresta”. Comprende desde la calle Hermenegildo Diez hacia “arriba”. Surge a mediados de los años `70. En ese entonces, ya existía el Barrio Floresta, la parte del mismo que cuenta con los terrenos escriturados, por eso a veces se hace esta diferencia, pero por lo general se hace referencia a todo el barrio como uno solo. Según cuentan los habitantes, este sector del barrio se fue formando a los costados de la torre de alta tensión, conocido como “sector de la Torre 40”. Poco a poco, se iban midiendo los lotes y poniendo los precarios cimientos de las viviendas.
Pero también al interior del barrio hubo asentamientos. Cuando se hizo el loteo se reservó el espacio para una escuela y espacio verde: el espacio “invadido” queda sobre calle Mariano Saravia, entre las calles Isasmendi y Gambolini. En los años '70 también sucedió esto: “En la época de Ragone se asentaron, siguen ahí pero no tienen escritura porque esos terrenos fueron donados al Ministerio de Educación.” (RS)
En las partes más altas se observan viviendas muy precarias, con muy poco o ningún ordenamiento espacial, con calles interiores frecuentemente muy angostas (a veces tan angostas que sólo se las puede transitar en bicicleta o moto), pudiéndose denominar a este conjunto de hogares como villas dentro del barrio. Muchas veces, cuando un grupo de gente se asentaba bajo los cables de las torres de alta tensión -que atraviesan el barrio longitudinalmente-, no se permitía su radicación, y eran reubicados en otros puntos de la ciudad, tal como pasó durante el gobierno de Roberto Romero (1983-1987), que trasladó a muchas familias que estaban bajo los cables de las torres de alta tensión a nuevos barrios construidos en el marco del programa provincial ProViPo (Programa Vivienda Popular), como Norte Grande, San Francisco Solano o Finca Independencia. Luego del traslado de esas familias, vinieron otras con las mismas necesidades habitacionales que sus predecesoras, y ante la masividad e imposibilidad de ofrecer soluciones parecidas a las dadas anteriormente, se hizo virtualmente imposible desalojar los terrenos. “En el año 1985 hicieron..., vinieron una cantidad grande, se asentaron un poco, entonces ¿qué hice yo? Con don Roberto Romero, yo lo he traído a Roberto Romero, a mi casa, y ahí fuimos allá arriba, él se subió a un piedrón grande y les dijo: ‘Señores, aquí no pueden estar, de acá se me lo tienen que ir, pongansé de acuerdo con Sosa, para que él los ubique ahí abajo, hasta que yo los pueda llevar a un barrio que yo voy a hacer”. Ese barrio se llamaba ProViPo, que hoy es Norte Grande, San Francisco Solano, Santa Cecilia, todos esos barrios de ahí. Cuando se llevó a esa gente, te podés imaginar, corrieron a unos cuantos pájaros, y llegó una bandada de golondrinas.”