¿Anta somos todos?

Por Juan Pablo Balderrama*

El diputado nacional electo Alfredo Olmedo sostiene que ha convertido a Anta en un modelo de desarrollo que es ejemplo de la Nación. Un análisis riguroso de los indicadores sociales muestra, contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, que el lugar donde se produce la actividad económica sojera no supone un desarrollo económico y social para el conjunto de la población y que ni siquiera aspira a tenerlo. Olmedo, sin reticencia alguna, dijo la semana pasada que deseaba transformar a Salta, y que Anta sería el estadio máximo de sus aspiraciones. Parece prudente entonces observar cuáles son las características de esta nueva Metrópoli Latinoamericana.
El departamento de Anta tiene la mayor cantidad de superficie plantada en el territorio de la provincia, superando por lejos las 300 mil hectáreas que arrojaban los datos del Censo Nacional Agropecuario en el año 2002. De este número, la mayoría, casi el 50%, se destina a las oleaginosas (eufemismo utilizado para no decir “soja”). A su vez, la participación de las oleaginosas en el Producto Bruto Geográfico provincial (PBG) -indicador que resulta de la suma total de la cantidad de bienes y servicios finales que produce nuestra provincia- muestra, en al caso de las oleaginosas, un sostenido aumento desde su boom en los 90, llegando a representar el 10,3% para el año 2007.
El Valor Bruto de la Producción de los “humildes” productores agropecuarios, que defienden tanto Olmedo como sus compañeros de la Mesa de Enlace, alcanzó valores siderales para una provincia de las características de Salta. Ha superado, en el año 2007, los 923 millones de pesos CONSTANTES (es decir, habiendo descontado ya el impacto de la inflación), según datos de la Dirección General de Estadísticas. A primera vista parece que les va bastante bien a los anteños; ahora bien, ¿esta increíble productividad se vio volcada al departamento, sus municipios y su gente? La respuesta es no. En Salta no existe derrame y las consecuencias de la ridícula distribución del ingreso que ostenta y de una estructura impositiva totalmente regresiva, son capaces de producir las siguientes disparidades.

Concentración de la riqueza y deuda social

Anta está integrado por cinco municipios: Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González y Las Lajitas. El desarrollo en cada uno de estos no parece ser el mejor. Ciertos indicadores, como el Índice de Necesidades Sociales (INS), muestran un panorama desalentador para esos distritos. El INS refleja de forma conjunta el estado de la Salud, la Educación (como bienes públicos) y la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La tabla 1 puede ilustrar el estado de algunos indicadores sociales en los municipios del “paraíso”.

Tabla1: Necesidades Sociales*

Municipio NBI Congestión Salud Acceso Educación

Apolinario Saravia 45% 4.897 87%
El Quebrachal 41% 2.268 85%
General Pizarro 55% 1.578 85%
Joaquín V. Gonzalez 44% 3.928 85%
Las Lajitas 44% 3.896 82%


* Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Estadísticas y Programa Estadístico del Ministerio de Salud Pública.

La segunda columna muestra el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los departamentos. Conviene precisar aquí que tales porcentajes superan ampliamente la media provincial, situada en 27,5%. El dato de General Pizarro es casi macabro: de cada 100 personas, 55 de ellas no tiene acceso a agua potable, a sistema de saneamiento, o presenta condiciones de vivienda inadecuadas para su grupo familiar, hacinamiento crítico, alta dependencia económica, miseria, y niños de entre 7 y 11 años que no asisten a la escuela. Como se verá, dicho indicador en todo el departamento no baja del 44%, mostrando una vulnerabilidad exacerbada de gran proporción de la población de estos municipios. A continuación, en la columna 3, observamos el estado de la Salud, representado por un indicador de congestión, que se mide por la cantidad de consultas hospitalarias que debe atender por año por unidad sanitaria. Sólo dos de los cinco municipios muestran mejor indicador que la media de la Provincia, que se sitúa en 3.286 consultas por unidad asistencial; sin embargo, en el caso de General Pizarro debe prestarse mucha atención, puesto que, si bien tiene muy baja congestión, las unidades asistenciales no son las adecuadas, al igual que en Apolinario Saravia. En su mayoría, se trata de Puestos Sanitarios o de Emergencia, que no cuentan con médicos a cargo todos los días de la semana.
Finalmente, la última columna muestra el porcentaje de acceso a la educación. Este se mide según la cantidad de personas en edad escolar que realmente acceden a este derecho. En el caso de Anta, las estadísticas de todo el departamento se encuentran por debajo de la media provincial, que se sitúa en un 90% de acceso, mientras que en el caso de las Lajitas (el más preocupante), de cada 100 niños, 18 no asisten a la escuela. El sector más afectado es el de la franja de edad correspondiente al estudio del Nivel Polimodal.

