A caballo regalado...

La UNSa recibirá fondos de la minera Bajo Alumbrera

Finalmente el día jueves último el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó la recepción de fondos provenientes de las ganancias de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) bajo concesión de Minera Alumbrera. La resolución no cierra la discusión: obliga a distinguir las distintas aristas de una decisión polémica sustentada en argumentos legales pero claramente exenta de lo ético-social.

Por Daniel Escotorín

El intento frustrado de la semana anterior de sesión del Consejo Superior por falta de quórum había dejado la incertidumbre respecto de la fuerza numérica necesaria para imponer el resultado logrado este jueves. La decisión de la rectora de la UNSa, la ingeniera Stella Maris Pérez de Bianchi, de apoyar la aceptación de los fondos quedó plasmada en un informe elaborado por una comisión ad hoc conformada por el Dr. Raúl Seggiaro, Lic. Norma Naharro y Dra. Alicia Kirschbaum, todos docentes e investigadores de la universidad. El informe de catorce páginas abunda en elementos legales y técnicos sobre la obligación legal de las mineras de contribuir financieramente a las universidades: “Consideramos que es esencial al inicio de este informe aclarar que los fondos referidos NO provienen de una donación voluntaria de la empresa La Alumbrera, sino que obedecen al cumplimiento de la ley nacional 14.771 [2], sancionada en 1958, mediante la cual se crea la empresa minera YMAD formada por el Estado Nacional, el Estado Provincial de Catamarca y la Universidad de Tucumán…” (Destacado en el original). Se explaya sobre la reglamentación en las formas de distribución. En el ítem “Cálculo de los fondos: ¿cuánto le corresponde a las Universidades?”, llegan a la conclusión de que el YMAD distribuye menos de lo que le correspondería:

“Si las utilidades giradas a YMAD en el año 2007 fueron de $782 millones, de acuerdo con el porcentaje que fija la Ley se deberían haber distribuido:

60 % a la Prov. Catamarca: $ 470 millones
20 % a la Univ. Nac. de Tucumán $ 156 millones
20 % a las Universidades Nacionales $ 156 millones
¿Por qué sólo se entregaron $ 50 millones a las Universidades?”

Es decir que los huecos administrativos o de falta de control legal no constituyen problemas de fondo en cuanto a la decisión final de un organismo estatal. Aclaremos que en este punto se trata de uno de los cuestionamientos de menor cuantía. Casi burocrático, no obstante esto se complementa con un interesante párrafo del mismo informe, que resalta la actual situación a partir de la desregulación legal y el corrimiento por parte del Estado nacional en toda forma de control sobre la actividad minera. Dice el informe al respecto: “A partir de la Reforma del Estado de 1989 y de las consiguientes privatizaciones, el Banco Mundial, grupos de empresarios y políticos, promovieron la creación de un marco jurídico que contemplara el ingreso de la gran minería mundial en Argentina bajo las mejores condiciones posibles para las empresas multinacionales involucradas y la menor injerencia del Estado y de la sociedad civil.” Evidentemente, hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol: evasión fiscal, falseamiento de datos y desregulación jurídica, corrimiento del Estado en todas sus instancias (incluidas las universidades) del control, el estudio y la investigación sobre las nuevas realidades generadas a partir de la reforma hacia el modelo neoliberal. Sin embargo, este informe recoge una variedad cualitativamente aceptable de datos relevados, informes e investigaciones que expresan: poca utilidad económica para la región, alta rentabilidad para las corporaciones transnacionales y un alto impacto ambiental en las zonas afectadas. “En marzo de 2007, la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2:’Las mediciones realizadas en Tarea 5 indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT (sólidos totales disueltos), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona, puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.

De igual manera, se hace referencia al impacto social que, vale aclarar, en términos de ocupación de mano de obra es relativamente bajo: ochocientos puestos de trabajo, muchos de los cuales no son mano de obra local. Lo paradójico del informe es que, luego del cuadro descripto, propone una discusión en torno al rol de las multinacionales en el campo de la minería, pero considera como una falsa disyuntiva el debate sobre aceptar o no los fondos. Muy por el contrario, propone que las universidades nacionales “exijan lo que les corresponde por ley…”, y a renglón seguido en una exacerbada muestra de relativismo pragmático plantea “que las universidades aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera La Alumbrera…” Y para completar el grave cuadro de esquizofrenia ético–intelectual proponen: “Apoyar a las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicativos y demandar que los Estados provinciales y el Estado nacional obliguen a las empresas mineras a cumplir con las leyes vigentes que protegen los derechos de las comunidades criollas e indígenas…” En resumen, aceptan que la minera contamina, evade, no paga lo que corresponde, depreda pero “Bueno… ¡venga la plata! Y ¡ah! Pobladores afectados: lo sentimos mucho, estamos con ustedes y ya haremos justicia, se lo prometemos (cuando La Alumbrera nos dé más fondos para investigarla y podamos argentinamente j… al capitalismo internacional”)

