martes, 23 de septiembre de 2008

Puntos para una Ley de Educación alternativa

A raíz de la convocatoria del pasado viernes 19 de septiembre en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de la Provincia, realizada por el ISEPCi Salta y docentes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Salta, en donde se llevó a cabo el panel debate "La Ley de Educación Provincial: de la crítica a la propuesta", se acordó desarrollar una primera reunión de trabajo, el día jueves 25 de septiembre, a las 18 hs, en la Sala Cabezas del Ex Rectorado de la UNSa (Buenos Aires 177), con el objetivo de trascender los diagnósticos y encaminar la discusión hacia una instancia de materialización de las propuestas.
Es por ello que se invita a todos aquellos interesados en participar de la elaboración de las mismas, a fin de sintetizar y potenciar los discursos que, a través de un Diputado Provincial que participó del primer encuentro y otros que se oponen al anteproyecto de ley oficial, puedan incidir en el debate legislativo que se aproxima.
La invitación, entonces, se hace extensiva a todos los interesados, con el objetivo de debatir y concensuar tal documento, y apostar a incidir en el tratamiento de un aspecto estratégico en la sociedad salteña como lo es una Ley de Educación Provincial.
ISEPCi Salta

martes, 2 de septiembre de 2008

Gerardo Bavio: “Queda mucho por hacer”


Gerardo Bavio fue intendente en Salta durante la gobernación de Miguel Ragone. Terminó detenido durante la gestión de Isabel Perón. Esta semana visitó Salta para trazar nuevos proyectos. Habló sobre el Gobierno nacional (y no se guardó sus críticas), sobre la justicia que se empieza a conseguir en otras provincias y acerca de por qué en Salta todo sigue en el silencio.



Daniel Medina
(Prensa - ISEPCi Salta)

Jueves. Acaban de leer la sentencia contra Bussi y hay un hombre que ha estado pegado al televisor escuchando, al que se le dibuja una mueca que se parece a la satisfacción. Minutos después empieza esta entrevista con ese hombre, que está más lúcido que nunca. Es Gerardo Bavio, que volvió a Salta, tierra en la que fue intendente durante la gestión del entonces gobernador Miguel Ragone. Fue partícipe de nuestra breve primavera. Tuvo que renunciar a ese cargo en los primeros meses de 1974. “Yo no me fui de Salta; en realidad a mí me sacan de Salta”, explica.
Por estos días estuvo en la provincia a raíz de que la Universidad Nacional de Salta, de la mano de su rectora, la ingeniera Stella Pérez de Bianchi, le entregara el título de profesor honorario en un acto académico llevado a cabo en el marco del Primer Encuentro Provincial de Políticas Sociales, organizado por la Secretaría de Políticas Sociales. También participó de una reunión con los representantes del ISEPCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), filial Salta. Como se puede inferir, Bavio, con sus casi ochenta años, no ha dejado de participar en política y tiene una función activa en el ISEPCi de Tucumán.

Para entender cómo Bavio llega a Tucumán, primero hay que entender por qué se va de Salta. Cada detalle de esos años está perfectamente grabado en su memoria. “A fines de noviembre del 74, el gobierno de Isabel decreta el estado de sitio, creo que el 8 de noviembre, y a los dos o tres días hay una ola de detenciones, y me detienen a mí y a varios compañeros. Entre los detenidos estaban Pablo Outes, Farjat Salim, Urrutia, Tártalos, Paulino Aramayo, Hugo Cejas, que habían desempeñado tareas, algunos incluso habían sido funcionarios de Ragone. Un caso excepcional es el de Farjat Salim, que era Ministro del poder judicial, y de acuerdo a la Constitución no se lo podía detener sin previo juicio y sin embargo lo detuvieron igual. A fines de diciembre nos trasladaron a Devoto. Estuve tres meses detenido, salgo a fines de febrero del 75, por gestiones de un tío mío, Ernesto Bavio, que tenía influencias en el Gobierno, amistades, porque fue senador nacional e hizo gestiones para que me sacaran. Me aconsejó que me vaya del país, pero yo tenía un compromiso con mis compañeros, no me podía ir”.

Bavio se queda en Buenos Aires, no se va del país y decide arriesgar el pellejo porque militaba desde el 69 en la organización Montoneros y estaban intentando conformar el Partido Peronista Auténtico. Allí se encontraban él, algunos ex gobernadores, Miguel Bonasso y Ernesto Jaureche, entre otros. “Con ellos armamos una junta promotora del Partido Peronista Auténtico, que duró hasta el 75; a fines de ese año, la cosa era muy difícil, la Triple A ya estaba asesinando gente y todos nosotros estábamos, evidentemente, en la lista de los objetivos, los blancos móviles, como decían ellos”, recuerda Bavio.