Anta y la precariedad institucional

Como se pudo observar, las variables sociales que caracterizan a los distritos del Departamento de Anta se encuentran muy alejadas de lo que puede considerarse como adecuado. No obstante, no sólo las personas se encuentran exentas de las superganancias de los empresarios agropecuarios, sino que también estos municipios institucionalmente son muy frágiles. Síntoma claro de esta debilidad es el exiguo monto de recaudación de los mismos. Resulta ser que los “regímenes de promoción” a las inversiones aprobados en la provincia desde el año 1980, permiten que la mayoría de las actividades económicas (las grandes actividades) puedan estar exentas de tributos. Leyes de promoción que, además, “recomiendan”, es decir obligan, a que los municipios eximan de impuestos a todas estas actividades. Este puede ser uno de los motivos que explique por qué las arcas municipales se encuentran vacías, sin olvidar, claro está, que la mayoría de los mismos no cuenta con la estructura necesaria para cobrar tributos.
Este coctail de exención – elusión – evasión, terminó por perjudicar enormemente a las finanzas municipales; tal es así, que todos los municipios presentan sucesivos déficit. Los últimos datos disponibles pertenecientes al Ministerio de Finanzas de la provincia y que corresponden al periodo 2007, muestran que, en el caso del municipio de El Quebrachal, el déficit llega al 37% de sus ingresos totales (esto es, ingresos propios del municipio más lo que recibe de coparticipación); Las Lajitas y General Pizarro en negativo por casi el 15% de sus ingresos totales, mientras que Joaquín V. González y Apolinario Saravia muestran menores desequilibrios fiscales. Sin embargo, los problemas no terminan aquí: además de mostrar tablas en rojo, estos distritos, como la gran mayoría de los municipios de la provincia, mantienen niveles de dependencia de la coparticipación provincial muy marcados.


El gráfico muestra la proporción en que los municipios salteños dependen de la coparticipación provincial. Los datos son elocuentes: 44 de un total de 59 municipios dependen en más de un 75% de las sumas enviadas por el Gobierno provincial. Vale decir, de cada 100 pesos de ingresos con los que cuenta el municipio, más de 75 provienen de la coparticipación; 13 de ellos dependen entre un 50% y 75% y tan sólo dos dependen en menos de un 50% de lo transferido por la provincia. En el caso de los distritos correspondientes al departamento de Anta, tres de ellos corresponden al primer grupo y dos, al segundo. Como se podrá ver, estas economías dinámicas a las que alude el discurso del senador Olmedo ni siquiera poseen la suficiencia financiera para solventar el 15% de sus gastos corrientes en el mejor de los casos. Gastos fiscales que deberían tender a modificar la inequitativa distribución de la riqueza, mostrada ya por el comportamiento de los indicadores sociales.
Contra la tendencia generalizada que tiene el pensamiento liberal, el lugar donde se produce la actividad económica no muestra desarrollo, ni siquiera aspira a tenerlo. ¿En qué es lo que falla? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza de la actividad económica en consideración y con las relaciones sociales subyacentes. En relación a la naturaleza de la actividad económica, la explotación latifundista de la soja (no existe otra forma, puesto que no es rentable si se produce en pocas hectáreas) no es una actividad que tenga efecto multiplicador. Esto quiere decir que una inversión en este sector de la economía no tiene la capacidad de incrementar la actividad económica en otros sectores, ni tampoco de generar mucha incidencia en el empleo, dos características que cualquier actividad que se precie de llamarse a sí misma “economía regional” debe tener. El caso de la soja es muy particular, puesto que ni siquiera se consume en el país, y por ende ni siquiera se utiliza para fortalecer el mercado interno, políticas que cualquier país sensato del mundo aplica antes de trazar una estrategia exportadora.
Por otra parte, esta actividad, al estar desligada de cualquier obligación tributaria, no repercute en las disponibilidades con las que pueda contar la autoridad estatal. El modelo no lo permite, puesto que está basado en la errónea concepción de pensar que, despreciando la propiedad pública y privilegiando la propiedad privada y la actividad económica que ella genera, se puede llegar a mayores niveles de bienestar. El modelo funciona hace ya casi treinta años en la provincia, y esta provincia no vio los frutos del incremento de la actividad económica.
* Economista ISEPCi – Salta