Otras voces

El debate sobre los fondos mineros no es exclusivo de la Universidad Nacional de Salta: por el contrario, afectó a otras, y las respuestas fueron igualmente disímiles. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó dichos fondos hace dos semanas y sentó un gran precedente, que además puede generar un conflicto mayor en el organismo madre de las universidades, el cuestionado CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). De la misma manera, un conflicto mayor se procesa al interior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que por la ley es socia de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), la cual explota dicho yacimiento y participa directamente en el YMAD. Allí el debate no es menor, ya que antes que solicitar el rechazo de los fondos, la pelea es para finalizar el vínculo que los une. No deja por eso de ser significativo que esta semana en el Consejo Superior de la UNT se haya resuelto realizar una Sesión Extraordinaria a pedido de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Rojas Mayer, quien solicitó que se escuche a los miembros de las distintas comunidades y organizaciones sociales que rechazan o están afectados por la Minera y sus actividades.
La sesión se realizará en la segunda quincena de noviembre. Docentes de la Universidad de Catamarca ya habían manifestado su oposición a que esta institución reciba fondos de Xtrata Cooper, otra de las empresas actuantes en la región y miembro de la UTE. Hasta ahora son ya veinte las facultades de diversas universidades que rechazaron estos fondos, entre las que se cuenta la Facultad de Humanidades de la UNSa. Asimismo, el gremio docente de la universidad, ADIUNSA, se manifestó contra los fondos, y en el último párrafo de su comunicado el gremio es tajante en cuanto a la esencia de ese dinero: “Aceptar mecanismos de chantaje de sectores económicamente poderosos contradice abiertamente contra esta pretensión” (solución de los problemas nacionales y regionales – finalidad establecida en el estatuto de la UNSa).
Por fuera del ámbito académico universitario, además de numerosas organizaciones ambientalistas, de comunidades afectadas, sociales, gremiales y políticas, dos referentes que se manifestaron y solicitaron explícitamente a las universidades el rechazo fueron el cineasta y diputado nacional electo Fernando Ezequiel Solanas, cuyo último film (“Tierra Sublevada – Parte 1 Oro Impuro”) trata este tema y fue rodado en el noroeste argentino, incluida Salta, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien en su reciente visita a Salta volvió sobre este tema en la misma universidad, reiterando su pedido de rechazo a los fondos (en el mismo informe de la UNSa se lo cita).
En cualquier caso, si la disyuntiva no es aceptar o no los fondos, sino la política minera, tal como lo expresa el informe citado y que se puede bajar del sitio web de la UNSa (http://www.unsa.edu.ar/), aceptando esos fondos se está convalidando el orden actual, se lo refuerza y por el contrario se debilita al otro sector, por cuanto un gesto político masivo de rechazo forzaría en el corto plazo a discutir lo que propone el documento. En lo concreto, el neoliberalismo y su corriente intelectual relativista volvieron a triunfar. Billetera mata valores.

Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):

Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN

La delgada línea blanca

En la provincia donde llueve literalmente cocaína del cielo, y en el día de ayer, más de 1500 niños participaron de la caminata de concientización contra las drogas. El secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farquarson, encabezó la marcha y aseguró que por parte del Estado, responder tiene que ver con desarrollar estrategias preventivas, dado que el problema no está por venir: ya llegó, ya está instalado. También señaló que una de las fallas fundamentales de esta problemática es la ausencia de políticas en la lucha contra el narcotráfico.

