Estado terrorista, Secretaría ausente

Se viene el primer Juicio por la Verdad en Salta. Es por la causa Melitón Bustos. En 1977 el Estado lo hizo desaparecer y hoy, 31 años después, el Estado no es parte de la querella.

Por Julieta Lucero

Sin la presencia la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia ni de la Nación como querellantes, se realizará el primer juicio por lesa humanidad en Salta el próximo 23 de noviembre, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal Federal. Es por la desaparición de Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 en su casa de Tartagal.

Según una de las abogadas del caso, Tania Kiriaco, “no hay apoyo del Estado”. La secretaria de Derechos Humanos de Salta, María Silvia Pace, confirmó que no se presentaron como querellantes y explicó que no sabía cuáles era las razones. “La provincia y la Nación sí están presentes como querellantes en el caso Ragone y Palomitas, pero no en esta causa”, afirmó la titular del área.

Los procesados por la desaparición del escribano santafesino Melitón Bustos son Carlos Alberto Arias, que en ese momento era teniente del Ejército, y Luis Angel Gaspar Zirpolo, a cargo del Regimiento Monte 18 de Tartagal, tras la renuncia del ex teniente coronel Héctor Luis Ríos Ereñú, un mes antes del hecho.

El secuestro

Eran las dos de la mañana y tocaron el timbre en su casa de la calle San Martín. Raúl, de 16 años, bajó a atender. Estaba con su padre, Aldo, y con Eva, la mujer. Cuando preguntó quién era, le respondieron “De Gendarmería Nacional”. Entonces abrió la puerta.

Dos hombres de civil, un empujón, el suelo, un arma que le apunta y uno de los tipos que le dice que se calle. El otro, al dormitorio del padre.

Ruidos. Golpes. Miedo. Lo sacaron delante de él, en calzoncillos, descalzo. Lo ataron de manos. Justo antes de que le pongan la capucha negra en la cabeza, su padre pudo gritar: “¡Son del Ejército, son del Ejército!”. Se lo llevaron.

Raúl salió a la vereda y vio cómo se alejaron en un Dodge 1500. Era amarillo, un Dodge 1500 amarillo igual al que acostumbraba a manejar uno de sus compañeros del colegio San Francisco.

Entonces se subió a su auto junto a Eva y comenzaron a perseguirlos. En el coche de adelante iban tres personas, además de su padre, que estaba sentado atrás.

Unas cuantas cuadras después, el Dodge se detuvo, primero, en el Regimiento de Monte 28. Después tomó la ruta 34, que va a Mosconi.

Camino, noche, calor. Ya cerca de Cornejo, el automóvil que perseguían se dio vuelta. Se le vino encima con secuestradores, secuestrado y armas.

Raúl frenó y decidió volver a Tartagal.

Fueron derecho a la comisaría de la ciudad. Después al regimiento. Y ahí lo vio. El mismo hombre de civil que había entrado esa noche a su casa y se había llevado clandestinamente a su padre estaba frente a él, en esa misma dependencia del Ejército.

Más tarde supo que se trataba Carlos Alberto Arias. Después de ese día, nunca más lo vio.

¿El Dodge 1500 amarillo? Era uno de los vehículos usado habitualmente por los hijos de quien fuera jefe del M-18 hasta hacía un mes, Ríos Erenú.

Muerto social

Aldo era una persona pública en Tartagal. Escribano nacido en Santa Fe, en el norte salteño se dedicaba a la docencia en un colegio de nivel medio. Siempre había defendido su posición democrática, lo que le costó, en primer lugar, el cargo como profesor.

En 1977, en pleno funcionamiento de la maquinaria represiva del Estado, Melitón Bustos decidió exiliarse en Bolivia. Según la hermana Elsa, era constantemente intimado por anónimos y estaba amenazado de muerte por el teniente primero Bruno, que era parte de Inteligencia en el Regimiento M-18. Según confirmó la abogada querellante, también estaba en las listas del operativo del Ejército nacional denominado “Claridad”.

Pero Aldo “no se aguantó y volvió por los hijos”, explicó Kiriaco. Trató de conseguir el registro notarial número 32, pero se lo denegaron por “razones ideológicas”. “Lo convirtieron en un muerto social”, definió la abogada.