El mal mayor

Por Daniel Avalos (Lic. en Historia, ISEPCi Salta)

Volvió Alfredo Olmedo durante la semana y fue noticia. No parecía ser el de antes de las elecciones de junio: hombre encongido y de hablar monosilábico. Las fotos publicadas el miércoles 12, de la reunión que los senadores sostuvieron con el Ministro de Medio Ambiente, lo mostraron sentado erguidamente. Tiene sentido. Ahora es Olmedo y su 17% de los votos. Entonces reapareció, letal y autorizado. Por eso increpó al Ministro, reclamándole que al mapa que indica las zonas autorizadas para el desmonte lo “pinte todo de verde y ponga el control necesario”. No fue un exabrupto, un dicho inconveniente e inesperado de alguien que no midió las consecuencias. Una interpretación de esas sería subestimar a Olmedo, y Olmedo, evidentemente, no se está subestimando. Liderando a los senadores de la reunión, expresando lo que ha expresado, reclamando lo que ha reclamado, dejó en claro que pretende ser un conductor. Como todo aspirante a conductor, tiene un plan en marcha y, también, un horizonte claro hacia donde llevar al rebaño. Lo dijo en un programa de radio: Anta es el puerto deseado, “una economía en movimiento que es ejemplo de la Nación.”
Analicemos con trazos gruesos el ejemplo. Olvidémonos, por un momento, el imperio sojero que su familia instaló allí para detenernos, solamente, en algunas cifras generales. Recurramos para ello a ciertas estadísticas actualizadas al año 2007. Por ejemplo, que desde la campaña 1998/99 las toneladas de soja allí producidas no dejaron de multiplicarse, pasando de 392.850 en 1999 a 1.291.020 en el 2007 (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación). Una cifra bien impresionante, cuyo valor bruto de producción sería más impresionante aún, si multiplicáramos esas toneladas por el precio promedio de la misma en el mercado mundial durante aquel año. No caben dudas, la soja avanza en Salta, como Olmedo en la política, con pasos decididos. Veamos. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas de la provincia, en el año 1999 el valor exportado de productos salteños tenía en las oleaginosas sólo el 2,1% del total, porcentaje que llegó al 10,3% en 2007. Cifra sólo superada por el rubro combustibles y aceites minerales (42,7%) y hortalizas y legumbres, que alcanzó el 13,7%. Rubro este último que, sin embargo, en 1999 representaba el 24,4% del total. Desde entonces, las oleaginosas aumentaron su presencia, dejando atrás a productos como el tabaco, los frutos, los productos químicos, azúcares, cereales, sales, algodón y cueros vacunos. Promete hacer lo mismo con las hortalizas y legumbres, graficando de manera asombrosa eso que muchos denuncian como una reprimarización de la economía provincial y el avance del monocultivo.
¿Cuál ha sido el secreto de este tipo de desarrollo? Olmedo padre lo sintetizó magistralmente. “Tenemos que observar qué consume el mundo y ver si eso se puede producir en nuestra zona” (La Nación, 18/11/06). El mundo, es decir el mercado mundial, quiere soja, y Anta, como todas las zonas situadas en la frontera agrícola, se la provee. El desarrollo según Olmedo es así: rentabilidad asombrosa, tecnología de punta, avance de la desforestación, monocultivo... y hombres que sobran. El problema, según Olmedo, es que faltan tierras y que el Estado no se las quiere dar. Añora otros tiempos; por ejemplo, cuando Romero se convirtió en un proveedor desmesurado de tierras. Recordemos el caso paradigmático. Corría abril de 2005 y los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) eran desafectados de su condición de “reserva natural provincial protegida”, a la que había accedido en el año 1995. La ley de desafectación fue un pedido del Poder Ejecutivo Provincial que, basándose en informes técnicos que advertían cierta degradación del monte en zonas de esos lotes, en vez de iniciar las actividades de recuperación y protección del área, analizar las posibles causas del problema y encarar las correcciones correspondientes, promulgó la Ley 7.274, que autorizaba al PEP a vender los lotes 32 y 33 subdivididos