Volver a pisar Salta era suicida. Pero Bavio logra hacerse tres escapadas, para ver a su familia y, en una ocasión, para impulsar en la provincia la conformación de una junta promotora del Partido Peronista Auténtico. A Bavio esa idea no le cerraba del todo: se habían abierto sedes en otras provincias, como Mendoza, pero él sabía que en Salta y en Tucumán era imposible. Aun así hace el viaje. “En una de las venidas, en septiembre del 75, surgió en una de esas reuniones la necesidad de incorporar a Miguel Ragone en el proyecto del partido Peronista Auténtico. Pero hacer ese proyecto acá no duraba más de 24 horas, era ser boletas. Igual vinimos, por separado, hasta esas precauciones nos tomamos, y armamos una reunión con Ragone en la casa de mi madre, ahí en España al 900. En la reunión estaba Martínez Vaca, Juan Carlos Villamayor, Elisa López (ex legisladora ya en esa época), y un grupo de gente más allegada a Ragone en esa época. Ragone estaba también tratando de armar algo, en vistas a una posible futura elección (algo que hoy parece utópico, imposible), pero hay que recordar que el gobierno nacional había planteado que iban a haber elecciones”, relata Bavio. En esa reunión le plantean a Ragone lo que estaban haciendo; pero éste les dice que en Salta no era factible abrir un lugar sin que, en menos de 24 horas, le pongan una bomba o sin que empiecen a secuestrar y desaparecer gente. Ragone pensaba en dar la lucha dentro del peronismo en Salta.

“Evidentemente la fuerza con máximo respaldo popular que había en Salta en esos años era la de Ragone. Tuvo el respaldo de la población, lo demostró todo el tiempo, no sólo en las elecciones. Lo demostró en ese intento de toma de gobierno en septiembre del 73, año en que tuvieron lugar hechos fundamentales. Ganó la fórmula Perón-Perón. Sin embargo, a los dos días se da este hecho trágico, que es el asesinato de Rucci, que se imputa a un sector de Montoneros. Nosotros militábamos en esa agrupación, pero nos pareció un error político -y además ético-, haber provocado la muerte de un individuo criticable, muy criticable… pero no había que cometer ese error. Y al día siguiente hubo una misa, se juntó mucha gente antirragonista y ese mismo día, al salir de la misa, invadieron la Casa de Gobierno. Ahí estaban la derecha peronista, la burocracia sindical…Acá en Salta nos conocemos todos… Estaban los viejos orejudos del partido conservador. Ese intento duró poco, porque la plaza se llenó de las bases del pueblo que apoyaban a Ragone y los que se habían metido sólo pudieron salir cuando Ragone garantizó su seguridad”, evoca, sin perder los más mínimos detalles y añade: “Ragone tenía un apoyo popular indudable. Nadie le iba a disputar dentro del partido. Entonces tenía razón en ese sentido. En lo que nos equivocamos es en que iban a haber elecciones… Si él se hubiera ido a Buenos Aires con nosotros, quizá se hubiera salvado. A los pocos meses lo secuestraron”.

Entonces llegó marzo del 76 y el fin de ese proyecto; pero no de la labor de Bavio “Seguimos trabajando, con mucho cuidado seguimos trabajando e investigando. Siempre con el máximo cuidado. Yo investigaba sobre la realidad económica y social que se estaba viviendo y sobre los que estaban manejando la economía y política de aquella época. Algunos de esos trabajos tuvieron repercusiones, fueron importantes para entender la base política y social de la dictadura”, dice.

Finalmente se tuvo que exiliar en México, donde vivió desde 1978. Trabajó en la Universidad, de la cual guarda gratos recuerdos. Vuelve a la Argentina recién en los 90. Hubiera regresado antes, pero tenía una causa abierta y hubiera caído detenido. Lo acusaban a él y a los que habían realizado un documento crítico a la conducción de Montoneros, de asociación ilícita. Ese documento había sido firmado por Bavio y por otros, como Miguel Bonasso y el poeta Juan Gelman.

