ISEPCI - Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana

El hambre más urgente

2009-12-21T11:36:00.000-08:00

Nutrivida

Trabajar por los pobres y luchar contra la desnutrición son cuestiones de Estado que Juan Manuel Urtubey dice encarar, aunque entre los suyos hay quienes, al parecer, no entendieron muy bien la consigna. Desde hace dos meses que hay en la provincia 40.000 “niños en riesgo nutricional” que no reciben su refuerzo alimentario. Los motivos no se explican, pero entre Desarrollo Humano y Finanzas hay una maraña que afecta a este importante sector de niños salteños.

Por R.E.

El año 2009 está cerrando con algunas contradicciones en la gestión del Gobierno de la provincia, más específicamente en el área que conduce el ministro lechero Claudio Mastrandrea. Además de no haber aclarado aún cómo fue que se decidió reforzar la alimentación de algunos niños de la provincia con leche en polvo no apta para el consumo, hoy tiene que dar explicaciones del por qué vienen atrasados con los bolsones alimentarios llamados “Nutrivida”, que no se entregan desde finales de octubre a pesar de que deben repartirse de manera mensual. La primera conclusión a la que se arriba es sobre el desencuentro entre el discurso del Gobernador y las políticas aplicadas desde esa cartera ministerial, Desarrollo Humano.

Los enunciados

Juan Manuel Urtubey, en la apertura de la asamblea legislativa de este año, y en el mini acto aniversario por los dos primeros años de su gestión, resaltó que se está trabajando para bajar los índices de desnutrición en la provincia; algo largamente reclamado a la anterior gestión que tenía y escondía sus elevados índices de chicos desnutridos.
Uno de los pilares que sostiene el combate contra la desnutrición fue la puesta “en marcha del Programa Nutrivida para refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”, según se puede leer en el cuadernillo en el que se plasmaron todos los actos de Gobierno de estos dos años, y que fuera entregado en el Centro Cívico Grand Bourg el 10 de diciembre pasado al finalizar el discurso del primer mandatario provincial.
Las fuentes consultadas, sin embargo, confirman la falta de entrega de este “refuerzo alimentario” desde hace dos meses. Las causas: la falta de stock de los bolsones que se atribuye, simplemente, a la falta de compra de los mismos, algo que respondería a complicaciones con los fondos a raíz de que las prioridades no parecen ser las que se dicen que son, sino las que manda la billetera.

Intruso web

Una búsqueda en el boletín oficial de la provincia nos confirma aún más esta versión, por cuanto en la sección avisos sólo aparecen publicadas dos licitaciones en el año 2009 para adquirir bolsones destinados a este programa. La primera es de 80.000 módulos, y la segunda, de 40.000, lo cual supone que se licitó la compra de 120.000 bolsones, que alcanza para tres meses. El primer aviso fue publicado el pasado 3 de marzo (Boletín Oficial Nº 18.060) para la adquisición de “80.000 Módulos Alimentarios Nutrivida con distribución”, con destino a la Secretaría de Abordaje Territorial y por un monto oficial de $3.132.000; la segunda licitación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 18.158 del 31 de julio de 2009 para la “adquisición de 40.000 Módulos Alimentarios Nutrivida”, con destino a la misma Secretaría y por un monto de $1.600.000.
Un capítulo aparte merece la diferencia en el precio de ambas licitaciones: en la primera, cada módulo costaba $39.15, en la segunda (unos cuatro meses más tarde), cada módulo costó $40; quizás la inflación tuvo sus influencias.

Parodi inculpado

La fuente ministerial consultada explicó que el proceso de licitación es un tanto enredado, por cuanto el pedido debe hacerlo un Secretario; dentro del Ministerio debe seguir una serie de pasos administrativos hasta que es el propio Ministro quien autoriza la compra, aunque no sería él quien tenga la última palabra por existir un organismo, la Unidad Central de Contrataciones, que dispone en este caso que la licitación se lleve a cabo, mientras los fondos que abonan al proveedor son girados por el Ministerio de Finanzas, a cargo de Carlos Parodi. Al parecer, sería allí donde nace el problema del efectivo.
Según parece, los que tienen en custodia el dinero de la provincia no dimensionaron la verdadera importancia de este programa y los fondos que envía Nación para el mismo estarían siendo destinados a la recarga mensual de la Tarjeta Social.
Por lo que se sabe, Nación aporta la mitad de los fondos para llevar a cabo la ejecución de la Tarjeta Social y también la mitad de los fondos para poder entregar todos los meses ese “refuerzo alimentario de 40.000 niños en riesgo nutricional”. La deuda con los chicos en riesgo nutricional tendría que ver con que el aporte nacional del Nutrivida es puesto a disposición de la Tarjeta Social, con lo que la provincia se ahorra el gasto de darle de comer a los desnutridos y la Nación financia el 100% de la Tarjeta Social.
Esta versión bien podría ser confirmada por el mismo ministro Mastrandrea, quizás con otras palabras cuando, hablando de la asignación universal por hijo y sus compatibilidades, declaró que “muchos de los que tienen el beneficio de la Tarjeta Social tienen hijos a cargo y aparentemente no han recibido la asignación por hijo. Digo aparentemente porque el ANSES lo está chequeando. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Seguramente estas personas van a estar con la asignación por hijo y nosotros vamos a tener recursos para otro tipo de programas sociales”. Lo que en apariencia querría decir que los recursos que queden sin usarse en los beneficiarios de la Tarjeta Social bien podrían ser utilizados para darle efectivo cumplimiento al Nutrivida.

Buscando el giro

El mismo 10 de diciembre, Mastrandrea contestó a la requisitoria periodística de Canal 9, afirmando que hay un proyecto de “reemplazar el Nutrivida, que se están distribuyendo normalmente en la provincia para la atención de los chicos y la prevención de la desnutrición”. El periodista no le había consultado por el retraso en la distribución de estos bolsones, pero por las dudas el Ministro abrió el paraguas y, lisa y llanamente, faltó a la verdad, porque para esa fecha no se estaba distribuyendo normalmente el Nutrivida. Las declaraciones parecen confirmar, sin embargo, que recursos de algunos programas sirven en realidad para otros y que gracias a la ANSES y las asignaciones universales, en el 2010 se podría contar con el alimento mensual que los niños en riesgo nutricional precisan.
Mientras tanto, el 2009 cierra con un déficit que se aleja de la premisa marcada dos años atrás por un gobierno que prometió cambiar aquellas cosas que había que cambiar, y una de ellas era la desinversión en materia social que profundizó año a año la gestión del actual Senador Nacional.
Conviene recordar un párrafo de Urtubey en el acto aniversario: “Yo he tomado una decisión, dejando casi todo, que es trabajar por los salteños y fundamentalmente por los que menos tienen”. Esa es justamente la decisión que parecen no haber tomado algunos ministros, que no obran de acuerdo a la decisión de vida que dice haber tomado quien los puso al frente de las responsabilidades que omiten cumplir.