en siete parcelas, de más de 2.000 hectáreas cada una, a un valor de $500 la hectárea. Por supuesto, la compra fue adjudicada a distintos empresarios sojeros en nombre del progreso. Datos del INTA de aquel entonces, indicaban que Anta contaba con 234.420 hectáreas sembradas de soja, 50.000 hectáreas más que el departamento que le seguía en todo el Noroeste (Moreno, Santiago del Estero) y con una ocupación promedio de un trabajador rural cada 500 ha. El Anuario Estadístico de la Provincia de Salta de 2004, indicaba también que el índice de necesidades básicas insatisfechas del “ejemplo nacional del desarrollo” era de 43.9, superior en 12,3 puntos al promedio de la provincia, con índices de desnutrición que llegaban al 13% y un analfabetismo del 9.4%. Por entonces, las áreas sembradas con soja, maíz, girasol y trigo habían crecido en los últimos diez años un 46,77% en el país, mientras que la población activa rural disminuía de 1.600.000 a 900.000 trabajadores. (Osvaldo Seggiaro, “Las venas abiertas de Salta”, en Revista Política y Cultura, junio de 2005)
Olmedo, entonces, quiere un Estado decidido a realizar concesiones. La actual gestión ha hecho las suyas, aceptando las modificaciones que el Senado, a través de Olmedo, hizo a la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en diciembre último. Pero Olmedo dice que su modelo productivo precisa más. Quiere cinco millones de hectáreas y no las cifras que ya han generado más de una polémica: poco más de un millón y medio. Expresó entonces, en su reunión con Julio Nasser, el problema de su modelo de desarrollo: pueden y quieren recaudar sumas asombrosas, pero requieren que el Estado no se entrometa. Y eso lo arroja al ruedo político. Paradójico, porque él, que defiende con los hechos la primacía de la economía por sobre la política, sabe ahora que un plan económico es tan bueno como bueno es contar con la fuerza política capaz de imponerlo. Olmedo hoy está entregado a esa empresa, y justamente allí es cuando del análisis económico pasamos político.
Tiene cómo encarar tal empresa. Es el máximo referente de una de las fracciones de las clases dominantes que ostenta un asombroso y creciente poderío económico. Una base material imponderable en su objetivo de otorgarle dirección política e ideológica al conjunto de esas fracciones. Sus excelentes relaciones con Juan Carlos Romero no son un dato menor. Una condición de posibilidad para una potencial alianza, asentada no sólo en las conveniencias políticas que toda alianza supone, sino también en sus profundas coincidencias ideológicas: una Argentina y una provincia que se desarrollan de espaldas al país, mirando al mar que las conecta al mercado externo. Orientadas a una concentración de la riqueza sin límites, y que prescinden de los efectos negativos que tal programa supone para el conjunto de la sociedad. En ese marco, la cultura del trabajo y de la producción de la que Olmedo habla forma parte del mismo plan. Se queja de los vagos, de los “planes no trabajar”, porque así sostiene la mentira que quiere sostener: el desempleo y la pobreza no fue ni es fruto directo de economías excluyentes, sino de la natural pereza de los desempleados.
Nada impide creer que Olmedo quiere conquistar el Estado. Los rumores de una fórmula suya con Sonia Escudero para la gobernación en el 2011 no resultan descabellados. Corre además con algunas ventajas extras. Tiene al frente un gobierno que ya no parece seducir a los de abajo, pero tampoco a los de arriba, acostumbrados como estuvieron durante doce años a planificar y ejecutar un proyecto que les resultó sumamente redituable y del que Olmedo es un ejemplo paradigmático. Una gestión, la de Urtubey, colmada de funcionarios que, creyendo ser el Poder, se entretienen exacerbando luchas facciosas y superficiales, cuando los movimientos profundos ocurren bajo las suelas de sus zapatos. Funcionarios que de seguro, tarde o temprano, padeceran lo que ingeniosamente el Subcomandante Marcos dio en llamar los rigores de un tipo de “política estomacal”: “O son digeridos, o son hechos mierda.”