Por Daniel Medina

“La droga te mata; la droga te quema las neuronas”. “No consumas tu vida y la de tu familia”. “Dios te ama, no te destruyas”. “Todos los problemas tienen solución. No te dejes ganar”. “Chicos, ¡¡no se droguen!!” Estas son algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles improvisados por alumnos secundarios en la marcha que ayer a la mañana anegó las calles salteñas para luchar contra la drogadicción.
Encabezada por una murga, y por un chico de no más de ocho años, vestido todo de negro, con una máscara de “la muerte”, un tridente rojo y un cartel identificatorio que decía “Soy la DROGA”, la caminata partió desde la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, en calle Rivadavia y terminó con una suelta de globos en la plaza principal.
El grueso de la columna, si bien contó con la participación de funcionarios del gobierno provincial, lo más destacable es que se conformó con más de 1.500 jóvenes, de distintas escuelas, ONGs y hasta chicos de la academia de policía.
En una provincia en la que la droga llueve literalmente del cielo, la problemática de las adicciones se ha vuelto, ahora, insoslayable: cuatro salteños acuden por día a la Secretaría de Lucha contra las Adicciones para ser tratados. Fueron alrededor de 700 en el primer semestre y la mayoría tiene entre 15 y 29 años.

La lucha

Gustavo Farquarson, Secretario de Lucha contra las Adicciones, afirmó que organizaron esta semana una jornada de sensibilización denominada “Juntos Podemos”, para ahondar en el trabajo de concientización de los ciudadanos. Por eso repartieron folletos en la Plazoleta Cuatro Siglos y entablaron diálogos con los interesados, junto a las ONGs con las que vienen desarrollando diversas actividades en materia de prevención y asistencia. “Fue una semana muy positiva. El objetivo era cerrarla con una caminata, a la cual hemos convocado a toda la sociedad, a las escuelas, a los centros vecinales, a la policía, las organizaciones sociales, con la idea de encolumnarnos detrás de un objetivo común, que es vivir en una sociedad mejor, sin drogas, una sociedad sin adicciones”, relató el Secretario.
“Responder tiene que ver con desarrollar estrategias preventivas –sostiene Farquharson-, tanto específicas como inespecíficas, bien delineadas; pero, de modo impostergable, implica también ocuparse fuertemente del aspecto asistencial, dado que el problema no está por venir: ya llegó, ya está instalado.”
El funcionario además realizó un balance de estos casi dos años de gestión en una Secretaría que fue creada recién con la nueva Ley de Ministerios, vigente desde el 11 de diciembre de 2007. La Secretaría fue pensada para que el Estado Provincial diseñe, coordine, ejecute y supervise las diversas acciones referidas a la prevención y la asistencia de las adicciones. Además, esta Secretaría cubre los costos de los tratamientos, lo cual tiene un doble alcance: beneficia a los afectados por la problemática en tanto les permite el acceso a un proceso terapéutico que no podrían costear (sólo el 4,9% de las consultas desde que existe el organismo corresponde a personas con cobertura de obra social), a la vez que vuelve viable el sostenimiento de las instituciones dedicadas a esta tarea.
Con el gobierno anterior, sólo existía una sola institución, no gubernamental, de tratamiento de adicciones en toda la provincia, por lo que la capacidad de cobertura de la demanda de atención era decididamente reducida. Al igual que en los 90’, el Estado salteño estaba ausente. “La existencia de una Secretaría de Lucha contra las Adicciones, por el contrario, vehiculizó la apertura de un debate que estaba aletargado en la opinión pública, que casi no figuraba en la agenda de los medios y, sobre todo, tomó la asistencia de los adictos como una responsabilidad que puede compartirse y articularse con diferentes actores sociales pero, en modo alguno, dejar de tener al Estado como organizador y referente principal”, expresó Farquarson.

La semilla del mal
“Una de las fallas fundamentales de esta problemática es ausencia de políticas en la lucha contra el narcotráfico”, dijo el Secretario de Lucha contra las Adicciones. El Jefe de División Drogas Peligrosas de la policía de la provincia, Simon Pistán, quien dispuso de personal para integrar la marcha de ayer, dijo que la presencia de miembros de la fuerza es una manifestación de apoyo a la lucha contra el flagelo de las drogas.
El tema del narcotráfico ocupa en estos días los principales espacios de los medios de comunicación de Salta. Los operativos, con puestas en escenas recargadas, definitivamente cinematográficas, han recibido el apoyo de la población, pero al mismo tiempo han despertado otra pregunta: ¿Por qué recién ahora se preocupan por el narcotráfico?

