Las teorías imperdonables

En teoría, la modernidad aportó a la humanidad una nueva concepción de la infancia al convertir a los niños en objeto de cuidado y protección eximido de toda responsabilidad social. A pesar de ello, en la Salta actual, legisladores, sectores empresariales y medios que se autoproclaman partidarios del sentido común, siguen debatiendo abierta o veladamente las supuestas “ventajas” del trabajo infantil. El último estudio producido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizado en el 2005, muestra que en el NOA el 62% de los menores que realizan algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada.

Por Juan Pablo Balderrama (Economista ISEPCI Salta - AEDA)

Javier David, por ejemplo, vertió durante una entrevista realizada una semana antes de las elecciones de septiembre sus apreciaciones sobre algunos de los males que aquejan a nuestra provincia: pobreza, desempleo y adicciones. En una muestra de extrema heterodoxia, se alejó de todas las teorías existentes que versan sobre las relaciones entre estos conceptos, dando nacimiento a una nueva explicación, no del todo convincente, acerca de las implicancias de cada uno. Al parecer, para el ahora diputado electo, no existe relación entre pobreza y adicciones: “Todos se drogan, tanto ricos como pobres, no con lo mismo, pero al final todos se drogan; este no es un problema de sólo un sector de la población”. La proliferación de la venta y consumo de estupefacientes en las villas de la ciudad (que hoy empiezan a desmontarse con el accionar policial), poco tiene que ver, según David, con las situaciones de marginalidad a la que se ven expuestos los excluidos del sistema económico. Olvida que la mayoría de las crecientes consultas relacionadas a las adicciones en los centros de salud y en los hospitales pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.
Si bien el representante del Frente Salteño alegó que uno de los factores que determina la “inseguridad” es la drogadicción, no identificó el crecimiento de esta con el desempleo, y expresó que sería mucho más efectiva la creación de juntas vecinales que ayuden a la policía antes que una política clara de empleo. Esto deja entrever una contradicción diametral con cualquier tipo de apreciación sobre el trabajo, ya sea sociológica o económica, progresista o no; recordemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toma al trabajo como mucho más que una fuente de ingresos proveniente de la venta de mano de obra, sino también como un factor de inclusión social que permite a los individuos adquirir un rol preponderante en la sociedad, dotándolos de dignidad y permitiendo el normal desenvolvimiento y disfrute de los derechos de los que son acreedores por el simple hecho de ser hombres. Por lo visto, según la OIT, el trabajo parece ser una buena solución para algunos de los flagelos a los que es arrojada gran parte de la población salteña.
La desigualdad, pese a que muchos dirigentes pretendan desviar la mirada, es un problema que aflige a todas las economías subdesarrolladas, y sobre todo en América Latina, la región más desigual del mundo, región que actualmente atraviesa una transformación estructural que intenta revertir estos indicadores. Argentina no se ve exenta; los indicadores (índice de Gini) arrojan que la franja de población con mayores ingresos gana 30 veces lo que gana la más baja. Esta situación tiende a agravarse en las provincias del norte de la Nación, tanto del NOA como del NEA. En el caso de Salta, estudios del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos y Laborales) de la Universidad Nacional de La Plata sitúan a la provincia entre las más desiguales del país. Para ser más ilustrativos, podemos decir que la franja de población de mayores ingresos gana cerca de 41 veces lo que gana la más pobre.

