“Mal Parido”

Con la atención pediátrica, el “Nuevo Hospital” no sería tan buen negocio

El hospital materno infantil con gerenciamiento privado tendrá un presupuesto fijo de 96 millones de pesos anuales. Siendo un hospital de agudos, no podrá negar asistencia a los pacientes graves derivados de otros centros sanitarios de menor complejidad. Si los montos que el Estado paga por las prestaciones fueran insuficientes para que la empresa obtenga ganancias, es poco probable que los devotos catalanes sigan sosteniendo que se encargarán del problema.

Eva Sibila

De entrada nació mal. Con la excusa de que iban a edificar un cuarto piso sobre una estructura que encima estaba mal diseñada, retrasaron dos años la inauguración del Nuevo Hospital de Salta. La verdad es que no había presupuesto para pagar sueldos. Quince años después de la firma del convenio mediante el cual la Provincia accedió al financiamiento internacional para contar con un hospital de agudos, es decir con todas las especialidades médicas, parió una simple maternidad y la entregó a manos privadas. Por supuesto, desde el Gobierno le hicieron un bombo bárbaro para ocultarlo: “que era moderna y eficiente”, “tan pulcra y ordenada como una clínica de primera”. La realidad es que la privatización de la salud nació deforme y parece tener poco tiempo de vida.
Pero me estoy adelantando a una conclusión, por ahora, subjetiva. Esta historia comenzó a mediados de la década del ´80, durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Roberto Romero. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina se construirían seis hospitales de agudos “llave en mano”, y uno sería para Salta. En el presupuesto estaban previstos desde los más modernos equipos médicos hasta los tachitos de basura de cada rincón.
En paralelo, el proceso privatizador de la salud iba ganando espacio en el país y en la provincia. Desde 1996, los directores de áreas operativas y de hospitales comenzaron a llamarse “gerentes”, los servicios generales (cocina, lavadero, mantenimiento) fueron tercerizados y pasaron a manos de empresas privadas; dos hospitales de la ciudad de Salta pasaron a funcionar como de autogestión y se implementó el arancelamiento. Este asunto alcanzó su expresión máxima con el gerenciemiento privado del Nuevo Hospital, que se inauguró en 2001, aunque con una gran diferencia: no se abrió como un policlínico, sino que reemplazó a la vieja maternidad.

Terminó siendo una prepaga

Por supuesto que la modificación permitió que fuese un buen negocio para la Unión Transitoria de Empresas, de origen español, encargada de administrar el presupuesto del Nuevo Hospital, que sólo prestaba asistencia a las embarazadas y a los recién nacidos. Perdón, me olvidaba: también se atendían, mediante turnos anticipados, los servicios de ginecología, oftalmología, citología y enfermería. Obviamente, si alguien tenía una urgencia oftalmológica, debía recurrir al San Bernardo. Para que no queden dudas, el presupuesto del supuesto hospital, que no era más que una simple maternidad administrada por una empresa, superaba los 60 millones pesos anuales, mientras que el San Bernardo apenas superaba los 40 millones.
Había transcurrido un año desde la inauguración y ya se oían los reclamos desde el Colegio Médico de Salta y desde la siempre saturada terapia intensiva del hospital San Bernardo, que derivaba pacientes al Nuevo Hospital y eran rechazados. Los gerentes argumentaban la negativa diciendo que sólo les competía atender la terapia intensiva materna, que era su especialidad de base. No se conocían antecedentes similares en otros hospitales, pero los salteños nos acostumbramos a que las cosas fueran así. Mientras tanto, se hablaba de que en 2002 se convertiría en un hospital materno infantil. Pero los años pasaban y la obra...bien gracias.
En 2007, los socios catalanes se pelearon por 500 mil pesos o dólares. Nadie supo de cuánta guita hablaban. Las acusaciones mutuas derivaron en una quita de la concesión y el llamado a una nueva licitación. La fundación, también catalana, Santa Tecla ganó el gerenciamiento. Hasta ese momento, el negocio seguía siendo rentable. Ahora, eso estaría por verse y les explico por qué.
La política de privatización de la salud apunta a transformar el sistema sanitario público en una especie de obra social prepaga. Como cualquier negocio, el de la salud también se rige bajo la ecuación costo-beneficio. Es decir que, mientras la atención pueda limitarse a ciertas prestaciones y no a la “demanda libre” como en cualquier hospital público, las cápitas que paga el Estado hacen que la empresa solvente gastos y se quede con una ganancia por realizar el trabajo de administrar la organización.
Pero el traspaso al sistema de gerenciamiento privado del Hospital de Niños, que se produjo hace algunos días, si bien ha logrado el efectivo cumplimiento de las horas de trabajo por parte de los médicos, trajo algunos problemas para la población. Por empezar, las administradoras del Nuevo Hospital estuvieron exentas del pago de impuestos desde siempre y nunca cumplieron con la ley de arancelamiento (20% para el Estado y 80% para mejoras y redistribución a los trabajadores).
Además, algunos servicios ya no revisten tal jerarquía. Por ejemplo, el servicio que atendía a los enfermos con mielomelingoceles y el que recuperaba a los chicos desnutridos, fueron eliminados. Por otra parte, el servicio de alergia sigue funcionando en el viejo Hospital Niño Jesús de Praga, porque en el nuevo edificio no hay espacio para su funcionamiento.