Datos Calientes
El tráfico y el consumo de estupefacientes se han disparado exponencialmente en estos últimos años en todo el país.
El último estudio a fondo realizado por la SEDRONAR da cuenta de una realidad alarmante. El 73% de las personas consume alcohol, el 51% tabaco, el 16% marihuana y casi el 8% cocaína. El 1.8% de la población encuestada manifestó haber consumido alguna vez hashis; el 1.6%, alucinógenos; el 1.4%, éxtasis; el 1.2%, solventes o sustancias inhalables y el 1%, pasta base-paco. Heroína, opio, morfina y ketamina, tienen prevalencia de vida inferiores al 0.5% de la población bajo estudio.
La edad promedio de inicio en el consumo de marihuana se ubica entre los 17 y 18 años sin diferencias entre las regiones. El estudio revela asimismo que el consumo de pasta base presenta edades promedios de inicio en el consumo muy diferentes según las regiones: mientras en el NEA se ubica en los 14 años, en el NOA es a los 16 años; en el Área Metropolitana y Pampeana, a los 18 años y en Cuyo y la Patagonia, a los 21 años.
En cuanto al consumo de pasta base o “paco”, de las 85 mil personas que confesaron en el país haber consumido, el 6.4% dijo que el uso fue experimental, mensual para el 22.9% y semanal para el 37.7%. El 12.7% de los usuarios tuvieron consumo diario de pasta base. Lo peor de todo es que los estudios sobre pasta base son del 2006 y el mismo Farquharson manifestó que el crecimiento de consumo de esta sustancia es insoslayable: casi el 80% de los casos que atienden en la Secretaría tienen que ver con esto.
El índice de vulnerabilidad es fundamental para poder proyectar cómo se dispararán los índices de consumo. En el NOA, a uno de cada dos habitantes le resulta fácil conseguir marihuana. Este índice sólo es superado por Capital Federal. El 41.6% de la población dijo tener amigos o familiares que se emborrachan; el 28.6% manifestó tener amigos o familiares que consumen drogas como marihuana y cocaína, entre otras. Desde luego, esto se asocia a una mayor tasa de consumo para todas las sustancias.
Siguiendo con la misma encuesta, la misma reveló que al 28.4% de la población le ofrecieron drogas. La oferta de marihuana alcanzó al 95.2% de este total; la de cocaína, al 56.3%; la de pasta base o paco, al 24.6% y la de éxtasis, al 24%. La población ha recibido, en los últimos treinta días, más oferta de marihuana y cocaína que de pasta base y éxtasis. Y la oferta reciente o la ocurrida durante el último año, es del 41.6% de marihuana, 23.3% de cocaína, 12.7% de pasta base o paco y 11.3% de éxtasis.
Como respuesta, en Salta, los lugares donde tratar estas patologías creció de manera importante, con los propios programas estatales (Puente, Puente Norte – Tartagal, Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Orán, Unidad de Acompañamiento Nocturno y el Centro de Rehabilitación Integral, próximo a inaugurarse), que antes no existían, más los que brindan algunas ONGs, que, salvo Betania –fundada a mediados de los ochenta– tampoco existían, ya que, entre otras cosas, es imposible sostener un emprendimiento institucional en el cual el 95 por ciento de los beneficiarios no puede pagar por los servicios recibidos. A la fecha, son tres las ONGs con las cuales la Secretaría de Lucha contra las Adicciones mantiene convenios prestacionales para la atención de adictos.

Las teorías imperdonables

En teoría, la modernidad aportó a la humanidad una nueva concepción de la infancia al convertir a los niños en objeto de cuidado y protección eximido de toda responsabilidad social. A pesar de ello, en la Salta actual, legisladores, sectores empresariales y medios que se autoproclaman partidarios del sentido común, siguen debatiendo abierta o veladamente las supuestas “ventajas” del trabajo infantil. El último estudio producido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizado en el 2005, muestra que en el NOA el 62% de los menores que realizan algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada.

Por Juan Pablo Balderrama (Economista ISEPCI Salta - AEDA)