Diversidad Teórica

David no fue el único en expresarse al respecto: resulta ser que Salta ha tomado la posta en ser una fuente inagotable de conocimiento sobre el mercado de trabajo y sus implicancias sociales. La siguiente alocución se la debemos a la brillantez de varios diputados provinciales, como lo es el caso de Carlos “Querubín” Sosa, Omar Soches López y Juan Rosario Mazzone, quienes, burlando toda consideración a los derechos humanos y del niño, evadieron condenar abiertamente el trabajo infantil en la legislatura provincial. Todos los involucrados son representantes de departamentos en donde la actividad agrícola utiliza mano de obra infantil, lo cual demuestra también el lamentable diagnóstico que tienen estos diputados de la realidad socioeconómica de las jurisdicciones que representan. Sin embargo, y acostumbrados al exquisito desarrollo intelectual salteño, otras voces como las del intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, y del director de la Junta Arquidiocesana de la Catequesis del Arzobispado de Salta, Arturo Gómez Augier, no se hicieron esperar en su pronunciamiento a favor de la labor infantil. A su modo, acompañaron la postura Martín Grande y el Diario El Tribuno.
Pese a que las condiciones de explotación a la que están expuestos los trabajadores agrícolas rozan la servidumbre, es mucho más preocupante la situación por la que atraviesan los hijos de los mismos, quienes muchas veces son sustraídos de la educación a muy temprana edad y obligados a soportar condiciones de explotación intolerables. Más precisamente, según un estudio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el NOA el 62% de los menores que realiza algún tipo de labor deja de estudiar, siendo el 18,6% de los niños los que trabajan entre 10 y 36 horas y un 15% los que superan esa jornada. Estos datos resultan ser macabros, no sólo por la cantidad notoria de población infantil afectada, sino también por los efectos que tiene entre los involucrados. Los efectos aludidos repercuten en la generación expuesta al trabajo y en sus descendientes, generándose un fenómeno al que se le puede llamar “transferencia intergeneracional de la pobreza”. Los niños que hoy trabajan tienen un desarrollo cognitivo inferior a los que no, en parte por el cansancio producido por la actividad que realizan y en parte por el hecho de haber abandonado sus estudios. No importa cuál fuere la posición teórica, existe un hecho concreto: la retribución por la actividad laboral depende directamente de la formación de los trabajadores. Así, los mejores puestos de trabajo, con mayores salarios y condiciones laborales óptimas son ocupados por personas que cuentan con la educación requerida, mientras que aquellos niños que hoy no acceden a la educación (secundaria y hasta primaria) serán mañana trabajadores que no accedan a buenos niveles de ingreso y padres de familia que a su vez no podrán brindar una adecuada educación a sus hijos, generándose un círculo vicioso expansivo, puesto que las familias de menores ingresos son aquellas con mayor cantidad de hijos.
De todas formas, la culpabilidad no termina con la barbarie de la legitimación del trabajo infantil, sino con aquellos que lucran con eso, quienes tienen una cuota de responsabilidad mucho más alta. Según los datos, el sector agropecuario ha sido uno de los más beneficiados durante los últimos años, el crecimiento de los precios de sus productos ha sido particularmente favorable, por lo que el Valor Bruto de Producción del sector en el año 2008 rondó los 4.800 millones de pesos corrientes (estimado a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta y del Ministerio de Economía de la Nación). Por otra parte, este mismo sector mantuvo, según un estudio reciente de la CEPAL, para periodos cercanos, alrededor del 67% de sus trabajadores en situación informal, es decir, en negro, sin aportes, o bien, como lo estipula el Ministerio de Trabajo de la Nación, alejados del trabajo decente. Como se puede observar, cualquier costo asumido para poner en blanco a sus empleados es irrisoriamente pequeño, dados los astronómicos ingresos que genera este sector de la economía. Por lo que se puede asumir que esta masa de trabajadores se encuentra en esta situación debido a la falta no de ingresos de sus empleadores, sino de escrúpulos de los mismos. Y esto sin tener en cuenta la mano de obra infantil, puesto que los menores de catorce años son no PEA y no entran en esta calificación.
La situación de los niños que trabajan en el campo es por demás delicada, y si las instituciones encargadas de defenderlos miran hacia otro lado, se vuelve mucho peor. En Orán, durante el año 2006, el abogado Hernán Mascietti denunció que niños de siete años en adelante se encontraban realizando labores forzadas en el Ingenio “El Tabacal”. La labor de estos chicos consistía en ser “piedreros”, como ellos lo llaman, es decir, eran los encargados de descubrir y levantar las piedras que podrían entorpecer el terreno donde pasan las maquinarias para preparar la tierra para la cosecha. Los chicos describen en la denuncia que muchas veces el peso de las piedras era tan grande que tenían que alzarlas entre siete u ocho niños sin más elementos que un par de bolsas de arpillera cruzadas por debajo, por lo que de vez en cuando uno tenía que ir abajo para empujarlas y así poder subirlas a las camionetas. Esta denuncia, que de por sí ya es violatoria de tratados de jerarquía constitucional, no fue tenida en cuenta, y esto no tuvo ninguna repercusión entre las autoridades ante quienes fue presentada la denuncia, pero sí entre familiares y amigos de un niño de quince años que murió como consecuencia de esta labor y de otro de diecisiete, quien sufrió severas lesiones.
Ante esta crisis de identidad de la institucionalidad política, cabe preguntarse si es preferible defender los márgenes de utilidades obtenidos por la utilización de manos jóvenes o defender los derechos de la niñez y la juventud. Porque, en algún punto, tenemos que ser justos, el trabajo infantil tiene su racionalidad económica, cuesta muy poco emplear a un niño para que haga las labores de un adulto, puede tener una productividad cercana, puesto que no se necesitan muchas destrezas (sólo aguantar), pero su costo es ínfimo; por ende, a los empresarios les resulta bastante conveniente su actividad.