Menos costos, más beneficios ¿para quién…?

Con un presupuesto de 96 millones de pesos anuales, que la Provincia destinará al funcionamiento del flamante nosocomio, no sería rentable para Santa Tecla recibir todos los casos que consideren necesario derivar los profesionales que atienden en las salitas o en los hospitales del interior, con el riesgo de que los niños no reciban la debida atención. Las internaciones serán la variable de ajuste y se supone que seguirán funcionando a “cama caliente”, como sucedió hasta el momento con la maternidad.
Pero ya no es seguro que resulte un buen negocio. En maternidad se puede reducir el costo con las estrictas normas de Santa Tecla, ya que el 90 % de los casos son personas sanas y se asiste a un evento natural (el parto). Aplicando mínimas normas de atención, el resultado es un nuevo niño en Salta, aplausos y flores, y todos felices. Claro que el 10% restante suele ser muy dramático porque, cuando en maternidad y neonatología las cosas van mal, la consecuencia puede ser muerte materna, del niño o de ambos, o en algún caso incapacidad permanente del bebé.
Distinto es atender un Hospital de Pediatría donde el 100% de los casos sí son dramáticos y exigen grandes esfuerzos del personal y gastos materiales no pasibles de mucha restricción. Si se tratara sólo de hacer cumplir el horario a los profesionales (cosa que está bien, aclaremos), no habría problemas. Pero ha de verse cuando se rechace a un niño con una diarrea banal y caiga a las pocas horas con una sepsis grave.
Como se ve, este Hospital Materno Infantil nació mal parido, fue mal construido, se lo equipó dos veces por parte del Estado Provincial y ahora peligra su rentabilidad para la empresa que lo administra…Como dijo Martín Fierro: “...árbol que nace torcido / nunca su tronco endiereza…”

Uso social para los baldíos de la ciudad

Se calcula que en cada manzana de los barrios periféricos de la ciudad hay, por lo menos, un terreno baldío privado. La falta de planificación de estos barrios, que surgieron de asentamientos muchas veces fomentados desde el mismo Estado, hace que los espacios públicos de esparcimiento escaseen.

Por J.G.R.