Regular menos

2009-12-21T11:25:00.000-08:00

Balance en el Concejo Deliberante

Cincuenta y cinco resoluciones menos que en el año 2008; grandes reacomodamientos políticos; nuevos y viejos actores y el fin de la mayoría automática, es el resultado de un año de trabajo en el Concejo Deliberante de la ciudad. Gustavo Sáenz del PJ, Cristina Fiore del PPS y Martín Yánez de Libres del Sur fueron de los más productivos en su labor.

Por José González Romano

Durante el año se aprobaron 345 resoluciones de cuerpo, aquellas donde los concejales regulan la vida del Concejo y del Municipio, mientras en el año 2008 fueron 400. Se solicitaron 48 pedidos de informes, de los cuales 12 no fueron contestados. Entre las ordenanzas, aquellas que suponen un instrumento legal que regula la conducta de los ciudadanos, podemos mencionar la ordenanza enviada por el Ejecutivo que privatizaba el servicio de alumbrado público, permitiendo la entrada al juego de los prestadores de servicios Lusal S.A.. Algunas otras, aprobadas por el oficialismo, implicaron la creación de un nuevo impuesto para los contribuyentes, para pagarle a Lusal más de $ 700.000 anuales. Por el lado de las ordenanzas que beneficiaron a los vecinos, podemos mencionar la eximición del pago del derecho a construcción, lo que permitió poner freno a las más de 20 mil intimaciones que la empresa Magna había realizado y que amenazaban con rematar las casas de muchos vecinos de nuestra Ciudad. El proyecto fue vetado por el intendente Isa y luego el Concejo rechazó el veto por la presión social y por la pública, generada por el autor del proyecto.

Movimientos políticos

Tomemos en cuenta para analizar lo actuado en el saliente Concejo Deliberante, donde hace escasos días culminaron sus mandatos, que comenzaron, el 3 de diciembre de 2007, 21 ediles, de los cuales cuatro (de los nueve que buscaron la reelección) renovaron sus mandatos: Mirta Isa (PJ), Tomás Rodríguez (PJ), Pedro Serrudo (PJ) y Marcelo Oliver (Frente Salteño). Gustavo Sáenz se convirtió en senador provincial hasta el año 2013, y aunque varios otros se postularon, no pudieron acceder a ninguna banca.
Dato importante y muy comentado lo constituye la disminución del bloque, en términos numéricos, del Partido Justicialista. Cabe recordar que en el año 2007 actuó como bloque FREJUVI (PJ +PCP), contando con los once concejales necesarios para contar con una cómoda mayoría (sin contar los aliados). En el revés electoral de septiembre último, el PJ que responde al intendente Isa sólo logró introducir seis ediles, situación más que incómoda en un escenario en donde el peronismo disidente filtró ocho concejales, dos por la línea de Wayar (con el “Oveja” Álvarez a la cabeza), y seis por la línea de Romero (con Tonini y Raúl Romeo Medina como puntas de lanza de la avanzada romerista en el Concejo).
Otras bajas importantes las padeció el otrora fuerte (supo gobernar los destinos de la ciudad en varias oportunidades) Partido Renovador. De cuatro concejales con los que contaba después de 2007 (dos por el PRS más dos de Cabildo Abierto), en esta elección sólo accedió a una sola banca. Mientras tanto, el partido que no estará presente en este nuevo Concejo será el Partido de la Victoria, ya que se venció el mandato de Gustavo Cecilia y Cristian Monzo, no pudiendo éste renovar su banca en la última elección.
Entre los que sumaron, tenemos a la escisión renovadora que responde a Gómez Diez: Propuesta Salteña logró dos concejales, fruto de la Alianza Acuerdo Cívico y Social, compartida con la UCR (que después de muchos períodos logró ingresar un concejal). El PO pasó de uno a dos ediles: se fue Cristina Foffani y llegaron Gabriela Cerrano y la dirigente de Tribuna Docente Norma Colpari. Y entre los que se mantuvieron, no pudiendo plasmar en bancas lo logrado en referencia, tenemos al Movimiento Libres del Sur, que retuvo el espacio ganado en el 2005 (con Carlos Morello en esa oportunidad) al concluir su mandato Martín Yánez (2007-20009) y comenzar Gladys Tinte, en representación de Barrios de Pie y Villa Juanita. Un partido que se despide de la vida (política) real, es el Partido Frente Grande, que en 2007 le prestó su personería a los peronistas que estaban con Urtubey, y con éste, más el carismático Dr. Nazr traccionando la lista, logró que su principal dirigente, Diego Saravia, acceda a la banca, no pudiendo acercarse ni por asomo esta vez, ni siquiera con la inexplicable (ante sus adherentes) estrategia de llevar como candidato a Senador al alfil de Isa en el último Concejo, su ex presidente Gustavo Sáenz para que traccione la lista.

Escribanía

Para muchos, el Concejo que acabó hace días su mandato era bastante aburrido. Hacen referencia a la falta de debates enriquecedores, lo cual se atribuyó a un oficialismo municipal con amplia mayoría (a sus once concejales, había que sumarle el acompañamiento constante de Nora Ríos, Gustavo Cecilia y Cristina Mariani por parte del PRS-FPV). Sin embargo, los hechos más sobresalientes (y para nada aburridos) se dieron cuando se trató (ya había sido aprobado en el 2007 bajo la presidencia de Vidal Casas en el Concejo) el escandaloso pago de una abultada multa diaria que la ciudad le pagaba al empresario Roque Lozano, consecuencia de la transferencia y canje de los inmuebles municipales por un galpón en la zona del Chango Más, por no hacer efectiva la transferencia de los mismos; la creación de un nuevo impuesto, el de Lusal; la prórroga del contrato a Agrotécnica; la controversia (o escándalo) por el nuevo código de planeamiento urbano; las excepciones al código de construcción, otorgada por Kalinsky, ex secretario municipal de Planificación y Desarrollo; entre otros temas que interesaron, o que deberían haber interesado a la ciudadanía, “si no después no se quejen” (por el aumento de los impuestos, por la construcción sin orden de nuevas torres en lugares no aptos, que provocan el colapso de los servicios cloacales, o por la entrega a precio vil del patrimonio de los salteños).
En todos ellos, la mayoría oficialista nunca estuvo en riesgo, aunque sí debió soportar las observaciones de la oposición en la voz de Foffani, Yánez y, a veces Fiore, y también al principio de Diego Saravia que, luego de un inicio opositor, rápidamente se pasó a las filas encubiertas del oficialismo.