El decreto que rechazó el pedido de Melitón Bustos fue firmado por Roberto Augusto Ulloa, interventor en la provincia durante la dictadura, y por el ex candidato a diputado nacional por el Partido Renovador de Salta, comandante gendarme retirado Jorge Oscar Folloni. La fecha del documento es del 14 de noviembre de 1977. Menos de tres meses después, lo desaparecen.

El juicio

El Tribunal estará integrado por el actual presidente del Tribunal Oral Criminal Federal de Salta, Roberto Frías, por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, Jorge Luis Villada, y por la jueza del Tribunal Oral Criminal Federal de Jujuy, Marta Liliana Snopek. Villada y Snopek fueron designados como subrogantes, debido a que uno de los camaristas, José Solá Torino, fue recientemente removido, y a que Rogelio Saravia Toledo se acogió al beneficio jubilatorio.

Arias y Zirpolo están procesados por “privación ilegal de la libertad, agravada por el empleo de violencia y por su duración en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado en grado de partícipe primario”. El primero se encuentra detenido en Campo de Mayo y el segundo está con prisión domiciliaria en Tucumán.

Para Kiriaco, “es grave” la falta de participación del Ejecutivo en el primer juicio por lesa humanidad en la provincia. “Tan pesado es el tema, que la hermana de Aldo, Elsa Edith Bustos, sufrió un atentado en julio pasado”. Además, confirmó que los testigos, la familia y los abogados querellantes -ella y David Leiva- cuentan con custodia permanente.

De hecho, están citados hasta los agentes de la Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE) que en ese momento trabajaban en Salta.

En cuanto al interventor de la dictadura, Ulloa, Kiriaco afirmó que “tiene que estar imputado, no como un simple testigo”. Al otro firmante del decreto que le negó el registro notarial a Melitón Bustos en 1977, Folloni, se le revocó la candidatura a diputado nacional por su participación como funcionario en esa época.

A dónde van...

Una versión del momento decía que los habían asesinado en Tartagal. Otra, que un suboficial ebrio había dicho que estaba en la zona del Regimiento y que había participado del entierro. Raúl dijo haber escuchado comentarios de que lo torturaron, ametrallaron y enterraron vivo. También que lo tiraron al dique Cabra Corral. Además, que existe una nota anónima que dice que fue llevado al río Bermejo el día del secuestro, a las 7 de la mañana. Y que las personas que lo habían llevado, cuando volvieron, ya no lo traían con él.

A dos semanas del juicio, Aldo sigue desaparecido. Y el Ejecutivo, que para muchos debería estar presente, también.

Esta es nuestra tierra

A las puertas de una condena internacional

El representante de la Comunidad Lhaka Honhat, Francisco Pérez, reclamó el pasado lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se obligue a nuestra Provincia a reconocer y garantizar los títulos de propiedad de las tierras que ocupan en el Departamento Rivadavia, registradas como “lotes fiscales 55 y 14”. La Comisión dejaría el caso en condiciones de ser elevado a la Corte Interamericana, la cual, de comprobar las denuncias efectuadas, podría caracterizarlas como violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sancionando internacionalmente al Estado argentino y provincial.

Gabriel Sánchez

La lucha lleva más de veinte años. En efecto, en el año 1984 jefes indígenas se presentaron ante el Gobierno de la provincia para rechazar una propuesta de entrega de títulos de propiedad sobre el territorio que habitaban, puesto que la decisión gubernamental consistía en urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial, para entregar a cada jefe un título individual. Esta modalidad anularía sus posibilidades de acceder libremente a los recursos y generaría disputas y conflictos internos por la defensa de uso exclusivo que haría cada comunidad una vez que tuviera un título de propiedad individual. Por tanto, en representación del conjunto de las comunidades, pidieron al Gobierno la entrega de una superficie sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Recién en el año 1991 se emitió el decreto provincial Nº 2.609, por el cual se acordaba unificar los lotes 55 y 14, y se adjudicaba una superficie sin subdivisiones mediante título único de propiedad a las comunidades aborígenes, garantizándoles el espacio necesario para su supervivencia y desarrollo. Las entonces 35 comunidades (alrededor de 6.000 personas) constituyeron una organización que llamaron Lhaka Honhat, que en idioma wichí significa "Nuestra tierra".