Bavio habla del drama del “des-exilio” y entonces hay algo de nostalgia en su voz, pero en ningún momento –y pese a todo lo que ha vivido- deja de parecer un hombre alegre. “Se vuelve y se encuentra otro país y otra gente, y algunos lo reciben a uno con dureza y además no hay laburo. Estaba muy difícil la cosa. Mi mujer era de Tucumán, ella consiguió trabajo ahí y después yo también. Me quedé en Tucumán por un tiempo”.

Hay un contraste entre el fallo que se dictaminó contra Bussi en Tucumán y lo que sucede en Salta. En esta provincia, los tiempos parecen ser otros. Mientras en el resto del país los juicios y las condenas se llevan a cabo, en Salta el silencio se mantiene. “Esta mañana pude hablar con una abogada muy querida que está en eso y me dijo que acá está densa y empantanada la cuestión, y que incluso hubo retrocesos (como el caso de Lona). Hay que tener en cuenta que la Justicia argentina ha sido un aparato utilizado por la dictadura y que todavía quedan estructuras que hacen que se posterguen algunas cuestiones, como las de Ragone y Palomitas.”

La lucha actual


Gerardo Bavio sigue trabajando en política. Es parte del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, filial Tucumán. Desde allí asume una postura crítica en cuanto al gobierno nacional, sin negarle el reconocimiento por avances en algunas áreas como la de Derechos Humanos; pero está conciente de que falta mucho por hacer.


“No hay todavía una construcción política o un proyecto nacional claro. Cuando los Kirchner hablan de un país distinto, tienen razón, pero no dan detalles de cómo se conforma ese país distinto ni cuáles son los caminos que hay que seguir para construirlo”, afirma. También señala que el conflicto del campo ha puesto de manifiesto esas falencias (un conflicto que no estuvo suficientemente bien manejado desde el comienzo), de no haber hecho un proyecto más serio, de reindustrialización del país. “Todo eso son fallas que estamos tratando de mejorar. Hay que hacer un apoyo crítico. Cuando hay un conflicto con la oposición apoyamos al Gobierno, porque sabemos para donde tira la oposición, pero sabemos que el Gobierno nacional tiene falencias y todavía está muy apegado a la coyuntura”, sentencia.

“En el ISEPCi de Tucumán y en todo el país estamos trabajando en llenar esos huecos que se presentan. En el tema nacional hay proyectos concretos sobre la redistribución de la riqueza. Estamos trabajando en la Ley de radiodifusión. La que tenemos viene de la época de la dictadura militar y tenemos que transformarla. Estamos trabajando en el área educativa, en una nueva ley de educación superior y también estamos viendo la realidad de Tucumán y del noroeste argentino, de los reclamos federales, de las vías de integración para la región”.

miércoles, 30 de julio de 2008

Debate: Los “medios” interpelados

Convocados por el Instituto de Investigación social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi-Salta), historiadores y periodistas salteños debatieron en el Complejo de Bibliotecas de nuestra ciudad sobre "Medios de comunicación y lenguajes políticos en el siglo XXI". El disparador fue la "Carta Abierta", el documento firmado durante el conflicto del campo por más de 700 intelectuales, que pusieron en la mesa de discusión, entre otras cosas, el rol de los medios de comunicación y sus capacidades para orientar el desarrollo de ciertos conflictos.

DOM
La crisis generada por el llamado conflicto del campo, puso en evidencia situaciones o facetas que hasta el momento habían pasado desapercibidas, confirmando que los tiempos de crisis son ideales para realizar análisis a fondo. Acaso por este motivo, y a raíz del debate suscitado por el espacio “Carta Abierta”, donde numerosos intelectuales expresan su postura ante la situación política actual y el rol de los hombres de la cultura en el proceso político presente, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi-Salta) convocó a una charla debate sobre "Medios de comunicación y lenguajes políticos en el siglo XXI", de la que participaron el licenciado Rubén Correa, el periodista Héctor Alí (Nuevo Diario y FM Ya) y el historiador Daniel Avalos, en representación del Instituto.
La “Carta Abierta”, que sirvió como disparador del encuentro, es un documento producido por reconocidos intelectuales, que parecen romper con la tradición académica que, durante décadas, prescindió de las valoraciones éticas y los planteos políticos en nombre del rigor científico. “Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional…”, comienza diciendo el texto, al que adhirieron personalidades como Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Jaime Sorín, David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Horacio González y José Pablo Feinmann, entre otros.
El mismo documento identifica a los medios de comunicación como un actor central en el desarrollo de los procesos políticos actuales: “En la (…) confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente «la realidad» de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen «la verdad» sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan”.
La carta completa se puede leer en: http://www.cartaabierta.es.tl/ y fue difundida por el ISEPCI-Salta, que además inició una campaña de adhesión a la misma, la cual ya recibió el apoyo de decenas de personas, entre las que se incluyen académicos universitarios, funcionarios provinciales, docentes y jóvenes periodistas, a través de la citada página y del blog del Instituto.