El “viejo” y el “joven”

En el período 2007-2009 del HCD, el concejal de mayor edad fue Pedro Serrudo, secretario general del gremio municipal (UTM). Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el haber logrado la Resolución que declaró de Interés Municipal el Test Match entre el Seleccionado Los Pumas y el Seleccionado de Inglaterra, que se llevó a cabo el día 13 de junio de éste año en el estadio Martearena; también fue autor del proyecto de Resolución en el que se declaran “Deportistas Destacados de Salta Capital” a los integrantes del Seleccionado Júnior de la Liga Salteña de Béisbol, que saliera campeón nacional de la disciplina en mayo, en la ciudad de Córdoba.
Desde el otro extremo de la realidad etaria, se encontraba el concejal por el Movimiento Barrios de Pie - Libres del Sur, Martín Yánez, quien asumió como edil a la edad de 24 años. La performance del joven concejal fue ampliamente superior a la del experimentado Serrudo. Martín Yánez presentó cerca de cien proyectos (junto a Cristina Fiore y Gustavo Sáenz, fue de los más productivos en su labor). Entre los más relevantes de su autoría se encuentra el proyecto de creación de la Fiscalía Anticorrupción Municipal, que aún se encuentra en la comisión de legislación general y que nunca pudo ser tratado, a pesar de ser un proyecto de ordenanza bastante elaborado. Por el contrario, se aprobó el proyecto de su autoría sobre el Uso social de los terrenos baldíos, por medio del cual los baldíos de la capital pueden convertirse en centros culturales comunitarios y deportivos, con el fin de que muchas organizaciones de la comunidad que hoy no cuentan con un espacio puedan hacerlo para desarrollar sus actividades con un fin social. Fue aprobado después de tres meses de peleas en la comisión de legislación general. En otro orden de cosas, a él correspondió la iniciativa de declarar ciudadano ilustre al ingeniero Gerardo Héctor Bavio Arias, quien en 1973 fuera designado Intendente de nuestra ciudad por el Gobernador Ragone, marchando al exilio cuatro años más tarde para regresar al país en el año 1990. Desde entonces se desempeña en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde reside, trabajando arduamente en la defensa de los Derechos Humanos y la libertad política.

Conteniendo a la pobreza

2009-12-21T11:18:00.000-08:00

Los impactos que la Asignación Universal por Hijo tiene en la lucha contra la pobreza, siguen siendo objeto de debate. Si se trata de un combate o una simple contención de la misma, es lo que divide las interpretaciones en el país y en nuestra provincia.

Por José González Romano

Según cifras oficiales, con la incorporación de 356 mil padres con derecho a percibir la asignación (que se anotaron en los últimos días de noviembre y empezarán a cobrar en diciembre), se alcanza a cubrir un total de 3.541.000 niños y adolescentes, hijos de desempleados y de trabajadores informales beneficiados con la medida. (http://www.anses.gob.ar/). Sólo en la Provincia de Salta (http://www.iruya.com/), se estima que la prestación alcanzaría a unos 280.000 beneficiarios. Si ello es así, se puede inferir que en nuestra provincia el beneficio alcanzaría al 23% de la población, estimando que somos 1,2 millones de habitantes (proyección estimada por el INDEC del censo de 2001, que arrojó la cifra de 1,079,051 habitantes); mientras que a nivel nacional, y calculando 40 millones de habitantes, el porcentaje alcanzaría al 9 % de la población.

Disputas

Sin dudas que la medida es buena y se aplaude su implementación. Los que se oponen a ella argumentan que se trata de una potenciación del asistencialismo, que se utiliza dinero de los jubilados a quienes de debería aumentar sus ingresos, o que no significa mucho para quien, teniendo un hijo, cobraba un plan de empleo de 150 pesos y ahora pasará a cobrar $144 (dado que los $36 restantes van a un fondo que se paga anualmente al acreditar que el hijo asiste a la escuela y recibe atención médica).
Los apologistas, por su parte, observan el vaso medio lleno. “La Asignación Universal por Hijo es una herramienta de suma importancia, ya que posibilita a aquellas familias que no tienen trabajo o están dentro del mercado informal obtener algunos recursos para algo tan simple pero tan digno como alimentarse o vestirse”, sostuvo Bossio, titular del Anses. “Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán integran el decil de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue. Así se invierte la norma de que las mejoras en la distribución del ingreso favorecieran a los segmentos de asalariados formales y beneficiarios del sistema previsional de ingresos medios y medios bajos”, dijo Verbitsky.
Algunos aducen aún más virtudes; por ejemplo, que esta medida constituye el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, porque es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra el 0,37 por ciento del Plan Bolsa Familia de Brasil y el 0,31 por ciento del Plan Oportunidades que implementa México, planes que requieren como condición para cobrar que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo, contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, “pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América Latina”, resume Nicolás Dvoskin, economista de la UBA.

Impacto

El impacto que esta medida trae aparejado también ofrece interpretaciones disímiles acerca de su real impacto. Según la consultora Equis, del ultraoficialista Artemio López, tomando en cuenta el número de beneficiarios y la inflación prevista, la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 % de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 % (si quiere llenar el vaso lo remito al blog de Artemio, http://rambletamble.blogspot.com/, quien además de encuestas lidera la banda de rock pesado “Trabajo sucio” por su defensa a ultranza del gobierno K).
Por otro lado, un informe del Banco Ciudad, dependiente de la gestión macrista, a través de su Área de Estudios Económicos, analiza que la pobreza podría caer aproximadamente 5 puntos (pasaría del 32,5% a 27,5%) siempre y cuando la macroeconomía no siga creando pobres (si usted quiere ver el vaso medio vacío, visite http://www.bancociudad.com.ar/ Informe económico semanal, o lea El Tribuno del domingo pasado, donde se levanta la noticia).
En lo que sí coinciden ambos informes es en las cifras de pobreza, que la sitúan en 32%. La consultora Equis estima que la Canasta Básica Total, que es la que determina la línea de pobreza, asciende a $1470, muy por encima de los $1045,6 que informó en noviembre el INDEC para octubre. A la Canasta Básica Alimentaria, que fija la línea de indigencia, le asigna un valor de 710 pesos, contra los 463,9 pesos del Instituto de Estadísticas oficial. Eso eleva los pisos de ingresos necesarios para que una familia tipo no sea considerada pobre o indigente. Con esos parámetros, López llega a la conclusión de que la pobreza en el Gran Buenos Aires asciende en la actualidad al 32 por ciento. El INDEC, muy por el contrario, sostiene que se ubica en 14 por ciento, mientras que a la indigencia la estima en 3,8. A nivel nacional, el organismo registra 15,1 por ciento de personas pobres, mientras la consultora Equis la ubica en 21,4, un 6,3% más de diferencia. Para el Norte, la pobreza abarca al 24,6 % según el INDEC, y al 33,9 % para la Consultora Equis.

Datos útiles

Quienes reúnen los requisitos y están registrados en las bases de ANSES, podrán consultar el día y la sucursal del banco donde le harán entrega de una tarjeta de débito para efectivizar el pago, a través de las vías de consulta habilitadas:
• Enviando un mensaje de texto al 26737, escribiendo la palabra “cobro” seguida de un espacio y del número de DNI del titular del beneficio; luego deberá dejarse otro espacio y agregar la letra “M” (si es el padre) o “F” (si es la madre). El costo de cada mensaje es de $0,16 más IVA.
• Ingresando a la página web del organismo, http://www.anses.gob.ar/
• Comunicándose al número gratuito de ANSES, el 130, de 8 a 20hs. Al respecto, conviene qe saber que el servicio de atención telefónica de ANSES se encuentra atendiendo un promedio diario de 62.166 consultas y el 30 noviembre marcó un pico de 429.905 llamadas. A lo largo de noviembre más de 6 millones de personas consultaron la página web de ANSES y se recibieron más de 3,8 millones de mensajes de texto para consultar sobre la asignación universal por hijo.
Una vez consultado el día y lugar de cobro, el titular deberá acercarse con su DNI, original y fotocopia, a la entidad asignada. Allí se le entregará la tarjeta de débito para cobrar el monto de la asignación, a partir de ese momento, en cualquier cajero automático de las redes Link, Banelco y Cabal.