El amo y la agenda

Por Daniel Avalos*

Estando como estamos, pegados a las pantallas televisivas, escuchando unilateralmente lo que los actores políticos nos dicen con énfasis republicano, deberíamos concluir que asistimos a una fase política nacional en donde el conflicto, como concepto, agoniza. Eso parece, al menos, cuando todos los que han ganado en las elecciones el 28 de junio pasado insisten, una y otra vez, en explicarnos en qué consistiría la agenda de discusión nacional de ahora en más. Olmedo y Wayar, por ejemplo, se reunieron en Tucumán en el transcurso de la semana con miembros de la Sociedad Rural de esa provincia. Declararon que en la agenda prima el tema de la inconstitucionalidad de las retenciones -ya volveremos sobre esto- y la necesidad del “diálogo”. El diálogo se ha convertido en la regla de oro para Wayar, Olmedo, y todo el staff de lo que podríamos llamar el “Partido del Campo”. Se supone que el diálogo franco, sincero y periódico, domestica la violencia a la que nos arrojó el partido de los Kirchner. El partido del odio, entonces, ha sido derrotado, merced al anhelo del consenso que ellos, el Partido del Campo, representan, y que terminará transformando las hostilidades “del pasado” en al menos un mínimo ideal de concordia y amistad cívica.