La semana pasada tomó visibilidad pública un tema que rara vez es tratado por los medios. Quizás de este tipo de temas no se habla generalmente porque, de alguna manera, roza uno de los tabúes de esta sociedad: el tabú de la propiedad privada, como si esta fuera sagrada o ahistórica. Sagrada porque muchas veces la propiedad privada se presenta como una institución legada por un mandato divino; y ahistórica porque, además, se la presenta como una entidad surgida con el origen mismo de la humanidad. Y es que la semana pasada se aprobó una ordenanza para el “Uso social de los terrenos baldíos” en el Concejo Deliberante, la cual tuvo una aceptable trascendencia mediática, tratándose de un tema que, si bien no afecta directamente a la propiedad privada, por lo menos la interpela.
El proyecto fue presentado por el concejal de Libres del Sur, Martín Yánez, y aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo. Consiste esta iniciativa en crear en el Municipio un Programa para uso social de los terrenos baldíos. Se prevé que en dicho programa deberán registrar un comodato aquellas organizaciones sociales, intermedias y/o civiles que tengan personería jurídica, en un acuerdo con aquellos propietarios de los terrenos baldíos que accedan a prestárselos por el periodo de cuatro años (periodo renovable cuantas veces acuerden las partes), para que tales lugares puedan ser destinados a un uso comunitario: canchitas de fútbol, huertas comunitarias, espacios para ferias barriales, espacios culturales, etc. A cambio, el municipio desgravará impositivamente a estos terrenos, eximiéndoles del pago del impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles y la tasa de baldíos, por el tiempo que dure el comodato.
Entre los fundamentos que sustentan la ordenanza, el autor utiliza un discurso que termina interpelando a la sociedad misma: “Que, dentro de la jurisdicción del ejido municipal, existe una gran cantidad de terrenos ociosos o baldíos que, en muchos casos por falta de mantenimiento, se tornan en lugares que atentan contra la seguridad de los vecinos o se transforman en focos infecciosos de dengue; son espacios que podrían ser utilizados por entidades sin fines de lucro para llevar adelante sus proyectos comunitarios, tales como huertas, espacios deportivos o emprendimientos, que por sus características requieran de un espacio suficiente para tareas grupales como talleres, aulas, etc.”
Párrafos, en definitiva, que interpelan sobre qué debe valores deben primar en una comunidad: el interés particular desmedido (al límite de tener un terreno abandonado, en un barrio, que funciona de aguantadero o foco infeccioso de dengue) o el bien común, el derecho a la salud, al esparcimiento y a la seguridad de una población. Pregunta que, sin poner en discusión la propiedad privada, la muestra como una relación social entre seres humanos, algunos de los cuales, debido a su interés desmedido, ponen en riesgo de epidemias e inseguridad a una población, y otros, que intentan acceder a espacios que permitan el desarrollo social de una ciudad que, por su densificación explosiva, pocos lugares destina para esos fines.

CUADRO 1
Tabúes

Cualquiera que haya estudiado los clásicos de la economía política (Smith, Marx o Comte) podrá observar cómo estos autores, con más o menos énfasis, a lo largo de sus obras, trataron de explicar el surgimiento de la propiedad privada. El más preciso de ellos fue Marx, que sugirió entenderla no como una cosa, sino como una relación social entre los hombres. Relación que empieza adoptar las características que hoy conocemos en un momento determinado de la historia de la humanidad, previo al surgimiento del capitalismo a fines del siglo XIII, principios del XIV. Esta relación es producto del trabajo alienado y determinó, después de un proceso histórico signado por la violencia y por la sangre, quiénes serían los poseedores de los medios de producción y quiénes estarían obligados a vender libremente su fuerza de trabajo para sobrevivir. (Capítulo XXII de El Capital – “La acumulación originaria”). Este proceso de acumulación originaria, que cambió la relación del hombre con el producto de su trabajo, con la tierra y entre los hombres, y que dio origen al la propiedad privada con las características que conocemos hoy, está velado, oculto, constituye un tabú. Por ello, cuando surgen temas que pretenden, aunque sea en un grado menor, interpelar este proceso, pasan desapercibidos o no tienen una mayor trascendencia.

Política sin sujetos

Por Daniel Avalos

El caso Leavy sigue presente en los medios. Pero su tratamiento sigue siendo casi una exclusiva cuestión de prolijidad. Todos se defienden en términos operativos. Leavy y su asesor legal aducen que el procedimiento está plagado de improlijidades y en esa falta de cuidado y esmero procedimentales asientan su defensa. Los concejales destituyentes, por su parte, no parecen poder demostrar su prolijidad. Alegan que los culpables de esas desprolijidades son “terceros con intereses”. Por ejemplo, arguyen que el foliado enviado el viernes 23 de octubre pasado fue entremezclado por la secretaria que recibió el expediente en el municipio, o incluso que, después de todo, el procedimiento de ellos fue “un millón de veces más regular que la contratación de la máquina”, en referencia a las irregulares operaciones de contratación realizadas por el municipio que desencadenaron el escándalo y la destitución del “Oso”. Y uno duda. Se pregunta si efectivamente el proceso tartagalense se reduce a una cuestión de corrupción e improlijidad. Lo primero, seguro; lo segundo, repasemos.