Javier David, por ejemplo, vertió durante una entrevista realizada una semana antes de las elecciones de septiembre sus apreciaciones sobre algunos de los males que aquejan a nuestra provincia: pobreza, desempleo y adicciones. En una muestra de extrema heterodoxia, se alejó de todas las teorías existentes que versan sobre las relaciones entre estos conceptos, dando nacimiento a una nueva explicación, no del todo convincente, acerca de las implicancias de cada uno. Al parecer, para el ahora diputado electo, no existe relación entre pobreza y adicciones: “Todos se drogan, tanto ricos como pobres, no con lo mismo, pero al final todos se drogan; este no es un problema de sólo un sector de la población”. La proliferación de la venta y consumo de estupefacientes en las villas de la ciudad (que hoy empiezan a desmontarse con el accionar policial), poco tiene que ver, según David, con las situaciones de marginalidad a la que se ven expuestos los excluidos del sistema económico. Olvida que la mayoría de las crecientes consultas relacionadas a las adicciones en los centros de salud y en los hospitales pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.
Si bien el representante del Frente Salteño alegó que uno de los factores que determina la “inseguridad” es la drogadicción, no identificó el crecimiento de esta con el desempleo, y expresó que sería mucho más efectiva la creación de juntas vecinales que ayuden a la policía antes que una política clara de empleo. Esto deja entrever una contradicción diametral con cualquier tipo de apreciación sobre el trabajo, ya sea sociológica o económica, progresista o no; recordemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toma al trabajo como mucho más que una fuente de ingresos proveniente de la venta de mano de obra, sino también como un factor de inclusión social que permite a los individuos adquirir un rol preponderante en la sociedad, dotándolos de dignidad y permitiendo el normal desenvolvimiento y disfrute de los derechos de los que son acreedores por el simple hecho de ser hombres. Por lo visto, según la OIT, el trabajo parece ser una buena solución para algunos de los flagelos a los que es arrojada gran parte de la población salteña.
La desigualdad, pese a que muchos dirigentes pretendan desviar la mirada, es un problema que aflige a todas las economías subdesarrolladas, y sobre todo en América Latina, la región más desigual del mundo, región que actualmente atraviesa una transformación estructural que intenta revertir estos indicadores. Argentina no se ve exenta; los indicadores (índice de Gini) arrojan que la franja de población con mayores ingresos gana 30 veces lo que gana la más baja. Esta situación tiende a agravarse en las provincias del norte de la Nación, tanto del NOA como del NEA. En el caso de Salta, estudios del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos y Laborales) de la Universidad Nacional de La Plata sitúan a la provincia entre las más desiguales del país. Para ser más ilustrativos, podemos decir que la franja de población de mayores ingresos gana cerca de 41 veces lo que gana la más pobre.