La crisis del agua llegó hace rato

Mientras se solucionan situaciones puntuales en los barrios salteños, lejos está la respuesta al problema de fondo. Un ejemplo concreto de las bajas de algunas de las napas subterráneas lo constituye el Barrio Castañares, en donde las mediciones realizadas por los expertos confirmaron las notables mermas en el caudal de agua.

Por Eva Sibila

Acuíferos contaminados y una considerable baja en las napas de agua subterránea son los ejes fundamentales que orientan el estudio que, se supone, está realizando la Provincia para determinar con qué reservas cuenta la ciudad de Salta. Mientras tanto, los reclamos por falta del servicio domiciliario o por prestaciones deficientes continúan haciéndose oír desde distintos puntos de la capital y también en muchas localidades del interior de la Provincia.

La cancelación del contrato con la empresa Aguas de Salta, hasta el momento poco cambió la situación y al parecer será muy costoso lograrlo; es sabido que la empresa no realizó inversiones o que las mismas fueron escasas (con la excepción de los medidores), lo que permitió a la compañía facturar por largos años, sin costo alguno, por administrar el servicio de distribución domiciliaria del líquido vital. Un negocio redondo para el sector privado, que nos costará muy caro a todos.

En la Secretaría de Recursos Hídricos existen datos aislados pero muy concretos, que demuestran un déficit de agua potable disponible, con la infraestructura actual, respecto a la cantidad de población, algo que motiva las continuas protestas de vecinos que no acceden a un servicio eficiente y, peor aún, a un derecho fundamental. Un ejemplo definido son las mediciones que los expertos realizaron en perforaciones ubicadas en el barrio Castañares, donde hubo notables mermas en el caudal de agua. Según se comprobó desde Recursos Hídricos, hasta hace algunos años el líquido estaba a 20 metros de profundidad y hoy está a 70 metros.

Por otra parte, se sabe que el organismo estatal planteó la intención de hacer un mapa de vulnerabilidad de acuíferos poco profundos, dado que algunos pozos debieron ser tapados porque estaban contaminados. Al parecer la idea es saber realmente cuáles son las napas potables en cada zona. Por ejemplo, el agua subterránea en el sector norte de la ciudad está contaminada con nitratos, debido a la falta de cloacas. Según opinan los especialistas, allí deberían hacerse pozos más profundos que en otros lugares para encontrar agua apta para el consumo humano y evitar la contaminación. Se sumaría el problema de que el subsuelo no es homogéneo en ese sector de la ciudad y las perforaciones deberían hacerse únicamente en suelos arcillosos, ya que son impermeables.

Responsabilidades

En la construcción y mantenimiento de infraestructura para el acceso universal al agua potable, hay responsabilidades compartidas entre el gobierno y el sector privado. Desde el Estado, se entregó la administración de un servicio público, sin obligar a realizar inversiones a los concesionarios. Por su parte, Aguas de Salta jamás construyó obras para mitigar la crisis actual, dado que desde su departamento de relaciones institucionales se adjudicaban la mera administración de las instalaciones existentes.
La ineficiencia absoluta de la firma provocó que a mediados de año, el Gobierno de la Provincia rescindiera el contrato y, con el nombre de Aguas del Norte, creara una compañía mixta, donde la Provincia participa con el 20% de las acciones. Pero cómo confiar en que el Estado intervenga en la solución de este problema vital, la falta de agua potable, si los mismos que dicen defenderla desde el gobierno y también desde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), asesoran a empresas mineras responsables no sólo de la contaminación del recurso, sino también del uso abusivo del mismo.