El mapa de la causa

Entre 1993 y 1995, funcionó la Comisión Asesora Honoraria, dedicada a analizar la situación y recomendar una forma adecuada de entrega de las tierras. Sin tener en cuenta estos antecedentes e ignorando la actividad de la Comisión, en 1995 el Gobierno provincial, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya cabecera se encuentra en una de las comunidades de Lhaka Honhat y forma parte del “mega plan” de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur, que comprende la creación del corredor Bioceánico y abarca, además, obras de infraestructura para Aduana, Migraciones y Gendarmería, así como la construcción de una ruta nacional sobre el territorio indígena. Lhaka Honhat interpuso una acción de amparo solicitando la inmediata suspensión de las obras y la realización de estudios de impacto socioambiental. La Justicia provincial rechazó la petición en una absurda decisión convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia, mediante decreto Nº 3.097/95, y basándose en los estudios de la Comisión Asesora Honoraria, decidió la adjudicación a las comunidades indígenas de “una superficie única y sin subdivisiones” de 240.000 has., pero elevó este decreto en forma de proyecto de ley a la Legislatura. En 1996, presionados por el incumplimiento del Gobierno, más de mil indígenas tomaron pacíficamente las obras del puente durante 23 días. La protesta culminó con la firma de un nuevo acuerdo con el entonces gobernador de la provincia. Ninguno de los decretos ni el acuerdo que puso fin a la protesta se cumplieron. Agotadas las instancias judiciales internas, en 1998 Lhaka Honhat, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudió a la CIDH para denunciar la violación de sus derechos y su principal objetivo fue arribar a una instancia de conciliación que permitiera una solución integral, justa y sustentable. Lhaka Honhat sostuvo entonces que, para aceptar el ofrecimiento del Estado, éste se debía comprometer formalmente a no realizar obras que modificaran la situación existente al comienzo de la mediación, y a que, durante la negociación, no se transmitieran derechos de dominio a terceros sobre las tierras objeto de la denuncia. Con una serie de acuerdos verbales, se dio inició al “proceso de solución amistosa” propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por fin acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socioambiental y consultar la opinión de las comunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. Con marchas y contramarchas, el proceso avanzó y obtuvo algunos resultados. Sin embargo, se ha visto obstaculizado por el quebrantamiento de los acuerdos básicos que posibilitaron el inicio de las conversaciones. Ello ha obligado a los denunciantes a informar periódicamente a la Comisión y a solicitar su intervención en numerosas oportunidades, injerencia que ha posibilitado la continuidad de las negociaciones.
Sin embargo, a raíz de la excesiva duración del proceso, los escasos avances y sobre todo el accionar del gobierno provincial, ocasionó que en 2005 se quebrara finalmente dicho proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano (como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión) y a ensayar en el terreno local distintas alternativas. Una de ellas fue la presentación de una acción originaria declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el Gobierno provincial, cuya formulación era contraria a la Constitución. El 28 de septiembre de 2005 la Corte emitió su fallo, sosteniendo que era incompetente para entender en el asunto. El referéndum se llevó a cabo y el resultado alcanzado, sobre el que no acuerdan todos los sectores involucrados, generó reacciones diversas. La complejidad del conflicto espera, en el ámbito interamericano de protección de derechos, una respuesta que los poderes locales se resisten a dar.
La tenacidad y perseverancia de la lucha pueden deberse a que son comunidades que sobreviven a través de la pesca, la caza de animales y la recolección de frutos, y a la necesidad de proteger un territorio que habitan desde tiempos ancestrales. Para tener una dimensión del fenómeno, pensemos en la idea opuesta, e imaginemos que un día nos quieran echar de nuestras casas, quitarnos nuestros automóviles, transportes, TV, Internet, teléfono y demás comodidades. Pero, además, le sumemos que la defensa del medio ambiente es contra su deforestación y contaminación por parte de empresarios locales y multinacionales cuya adoración al Becerro verde está hipotecando el futuro de todos los salteños. Es por ello que la causa de nuestros hermanos aborígenes es una causa que nos involucra a todos.

“Mal Parido”

Con la atención pediátrica, el “Nuevo Hospital” no sería tan buen negocio

El hospital materno infantil con gerenciamiento privado tendrá un presupuesto fijo de 96 millones de pesos anuales. Siendo un hospital de agudos, no podrá negar asistencia a los pacientes graves derivados de otros centros sanitarios de menor complejidad. Si los montos que el Estado paga por las prestaciones fueran insuficientes para que la empresa obtenga ganancias, es poco probable que los devotos catalanes sigan sosteniendo que se encargarán del problema.