Ensayo sobre la propaganda

2009-12-21T11:14:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

Durante el último mes, la voz oficial viaja por las ondas radiofónicas de manera devastadora. Pareciera que la hora crucial del brazo propagandístico gubernamental hubiera llegado. Se la escucha en las principales radios de la provincia, vestida como vertiginoso informe de gestión. Escuchando el spot radial es muy difícil saber qué ha hecho el Gobierno. Y esto, por una razón muy sencilla: la información que allí se emite está tan monitoreadamente comprimida, que el dato que uno lucha por retener en la memoria es desplazado inmediatamente por otro, que luego es empujado por otro más y así sucesivamente. Sólo el final del spot se entiende perfectamente. Un extracto del discurso del Gobernador con el lema de la campaña de 2007 (“Nada ni nadie podrá detener este cambio”), seguido por una voz conmovedora que confirma que la predicción de hace dos años es hoy una realidad: “Dos años haciendo realidad la esperanza”. Lindo final. Encierra la idea de que alguien se ha ocupado, Urtubey, de que la posibilidad deseable, que vendría a ser el sueño colectivo de un cambio, venza a muchas otras posibilidades no deseadas.
Por supuesto que nos estamos refiriendo a enunciados y no a realidades palpables. Pero analizar este enunciado en particular resulta interesante. El auge propagandístico, en primer lugar, y su estilo, está siendo impulsado por alguien, y ese alguien, sostienen algunos, sería el nuevo gurú de Urtubey: Alberto Fernández. Convencido éste, como dice estarlo, de que el Gobernador de Salta es presidenciable, el ex Jefe de Gabinete de la Nación precisaría que las políticas comunicacionales adquieran una nueva dimensión. Hace poco, por ejemplo, el Grand Bourg firmó un convenio con la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a fin de que ésta coordine y monitoree “las acciones de prensa que se refieren a las actividades de la Gobernación en el ámbito nacional” (Elintransigente.com). Alberto Fernández, lo sabemos, no es un experto comunicacional, pero sabe de la importancia que los medios tienen en la política actual en la búsqueda de potenciar y/o fortalecer la adhesión de la población a un personaje. Puede que ello explique la nueva impronta de la publicidad oficial en el ámbito provincial. Una impronta posmoderna que, hasta hace poco, los expertos comunicacionales del Grand Bourg no le habían impreso. Los spot de hoy son más metropolitanos, menos telúricos, y hasta puede que menos toscos. Imaginemos, por un momento, la discusión entre los expertos. Los telúricos, defendiendo la noción de que la clave para que el mensaje radiofónico penetre en la conciencia de los radioescuchas es que el mismo debería partir del marco cultural de los salteños, que no es metropolitano. Los expertos metropolitanos, por el contrario, dirían que no, que el marco cultural de los salteños hace rato que abandonó el telurismo y es abiertamente metropolitano, a raíz de la globalización de los mismísimos gustos sonoros. Confesemos, algunos creemos que los metropolitanos tienen razón.
El resultado es el spot mencionado. Una propaganda kitsch, que busca el impacto y no la reflexión, y que responde, puntillosamente, a las leyes de hierro que atraviesan hoy al mensaje visual y sonoro. Repasemos: exagerada acumulación de la información, al punto paradójico de que nada informa. El realmente interesado en descifrar lo que ese spot informa debería grabarlo, luego desgrabarlo y finalmente someter el mensaje al análisis, lo cual difícilmente haga un radioescucha promedio. Y el detalle es importante, porque ese mensaje está dirigido a nosotros, lo cual indica que el publicista posee una interpretación de cómo somos, es decir que ya estamos interpretados: seres de concentración corta, con déficit atencional, y de ahí la necesidad de apabullarnos con datos que, en vez de ser pasibles de análisis (algo que en realidad los publicistas creen que no nos importa), respondan mejor a una particular estética. Tal vez por ello las pequeñas unidades de tiempo silenciosas no existen en esos spot, silencios que siempre se asocian al procesamiento de la información que recibimos, a fin de organizarla y valorizarla como buena o mala. Pero nada de eso podemos hacer con la propaganda radiofónica actual, salvo saber que algo ha ocurrido, aunque no sepamos a quién ha beneficiado y a quién no. Otro detalle importante, justamente, porque la principal crítica que ha recibido este gobierno es que no ha tenido gestión. Si los spot intentan ser una respuesta a eso, puede que Michel Foucault tenga razón y que por ello debamos alegrarnos. Porque si todo este dinero es gastado desde el Poder para emplearlo en técnicas comunicacionales sofisticadas, es porque primero ha existido una insubordinación de seres que no creen lo que el Poder ha intentado hacer creer de sí mismo. Porque los hombres son libres, el Poder pretende alienarlos, estudiándolos con expertos de la FLACSO o de otros institutos de investigación, para ver cómo son, para saber por qué se insubordinan, para así intentar, en última instancia, terminar con el subversivo potencial. Hay intentos de alienación porque primero hay libertad.

¿A quién defienden los Entes?

2009-12-21T11:09:00.000-08:00

Tarifazo

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) autorizó a la empresa Edesa -concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia- a realizar un reajuste tarifario que alcanzará a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes. El incremento será de un 12, 65% y afectará a unos 265 mil salteños.

Por Gabriel Sánchez

El organismo avaló el aumento, luego de que la empresa lo solicitara en el mes de setiembre con la finalidad de cubrir los costos necesarios para la prestación del servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa. Solicitud que se fundamentó en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que incluye los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
El titular del Ente Regulador, Armando Isasmendi, justificó la medida al explicar que, tras un “exhaustivo análisis”, se concluyó que el reajuste solicitado encuadraba en lo normado por el anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, que establece que “si al cabo de 12 meses el indicador testigo arroja una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. Remarcando, además, que el aumento permitirá obtener un ingreso tarifario óptimo y que posibilitará a la distribuidora prestar el servicio conforme a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión. Declaración, esta última, manifestada por Isasmendi, suponemos, ignorando la realizada por la representante de la empresa Adriana Cigno, cuando anunció que la empresa hará cortes programados en distintos puntos de la ciudad, atento al elevado consumo que se soporta en la época de verano y que se reservarán el derecho de no comunicar con anticipación esos cortes ni de avisar dónde serán, ya que no están obligados a hacerlo. Por último, al ser consultado sobre la audiencia pública que se fijó en el contrato de concesión como requisito previo para la autorización de cualquier ajuste tarifario, Isasmendi sostuvo (ignorando, con certeza, la finalidad que tiene la audiencia pública) que tal procedimiento se concreta sólo en las readecuaciones quinquenales.