Porque, en realidad, lo que el escándalo visibiliza es una continuidad asombrosa, inmune al vértigo de los acontecimientos mediáticos, de un tipo de práctica política que tiene varias décadas. La lógica de la misma es relativamente fácil de enunciar: una capacidad asombrosa de la clase política para autonomizar sus decisiones de las demandas y necesidades de sus representados. Intentemos resumir algunas etapas de ese proceso: hombres y mujeres de la política manifiestan su voluntaria decisión de representar a los ciudadanos; despliegan, entonces, grandes esfuerzos para lograr el objetivo; declaman, durante la campaña, que su misión es simple y profunda a la vez, la de buscar los modos de dar curso a la voluntad general. Se trata de una frase maravillosa, que responde a una concepción de la política también maravillosa: el político como representante que no monopoliza el derecho de decidir, en tanto la decisión se mantendría en su fuente de surgimiento, que es la voluntad popular. El problema, sabemos, es que se trata de un simulacro porque, una vez que el político tradicional ha logrado el objetivo, efectivamente autonomiza su capacidad técnica de decidir en nombre de todos. Justamente esto es lo que denominamos “Política sin Sujetos”. Una práctica que se realiza al margen de los sectores populares. Una política privatizada, en manos de una oligarquía que responde a corporaciones cuyos objetivos fundamentales consisten en conservar y engrandecer sus ámbitos de influencias y sus cuotas de Poder. Cuado tales corporaciones entran en contradicciones surgen las internas. Y estas responden a las mismas lógicas.

El “caso Leavy” es un buen ejemplo. Los involucrados hablan de las desprolijidades de uno y otros, y cierta prensa amplifica esa versión. Algo que es cierto, pero sólo en parte. Hay desprolijidad, por ejemplo, en lo institucional, porque Leavy en sus contrataciones, y los concejales destituyentes en su proceso, no siguieron las normas institucionales. Es desprolijo desde lo ideológico porque algunos de esos concejales, que declaran estar guiados por sus compromisos en luchar contra la corrupción, están involucrados en hechos de corrupción. Pero el proceso, por el contrario, es de una prolijidad asombrosa en cuanto a la concepción que determina la naturaleza del conflicto. Una lucha de corporaciones políticas que prescinde de los ciudadanos, moviéndose como verdaderos servicios de inteligencia, diseñando, planificando y ejecutando operaciones, manipulando historias, personalizando e involucrando a diferentes protagonistas. Los medios, por supuesto, juegan un rol importante. Video Tar, por ejemplo, es sindicado por muchos como una pieza clave en ese conflicto. No se lo puede asegurar, pero ¿quién podría negar verosimilitud a esas versiones, con la importancia y el poder que han adquirido los medios en las últimas décadas? Y es que lo que muchas veces hacen, lo hacen muy bien: construir cantidades importantes de relatos funcionales a objetivos específicos, hasta instalarlos como verdaderos. Ernesto Mertinchok, docente del Círculo de Prensa, define con precisión estas operaciones mediáticas: pequeños bocadillos azucarados o envenenados que, aunque provocan obesidad, nutren poco al consumidor que, siendo en este caso el televidente o el lector, termina comprendiendo poco de los movimientos profundos que ocurren en la sociedad en la que viven.

Cuando todo esto ocurre, es porque las corporaciones políticas protagonizan una agresiva lucha de Poder. Para algunos se trata de una interna del Frente que ganó las elecciones en el 2007. Tiene sentido. Después de todo, el plomero que destapó el escándalo lo hizo días antes de las elecciones para diputado nacional de junio, momento en que el gobernador renegaba de la decisión de Leavy de no apoyar a su candidato, Yarade. Algo que Leavy no aceptó y terminó arrasando con los votos en su ciudad. Otras hipótesis apuntan al PRS y a Andrés Zottos quien, desesperado, pretende recuperar a cualquier precio una Tartagal que alguna vez creyó suya. El PJ, dicen, no es ajeno a la conspiración, preocupado como está por seguir arremetiendo contra los aliados del ya viejo frente en su objetivo de ser la única estructura con control de todos los recursos y resortes del Estado.