Diversidad Teórica

David no fue el único en expresarse al respecto: resulta ser que Salta ha tomado la posta en ser una fuente inagotable de conocimiento sobre el mercado de trabajo y sus implicancias sociales. La siguiente alocución se la debemos a la brillantez de varios diputados provinciales, como lo es el caso de Carlos “Querubín” Sosa, Omar Soches López y Juan Rosario Mazzone, quienes, burlando toda consideración a los derechos humanos y del niño, evadieron condenar abiertamente el trabajo infantil en la legislatura provincial. Todos los involucrados son representantes de departamentos en donde la actividad agrícola utiliza mano de obra infantil, lo cual demuestra también el lamentable diagnóstico que tienen estos diputados de la realidad socioeconómica de las jurisdicciones que representan. Sin embargo, y acostumbrados al exquisito desarrollo intelectual salteño, otras voces como las del intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, y del director de la Junta Arquidiocesana de la Catequesis del Arzobispado de Salta, Arturo Gómez Augier, no se hicieron esperar en su pronunciamiento a favor de la labor infantil. A su modo, acompañaron la postura Martín Grande y el Diario El Tribuno.
Pese a que las condiciones de explotación a la que están expuestos los trabajadores agrícolas rozan la servidumbre, es mucho más preocupante la situación por la que atraviesan los hijos de los mismos, quienes muchas veces son sustraídos de la educación a muy temprana edad y obligados a soportar condiciones de explotación intolerables. Más precisamente, según un estudio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el NOA el 62% de los menores que realiza algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada. Estos datos resultan ser macabros, no sólo por la cantidad notoria de población infantil afectada, sino también por los efectos que tiene entre los involucrados. Los efectos aludidos repercuten en la generación expuesta al trabajo y en sus descendientes, generándose un fenómeno al que se le puede llamar “transferencia intergeneracional de la pobreza”. Los niños que hoy trabajan tienen un desarrollo cognitivo inferior a los que no, en parte por el cansancio producido por la actividad que realizan y en parte por el hecho de haber abandonado sus estudios. No importa cuál fuere la posición teórica, existe un hecho concreto: la retribución por la actividad laboral depende directamente de la formación de los trabajadores. Así, los mejores puestos de trabajo, con mayores salarios y condiciones laborales óptimas son ocupados por personas que cuentan con la educación requerida, mientras que aquellos niños que hoy no acceden a la educación (secundaria y hasta primaria) serán mañana trabajadores que no accedan a buenos niveles de ingreso y padres de familia que a su vez no podrán brindar una adecuada educación a sus hijos, generándose un círculo vicioso expansivo, puesto que las familias de menores ingresos son aquellas con mayor cantidad de hijos.
De todas formas, la culpabilidad no termina con la barbarie de la legitimación del trabajo infantil, sino con aquellos que lucran con eso, quienes tienen una cuota de responsabilidad mucho más alta. Según los datos, el sector agropecuario ha sido uno de los más beneficiados durante los últimos años, el crecimiento de los precios de sus productos ha sido particularmente favorable, por lo que el Valor Bruto de Producción del sector en el año 2008 rondó los 4.800 millones de pesos corrientes (estimado a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta y del Ministerio de Economía de la Nación). Por otra parte, este mismo sector mantuvo, según un estudio reciente de la CEPAL, para periodos cercanos, alrededor del 67% de sus trabajadores en situación informal, es decir, en negro, sin aportes, o bien, como lo estipula el Ministerio de Trabajo de la Nación, alejados del trabajo decente. Como se puede observar, cualquier costo asumido para poner en blanco a sus empleados es irrisoriamente pequeño, dados los astronómicos ingresos que genera este sector de la economía. Por lo que se puede asumir que esta masa de trabajadores se encuentra en esta situación debido a la falta no de ingresos de sus empleadores, sino de escrúpulos de los mismos. Y esto sin tener en cuenta la mano de obra infantil, puesto que los menores de catorce años son no PEA y no entran en esta calificación.
La situación de los niños que trabajan en el campo es por demás delicada, y si las instituciones encargadas de defenderlos miran hacia otro lado, se vuelve mucho peor. En Orán, durante el año 2006, el abogado Hernán Mascietti denunció que niños de siete años en adelante se encontraban realizando labores forzadas en el Ingenio “El Tabacal”. La labor de estos chicos consistía en ser “piedreros”, como ellos lo llaman, es decir, eran los encargados de descubrir y levantar las piedras que podrían entorpecer el terreno donde pasan las maquinarias para preparar la tierra para la cosecha. Los chicos describen en la denuncia que muchas veces el peso de las piedras era tan grande que tenían que alzarlas entre siete u ocho niños sin más elementos que un par de bolsas de arpillera cruzadas por debajo, por lo que de vez en cuando uno tenía que ir abajo para empujarlas y así poder subirlas a las camionetas. Esta denuncia, que de por sí ya es violatoria de tratados de jerarquía constitucional, no fue tenida en cuenta, y esto no tuvo ninguna repercusión entre las autoridades ante quienes fue presentada la denuncia, pero sí entre familiares y amigos de un niño de quince años que murió como consecuencia de esta labor y de otro de diecisiete, quien sufrió severas lesiones.
Ante esta crisis de identidad de la institucionalidad política, cabe preguntarse si es preferible defender los márgenes de utilidades obtenidos por la utilización de manos jóvenes o defender los derechos de la niñez y la juventud. Porque, en algún punto, tenemos que ser justos, el trabajo infantil tiene su racionalidad económica, cuesta muy poco emplear a un niño para que haga las labores de un adulto, puede tener una productividad cercana, puesto que no se necesitan muchas destrezas (sólo aguantar), pero su costo es ínfimo; por ende, a los empresarios les resulta bastante conveniente su actividad.

La crisis del agua llegó hace rato

Mientras se solucionan situaciones puntuales en los barrios salteños, lejos está la respuesta al problema de fondo. Un ejemplo concreto de las bajas de algunas de las napas subterráneas lo constituye el Barrio Castañares, en donde las mediciones realizadas por los expertos confirmaron las notables mermas en el caudal de agua.

Por Eva Sibila

Acuíferos contaminados y una considerable baja en las napas de agua subterránea son los ejes fundamentales que orientan el estudio que, se supone, está realizando la Provincia para determinar con qué reservas cuenta la ciudad de Salta. Mientras tanto, los reclamos por falta del servicio domiciliario o por prestaciones deficientes continúan haciéndose oír desde distintos puntos de la capital y también en muchas localidades del interior de la Provincia.

La cancelación del contrato con la empresa Aguas de Salta, hasta el momento poco cambió la situación y al parecer será muy costoso lograrlo; es sabido que la empresa no realizó inversiones o que las mismas fueron escasas (con la excepción de los medidores), lo que permitió a la compañía facturar por largos años, sin costo alguno, por administrar el servicio de distribución domiciliaria del líquido vital. Un negocio redondo para el sector privado, que nos costará muy caro a todos.