Oír al ciudadano

La garantía de oír al interesado en una audiencia individual (con acceso al expediente, debate y prueba, control de la producción de la prueba, alegato y decisión fundada sobre los hechos alegados y probados), antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo, y hace al debido proceso, so pena de acarrear la nulidad del mismo. Dicha garantía se extiende a oír a la comunidad, esta vez en una audiencia pública, antes de emitir normas jurídicas administrativas e incluso legislativas de carácter general, que afecten o puedan afectar los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, amparados por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Por lo que será ilegal todo acto estatal dictado sin previa audiencia del o los interesados, por ser una garantía constitucional del debido proceso.
Por otro lado, un reajuste en las tarifas de cualquier servicio público no puede ser sólo discutido por funcionarios, o si se prefiere, entre regulador y regulado, ya que si la información requerida para el control proviene fundamentalmente de las propias empresas -que elaboran informes periódicos y los elevan a los Entes, que sólo efectúan auditorías e inspecciones complementarias- sumada a la siempre creciente amenaza de la corrupción y a la ausencia de autoridad que les exija a las prestatarias el cumplimiento de sus obligaciones a su cargo, como sería entre la más importantes, que realicen las inversiones necesarias para evitar los cortes de suministro (la falta de inversiones también debe tomarse en cuenta para desestimar los reajustes que las empresa demandan), el impacto no sólo sería desfavorable para el bolsillo de los usuarios sino también para la calidad del servicio.

Tutela judicial

Es dable decir que no estamos, afortunadamente, librados a la exclusiva protección de los Entes, sino que la Justicia habrá de intervenir para resguardar los derechos constitucionales de los usuarios. En este sentido, es interesante traer a colación un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, dictado a principios de este año, en donde se hizo lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por una asociación de usuarios a favor de todos los afectados en la Provincia.
En ella, el Juez ordenó: 1) la suspensión del aumento en la tarifa 2) a la empresa EDET S.A. que proceda a la refacturación de la totalidad de las boletas emitidas aplicándoseles el cuadro tarifario anterior a las mismas y 3) a que compense los pagos de facturas realizados por los usuarios con los incrementos tarifarios impuestos por las resoluciones cuestionadas con las próximas boletas a facturarse conforme lo ordenado en el punto 2.
Por otro lado estableció que, sin perjuicio de "que la relación jurídica entre el usuario y la concesionaria del servicio se rige por el marco regulatorio vigente y el contrato de concesión del servicio, esas normas deben interpretarse en función de los principios vectores emanados de normas de jerarquía superior, en tanto tiendan a equiparar la dispar relación de fuerzas entre las partes...". Estas expresiones contienen toda una definición y toma de posición acerca de la interpretación y valor que debe darse a los marcos regulatorios de los servicios públicos. Y, en este sentido, no debe estarse a lo manifestado, ni por la representante de la empresa cuando declaró que no tiene la obligación de informar a los usuarios de los cortes ya programados, ni del titular del Ente cuando prescindió de la audiencia pública, puesto que violan el mandato constitucional del artículo 42 cuando exige "protección de los intereses económicos de los usuarios", "información adecuada veraz" y "condiciones de trato equitativo y digno".
Por lo tanto, la Justicia no puede diferir el control de las tarifas públicas en los entes respectivos y deberá intervenir, en este caso, para restablecer los derechos conculcados de los usuarios de electricidad afectados irrazonablemente por esta suba intempestiva.

Detalles del aumento

El Ente Regulador de Servicios Públicos autorizó a la empresa concesionaria del servicio eléctrico que opera en la provincia, a través de la Resolución N° 1750/09, a realizar una actualización tarifaria que alcanza a todas las categorías de usuarios y se abonará en las facturas del próximo mes.
Lo dispuesto por el Organismo se efectuó a partir de una solicitud de la empresa que tiene como fin cubrir los costos necesarios para prestar el servicio y mantener constante la ecuación económica financiera de la concesión y la capacidad operativa.
La prestadora funda su pedido en la variación por mayores costos detectada en el Valor Agregado de la Distribución (V.A.D.), donde se incluyen los gastos de explotación (gastos de operación y mantenimiento, comerciales y administrativos), impuestos, inversiones en reposición y/o expansión de red.
A tal efecto y conforme lo establecido en el Anexo IV de la Resolución Ente Regulador Nº 160/06, donde se menciona “que si al cabo de 12 meses, el ‘indicador testigo’ arrojara una variación del VAD superior al 5%, la distribuidora podrá hacer una presentación fundada, acreditando el incremento real producido en sus costos, producto de la inflación”. El Ente Regulador analizó dicha presentación y autorizó los ajustes tarifarios arrojados por los estudios técnicos realizados en el organismo, que resultaron menores a los solicitados por la Concesionaria.
La variación aplicada se traducirá en un valor real promedio de $3,82 para los usuarios TR1, quienes representan aproximadamente el 60% de los usuarios de toda la Provincia. El ajuste tarifario regirá desde diciembre de este año. La medida afecta a cerca de 140 mil usuarios residenciales.

Problema de nadie

2009-12-21T11:02:00.000-08:00

SIDA EN SALTA

Sin el apoyo necesario de los sucesivos gobiernos y de los funcionarios de la cartera de Salud, al Programa de ETS-Sida de la provincia se le hace difícil luchar contra el abandono de los medicamentos por parte de los pacientes con VIH, cosa que provoca una creciente resistencia del virus a la medicina existente.

Por Julieta Lucero

La accesibilidad de la población a los métodos de prevención es otro punto clave en el trabajo que hace al área que dirige la Dra. Cristina Pérez. Gracias al programa de Nación y a las distintas organizaciones civiles salteñas que colaboran, el “trabajo de hormiga” que se realiza en este punto es efectivo, pero aún insuficiente.
La fuerte presencia de la Iglesia católica en la vida civil de los salteños es otro factor a tener en cuenta, ya que influye no sólo en las políticas públicas que lleva adelante el Estado local, sino también en las que no implementa. Así como hace algunos años ya que es obligatoria la educación religiosa en las escuelas, la reglamentación local para la Ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva sigue cajoneada. A este panorama se le suma que en hospitales públicos y centros de salud se entregan preservativos con receta médica.
Más allá del día a día de un programa que, con falta de recursos y personal, vela por la salud de miles de pacientes, como afirmó Pérez, el virus y la enfermedad “pasaron de ser un problema de todos, a ser un problema de nadie”.