Y en medio de ese enmarañado escenario, preguntarse, como lo hacen los detectives “¿Quién fue el asesino de Leavy?”, resulta complicado. No lo sabemos, y seguramente no lo sabremos. Somos parte de una provincia que, como en todas las de este, nuestro país, se sabe siempre quién ha sido muerto, pero rara vez quién ha matado. El muerto de hoy, Leavy mismo, participa de esa lógica. O al menos así parece cuando en su defensa argumenta cuestiones exclusivamente procedimentales y nulamente políticas. Posible interpretación: Leavy forma parte de esa manera de concebir la política. Una lucha de aparatos cuyos secretos rara vez se develan.

A caballo regalado...

La UNSa recibirá fondos de la minera Bajo Alumbrera

Finalmente el día jueves último el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó la recepción de fondos provenientes de las ganancias de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) bajo concesión de Minera Alumbrera. La resolución no cierra la discusión: obliga a distinguir las distintas aristas de una decisión polémica sustentada en argumentos legales pero claramente exenta de lo ético-social.

Por Daniel Escotorín

El intento frustrado de la semana anterior de sesión del Consejo Superior por falta de quórum había dejado la incertidumbre respecto de la fuerza numérica necesaria para imponer el resultado logrado este jueves. La decisión de la rectora de la UNSa, la ingeniera Stella Maris Pérez de Bianchi, de apoyar la aceptación de los fondos quedó plasmada en un informe elaborado por una comisión ad hoc conformada por el Dr. Raúl Seggiaro, Lic. Norma Naharro y Dra. Alicia Kirschbaum, todos docentes e investigadores de la universidad. El informe de catorce páginas abunda en elementos legales y técnicos sobre la obligación legal de las mineras de contribuir financieramente a las universidades: “Consideramos que es esencial al inicio de este informe aclarar que los fondos referidos NO provienen de una donación voluntaria de la empresa La Alumbrera, sino que obedecen al cumplimiento de la ley nacional 14.771 [2], sancionada en 1958, mediante la cual se crea la empresa minera YMAD formada por el Estado Nacional, el Estado Provincial de Catamarca y la Universidad de Tucumán…” (Destacado en el original). Se explaya sobre la reglamentación en las formas de distribución. En el ítem “Cálculo de los fondos: ¿cuánto le corresponde a las Universidades?”, llegan a la conclusión de que el YMAD distribuye menos de lo que le correspondería:

“Si las utilidades giradas a YMAD en el año 2007 fueron de $782 millones, de acuerdo con el porcentaje que fija la Ley se deberían haber distribuido:

60 % a la Prov. Catamarca: $ 470 millones
20 % a la Univ. Nac. de Tucumán $ 156 millones
20 % a las Universidades Nacionales $ 156 millones
¿Por qué sólo se entregaron $ 50 millones a las Universidades?”

Es decir que los huecos administrativos o de falta de control legal no constituyen problemas de fondo en cuanto a la decisión final de un organismo estatal. Aclaremos que en este punto se trata de uno de los cuestionamientos de menor cuantía. Casi burocrático, no obstante esto se complementa con un interesante párrafo del mismo informe, que resalta la actual situación a partir de la desregulación legal y el corrimiento por parte del Estado nacional en toda forma de control sobre la actividad minera. Dice el informe al respecto: “A partir de la Reforma del Estado de 1989 y de las consiguientes privatizaciones, el Banco Mundial, grupos de empresarios y políticos, promovieron la creación de un marco jurídico que contemplara el ingreso de la gran minería mundial en Argentina bajo las mejores condiciones posibles para las empresas multinacionales involucradas y la menor injerencia del Estado y de la sociedad civil.” Evidentemente, hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol: evasión fiscal, falseamiento de datos y desregulación jurídica, corrimiento del Estado en todas sus instancias (incluidas las universidades) del control, el estudio y la investigación sobre las nuevas realidades generadas a partir de la reforma hacia el modelo neoliberal. Sin embargo, este informe recoge una variedad cualitativamente aceptable de datos relevados, informes e investigaciones que expresan: poca utilidad económica para la región, alta rentabilidad para las corporaciones transnacionales y un alto impacto ambiental en las zonas afectadas. “En marzo de 2007, la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2:’Las mediciones realizadas en Tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT (sólidos totales disueltos), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona, puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.