Lo dicen los Wayar y los Olmedo, pero parece ser el sentir de todos. El conflicto debe terminar, debe sepultarse. Que Olmedo y Wayar así lo piensen tiene sentido: después de todo, el conflicto como motor de la historia es una bandera del marxismo, y el Partido del Campo, lo sabemos, no es precisamente marxista. Pero fue Marx, decíamos, quien popularizó la idea de que el conflicto era lo que hacía andar a la historia. La idea no era original. La tomó de otro filósofo, Hegel, quien nunca estuvo de acuerdo con eso de que la clase obrera fuera la encargada de enterrar al capitalismo. Un texto de Hegel, La dialéctica del amo y el esclavo, puede, sin embargo, explicar un poco el presente político argentino. Para este pensador, lo propio de la conciencia humana es su capacidad de desear, no cosas para consumir, como el resto de los animales, sino desear deseos: que el mundo cambie o no cambie, que los otros hombres lo reconozcan y valoren a uno, o el deseo viejo como el mismo hombre de poder someter a otro. En los deseos de los hombres, que nunca son iguales, ubica Hegel el germen del conflicto. Cuando un ser desea someter al otro, debe primero derrotarlo, y esa lucha, dice, es a muerte. El triunfador lo es porque posee el deseo más fuerte. Tan fuerte, que se impone al temor de morir en el enfrentamiento y, por lo tanto, aquellos que renuncian a su deseo por temor a morir para terminar deseando solamente no ser aniquilados, se convierten en esclavos de quien ha triunfado, a partir de entonces, el amo.
El nuevo amo en nuestro país es el Partido del Campo. Aniquiló políticamente a un gobierno que, sin haber nunca definido bien cuál era el “nosotros” al que pertenencia, subestimó el deseo del otro de imponerse. Y el amo, ahora, espera que el esclavo le traiga el producto terminado, listo para consumirlo y gozarlo. Los lineamientos sobre cómo debe ser ese producto son lo que todos llaman hoy la “agenda de discusión nacional”. De esa famosa agenda hablan todos los vencedores del pasado 28 de junio: la Mesa de Enlace, la UIA, los medios oficialistas al Partido del Campo, Reutemann, Macri, Cobos, y también, por supuesto, Wayar y Olmedo, quienes no quieren perder la oportunidad de recordarnos que son parte de ese Partido. Ellos también desean reconocimiento, ser considerados vencedores que recuerdan a los vencidos que son parte de los que imponen la “agenda”, lo cual, en boca de ellos, supone la exigencia de que problemáticas puntuales se conviertan en cuestión ineludible del Estado y de cualquier actor político, a los que debe exigírsele una definición al respecto.
Ellos, en Tucumán, ya se han definido: las retenciones a la exportación son inconstitucionales. Es lo lógico en estos casos, los amos suelen ser también los dueños de la verdad. Por ello no importa que alguien pueda decir que las retenciones son un instrumento admitido por la Organización Mundial de Comercio, o que, jurídicamente, se sustentan en el ejercicio de la soberanía estatal sobre los recursos existentes en el suelo y en el subsuelo de los territorios que los Estados reivindican como propios. Nada de eso importa. La definición de Wayar y Olmedo resulta “verdadera” para muchos. Al parecer, el criterio de “verdad” no está relacionado ya, necesariamente, con la condición de que el discurso sobre una cosa debe adecuarse a la realidad de esa cosa, sino, simplemente, a la capacidad, en este caso del Partido del Campo, para imponer el discurso propio como verdadero. Es cierto: hace décadas que distintos estudiosos vienen advirtiendo sobre estas características de las modernas sociedades comunicacionales. Pero eso confirma que ese sector ha ganado la batalla cultural, victoria que seguramente les permitirá en el corto plazo controlar al Estado. Y lo harán, al menos por un tiempo, flameando las banderas, ya lo dijimos, de la concordia y la amistad cívica porque han convencido a muchos de que sus intereses son los intereses de la Nación y que agredirlos es agredir a la Nación. La subjetividad pastoril ha triunfado, y sus representantes imponen la agenda que esperan que los derrotados cumplan para evitar lo indeseable: el conflicto que ellos ni pregonan ni practican. Esto último, por supuesto, no es cierto pero la verdad, por ahora, a ellos no les importa porque han impuesto la suya.
La otra agenda, en cambio, no es tratada por los medios. Esa agenda incluye el objetivo de achicar el mercado interno para aumentar los saldos exportables, conteniendo a los trabajadores y los sectores populares por medio de una represión que requiere criminalizar la protesta. Es la agenda que pretende ponerse en marcha en Orán, donde los trabajadores toman la planta industrial exigiendo seguridades laborales y aumento en los salarios, tras lo cual la patronal criminaliza la lucha exigiendo que los fueros sindicales se suspendan para obrar, no contra trabajadores, sino, simplemente, contra delincuentes que obstruyen la producción destinada al mercado mundial. Hay otros puntos en la agenda oculta. Durante la semana se reglamentó la polémica Ley de Ordenamiento Territorial en nuestra provincia. En virtud de la misma se podrán desmontar 1.592.366 hectáreas en la provincia, mientras que otras 5.393.018 podrán aprovecharse forestalmente. Es el tiro de gracia al espíritu de una ley que, originalmente, preveía que las hectáreas utilizables para ambos rubros no superara una superficie mayor al 1.600.000 hectáreas, hasta que el Senado provincial, de la mano del hoy famosísimo Alfredo Olmedo, modificó una serie de artículos claves que posibilitan el programa político-económico actual: la profundización de un modelo extractivo-exportador basado en el saqueo de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la extensión del monocultivo, lo cual supone la pérdida de la biodiversidad y de las posibilidades de generar una verdadera soberanía alimentaria.
Pero la agenda se ha impuesto y un tipo de verdad, también. El fenómeno puede personalizarse. Olmedo, Macri, De Narváez, Romero, no son multimillonarios que se enriquecen desplazando de su trabajo a indígenas, obreros o campesinos que engrosan las villas de las ciudades; no son distintos al colectivero, al taxista o al hombre común y corriente que, complacido, celebra y difunde el apego de ellos por el sentido común, por lo obvio. El hombre común, como usted y como yo, que, convencido, nos explica, a usted y a mí en el taxi, en el colectivo o en la verdulería, que las diferencias entre el Partido del Campo y los ciudadanos son superficiales, es la prueba de que el amo nuevo se ha impuesto. Y uno se repliega a las charlas íntimas entre quienes no creen que todo sea así. Debate cuál es el “nosotros”, con quién conviene aliarse, ruega por medidas económicas que orienten los anhelos populares hacia un rumbo distinto al de la agenda actual. Replegados y escribiendo, finalmente, que preferimos estar equivocados con el obrero del ingenio El Tabacal, con el campesino desplazado, con el profesional que se resiste al traslado de la sala de pediatría de un hospital público a uno tercerizado, a tener la razón con Romero, Wayar, Olmedo, Urtubey, De Narváez, Carrió o Clarín.