Eva Sibila

De entrada nació mal. Con la excusa de que iban a edificar un cuarto piso sobre una estructura que encima estaba mal diseñada, retrasaron dos años la inauguración del Nuevo Hospital de Salta. La verdad es que no había presupuesto para pagar sueldos. Quince años después de la firma del convenio mediante el cual la Provincia accedió al financiamiento internacional para contar con un hospital de agudos, es decir con todas las especialidades médicas, parió una simple maternidad y la entregó a manos privadas. Por supuesto, desde el Gobierno le hicieron un bombo bárbaro para ocultarlo: “que era moderna y eficiente”, “tan pulcra y ordenada como una clínica de primera”. La realidad es que la privatización de la salud nació deforme y parece tener poco tiempo de vida.
Pero me estoy adelantando a una conclusión, por ahora, subjetiva. Esta historia comenzó a mediados de la década del ´80, durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Roberto Romero. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina se construirían seis hospitales de agudos “llave en mano”, y uno sería para Salta. En el presupuesto estaban previstos desde los más modernos equipos médicos hasta los tachitos de basura de cada rincón.
En paralelo, el proceso privatizador de la salud iba ganando espacio en el país y en la provincia. Desde 1996, los directores de áreas operativas y de hospitales comenzaron a llamarse “gerentes”, los servicios generales (cocina, lavadero, mantenimiento) fueron tercerizados y pasaron a manos de empresas privadas; dos hospitales de la ciudad de Salta pasaron a funcionar como de autogestión y se implementó el arancelamiento. Este asunto alcanzó su expresión máxima con el gerenciemiento privado del Nuevo Hospital, que se inauguró en 2001, aunque con una gran diferencia: no se abrió como un policlínico, sino que reemplazó a la vieja maternidad.

Terminó siendo una prepaga

Por supuesto que la modificación permitió que fuese un buen negocio para la Unión Transitoria de Empresas, de origen español, encargada de administrar el presupuesto del Nuevo Hospital, que sólo prestaba asistencia a las embarazadas y a los recién nacidos. Perdón, me olvidaba: también se atendían, mediante turnos anticipados, los servicios de ginecología, oftalmología, citología y enfermería. Obviamente, si alguien tenía una urgencia oftalmológica, debía recurrir al San Bernardo. Para que no queden dudas, el presupuesto del supuesto hospital, que no era más que una simple maternidad administrada por una empresa, superaba los 60 millones pesos anuales, mientras que el San Bernardo apenas superaba los 40 millones.
Había transcurrido un año desde la inauguración y ya se oían los reclamos desde el Colegio Médico de Salta y desde la siempre saturada terapia intensiva del hospital San Bernardo, que derivaba pacientes al Nuevo Hospital y eran rechazados. Los gerentes argumentaban la negativa diciendo que sólo les competía atender la terapia intensiva materna, que era su especialidad de base. No se conocían antecedentes similares en otros hospitales, pero los salteños nos acostumbramos a que las cosas fueran así. Mientras tanto, se hablaba de que en 2002 se convertiría en un hospital materno infantil. Pero los años pasaban y la obra...bien gracias.
En 2007, los socios catalanes se pelearon por 500 mil pesos o dólares. Nadie supo de cuánta guita hablaban. Las acusaciones mutuas derivaron en una quita de la concesión y el llamado a una nueva licitación. La fundación, también catalana, Santa Tecla ganó el gerenciamiento. Hasta ese momento, el negocio seguía siendo rentable. Ahora, eso estaría por verse y les explico por qué.
La política de privatización de la salud apunta a transformar el sistema sanitario público en una especie de obra social prepaga. Como cualquier negocio, el de la salud también se rige bajo la ecuación costo-beneficio. Es decir que, mientras la atención pueda limitarse a ciertas prestaciones y no a la “demanda libre” como en cualquier hospital público, las cápitas que paga el Estado hacen que la empresa solvente gastos y se quede con una ganancia por realizar el trabajo de administrar la organización.
Pero el traspaso al sistema de gerenciamiento privado del Hospital de Niños, que se produjo hace algunos días, si bien ha logrado el efectivo cumplimiento de las horas de trabajo por parte de los médicos, trajo algunos problemas para la población. Por empezar, las administradoras del Nuevo Hospital estuvieron exentas del pago de impuestos desde siempre y nunca cumplieron con la ley de arancelamiento (20% para el Estado y 80% para mejoras y redistribución a los trabajadores).
Además, algunos servicios ya no revisten tal jerarquía. Por ejemplo, el servicio que atendía a los enfermos con mielomelingoceles y el que recuperaba a los chicos desnutridos, fueron eliminados. Por otra parte, el servicio de alergia sigue funcionando en el viejo Hospital Niño Jesús de Praga, porque en el nuevo edificio no hay espacio para su funcionamiento.