De igual manera, se hace referencia al impacto social que, vale aclarar, en términos de ocupación de mano de obra es relativamente bajo: ochocientos puestos de trabajo, muchos de los cuales no son mano de obra local. Lo paradójico del informe es que, luego del cuadro descripto, propone una discusión en torno al rol de las multinacionales en el campo de la minería, pero considera como una falsa disyuntiva el debate sobre aceptar o no los fondos. Muy por el contrario, propone que las universidades nacionales “exijan lo que les corresponde por ley…”, y a renglón seguido en una exacerbada muestra de relativismo pragmático plantea “que las universidades aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera La Alumbrera…” Y para completar el grave cuadro de esquizofrenia ético–intelectual proponen: “Apoyar a las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicativos y demandar que los Estados provinciales y el Estado nacional obliguen a las empresas mineras a cumplir con las leyes vigentes que protegen los derechos de las comunidades criollas e indígenas…” En resumen, aceptan que la minera contamina, evade, no paga lo que corresponde, depreda pero “Bueno… ¡venga la plata! Y ¡ah! Pobladores afectados: lo sentimos mucho, estamos con ustedes y ya haremos justicia, se lo prometemos (cuando La Alumbrera nos dé más fondos para investigarla y podamos argentinamente j… al capitalismo internacional”)

Otras voces

El debate sobre los fondos mineros no es exclusivo de la Universidad Nacional de Salta: por el contrario, afectó a otras, y las respuestas fueron igualmente disímiles. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó dichos fondos hace dos semanas y sentó un gran precedente, que además puede generar un conflicto mayor en el organismo madre de las universidades, el cuestionado CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). De la misma manera, un conflicto mayor se procesa al interior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que por la ley es socia de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), la cual explota dicho yacimiento y participa directamente en el YMAD. Allí el debate no es menor, ya que antes que solicitar el rechazo de los fondos, la pelea es para finalizar el vínculo que los une. No deja por eso de ser significativo que esta semana en el Consejo Superior de la UNT se haya resuelto realizar una Sesión Extraordinaria a pedido de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Rojas Mayer, quien solicitó que se escuche a los miembros de las distintas comunidades y organizaciones sociales que rechazan o están afectados por la Minera y sus actividades.
La sesión se realizará en la segunda quincena de noviembre. Docentes de la Universidad de Catamarca ya habían manifestado su oposición a que esta institución reciba fondos de Xtrata Cooper, otra de las empresas actuantes en la región y miembro de la UTE. Hasta ahora son ya veinte las facultades de diversas universidades que rechazaron estos fondos, entre las que se cuenta la Facultad de Humanidades de la UNSa. Asimismo, el gremio docente de la universidad, ADIUNSA, se manifestó contra los fondos, y en el último párrafo de su comunicado el gremio es tajante en cuanto a la esencia de ese dinero: “Aceptar mecanismos de chantaje de sectores económicamente poderosos contradice abiertamente contra esta pretensión” (solución de los problemas nacionales y regionales – finalidad establecida en el estatuto de la UNSa).
Por fuera del ámbito académico universitario, además de numerosas organizaciones ambientalistas, de comunidades afectadas, sociales, gremiales y políticas, dos referentes que se manifestaron y solicitaron explícitamente a las universidades el rechazo fueron el cineasta y diputado nacional electo Fernando Ezequiel Solanas, cuyo último film (“Tierra Sublevada – Parte 1 Oro Impuro”) trata este tema y fue rodado en el noroeste argentino, incluida Salta, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en su reciente visita a Salta volvió sobre este tema en la misma universidad, reiterando su pedido de rechazo a los fondos (en el mismo informe de la UNSa se lo cita).
En cualquier caso, si la disyuntiva no es aceptar o no los fondos, sino la política minera, tal como lo expresa el informe citado y que se puede bajar del sitio web de la UNSa (http://www.unsa.edu.ar/), aceptando esos fondos se está convalidando el orden actual, se lo refuerza y por el contrario se debilita al otro sector, por cuanto un gesto político masivo de rechazo forzaría en el corto plazo a discutir lo que propone el documento. En lo concreto, el neoliberalismo y su corriente intelectual relativista volvieron a triunfar. Billetera mata valores.

Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):

Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN

La delgada línea blanca

En la provincia donde llueve literalmente cocaína del cielo, y en el día de ayer, más de 1500 niños participaron de la caminata de concientización contra las drogas. El secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farquarson, encabezó la marcha y aseguró que por parte del Estado, responder tiene que ver con desarrollar estrategias preventivas, dado que el problema no está por venir: ya llegó, ya está instalado. También señaló que una de las fallas fundamentales de esta problemática es la ausencia de políticas en la lucha contra el narcotráfico.

Por Daniel Medina

“La droga te mata; la droga te quema las neuronas”. “No consumas tu vida y la de tu familia”. “Dios te ama, no te destruyas”. “Todos los problemas tienen solución. No te dejes ganar”. “Chicos, ¡¡no se droguen!!” Estas son algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles improvisados por alumnos secundarios en la marcha que ayer a la mañana anegó las calles salteñas para luchar contra la drogadicción.
Encabezada por una murga, y por un chico de no más de ocho años, vestido todo de negro, con una máscara de “la muerte”, un tridente rojo y un cartel identificatorio que decía “Soy la DROGA”, la caminata partió desde la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, en calle Rivadavia y terminó con una suelta de globos en la plaza principal.
El grueso de la columna, si bien contó con la participación de funcionarios del gobierno provincial, lo más destacable es que se conformó con más de 1.500 jóvenes, de distintas escuelas, ONGs y hasta chicos de la academia de policía.
En una provincia en la que la droga llueve literalmente del cielo, la problemática de las adicciones se ha vuelto, ahora, insoslayable: cuatro salteños acuden por día a la Secretaría de Lucha contra las Adicciones para ser tratados. Fueron alrededor de 700 en el primer semestre y la mayoría tiene entre 15 y 29 años.

La lucha

Gustavo Farquarson, Secretario de Lucha contra las Adicciones, afirmó que organizaron esta semana una jornada de sensibilización denominada “Juntos Podemos”, para ahondar en el trabajo de concientización de los ciudadanos. Por eso repartieron folletos en la Plazoleta Cuatro Siglos y entablaron diálogos con los interesados, junto a las ONGs con las que vienen desarrollando diversas actividades en materia de prevención y asistencia. “Fue una semana muy positiva. El objetivo era cerrarla con una caminata, a la cual hemos convocado a toda la sociedad, a las escuelas, a los centros vecinales, a la policía, las organizaciones sociales, con la idea de encolumnarnos detrás de un objetivo común, que es vivir en una sociedad mejor, sin drogas, una sociedad sin adicciones”, relató el Secretario.
“Responder tiene que ver con desarrollar estrategias preventivas –sostiene Farquharson-, tanto específicas como inespecíficas, bien delineadas; pero, de modo impostergable, implica también ocuparse fuertemente del aspecto asistencial, dado que el problema no está por venir: ya llegó, ya está instalado.”
El funcionario además realizó un balance de estos casi dos años de gestión en una Secretaría que fue creada recién con la nueva Ley de Ministerios, vigente desde el 11 de diciembre de 2007. La Secretaría fue pensada para que el Estado Provincial diseñe, coordine, ejecute y supervise las diversas acciones referidas a la prevención y la asistencia de las adicciones. Además, esta Secretaría cubre los costos de los tratamientos, lo cual tiene un doble alcance: beneficia a los afectados por la problemática en tanto les permite el acceso a un proceso terapéutico que no podrían costear (sólo el 4,9% de las consultas desde que existe el organismo corresponde a personas con cobertura de obra social), a la vez que vuelve viable el sostenimiento de las instituciones dedicadas a esta tarea.
Con el gobierno anterior, sólo existía una sola institución, no gubernamental, de tratamiento de adicciones en toda la provincia, por lo que la capacidad de cobertura de la demanda de atención era decididamente reducida. Al igual que en los 90’, el Estado salteño estaba ausente. “La existencia de una Secretaría de Lucha contra las Adicciones, por el contrario, vehiculizó la apertura de un debate que estaba aletargado en la opinión pública, que casi no figuraba en la agenda de los medios y, sobre todo, tomó la asistencia de los adictos como una responsabilidad que puede compartirse y articularse con diferentes actores sociales pero, en modo alguno, dejar de tener al Estado como organizador y referente principal”, expresó Farquarson.