*Lic. en Historia - ISEPCi Salta

Foro por una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Salta 24/06/09 – Ayer, martes 23 de junio, en el Salón Auditorium de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, se realizó el “Foro por una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

La actividad comenzó a las 10hs con la presentación de la jornada a cargo de Daniel Avalos (Historiador – Representante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana - ISEPCi), luego de lo cual se pasó a la primera mesa, denominada “El Impacto de la ley en las instituciones”, en la que disertaron Víctor Arancibia (Director de la Escuela de Comunicación Social – UNSa), Verónica Spaventa (Delegada del INADI en Salta) y Gustavo Bulla (Director nacional de Supervisión y Evaluación del COMFER).

La Delegada del INADI destacó las posibilidades que presenta esta Ley en cuanto a “dar voz a los sin voz” y la inclusión del Closed Caption (CC). “Permite trabajar para eliminar las barreras comunicacionales que impiden el acceso a la comunicación de personas con discapacidad”. Más adelante, agregó que “esta ley, si se aprueba y cumple, da voz e imagen a todos y todas, abriendo el régimen de licencias a las pequeñas cooperativas, municipios y universidades”, pero también aclaró que “debe crear un espacio Interinstitucional que garantice la continuidad del Observatorio de Medios”.

A su vez, el representante del COMFER aclaró que “esta es una Ley que se elaboró de abajo hacia arriba, respetando primero los años de lucha de los pequeños medios comunitarios, universitarios y alternativos que conformaban la Coalición por una nueva Ley de Comunicación”.

La segunda mesa, “La ley y la pluralidad de voces”, la integraron justamente miembros de medios que participaron de la Coalición que proponía los 21 puntos a tener en cuenta para una nueva Ley. Disertaron Marta César (Periodista – Integrante de la Red-Par), Marita Couto (Directora de Radio Universidad – Integrante de ARUNA) y Elena Corvalán (Periodista de Nuevo Diario - Representante de APES).
Por la tarde se realizó la tercera mesa, “Coyuntura electoral y debate legislativo”, en la que dieron sus puntos de vista sobre la presentación de la ley y su posible tratamiento y aprobación en las cámaras legislativas nacionales, Martín Yáñez (Concejal por Salta y candidato a Diputado Provincial – Libres del Sur), Mariano Saravia (periodista y escritor, quien actualmente trabaja en Radio Nacional Córdoba y escribe para el matutino La Voz del Interior) y Gustavo Bulla (Director Nacional de Supervisión y Evaluación del COMFER).


El periodista cordobés destacó la posibilidad que abre esta nueva ley en la lucha contra los monopolios e hizo un extenso repaso de la forma en que estos monopolios mediáticos manipulan la información de acuerdo a sus intereses, siempre amparándose en la “libertad de expresión” y el pseudo “periodismo independiente”. Asimismo, se dirigió a la audiencia para destacar la libertad con que se trabaja hoy desde los medios públicos y la importancia y calidad que han adquirido en estos últimos años.

En tanto, el representante del Movimiento Libres del Sur manifestó que las dos diputadas nacionales de ese movimiento, llegado el caso, apoyarán este Proyecto, ya que “impulsa una nueva discusión sobre la propiedad de los medios” y “salda una deuda que ya lleva más de 25 años de retraso”.

La última mesa propuso como temática “La nueva ley y el fútbol”, y en la misma disertaron Amílcar Romero (Periodista y escritor, autor de Muerte en la cancha y Deporte, violencia y política, entro otros), Arturo Arroyo (Licenciado en Comunicación – Docente de la UNSa), Roque Galland (ex Dirigente de Juventud Antoniana) y Verónica Cazazola (Periodista Deportiva – Diario El Tribuno).

Se tocaron temas como los derechos a la televisación, su historia y anécdotas, la injusticia en el canon que recibe cada club de acuerdo al actual contrato de AFA con la televisación, el rol de la mujer en el llamado “periodismo deportivo”, etc.