Menos costos, más beneficios ¿para quién…?

Con un presupuesto de 96 millones de pesos anuales, que la Provincia destinará al funcionamiento del flamante nosocomio, no sería rentable para Santa Tecla recibir todos los casos que consideren necesario derivar los profesionales que atienden en las salitas o en los hospitales del interior, con el riesgo de que los niños no reciban la debida atención. Las internaciones serán la variable de ajuste y se supone que seguirán funcionando a “cama caliente”, como sucedió hasta el momento con la maternidad.
Pero ya no es seguro que resulte un buen negocio. En maternidad se puede reducir el costo con las estrictas normas de Santa Tecla, ya que el 90 % de los casos son personas sanas y se asiste a un evento natural (el parto). Aplicando mínimas normas de atención, el resultado es un nuevo niño en Salta, aplausos y flores, y todos felices. Claro que el 10% restante suele ser muy dramático porque, cuando en maternidad y neonatología las cosas van mal, la consecuencia puede ser muerte materna, del niño o de ambos, o en algún caso incapacidad permanente del bebé.
Distinto es atender un Hospital de Pediatría donde el 100% de los casos sí son dramáticos y exigen grandes esfuerzos del personal y gastos materiales no pasibles de mucha restricción. Si se tratara sólo de hacer cumplir el horario a los profesionales (cosa que está bien, aclaremos), no habría problemas. Pero ha de verse cuando se rechace a un niño con una diarrea banal y caiga a las pocas horas con una sepsis grave.
Como se ve, este Hospital Materno Infantil nació mal parido, fue mal construido, se lo equipó dos veces por parte del Estado Provincial y ahora peligra su rentabilidad para la empresa que lo administra…Como dijo Martín Fierro: “...árbol que nace torcido / nunca su tronco endiereza…”

Uso social para los baldíos de la ciudad

Se calcula que en cada manzana de los barrios periféricos de la ciudad hay, por lo menos, un terreno baldío privado. La falta de planificación de estos barrios, que surgieron de asentamientos muchas veces fomentados desde el mismo Estado, hace que los espacios públicos de esparcimiento escaseen.

Por J.G.R.