Las intervenciones


Daniel Avalos, miembro del ISEPCi-Salta, ante más de medio centenar de concurrentes, destacó la importancia del documento por intentar romper con tradiciones académicas que, en nombre de la objetividad, reclaman saber “cómo son las cosas”, prescindiendo de valorarlas como buenas o malas y prescindiendo, aún más, de la pregunta política acerca de cómo conseguir que los procesos se orienten hacia los puertos deseados. Si la primera parte de su exposición estuvo marcada por un intento de identificar los orígenes de esas tradiciones académicas y la ruptura con esos argumentos, presente en la Carta Abierta, la segunda parte de su exposición se inició con la afirmación de que los medios, efectivamente, tienen gran capacidad para instalar una noción de verdad que no necesariamente supone una adecuación entre lo que alguien dice de una cosa y lo que esa cosa efectivamente es. Al tratar de buscar las causas que determinan esa situación, concluyó que, a diferencia de lo que algunas certezas del progresismo y la izquierda suponían, el capital concentrado ha logrado efectivizar una revolución comunicacional capaz de sujetar las conciencias, con lo cual cualquier progresismo no perezoso debe plantearse, hoy, la necesidad de tener una política comunicacional para la emancipación, algo que, enfatizó, el gobierno nacional no tuvo durante el desarrollo del reciente conflicto.
El historiador Rubén Correa, por su parte, tuvo ejes menos claros de intervención. Mechó una fuerte defensa de la Universidad, el relato de experiencias personales en ese ámbito y una postura critica a los intelectuales firmantes de la “Carta Abierta”, remarcando que percibía en ellos un gran desconcierto. Sostuvo así que la derrota del kirchnerismo en el conflicto del campo se debió a que no ha podido asimilar el eclecticismo, donde los aliados no terminan de ponerse de acuerdo, mientras del otro lado, la derecha, siempre ha sido pragmática y ha tenido un horizonte claro. Asimismo, criticó fuertemente al gobierno provincial, por la incapacidad para cumplir promesas o por imponer una enorme burocracia que paraliza todo proyecto, como el de modificar el nombre de las calles, que actualmente están nominadas en homenaje a ex represores.
Héctor Alí fue el cable a tierra de análisis más generales. Afirmó que la tarea del periodista está mucho más vinculada a la crónica diaria, restándole posibilidades para otro tipo de análisis. Y aun cuando manifestó que existieron ejemplos de preguntas capciosas y un uso interesado de las presentaciones, concluyó que el tema del campo fue sobredimensionado, al habérselo comparado con intentos de golpes de estado y aseguró que este tema también sirvió para opacar o tapar otros problemas que se suscitaron en ese período. Defendió la labor de los medios de comunicación, y sostuvo que él había notado objetividad en el tratamiento del conflicto. Expresó, finalmente, que no comparte algunos fragmentos de la carta, como por ejemplo aquel que manifiesta que los medios “gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo”.


Finalizadas las disertaciones, los concurrentes hicieron uso de la palabra. El denominador común de las intervenciones fue el de una postura crítica a los medios de comunicación y el apoyo a las retenciones como mecanismo de distribución de la riqueza que, sin embargo, no suponía un apoyo a la gestión del gobierno nacional.

martes, 15 de julio de 2008

Carta Abierta

A los intelectuales, a los artistas , a los docentes universitarios y a los periodistas salteños: en un contexto de fuerte pugna política, ante un nuevo intento de la derecha nacional de conformar un bloque de poder que no tolera ningún intento de redistribución de la riqueza e intenta imponer un modelo de país acorde a sus exclusivos intereses; atendiendo a que el llamado “conflicto del campo” ha colocado en la mesa de discusión aspectos que ya trascienden las medidas concretas y los comportamientos de funcionarios y que tal proceso ha generado que sectores importantes de la intelectualidad nacional intervengan en la discusión forjando espacios de debates y organización como el llamado “Espacio Carta Abierta”, el ISEPCI-Salta invita y convoca a la intelectualidad salteña a adherir a la misma y organizar en nuestra provincia espacios de debate de ideas y análisis que aspiren a intervenir activamente en el proceso política y social de hoy. Porque ciertos aspectos de nuestra realidad nacional son demasiado importantes para dejarlos en manos exclusivas del gobierno.