El foro fue organizado por el ISEPCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), el INADI delegación Salta, (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), A.P.E.S. (Asociación de Periodistas de Salta), la Escuela de Comunicaciones Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), la Radio Universidad Nacional de Salta y la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red).

Cadena de favores

La Campaña organizada por el ISEPCi surgió en enero del presente año y culminó el pasado sábado 25 de abril, en medio de un acto que reunió a más de 60 personas, entre vecinos, miembros de la escuelita de apoyo Las Tizas y del mismo ISEPCi. La jornada comenzó con la firma de un convenio entre la referente de “Las Tizas”, Gladis Berabal, y el coordinador del Instituto, Daniel Avalos, por el cual se establecía que los libros entregados debían pasar a otra institución barrial en caso de cierre del espacio que hoy funciona en Barrio Democracia, al sureste de la ciudad. Durante la misma jornada, además de la entrega de los libros, se dio apertura formal a tres centros de alfabetización para adultos en el marco del Programa Nacional Encuentro. Se entregaron asimismo los primeros carnets de socio de la biblioteca y los certificados reconociendo la colaboración de los chicos que dan su apoyo a la biblioteca.

Breve Historia

En enero del presente año los miembros del ISEPCi se acercaron a la escuelita “Las Tizas” para dar a conocer algunos de los ejes de trabajo del Instituto y su relación con la vida de las organizaciones sociales. En aquella oportunidad, la coordinadora del espacio le expresó al equipo del Instituto la necesidad de contar con más libros para ese lugar que, además, funciona como centro integral de educación popular brindando apoyo escolar para los más chicos (a cargo de niños de EGB 3 o de Polimodal del mismo barrio), alfabetización para adultos y diferentes talleres artísticos. Se acordó entonces dar inicio a una campaña que el ISEPCi denominó “300 Libros + Bibliotecas”, por medio de la cual, vía Internet, cientos de personas pudieron conocer la historia del lugar y los compromisos individuales de las personas que forman parte de la experiencia, mientras simultáneamente alentaban a donar ejemplares que engrosaran la biblioteca del lugar. Transcurridos cuatro meses, el objetivo se cumplió con donaciones que llegaron incluso desde Buenos Aires, hasta recolectar la suma de 300 libros, que, como mencionáramos, fueron otorgados el pasado 25 de abril en un pequeño pero emotivo acto en la biblioteca. Consultado el coordinador del Instituto sobre las motivaciones de la campaña, este destacó que uno de los ejes de trabajo el Instituto, además de llevar adelante tareas de investigación y la organización de espacios de discusión sobre temas políticos y culturales de actualidad, se incluyen trabajos territoriales con distintas organizaciones sociales.

La historia de la escuela de apoyo “Las Tizas” se remonta al año 2002, cuando Gladis, la dueña de casa, convirtió el patio familiar en un espacio de encuentro y formación para los niños de la barriada: primero organizando el pesebre todos los fines y principios de año, luego organizando las clases de apoyo para los niños que debían rendir materias pendientes y, finalmente, generando talleres de lectura y otras actividades pedagógicas y culturales que se extienden a lo largo de todo el año. La experiencia cuenta con el apoyo de numerosos voluntarios que a lo largo de los años han conformado el plantel de docentes del lugar: familiares de la fundadora, una psicopedagoga que, además de sus tareas docentes, se encarga de detectar problemas de aprendizaje en los niños y sugerir a los padres posibles soluciones para tales problemas. A ellas se suman niños como Ruth y Beibe, de 12 y 11 años respectivamente, que destacándose en sus rendimientos escolares fueron asumiendo, naturalmente, funciones de auxiliares académicos de ese plantel que llega a trabajar con 70 niños promediando el año. A ellos correspondió la iniciativa para conformar una biblioteca, y en marzo del 2008, iniciaron una campaña entre los vecinos solicitando la donación de materiales de lectura, por medio de la cual recolectaron unos cien ejemplares, entre libros, revistas, enciclopedias o diccionarios, que sirven de material didáctico para las tareas docentes que allí se llevan adelante. A ese material se sumaron el pasado sábado otros 300 libros que fueron el resultado de una campaña vía Internet que articuló el esfuerzo y la solidaridad de diversos actores de la sociedad civil.