En la Secretaría de Recursos Hídricos existen datos aislados pero muy concretos, que demuestran un déficit de agua potable disponible, con la infraestructura actual, respecto a la cantidad de población, algo que motiva las continuas protestas de vecinos que no acceden a un servicio eficiente y, peor aún, a un derecho fundamental. Un ejemplo definido son las mediciones que los expertos realizaron en perforaciones ubicadas en el barrio Castañares, donde hubo notables mermas en el caudal de agua. Según se comprobó desde Recursos Hídricos, hasta hace algunos años el líquido estaba a 20 metros de profundidad y hoy está a 70 metros.

Por otra parte, se sabe que el organismo estatal planteó la intención de hacer un mapa de vulnerabilidad de acuíferos poco profundos, dado que algunos pozos debieron ser tapados porque estaban contaminados. Al parecer la idea es saber realmente cuáles son las napas potables en cada zona. Por ejemplo, el agua subterránea en el sector norte de la ciudad está contaminada con nitratos, debido a la falta de cloacas. Según opinan los especialistas, allí deberían hacerse pozos más profundos que en otros lugares para encontrar agua apta para el consumo humano y evitar la contaminación. Se sumaría el problema de que el subsuelo no es homogéneo en ese sector de la ciudad y las perforaciones deberían hacerse únicamente en suelos arcillosos, ya que son impermeables.

Responsabilidades

En la construcción y mantenimiento de infraestructura para el acceso universal al agua potable, hay responsabilidades compartidas entre el gobierno y el sector privado. Desde el Estado, se entregó la administración de un servicio público, sin obligar a realizar inversiones a los concesionarios. Por su parte, Aguas de Salta jamás construyó obras para mitigar la crisis actual, dado que desde su departamento de relaciones institucionales se adjudicaban la mera administración de las instalaciones existentes.
La ineficiencia absoluta de la firma provocó que a mediados de año, el Gobierno de la Provincia rescindiera el contrato y, con el nombre de Aguas del Norte, creara una compañía mixta, donde la Provincia participa con el 20% de las acciones. Pero cómo confiar en que el Estado intervenga en la solución de este problema vital, la falta de agua potable, si los mismos que dicen defenderla desde el gobierno y también desde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), asesoran a empresas mineras responsables no sólo de la contaminación del recurso, sino también del uso abusivo del mismo.

Para muestra, basta un botón

Pongamos blanco sobre negro: el Secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, encabeza el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, un organismo que tiene entre sus objetivos elaborar estudios tendientes a la planificación hídrica. Pero, vaya sorpresa, muchos de los nombres que figuran entre los consejeros del organismo académico asesoran a emprendimientos mineros responsables de la contaminación y el abuso del recurso escaso, a través de la empresa privada Conhidro.
Sí. Los hidrogeólogos de la UNSa, que estudian los acuíferos subterráneos para que el agua potable deje de escasear en la capital salteña y en otros muchos puntos de la provincia, ayudaron, por ejemplo, a BHP Minerals de Andalgalá, que en Catamarca extrae oro y cobre y que está seriamente cuestionada por contaminar el ambiente. Esta compañía forma parte de la multinacional BHP Billiton, la empresa que pretendía exportar agua dulce de la puna salteña para la explotación de yacimientos de cobre en Chile.

A principios del año pasado se supo que al menos cinco pozos estaban listos para ser conectados a un acueducto que abastecería de agua dulce a las plantas procesadoras de cobre del norte chileno. El silencio de los científicos de la UNSa respecto al proyecto extranjero que secaría en poco tiempo las aguas subterráneas de la puna salteña fue llamativo.

¿Dónde está el cambio?

En el departamento Los Andes, los habitantes de San Antonio de los Cobres consumen agua con grandes cantidades de arsénico, que se encuentra en forma natural en el cauce del río donde se ubica la única toma del lugar, aunque habría alternativas para traer agua de fuentes no contaminadas.

Según aseguran los habitantes puneños, los médicos les dijeron que el mineral no los afecta porque sus organismos están acostumbrados. Pero según la Organización Mundial de la Salud, su consumo prolongado provoca problemas cutáneos (tales como melanosis, queratosis y cáncer de piel), cáncer de vejiga, riñón y pulmón, enfermedades de los vasos sanguíneos de las piernas y pies, y posiblemente también diabetes, hipertensión arterial, trastornos reproductivos y menoscabo del desarrollo intelectual de los niños.

En la localidad que hoy tiene alrededor de 7.000 habitantes se padece escasez de agua desde hace al menos una década. En el pueblo un solo operario sigue remendando las viejas cañerías rotas que instaló el ferrocarril en los años ´40. La aparición en escena de la empresa mixta Aguas del Norte creó expectativas entre los residentes de este lugar, aunque pronto se desilusionaron. Hasta el momento no se hizo realidad la esperanza en San Antonio de los Cobres.