La semana pasada tomó visibilidad pública un tema que rara vez es tratado por los medios. Quizás de este tipo de temas no se habla generalmente porque, de alguna manera, roza uno de los tabúes de esta sociedad: el tabú de la propiedad privada, como si esta fuera sagrada o ahistórica. Sagrada porque muchas veces la propiedad privada se presenta como una institución legada por un mandato divino; y ahistórica porque, además, se la presenta como una entidad surgida con el origen mismo de la humanidad. Y es que la semana pasada se aprobó una ordenanza para el “Uso social de los terrenos baldíos” en el Concejo Deliberante, la cual tuvo una aceptable trascendencia mediática, tratándose de un tema que, si bien no afecta directamente a la propiedad privada, por lo menos la interpela.
El proyecto fue presentado por el concejal de Libres del Sur, Martín Yánez, y aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo. Consiste esta iniciativa en crear en el Municipio un Programa para uso social de los terrenos baldíos. Se prevé que en dicho programa deberán registrar un comodato aquellas organizaciones sociales, intermedias y/o civiles que tengan personería jurídica, en un acuerdo con aquellos propietarios de los terrenos baldíos que accedan a prestárselos por el periodo de cuatro años (periodo renovable cuantas veces acuerden las partes), para que tales lugares puedan ser destinados a un uso comunitario: canchitas de fútbol, huertas comunitarias, espacios para ferias barriales, espacios culturales, etc. A cambio, el municipio desgravará impositivamente a estos terrenos, eximiéndoles del pago del impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles y la tasa de baldíos, por el tiempo que dure el comodato.
Entre los fundamentos que sustentan la ordenanza, el autor utiliza un discurso que termina interpelando a la sociedad misma: “Que, dentro de la jurisdicción del ejido municipal, existe una gran cantidad de terrenos ociosos o baldíos que, en muchos casos por falta de mantenimiento, se tornan en lugares que atentan contra la seguridad de los vecinos o se transforman en focos infecciosos de dengue; son espacios que podrían ser utilizados por entidades sin fines de lucro para llevar adelante sus proyectos comunitarios, tales como huertas, espacios deportivos o emprendimientos, que por sus características requieran de un espacio suficiente para tareas grupales como talleres, aulas, etc.”
Párrafos, en definitiva, que interpelan sobre qué debe valores deben primar en una comunidad: el interés particular desmedido (al límite de tener un terreno abandonado, en un barrio, que funciona de aguantadero o foco infeccioso de dengue) o el bien común, el derecho a la salud, al esparcimiento y a la seguridad de una población. Pregunta que, sin poner en discusión la propiedad privada, la muestra como una relación social entre seres humanos, algunos de los cuales, debido a su interés desmedido, ponen en riesgo de epidemias e inseguridad a una población, y otros, que intentan acceder a espacios que permitan el desarrollo social de una ciudad que, por su densificación explosiva, pocos lugares destina para esos fines.

CUADRO 1
Tabúes

Cualquiera que haya estudiado los clásicos de la economía política (Smith, Marx o Comte) podrá observar cómo estos autores, con más o menos énfasis, a lo largo de sus obras, trataron de explicar el surgimiento de la propiedad privada. El más preciso de ellos fue Marx, que sugirió entenderla no como una cosa, sino como una relación social entre los hombres. Relación que empieza adoptar las características que hoy conocemos en un momento determinado de la historia de la humanidad, previo al surgimiento del capitalismo a fines del siglo XIII, principios del XIV. Esta relación es producto del trabajo alienado y determinó, después de un proceso histórico signado por la violencia y por la sangre, quiénes serían los poseedores de los medios de producción y quiénes estarían obligados a vender libremente su fuerza de trabajo para sobrevivir. (Capítulo XXII de El Capital – “La acumulación originaria”). Este proceso de acumulación originaria, que cambió la relación del hombre con el producto de su trabajo, con la tierra y entre los hombres, y que dio origen al la propiedad privada con las características que conocemos hoy, está velado, oculto, constituye un tabú. Por ello, cuando surgen temas que pretenden, aunque sea en un grado menor, interpelar este proceso, pasan desapercibidos o no tienen una mayor trascendencia.

Política sin sujetos

Por Daniel Avalos

El caso Leavy sigue presente en los medios. Pero su tratamiento sigue siendo casi una exclusiva cuestión de prolijidad. Todos se defienden en términos operativos. Leavy y su asesor legal aducen que el procedimiento está plagado de improlijidades y en esa falta de cuidado y esmero procedimentales asientan su defensa. Los concejales destituyentes, por su parte, no parecen poder demostrar su prolijidad. Alegan que los culpables de esas desprolijidades son “terceros con intereses”. Por ejemplo, arguyen que el foliado enviado el viernes 23 de octubre pasado fue entremezclado por la secretaria que recibió el expediente en el municipio, o incluso que, después de todo, el procedimiento de ellos fue “un millón de veces más regular que la contratación de la máquina”, en referencia a las irregulares operaciones de contratación realizadas por el municipio que desencadenaron el escándalo y la destitución del “Oso”. Y uno duda. Se pregunta si efectivamente el proceso tartagalense se reduce a una cuestión de corrupción e improlijidad. Lo primero, seguro; lo segundo, repasemos.