Este documento fue presentado en la librería Gandhi de Buenos Aires por una mesa conformada por Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster y Jaime Sorín. Fue firmado por más de 750 intelectuales, entre los que se cuentan decanos de la UBA, David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Horacio González, José Pablo Feinmann y muchos más nombres, que por limitaciones de espacio es imposible reproducir.

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.
Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del agro”, ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.

Publicada el 15 de mayo de 2008 en Página/12

Para adherir a la carta, ingresar en www.cartaabierta.es.tl

martes, 10 de junio de 2008

El conflicto del campo: un debate político



El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ISEPCi-Salta, dio inicio el pasado viernes 6 de junio en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de la Provincia al ciclo de conferencias titulado "Política, cultura y actualidad", que se llevarán adelante el primer viernes de cada mes. En la oportunidad se conformó una mesa panel que abordó el conflicto del campo, sus implicancias en lo económico, lo social y en lo político. Participaron el Diputado Provincial Dr. Carlos Morello, Movimiento Libres del Sur; el Ing. Lucio Yazlle, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta; el Lic. Eduardo Arancibia Gutiérrez, Asesor y Consultor de empresas y el Lic. Daniel Avalos, Historiador y miembro del ISEPCi-Salta.





Los panelistas coincidieron en resaltar que una de las características principales del conflicto fue su politización. Ninguno de los presentes se escandalizó ante esa situación; por el contrario, enfatizaron que se trataba de un hecho positivo aun cuando, y en esto también coincidieron todos, tal condición fue consecuencia del manejo de los dirigentes de las entidades agropecuarias, que en el desarrollo del proceso reconocieron que sus planteos trascendían las reivindicaciones meramente económicas, permitiendo así no sólo discutir el tipo de país que se desea, sino también debatir el cómo llevar adelante ese modelo, que varía según los sectores de la sociedad.
En ese contexto, la mayoría coincidió en que la discusión de fondo no era tanto el cómo habían llevado adelante las negociaciones los dirigentes del campo y los funcionarios de gobierno, sino más bien si era legítimo y deseable que el Estado intervenga o no en las reglas de la economía.
Enmarcadas las intervenciones en este punto, los panelistas se concentraron, en distintos niveles, en explicar en qué consistía eso que el “campo” denominó la “oportunidad histórica”. Al analizar la misma, se hizo la obvia alusión a la favorable situación internacional que, para países productores de materias primas, implica la consolidación de las economías emergentes, principalmente asiáticas, algo que no sólo tiene que ver con el aumento de la población sino también con los profundos cambios en los hábitos alimentarios de países como China, por ejemplo, que provocan una demanda impresionante de granos, empleada para la producción de carne. Se recordó que los chinos, por ejemplo, comieron en el año 2005 cinco veces más carne que a fines de los años 80; que se precisan 3 kilos de granos para producir un kilo de ave y más de 6 kilos de granos para producir un kilo de carne vacuna, y se mostró, a continuación, cómo esa fenomenal demanda incidió en la estructura económica de países como el nuestro: 26 millones de hectáreas cultivadas en la campaña 2000-2001 y 30 millones en la campaña 2006-2007; que en igual periodo se pasó de los 67 millones de toneladas de producción a los 94 millones e, incluso, se destacó que además de los beneficios producidos por la comercialización de los productos debían visualizarse las ventajas patrimoniales del sector, teniendo en cuenta que la hectárea de tierra maicera en la región de Buenos Aires está valuada hoy en los 9.200 US$, muy por encima de los 3.200 US$ que costaban antes del boom de la exportación en el año 2002.
Analizado el favorable contexto internacional, se hizo alusión, sin embargo, a que la tan mentada “oportunidad histórica” está lejos de explicarse, exclusivamente, por la situación internacional, en tanto la otra pata de la misma era atribuible al modelo diseñado por el Estado nacional desde el año 2002 y que podía resumirse en la política cambiaria del “dólar alto”. Para el caso, los participantes no valoraron como bueno o malo a ese modelo, sino como una realidad que benefició a los sectores exportadores que, al contar con un esquema de 3 x 1, favoreció la producción doméstica y particularmente la destinada a la exportación siendo, precisamente, el “campo” sojero el sector más beneficiado. En este punto se precisó que la intervención del Estado en el mantenimiento de este tipo cambiario es crucial, en tanto es él, y no el mercado, el que mantiene este artificial tipo de cambio que favorece, precisamente, a los sectores exportadores y que, por lo tanto, las pretensiones de no intervención por parte del Estado en las reglas de la economía era un argumento falaz, en tanto era lógico que si el Estado interviene en la economía para mantener un dólar artificialmente alto, puede también intervenir para decidir qué hacer con las rentas extraordinarias que ese modelo genera para determinados sectores. Rentas que, además, sirven para que el Estado logre una política de superávit fiscal, necesaria para adquirir dólares en el mercado cambiario dependiendo menos de otras fuentes de financiación, como la emisión monetaria o el endeudamiento.