Para muestra, basta un botón

Pongamos blanco sobre negro: el Secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, encabeza el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, un organismo que tiene entre sus objetivos elaborar estudios tendientes a la planificación hídrica. Pero, vaya sorpresa, muchos de los nombres que figuran entre los consejeros del organismo académico asesoran a emprendimientos mineros responsables de la contaminación y el abuso del recurso escaso, a través de la empresa privada Conhidro.
Sí. Los hidrogeólogos de la UNSa, que estudian los acuíferos subterráneos para que el agua potable deje de escasear en la capital salteña y en otros muchos puntos de la provincia, ayudaron, por ejemplo, a BHP Minerals de Andalgalá, que en Catamarca extrae oro y cobre y que está seriamente cuestionada por contaminar el ambiente. Esta compañía forma parte de la multinacional BHP Billiton, la empresa que pretendía exportar agua dulce de la puna salteña para la explotación de yacimientos de cobre en Chile.

A principios del año pasado se supo que al menos cinco pozos estaban listos para ser conectados a un acueducto que abastecería de agua dulce a las plantas procesadoras de cobre del norte chileno. El silencio de los científicos de la UNSa respecto al proyecto extranjero que secaría en poco tiempo las aguas subterráneas de la puna salteña fue llamativo.

¿Dónde está el cambio?

En el departamento Los Andes, los habitantes de San Antonio de los Cobres consumen agua con grandes cantidades de arsénico, que se encuentra en forma natural en el cauce del río donde se ubica la única toma del lugar, aunque habría alternativas para traer agua de fuentes no contaminadas.

Según aseguran los habitantes puneños, los médicos les dijeron que el mineral no los afecta porque sus organismos están acostumbrados. Pero según la Organización Mundial de la Salud, su consumo prolongado provoca problemas cutáneos (tales como melanosis, queratosis y cáncer de piel), cáncer de vejiga, riñón y pulmón, enfermedades de los vasos sanguíneos de las piernas y pies, y posiblemente también diabetes, hipertensión arterial, trastornos reproductivos y menoscabo del desarrollo intelectual de los niños.

En la localidad que hoy tiene alrededor de 7.000 habitantes se padece escasez de agua desde hace al menos una década. En el pueblo un solo operario sigue remendando las viejas cañerías rotas que instaló el ferrocarril en los años ´40. La aparición en escena de la empresa mixta Aguas del Norte creó expectativas entre los residentes de este lugar, aunque pronto se desilusionaron. Hasta el momento no se hizo realidad la esperanza en San Antonio de los Cobres.

Se presume culpable

Cerca del 50% de los encarcelados en nuestra provincia no tiene condena, una situación que trae aparejados no sólo inconvenientes de tipo legal, sino también de lógica, puesto que se les aplica primero la pena, para luego determinar si les corresponde o no la pena que ya están cumpliendo, inconveniente este último que no se subsanaría incluso arribando a una sentencia condenatoria.

Por Gabriel Sánchez

Efectivamente, son 1.800 las personas que están privadas de su libertad en unidades carcelarias salteñas, de las cuales casi la mitad son inocentes. Los datos fueron elaborados en agosto de este año por el Servicio Penitenciario ante un pedido del diputado Durand Cornejo. Dadas a conocer por el Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, confirman que el 48% (864) del total están siendo investigadas para determinar si son o no merecedoras de una pena de encierro por la comisión del delito que se les imputa. Se podrá apreciar que la situación de estas personas trae aparejados no sólo inconvenientes de tipos legales, sino también de lógica, puesto que se les aplica primero la pena, para luego determinar si les corresponde o no la pena que ya están cumpliendo, inconveniente este último que no se subsanaría incluso arribando a una sentencia condenatoria.
El inconveniente legal está dado por el principio de inocencia, contemplado en la Constitución Nacional (art. 18 y 75 inc. 22) cuando establece que “nadie puede ser penado sin juicio previo”. La prisión preventiva es una pena que se aplica sin haberse llevado a cabo un juicio del cual surja una sentencia condenatoria, la cual, luego de su apelación, quedará firme. Recién en ese momento una persona es considerada culpable y pierde su condición de inocente. De no ser así, la situación sería al revés, en donde todo habitante sería culpable hasta tanto él no demuestre su inocencia. Por ello, el instituto de la prisión preventiva debe usarse en casos extremos, cuando la posibilidad de fuga del acusado o entorpecimiento de la causa se derive de su comportamiento evasivo de la justicia y de sus posibilidades fácticas de concreción, cercanas a la certeza, que le impidan gozar de uno de los derechos fundamentales que le asisten.