Porque, en realidad, lo que el escándalo visibiliza es una continuidad asombrosa, inmune al vértigo de los acontecimientos mediáticos, de un tipo de práctica política que tiene varias décadas. La lógica de la misma es relativamente fácil de enunciar: una capacidad asombrosa de la clase política para autonomizar sus decisiones de las demandas y necesidades de sus representados. Intentemos resumir algunas etapas de ese proceso: hombres y mujeres de la política manifiestan su voluntaria decisión de representar a los ciudadanos; despliegan, entonces, grandes esfuerzos para lograr el objetivo; declaman, durante la campaña, que su misión es simple y profunda a la vez, la de buscar los modos de dar curso a la voluntad general. Se trata de una frase maravillosa, que responde a una concepción de la política también maravillosa: el político como representante que no monopoliza el derecho de decidir, en tanto la decisión se mantendría en su fuente de surgimiento, que es la voluntad popular. El problema, sabemos, es que se trata de un simulacro porque, una vez que el político tradicional ha logrado el objetivo, efectivamente autonomiza su capacidad técnica de decidir en nombre de todos. Justamente esto es lo que denominamos “Política sin Sujetos”. Una práctica que se realiza al margen de los sectores populares. Una política privatizada, en manos de una oligarquía que responde a corporaciones cuyos objetivos fundamentales consisten en conservar y engrandecer sus ámbitos de influencias y sus cuotas de Poder. Cuado tales corporaciones entran en contradicciones surgen las internas. Y estas responden a las mismas lógicas.

El “caso Leavy” es un buen ejemplo. Los involucrados hablan de las desprolijidades de uno y otros, y cierta prensa amplifica esa versión. Algo que es cierto, pero sólo en parte. Hay desprolijidad, por ejemplo, en lo institucional, porque Leavy en sus contrataciones, y los concejales destituyentes en su proceso, no siguieron las normas institucionales. Es desprolijo desde lo ideológico porque algunos de esos concejales, que declaran estar guiados por sus compromisos en luchar contra la corrupción, están involucrados en hechos de corrupción. Pero el proceso, por el contrario, es de una prolijidad asombrosa en cuanto a la concepción que determina la naturaleza del conflicto. Una lucha de corporaciones políticas que prescinde de los ciudadanos, moviéndose como verdaderos servicios de inteligencia, diseñando, planificando y ejecutando operaciones, manipulando historias, personalizando e involucrando a diferentes protagonistas. Los medios, por supuesto, juegan un rol importante. Video Tar, por ejemplo, es sindicado por muchos como una pieza clave en ese conflicto. No se lo puede asegurar, pero ¿quién podría negar verosimilitud a esas versiones, con la importancia y el poder que han adquirido los medios en las últimas décadas? Y es que lo que muchas veces hacen, lo hacen muy bien: construir cantidades importantes de relatos funcionales a objetivos específicos, hasta instalarlos como verdaderos. Ernesto Mertinchok, docente del Círculo de Prensa, define con precisión estas operaciones mediáticas: pequeños bocadillos azucarados o envenenados que, aunque provocan obesidad, nutren poco al consumidor que, siendo en este caso el televidente o el lector, termina comprendiendo poco de los movimientos profundos que ocurren en la sociedad en la que viven.

Cuando todo esto ocurre, es porque las corporaciones políticas protagonizan una agresiva lucha de Poder. Para algunos se trata de una interna del Frente que ganó las elecciones en el 2007. Tiene sentido. Después de todo, el plomero que destapó el escándalo lo hizo días antes de las elecciones para diputado nacional de junio, momento en que el gobernador renegaba de la decisión de Leavy de no apoyar a su candidato, Yarade. Algo que Leavy no aceptó y terminó arrasando con los votos en su ciudad. Otras hipótesis apuntan al PRS y a Andrés Zottos quien, desesperado, pretende recuperar a cualquier precio una Tartagal que alguna vez creyó suya. El PJ, dicen, no es ajeno a la conspiración, preocupado como está por seguir arremetiendo contra los aliados del ya viejo frente en su objetivo de ser la única estructura con control de todos los recursos y resortes del Estado.

Y en medio de ese enmarañado escenario, preguntarse, como lo hacen los detectives “¿Quién fue el asesino de Leavy?”, resulta complicado. No lo sabemos, y seguramente no lo sabremos. Somos parte de una provincia que, como en todas las de este, nuestro país, se sabe siempre quién ha sido muerto, pero rara vez quién ha matado. El muerto de hoy, Leavy mismo, participa de esa lógica. O al menos así parece cuando en su defensa argumenta cuestiones exclusivamente procedimentales y nulamente políticas. Posible interpretación: Leavy forma parte de esa manera de concebir la política. Una lucha de aparatos cuyos secretos rara vez se develan.