Deudas pendientes

El gran problema que aqueja a ETS-Sida tiene que ver con la adherencia a los tratamientos retrovirales. “La mayoría que se inicia no está preparado psicológicamente para consumir medicamentos de por vida. Hay mucho abandono, lo que genera una mayor resistencia del VIH a la medicina”, explicó la doctora. Esas personas que dejan el tratamiento, entonces, pueden después transmitir un virus más fuerte, más difícil de combatir en el próximo paciente.
En la misma línea, otro tema en el que trabajar es en los controles periódicos de laboratorio. “El 30 por ciento de las autorizaciones que se piden para estudios no se llevan a cabo. Dicen que se olvidan, que se les pasó, pero las órdenes son válidas por cuatro meses”, afirmó Pérez, y agregó que “el problema de continuidad tiene que ser solucionado en al ámbito del hospital, donde están en contacto con los pacientes, donde les entregan los medicamentos, donde pueden hablar con ellos”.
En cuanto a la accesibilidad, la Directora explicó que “los centros vecinales funcionan mejor que los hospitales o centros de salud”. La cercanía del los mismos vecinos hace que la entrega sea menos traumática. “Los centros tienden a ser rechazadores, porque atienden mal o no tienen horarios convenientes para que las personas efectivamente se acerquen. Por eso el trabajo con las ONGs es tan importante”, afirmó. La Asociación de Meretrices Argentinas (AMAR), la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina (ATTA), la Redar y el resto de las organizaciones GLBT son algunas de las cuales permiten llegar a lugares y sectores de la población a los que de otro modo no sería posible.

Otro escollo es el modo en que se entregan preservativos. “El programa de salud reproductiva los reparte con receta, como si fueran medicamentos, cuando en realidad no lo son”, denunció Pérez. “Creo que lo del sistema de registro tiene que ver con una pequeña falla de interpretación del instructivo. Piden nombre, apellido, dirección, procedencia, porque tienen que llevar un registro de la cantidad de personas que los requieren”, afirmó.
Según la ginecóloga Mónica Helsi, que trabaja en esa área, “se hace porque aquellos preservativos que provienen del Programa Materno Infantil deben ser rendidos y además sirven para saber qué cantidad hay que volver a pedir”. Así, por temas burocráticos, si una persona se acerca a pedirlos tiene que pedir turno, ser atendido por un médico y retirarlos por la ventanilla de farmacia contra receta, como si fuera un medicamento que entra en la obra social.
Para poder luchar contra eso, desde el Programa de ETS-Sida se hizo lo que Cristina denominó “trabajo de hormiga”. Gracias a la colaboración de jóvenes miembros de las distintas ONGs mencionadas, pudieron obtener información de algunos centros que tienen este tipo de prácticas. Y para contrarrestar esas medidas se hicieron reuniones con representantes de instituciones locales y provinciales en las que se informó que la entrega de preservativos que dan ellos es gratuita y anónima, y se entregaron dispensers para colocar en 15 centros y evitar que la gente deje de pedirlos por temor o vergüenza.

“Sí hemos recibido denuncias, que algunos terminan vendiendo los condones que se les entrega para repartir de forma gratuita en la comunidad. Pasó en Orán, pero ese tipo de cosas se combaten inundando el mercado, así nadie tiene la necesidad de comprar nada”, afirmó Pérez.
Pero el problema de la accesibilidad no pasa sólo por ese tema. El miedo y el desconocimiento también son barreras contra las que hay que luchar cuando se trata de los test rápidos de VIH. “El año pasado le pedí a mi jefe que me aprobara un proyecto para hacer una reunión en un bar donde asisten muchas personas en riesgo, para poder acercar el test gratuito a donde está la gente, hacerlo visible. Pero se negó. La movida se hizo igual y funcionó, aunque sin los recursos que necesitábamos para eso”, contó la Directora.

En el aula

“Las escuelas son bichos raros. Hace ocho años que se está trabajando, pero es como que no va, no es tan efectivo”, afirmó Cristina Pérez. Previo al 1° de diciembre, día Internacional de la Lucha contra el Sida, la oficina se inunda de llamados y visitas de chicos requiriendo información para hacer monografías que le piden las maestras. “Solicitan números, estadísticas, valores de mediciones, que está bien, pero en realidad la problemática tiene que ver con los comportamientos, con la responsabilidad de cada uno, no con las cifras y eso no se pone. Si llegan al número de páginas, hacen la portada y el índice como le piden y ya está, aprobaron la materia”, contó con desilusión la Doctora.
En relación a la educación sexual en los colegios, explicó que “cuando se habla de este tema piensan que se les va a enseñar a los chicos cómo tener relaciones. Pero lo que se les explica tiene que ver con higiene, con conocer su cuerpo, tiene que ver con poder valorarse por lo que son, no por lo que tienen. La idea es crear autoestima”. Y fue más allá: “Pero qué podemos pretender si tenemos la reglamentación de la ley de educación sexual hace tres o cuatro años cajoneada. Se hizo en una mesa de trabajo de la que participaron profesionales de distintas disciplinas y nunca la aprobaron. Hoy no tengo fe de que alguna vez salga”.

Solos

Además de hacer oídos sordos frente al pedido de recursos humanos, entre otros, el Gobierno tampoco ha respondido al cambio de la base informática, que “es muy vieja”, denunció la Doctora. Cuando se le consultó si veía que en algún momento las cosas podrían cambiar, contestó con resignación: “Así están planteadas las cosas desde el Gobierno”.
Así, la falta de refuerzo de algunas políticas públicas y la creación de otras en consonancia con las necesidades de la población es una constante, ya sea por problemas de presupuesto, de desinterés o por presiones eclesiásticas.
Si bien existen 59 laboratorios donde hay reactivos para los análisis disponibles en toda la provincia, no alcanza. “La problemática está íntimamente relacionada con los individuos, es algo que se aprende. Por eso tiene que ser una tarea conjunta en varios niveles”, dijo Pérez.
Pese a las barreras que desde el mismo Estado se le interponen una y otra vez, Cristina rescata otras cosas: “Trabajar en conjunto con las organizaciones es productivo, tienen mucha llegada, y a la gente se le ocurren ideas hermosas”. El trabajo de hormiga sigue, ¿y el de la cartera de Salud?

Los tres mosqueteros

2009-12-21T10:53:00.000-08:00

Panorama electoral universitario

En el primer trimestre del próximo año, la Universidad Nacional de Salta elegirá sus autoridades para los próximos tres años. A nivel de Rectorado, participarían en la lucha tres candidatos, provenientes de diversas tendencias y enfoques. Aquí, una aproximación al perfil de cada uno de ellos, sus chances y bases de apoyo.

Por Eduardo da Silva

La universidad se apresta a celebrar las elecciones de autoridades, siendo las de Rector las más importantes. Vale la pena recordar que la figura del Rector de una Universidad Nacional goza del carácter de un personaje público, referente de una alta casa de estudios, lo cual otorga una cuota importante de poder y capacidad de influencia.
Tres serían los candidatos a reemplazar a la Ingeniera Stella Pérez de Bianchi. En esa nómina están se encuentran el contador Víctor Hugo Claros (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas), el Ingeniero Norberto Alejandro Bonini (Decano de la Facultad de Ciencias Exactas) y el Dr. Guillermo Andrés Baudino (Decano de la Facultad de Ciencias Naturales).