El encierro como regla

En la práctica, aguardar el proceso privado de la libertad se convirtió en una regla para los sectores más vulnerables de la población, en vez de una medida excepcional. En efecto, la mayoría de los detenidos pertenece a los estratos más bajos en lo económico y educacional, puesto que, según las estadísticas penitenciarias, del total de presos con o sin condena, sólo 175 (menos del 10%) ha terminado el nivel de educación secundario y sólo 8 poseen estudios terciarios o universitarios. El 22% de las personas privadas de la libertad ni siquiera completó el ciclo primario. Pero, además, las unidades carcelarias salteñas albergan a 32 analfabetos. Este cuadro genera el agravante de estigmatizar a dichos sectores, favoreciendo la errónea y prejuiciosa idea de sindicar a los mismos como los únicos que delinquen, creando un estereotipo de delincuente en el imaginario colectivo con componentes clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos, magnificado, además, por los medios de comunicación masivos, cuando en realidad el estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo de criminalización. Es decir que el delito no es exclusivo de un solo sector de la sociedad, sino que abarca y lo cometen todos los estratos sociales, pero la criminalización, esto es, la selectividad punitiva que el poder realiza, recae sobre aquellos grupos de personas más vulnerables. De esta forma, el poder punitivo opera como una forma de segregar a aquellos individuos indeseados en una sociedad y por lo tanto, a mayor vulnerabilidad social, mayor es la posibilidad de encierro ante la comisión de un delito, y ante menor vulnerabilidad, las posibilidades de encierro son casi nulas. Vayamos a las cárceles si no y contemos cuántas personas están privadas de su libertad por delitos económicos (llamados de “cuello blanco”), contra la administración pública, terrorismo, etc. Incluso cuando la comisión de un delito con gran repercusión mediática la realizó una persona con poder, no por ello el trato dispensado por la justicia al autor deja de ser casi privilegiado. Pensemos si no en Omar Chabán, condenado a 20 años de cárcel por el incendio de Cromagnon que dejó como saldo 194 muertos y 1,432 heridos, o en el padre Julio Grassi, condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual; en ambos casos se resolvió –a pesar de las elevadísimas penas- dejarlos en libertad hasta tanto la sentencia quedara firme.

Más palabras, menos pesos

Ha sido sancionado el decreto Nº 3456/09, que aprueba la reglamentación de la Ley de Mediación articulada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Esta normativa viene a saldar una vieja deuda del Estado, habida cuenta de que la Ley Provincial Nº 7.324 de Mediación fue sancionada en el año 2004, habiendo transcurrido cinco años para que se torne operativa esta importante herramienta social que también busca descomprimir las tareas de los juzgados que reciben alrededor de 35.000 expedientes por año.

Por Soledad Villoldo

La Mediación es un método alternativo de resolución de conflictos en forma pacífica y no controversial. Como sus características más salientes, debemos destacar la participación de un tercero imparcial -mediador-, un activo protagonismo de las partes involucradas y el desarrollo de este procedimiento fuera del ámbito de la justicia ordinaria.

El objetivo que se plantea con la puesta en marcha de la Mediación, es obtener una solución a los conflictos de manera más rápida y económica, proponiéndose asimismo descomprimir las tareas de los juzgados, quienes reciben alrededor de 35.000 expedientes por año, entre cuestiones de Familia, Civiles y de Violencia Familiar. Es claro, entonces, que los tribunales ordinarios se encuentran abarrotados de causas de toda índole, y no pueden dar una eficiente respuesta a la ciudadanía en materia de servicio de justicia. Se estima que la Mediación evitará la judicialización de un importante porcentaje de conflictos entre particulares y que podría rondar entre un 20 o 25% de los existentes.