Se presume culpable

Cerca del 50% de los encarcelados en nuestra provincia no tiene condena, una situación que trae aparejados no sólo inconvenientes de tipo legal, sino también de lógica, puesto que se les aplica primero la pena, para luego determinar si les corresponde o no la pena que ya están cumpliendo, inconveniente este último que no se subsanaría incluso arribando a una sentencia condenatoria.

Por Gabriel Sánchez

Efectivamente, son 1.800 las personas que están privadas de su libertad en unidades carcelarias salteñas, de las cuales casi la mitad son inocentes. Los datos fueron elaborados en agosto de este año por el Servicio Penitenciario ante un pedido del diputado Durand Cornejo. Dadas a conocer por el Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, confirman que el 48% (864) del total están siendo investigadas para determinar si son o no merecedoras de una pena de encierro por la comisión del delito que se les imputa. Se podrá apreciar que la situación de estas personas trae aparejados no sólo inconvenientes de tipos legales, sino también de lógica, puesto que se les aplica primero la pena, para luego determinar si les corresponde o no la pena que ya están cumpliendo, inconveniente este último que no se subsanaría incluso arribando a una sentencia condenatoria.
El inconveniente legal está dado por el principio de inocencia, contemplado en la Constitución Nacional (art. 18 y 75 inc. 22) cuando establece que “nadie puede ser penado sin juicio previo”. La prisión preventiva es una pena que se aplica sin haberse llevado a cabo un juicio del cual surja una sentencia condenatoria, la cual, luego de su apelación, quedará firme. Recién en ese momento una persona es considerada culpable y pierde su condición de inocente. De no ser así, la situación sería al revés, en donde todo habitante sería culpable hasta tanto él no demuestre su inocencia. Por ello, el instituto de la prisión preventiva debe usarse en casos extremos, cuando la posibilidad de fuga del acusado o entorpecimiento de la causa se derive de su comportamiento evasivo de la justicia y de sus posibilidades fácticas de concreción, cercanas a la certeza, que le impidan gozar de uno de los derechos fundamentales que le asisten.

El encierro como regla

En la práctica, aguardar el proceso privado de la libertad se convirtió en una regla para los sectores más vulnerables de la población, en vez de una medida excepcional. En efecto, la mayoría de los detenidos pertenece a los estratos más bajos en lo económico y educacional, puesto que, según las estadísticas penitenciarias, del total de presos con o sin condena, sólo 175 (menos del 10%) ha terminado el nivel de educación secundario y sólo 8 poseen estudios terciarios o universitarios. El 22% de las personas privadas de la libertad ni siquiera completó el ciclo primario. Pero, además, las unidades carcelarias salteñas albergan a 32 analfabetos. Este cuadro genera el agravante de estigmatizar a dichos sectores, favoreciendo la errónea y prejuiciosa idea de sindicar a los mismos como los únicos que delinquen, creando un estereotipo de delincuente en el imaginario colectivo con componentes clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos, magnificado, además, por los medios de comunicación masivos, cuando en realidad el estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo de criminalización. Es decir que el delito no es exclusivo de un solo sector de la sociedad, sino que abarca y lo cometen todos los estratos sociales, pero la criminalización, esto es, la selectividad punitiva que el poder realiza, recae sobre aquellos grupos de personas más vulnerables. De esta forma, el poder punitivo opera como una forma de segregar a aquellos individuos indeseados en una sociedad y por lo tanto, a mayor vulnerabilidad social, mayor es la posibilidad de encierro ante la comisión de un delito, y ante menor vulnerabilidad, las posibilidades de encierro son casi nulas. Vayamos a las cárceles si no y contemos cuántas personas están privadas de su libertad por delitos económicos (llamados de “cuello blanco”), contra la administración pública, terrorismo, etc. Incluso cuando la comisión de un delito con gran repercusión mediática la realizó una persona con poder, no por ello el trato dispensado por la justicia al autor deja de ser casi privilegiado. Pensemos si no en Omar Chabán, condenado a 20 años de cárcel por el incendio de Cromagnon que dejó como saldo 194 muertos y 1,432 heridos, o en el padre Julio Grassi, condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual; en ambos casos se resolvió –a pesar de las elevadísimas penas- dejarlos en libertad hasta tanto la sentencia quedara firme.