Tecnócrata consecuente

Sobre el contador Víctor Claros puede decirse que ha hecho una carrera importante. Se destaca su capacidad para ascender en puestos de forma continua, una habilidad digna de admiración en instituciones tan burocráticas como la UNSa. El perfil de este Decano de Ciencias Económicas se asemeja al del típico tecnócrata neoliberal, ejecutor disciplinado de un tipo de pragmatismo algo extraño, porque siempre decide para el mismo lado: la derecha. En algunos sectores de la universidad, donde existe la consistente tendencia del ser salteño de estar a la derecha de la derecha, existen posibilidades de convencer de que una simple (y triste) ideología como la neoliberal aún tiene algún tipo de funcionalidad en el mundo que viene (¿ya llegó?), donde el mismo Bush ha nacionalizado parte de la banca el año pasado. Asimismo, el contador Claros ha tenido una buena actividad en el ámbito privado, habiendo sido Director del Banco de Préstamo. Se le reconoce gran capacidad de gestión, justamente en una Facultad que tampoco se destaca por complejizar y diversificar sus actividades (Ciencias Económicas es la facultad en la que menos se promueve la investigación, a punto tal que es la que menos proyectos tiene en funcionamiento en el Consejo de Investigación de la Universidad), de forma tal que no sea simplemente un contenedor de jóvenes intentando estudiar compulsivamente, en vistas de una salvación individual. En relación al apoyo del que gozaría, se dice que sería poco y que conseguiría un tercer lugar tranquilo. Más allá de que, como histórico militante radical, cuenta con el apoyo de Franja Morada, que representa un aparato electoral interesante en caudal de votos, y pareciera no alcanzarle, ya que su imagen está ligada de alguna forma a medidas resistidas, como el arancelamiento.

El químico

Por su parte, el Ingeniero Químico Norberto Bonini aparece como uno de los que tiene posibilidades de llegar a disputar el Rectorado. Como buen creyente de las Matemáticas, la Física y la Química, el perfil de este candidato se asemeja al de una persona estructurada, dogmática y fuertemente conservadora. Dicen que es un formalista, es decir, aquel que más que apegarse a las formas y los métodos, convierte a todo su ser en una forma y en un método, definido e inmodificable. Es muy estricto y defensor a ultranza de las jerarquías. Cree abiertamente en el orden y hace de ello un culto. En términos ideológicos, no aplica a las categorías clásicas, pero es una persona que uno podría situarla más a la derecha, sobre todo si se tiene en cuenta esta tendencia a respetar al máximo al status quo. Según varios estudios antropológicos y biológicos, las personas y los organismos rígidos e imposibilitados de poner en duda sus costumbres y hábitos son los que perecen porque no logran convivir efectivamente con lo que Maturana en Biología y Luhmann en Sociología han llamado la “autopoiesis”. El caso de Bonini es el de una persona responsable e idónea, proveniente de una clase media moralista e ingenua, que supone que el apego a las normas facilitará la clarificación de las medidas a tomar para mejorar el funcionamiento de la realidad (desconociendo que los reglamentos son tinta muerta no desligada de los intereses subjetivos de las personas que las leen y aplican; en esa ignorancia del inconsciente y sus intrincados deseos y pulsiones es donde anida la ingenuidad de la clase media, que hace también que cada proyecto político que la represente fracase), en tanto no entiende que esta realidad es enormemente compleja y dinámica, y a su vez exigente de miradas más abiertas, participativas y menos simplistas. Según lo que se comenta, Bonini gozaría del apoyo de un sector importante de profesores y alumnos, aunque son conocida sus rencillas con la gente de ADIUNSa., el gremio de los profesores universitarios.

El joven

Finalmente, nos referiremos al Dr. Baudino, quien es el representante de la continuidad de la actual gestión. Continuidad en el sentido de que fue uno de los fundadores del grupo de docentes que trabajaron por la elección de Bianchi hace seis años. Si bien no hay sondeos oficiales, la sensación que recorre los pasillos de la UNSa en Castañares es que las gestiones de la Ing. Bianchi han dejado conformes a varios sectores. Se piensa que esto afectará en la intención de votos que irían para Baudino, como forma de afianzar el rumbo marcado por la gestión actual. Baudino, por su parte, se ubica en términos ideológicos en el campo del llamado progresismo de centro-izquierda. Tiene fama de ser un gran emprendedor, ya que se cuentan múltiples actividades en todos los años que ha estado relacionado con la Universidad. Al mismo tiempo, mucha gente destaca el marcado carácter social de su gestión, junto con su compromiso en debates públicos de relevancia, como cuando formó parte del debate generado en torno al desastre de Tartagal de principio de año o el famoso reordenamiento territorial.
Sobre él pesa la “acusación” de ser muy intelectual (paradójica denuncia en un ámbito universitario), lo cual le restaría cierto carisma y llegada a los diversos sectores que componen la Universidad. Tampoco ha logrado despegarse de las críticas que lo azotaron (sobre todo desde la izquierda universitaria) cuando fue la discusión por los fondos de las mineras, a los cuales la universidad accedió (cabe destacar que ninguno de los tres candidatos a los que nos estamos refiriendo en esta nota tuvo una postura negativa a la hora de recibir ese dinero). Si bien no aparece como seguro ganador, mantiene posibilidades, y según lo que se comenta, llegaría a una segunda vuelta con Bonini.

Trabajo Informal en Salta

2009-12-16T03:46:00.000-08:00

Actualmente, el término informalidad ha cobrado una notable importancia dada su creciente y profunda implicancia social y política. Más precisamente, el trabajo informal es una de las principales características de las economías subdesarrolladas, y permite explicar la precariedad del mercado laboral y por ende de toda la sociedad. Salta no es la excepción.

Por Alejandro Nieva

Siguiendo la línea del Ministerio de Trabajo de la Nación, puede entenderse como “trabajo informal” a aquellas actividades laborales desarrolladas por fuera del marco legal, sin los derechos y beneficios que este provee. Cabe destacar que esta clasificación identifica al trabajo formal con el trabajo decente (en los términos de la OIT), es decir, aquel justamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, de seguridad ocupacional y de dignidad humana.
La cantidad de actividades pasibles de ser calificadas como informales no están solamente asociadas con un sector, ya que por lo general se suele poner como excusa que la causa principal de que existan empleados “en negro”, es la baja productividad de las empresas y el elevado costo que conlleva registrar la actividad laboral. Fueron estas razones, justamente, las tenidas en cuenta durante los años de apogeo neoliberal y las que motivaron políticas económicas acordes a esa interpretación sesgada. Es decir, se pensó que un mercado laboral desregulado (flexibilizado) tendería por sí mismo a erradicar el empleo informal; no obstante, las medidas tomadas no hicieron otra cosa que agravar el problema, tornando volátil y poco seguros los puestos de trabajo y legitimaron, a su vez, una práctica evasiva, que es la que determina por antonomasia el trabajo informal, teniendo en cuenta que los asalariados informales, es decir aquellos en relación de dependencia, constituyen el 80% de los trabajadores en esa condición.
Otra de las causas del trabajo informal pueden llegar a ser las continuas depresiones de los ciclos de la actividad económica (identificados con una disminución considerable del PBI per cápita). Como el trabajo es una variable que acompaña el comportamiento de la actividad en general, en esas etapas un mercado laboral escueto no puede absorber gran cantidad de los oferentes de mano de obra, por lo que son obligados a generarse sus propios puestos de trabajo, basados en otra lógica, la autosubsistencia, y por lo general acompañados por una baja productividad y precariedad en sus prácticas, esto debido principalmente a las características de la actividad desarrollada, la cuales suelen ser intensivas en mano de obra y con muy poca participación de capital. Esta masa de población, por lo general, suele presentar características socioeconómicas y de formación inferiores a aquellos que acceden a un puesto en el sector formal, lo cual tiende a agravar su situación de vulnerabilidad. Como se mencionó anteriormente, no sólo los trabajadores empleados en este sector constituyen la totalidad de los empleados informales; la situación de ilegalidad surge además del incumplimiento de la legislación laboral por parte de empleadores y cuentapropistas; es por esto que el trabajo informal puede encontrarse localizado tanto en empresas formales y unidades productivas informales como en hogares particulares. La baja productividad de un sector determina el fenómeno creciente de informalidad laboral, pero no es el único factor ni el más importante; otros determinantes son la tendencia generalizada a permitir y hasta a legitimar la proliferación de actividades por fuera del marco de la legislación laboral; la percepción de la sociedad de que la informalidad es una vía válida, la incertidumbre sobre el futuro de la economía o el desmantelamiento de la inspección laboral.