La normativa citada precedentemente dispone que la Mediación sea obligatoria, y previa a la traba de la litis judicial. En una primera etapa, serán las causas vinculadas al derecho de familia las que deberán pasar previamente por este procedimiento. A partir del 1° de enero del año 2010, se incluirán otras materias que no se encuentren expresamente excluidas. No serán objeto de Mediación las cuestiones penales, contravención o falta, con excepción de las acciones civiles derivadas del delito, las cuestiones de derecho laboral, divorcio vincular, separación personal, y nulidad del matrimonio, y otras excluidas según lo normado por el art. 10 de la Ley 7.324.
El procedimiento, que puede ser realizado a través del Centro de Mediadores del Poder Judicial o en un Centro Privado de Mediación, comienza con la solicitud de una o ambas partes del conflicto, debiendo el mediador notificar a la otra parte de la existencia del mismo y citándolo para una audiencia. La cantidad de audiencias que se celebren dependerán de lo dificultoso del desacuerdo planteado y de la buena voluntad de las partes en avenirse a una solución que satisfaga sus intereses. De ser exitoso el procedimiento, se confecciona un acuerdo, el que para tener fuerza ejecutoria de ley deberá ser homologado en sede judicial. En caso de fracasar la Mediación, se extiende a la parte solicitante un certificado, con el que puede iniciar las acciones judiciales correspondientes.

En cuanto a los abogados, vale recalcar que la asistencia letrada en el procedimiento es obligatoria, según lo dispone el art. 4 de la reglamentación. Los abogados percibirán sus honorarios al finalizar el procedimiento. Desde este punto de vista, las ventajas del método alternativo son inmejorables para el letrado, porque aunque sus honorarios sean menores, hecho que contribuye al bajo costo de la Mediación, los cobrará más rápidamente en comparación con un largo proceso judicial, ya que su actividad se limita a unas pocas semanas (treinta días debe durar la mediación, plazo prorrogable por acuerdo de partes y con la anuencia del mediador), lo que permitiría que el abogado multiplique los casos en los que participe. Con respecto al mediador, la normativa aplicable dispone que debe ser un profesional, a diferencia de lo que ocurre en la Mediación Comunitaria, donde el requisito más saliente se encuentra en la necesidad de que el mediador sea una persona de reconocida solvencia material y moral.
Los desafíos planteados en cuanto a la aplicación de la Mediación son múltiples. Es deseable que sea una importante herramienta de resolución de conflictos, alcanzando a la población en su conjunto. Por ello, es necesario llevar una detallada estadística del acontecer de este método. Del mismo modo, es imprescindible el control que debe ejercer el Estado y la ciudadanía misma en vistas al buen desempeño de los Mediadores. Por último, sería plausible la profesionalización de todos los Mediadores de la provincia, para que de ese modo la igualdad de oportunidades para resolver los conflictos esté presente en todo nuestro territorio.

Los reparos
Consultados por Cuarto Poder sobre el tema, algunos profesionales resaltaron ciertos peligros y desventajas del nuevo procedimiento Así, está siempre latente la posibilidad de que el mediador no sea imparcial, o influya en las partes de un modo negativo. Puede ocurrir, asimismo, que las partes logren un acuerdo in peius o inferior comparativamente al que podrían lograr en sede judicial. También es cierto que la Mediación aleja a la población de la justicia ordinaria, quien se ve privada de un importante cúmulo de experiencias que se traducirían en precedentes y normas acordes a la realidad social imperante.

Caminito al costado del mundo

La experiencia ha demostrado que las microfinanzas generan técnicas adecuadas para brindar servicios financieros a los sectores menos favorecidos. En nuestra provincia, desde años atrás es posible visualizar a las microfinanzas como una herramienta para el logro de una organización social sustentable. Desde el Estado y desde el sector privado, se han posicionado como un instrumento clave en la construcción de un nuevo entramado social con diferentes matices y muy diversas características.

Por Gabriela Gutiérrez

La década de los noventa dejó sumida a una gran parte de la sociedad argentina en una situación de vulnerabilidad extrema. La brecha generada entre aquellos que concentran riquezas y los que están despojados de ella, creció de tal manera, que se hizo imperiosa la incorporación de nuevas herramientas para reconstruir el tejido social. Asistimos así a una novedosa conjunción en la cual economía social, acción pública y política cobran relevancia en el escenario actual. Para que esto sea posible ha sido menester recuperar el rol del Estado como actor relevante y protagonista del espacio que le es propio, y del cual fuera despojado en una década nefasta, impregnada de la idea de que achicar el Estado era la mejor alternativa.