Recién entonces las intervenciones giraron en torno a las retenciones. No sólo porque ellas representaran el disparador de un conflicto que superó los 85 días, sino también como un símbolo que pudiera representar la legitimidad de un Estado dispuesto a intervenir en la economía de un país, problemática ésta que los panelistas en distintos grados consideraron realmente importante. En ese punto nadie negó la importancia de los porcentajes que las retenciones suponen, pero todos coincidieron en que el esquema de retenciones móviles bajo ningún punto de vista amenazaba la rentabilidad y la continuidad de la producción y de la inversión en el sector, tal como los dirigentes del campo denunciaron.
Asimismo, se destacó que tal instrumento de recaudación constituye un instrumento admitido por la Organización Mundial de Comercio, que se trata de una herramienta de la que hacen uso cerca de 50 países del mundo y que jurídicamente se asienta en la noción de soberanía estatal sobre los recursos del suelo y subsuelo de un territorio. Tampoco se dejó de mencionar el concepto de “renta diferencial de la tierra”, según la cual las condiciones naturales extraordinarias de la pampa húmeda en nuestro país otorgan a los que la explotan ventajas comparativas únicas, que no tienen que ver con la pericia o las inversiones del sector sino con condiciones únicas e irrepetibles, que colocan a países como el nuestro o Brasil en condiciones excepcionales a mediano y largo plazo.
Finalmente se hizo alusión a las supuestas paradojas que el conflicto evidenció: particularmente la alianza entre entidades como la Sociedad Rural y la Federación Agraria. Al respecto, se ensayaron explicaciones que requerirán análisis. Pero la hipótesis que uno de los panelistas ensayó es que la misma “oportunidad histórica” que el campo reclama aprovechar fue modificando la base social de entidades como la Federación Agraria, al convertir al pequeño productor en una naciente burguesía agraria que se puede sentir, inconciente o concientemente, bien interpretada por las doctrinas liberales, que ven en la actividad empresarial el motor del crecimiento y la necesidad de que el Estado no obstaculice sus actividades de producción, que en algún momento se derramarían al resto de la sociedad. Y aunque no se negó que entre los miembros de esa entidad aún existe un número considerable de pequeños productores afectados por las medidas del Gobierno, se sugirió que existe también un número nada despreciable de productores que ya no son pequeños productores. Se dieron cifras definitivas del Censo Nacional Agropecuario 2002, en donde se establece que las Unidades Productivas Agrarias descendieron un 21% entre el año 1988 y el 2002, y que esas mismas unidades, en igual periodo, crecieron un 25%, pasando en promedio de tener una extensión de 469 hectáreas, a 588. Y aun cuando no existían cifras definitivas para el periodo 2002-2007, nada hacía suponer que ese proceso no se hubiera intensificado.
Sumando al fenómeno la profunda tecnologización del campo, se sugirió al público que las supuestas contradicciones entre el historial de un dirigente progresista como Buzzi, aliado hoy a Luciano Miguenz, es poco paradójico, en tanto el primero no estaría más que respondiendo a nuevas demandas sociales de esa entidad que, sin convertirla en “oligárquica”, en tanto políticamente reaccionaria y tecnológicamente atrasada, si la orientaba hacia posturas más cercanas a ideas neoliberales.
Finalmente, también se enfatizó el rol de los medios de comunicación en el conflicto y cómo esto, independientemente de los intereses directos que pudieran existir entre los medios de comunicación y el campo, confirmaba teorías que, desde hace décadas, difunden intelectuales de todo el mundo: una noción de “verdad” que no supone una adecuación entre lo que los hombres dicen de una “cosa” y la realidad de esas “cosas”, sino más bien una que supone la capacidad de determinados sectores de imponer como verdad aquello que ellos consideran verdadero. De allí, se dijo, la necesidad de los sectores populares y nacionales de tomarse con seriedad una política hacia los medios de comunicación y darles el rol estratégico que se merece.