La semilla del mal
“Una de las fallas fundamentales de esta problemática es ausencia de políticas en la lucha contra el narcotráfico”, dijo el Secretario de Lucha contra las Adicciones. El Jefe de División Drogas Peligrosas de la policía de la provincia, Simon Pistán, quien dispuso de personal para integrar la marcha de ayer, dijo que la presencia de miembros de la fuerza es una manifestación de apoyo a la lucha contra el flagelo de las drogas.
El tema del narcotráfico ocupa en estos días los principales espacios de los medios de comunicación de Salta. Los operativos, con puestas en escenas recargadas, definitivamente cinematográficas, han recibido el apoyo de la población, pero al mismo tiempo han despertado otra pregunta: ¿Por qué recién ahora se preocupan por el narcotráfico?

Datos Calientes
El tráfico y el consumo de estupefacientes se han disparado exponencialmente en estos últimos años en todo el país.
El último estudio a fondo realizado por la SEDRONAR da cuenta de una realidad alarmante. El 73% de las personas consume alcohol, el 51% tabaco, el 16% marihuana y casi el 8% cocaína. El 1.8% de la población encuestada manifestó haber consumido alguna vez hashis; el 1.6%, alucinógenos; el 1.4%, éxtasis; el 1.2%, solventes o sustancias inhalables y el 1%, pasta base-paco. Heroína, opio, morfina y ketamina, tienen prevalencia de vida inferiores al 0.5% de la población bajo estudio.
La edad promedio de inicio en el consumo de marihuana se ubica entre los 17 y 18 años sin diferencias entre las regiones. El estudio revela asimismo que el consumo de pasta base presenta edades promedios de inicio en el consumo muy diferentes según las regiones: mientras en el NEA se ubica en los 14 años, en el NOA es a los 16 años; en el Área Metropolitana y Pampeana, a los 18 años y en Cuyo y la Patagonia, a los 21 años.
En cuanto al consumo de pasta base o “paco”, de las 85 mil personas que confesaron en el país haber consumido, el 6.4% dijo que el uso fue experimental, mensual para el 22.9% y semanal para el 37.7%. El 12.7% de los usuarios tuvieron consumo diario de pasta base. Lo peor de todo es que los estudios sobre pasta base son del 2006 y el mismo Farquharson manifestó que el crecimiento de consumo de esta sustancia es insoslayable: casi el 80% de los casos que atienden en la Secretaría tienen que ver con esto.
El índice de vulnerabilidad es fundamental para poder proyectar cómo se dispararán los índices de consumo. En el NOA, a uno de cada dos habitantes le resulta fácil conseguir marihuana. Este índice sólo es superado por Capital Federal. El 41.6% de la población dijo tener amigos o familiares que se emborrachan; el 28.6% manifestó tener amigos o familiares que consumen drogas como marihuana y cocaína, entre otras. Desde luego, esto se asocia a una mayor tasa de consumo para todas las sustancias.
Siguiendo con la misma encuesta, la misma reveló que al 28.4% de la población le ofrecieron drogas. La oferta de marihuana alcanzó al 95.2% de este total; la de cocaína, al 56.3%; la de pasta base o paco, al 24.6% y la de éxtasis, al 24%. La población ha recibido, en los últimos treinta días, más oferta de marihuana y cocaína que de pasta base y éxtasis. Y la oferta reciente o la ocurrida durante el último año, es del 41.6% de marihuana, 23.3% de cocaína, 12.7% de pasta base o paco y 11.3% de éxtasis.
Como respuesta, en Salta, los lugares donde tratar estas patologías creció de manera importante, con los propios programas estatales (Puente, Puente Norte – Tartagal, Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Orán, Unidad de Acompañamiento Nocturno y el Centro de Rehabilitación Integral, próximo a inaugurarse), que antes no existían, más los que brindan algunas ONGs, que, salvo Betania –fundada a mediados de los ochenta– tampoco existían, ya que, entre otras cosas, es imposible sostener un emprendimiento institucional en el cual el 95 por ciento de los beneficiarios no puede pagar por los servicios recibidos. A la fecha, son tres las ONGs con las cuales la Secretaría de Lucha contra las Adicciones mantiene convenios prestacionales para la atención de adictos.