Por solo mencionar un ejemplo en el cual se hace visible esa conjunción, baste destacar el impacto que un Programa Nacional como el de Microcréditos ha tenido en los últimos años. Implementado a través de la promulgación de la Ley 26.117 en el año 2006 (a la cual adhirió nuestra provincia), el programa ha financiado a más de 1.200 organizaciones ejecutoras (fundaciones y asociaciones civiles), que proveen de microcrédito a los emprendedores de la economía social en casi todo el país, con el otorgamiento de más de 87 mil créditos. Todo esto se traduce en una inversión a la fecha de 170 millones de pesos, con la fijación, para la aplicación de los fondos públicos, de una tasa de interés máxima del 6% anual, cifra que está muy por debajo de la tasa de mercado. Más allá del hecho fundamental que constituye proveer de microcrédito, asistencia técnica y capacitación a emprendedores excluidos de cualquier otro circuito financiero, el subsidio a la tasa de interés se constituye en un poderoso instrumento de distribución del ingreso.

El otro sendero

La falta de oportunidades laborales, educativas y sanitarias, profundizada por los crecientes índices de desempleo alcanzados en esos años, provocó que un creciente número de familias sufrieran privaciones de todo tipo, que afectaron especialmente su salud, y como consecuencia directa su alimentación y la nutrición de los niños. Esta problemática ha ocasionado que las estrategias de superación de la pobreza contemplen formas alternativas de trabajo, y que las mismas brinden la capacidad de generar ingresos genuinos a este grupo vulnerable de la población. En este marco, los sectores populares desarrollaron multiplicidad de iniciativas de subsistencia, activando diferentes capacidades, redes, vínculos, saberes y recursos que suelen denominarse “estrategias de supervivencia”.

Es aquí donde aparece un elemento clave en la construcción de nuevas alternativas. La Economía Social es una de ellas, y consiste en un sistema de instituciones y prácticas que se da una comunidad para movilizar recursos y capacidades con el fin de producir bienes y desarrollar la comunidad misma en las mejores condiciones posibles. En tanto produce determinadas estructuras sociales y políticas, la definición de ese tipo de economía supone también un proyecto conciente de construcción de otras formas económicas en procura solidaria de una sociedad más justa.

En los últimos años, la leve mejoría de las condiciones económicas en nuestro país ha propiciado un entorno favorable para el crecimiento del sector empresarial en una diversidad de rubros de producción. Sin embargo, este avance no ha arrojado una mejora ni homogénea y menos aún equitativa para el conjunto de las provincias argentinas. En el norte del país persisten las situaciones de atraso y pobreza estructural. Este conjunto, conformado por nueve provincias pertenecientes de las regiones Noreste y Noroeste, ha sido denominado “Región Crítica” en el Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado para Argentina en el 2005. Esta región crítica está integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Región castigada y con una población en situación de extrema vulnerabilidad, que ha recibido la asistencia de diferentes programas sociales del Estado Nacional, en algunas oportunidades articulando con sus respectivos gobiernos provinciales, como así también fondos de cooperación extranjera e incluso privados.

En nuestra provincia conviven todos los elementos citados: programas sociales del Estado (en sus varias esferas), cooperación extranjera y financieras privadas. Su accionar, a pesar de sus múltiples y diferentes características, ha permitido reforzar los emprendimientos de una población excluida del sistema laboral “formal”. Este tipo de asistencia ha significado un cambio cualitativo y cuantitativo para estos emprendedores, puesto que ellos no contaban con la posibilidad de acceso al crédito tradicional. Este escenario favoreció también la presencia de las mujeres al frente de los emprendimientos, volviéndolas protagonistas y sostén principal del hogar. Se revalorizaron saberes, se redimensionó el espacio territorial: el barrio nuevamente se constituyó como escenario principal. Toda esta reactivación se sostiene en principios solidarios que refieren directamente al valor de la palabra, la confianza mutua y una idea de comercio justo que les permita una inserción directa en un mercado laboral que los había marginado.
Este nuevo horizonte, en el cual la economía social, la acción pública y la política articulan de forma permanente, precisa además de financiamiento, de la indispensable presencia del Estado. Un Estado que sea capaz de garantizar el marco favorable para una construcción social diferente, y que pueda poner el énfasis en los hombres y no en el mercado, es una necesidad concreta de la sociedad toda. Una economía social, sin la debida voluntad y el respaldo político necesario, no materializa el cambio, no impacta en su población y deja en las márgenes del sistema a un elevado número de habitantes que precisan de su intervención, de sus garantías y de su marco regulatorio.