Los datos en Salta

Teniendo en cuenta esos parámetros, se puede llegar a una cuantificación de los empleados informales en la Provincia de Salta; no obstante, la misma puede estar rezagada, dada la poca disponibilidad de datos pertinentes a nivel nacional y la nula elaboración, o bien total indisponibilidad, por parte de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia para proveer datos al respecto. Por ende, los datos con los que se cuentan son los de la última EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de 2006, los cuales fueron oportunamente tratados. A partir de ellos, se estimó el total provincial de los empleados informales por rama de la actividad económica. Cabe destacar que los datos provenientes de la EPH son los pertenecientes al Aglomerado Salta, mientras que los que se presentan a continuación son del total de la provincia.

Empleo informal por sector de la actividad

Se puede observar la irregularidad en los mercados laborales de cada actividad económica de la provincia, lo cual se relaciona con la cantidad de empleados informales que tiene cada actividad. Paradójicamente, si la productividad fuese el único determinante del trabajo informal, es de notar que sectores de gran participación en el PBG provincial (Producto Bruto Geográfico) ostentan márgenes de informalidad alarmantes, como es el caso de la Agricultura con un 68,21%, la explotación de minas y canteras (que en su totalidad se trata de una actividad intensiva en capital) con un 64,12%, la industria manufacturera con un 71,20% y la construcción con un 70, 84% de sus empleados en negro. Por otra parte, se puede ver una casi total participación de trabajadores irregulares en el servicio doméstico, cercana al 90%. Es necesario destacar que estos servicios están prestados básicamente por mujeres, y aun en esta cuasi modernidad muestran una mayor vulnerabilidad que los empleados varones.
Sucede algo muy interesante, pese a lo que por lo general se puede estimar en economías un poco más desarrolladas (el caso de Capital Federal, por ejemplo): la informalidad en la producción de bienes es mucho mayor a la de la producción de servicios. En la primera, los informales representan un 69,59%, mientras que en la segunda, un 49,67%. Esto puede atribuirse a que, pese a que algunas de estas actividades, me refiero a las de producción de bienes (como lo es el caso de la minería o de la cosecha de soja), responden a una lógica intensiva en capital, por lo que deberían demandar trabajadores con mayor formación y mejor remunerados, usan en sus cadenas de valor, o bien en sus actividades anexas, mucha mano de obra de personas sin calificación alguna, y los remuneran miserablemente. Algo que se puede observar con las condiciones laborales humillantes a las que se ven expuestos muchos trabajadores del agro, quienes pueden ser utilizados desde tareas como la cosecha a mano de los cultivos delicados, hasta para levantar piedras del terreno para evitar la reparación de las camecas, algo que sí es muy costoso para el empleador.

Empleados Informales por Sector de la Actividad

A continuación se pretende mostrar cómo aporta cada sector de la actividad a generar los 165.065 empleados en situación de informalidad, es decir el 56% de los empleados en la provincia.
La mayor cantidad de empleados informales la ostentan los sectores pertenecientes al Comercio con un 21%, Agricultura con un 18%, Servicio Doméstico con un 14%, Industria Manufacturera con un 11% y la Construcción con un 10%. El aporte de los demás sectores es marginal. A partir de la identificación de los sectores más vulnerables, se pueden encaminar las medidas tendientes a revertir esta situación, puesto que, como bien manifiestan tanto funcionarios provinciales como nacionales, se trata de una decisión política. Se pudo ver una amplia y masiva campaña de concientización a nivel nacional acerca de esta problemática, como lo es el caso de los servicios domésticos y la producción industrial. Como resultado se obtuvo un comportamiento favorable, según datos que se pueden observar en las EPH correspondientes a Capital Federal y Gran Buenos Aires, pese a que se podría haber profundizado el ataque a esta situación de irregularidad, para lo cual se debería haber aprovechado la expansión económica sostenida y consolidada hasta el año 2008. En nuestra provincia la labor se hace más difícil, dada la estructura económica poco diversificada que por lo general presenta, y debido a que los sectores económicos y de poder se encuentran unificados y se resisten a una mayor contribución patronal o bien a una mayor inspección por parte del Estado provincial. Sin embargo, un problema a dilucidar también será la pertinencia de cada medida de política económica tendiente a modificar el estado actual de las cosas. Quedó empíricamente demostrado ya (con una serie de aproximadamente 30 años) que la disminución de las cargas sociales, del costo de registración y de impuestos relacionados a la actividad económica, no repercuten en la creación de empleo decente y con ingresos que superen el nivel de subsistencia, y en esto tenemos que ser claros: el trabajo informal es por lo general un trabajo de bajos ingresos, que no permite el acceso a seguridad provisional ni a seguro de salud a los trabajadores ni a sus hijos, y por ende es un factor más de vulnerabilidad, no sólo de un mercado laboral, sino de la sociedad que lo padece.

Empresarios ricos, empresas pobres

2009-12-16T03:41:00.000-08:00

A lo largo de los años, el fuero laboral salteño fue sufriendo modificaciones de distintas índoles. Desde el tiempo que consume hoy en día un proceso laboral, hasta la aplicación del derecho de nuestros juzgados, el trabajador que busca un resarcimiento por parte de las empresas no siempre ve satisfechos sus reclamos. Existe, en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos.

Por Soledad Villoldo

El procedimiento laboral en Salta ha ido modificándose. En primer lugar, y por el evidente crecimiento demográfico que ha experimentado nuestra provincia, los procesos tienden a hacerse menos diligentes si no se adecua el número de Juzgados a la cantidad de justiciables que existen, ello para atender la demanda de justicia en forma eficiente. Por otro lado, el procedimiento laboral que poseemos no cumple con la normativa Constitucional de la Provincia, que exige que el mismo sea sumario (ágil y expeditivo estructuralmente) y no uno ordinario (es decir, el procedimiento más largo que existe). Ante ello, los profesionales que se ocupan de los mismos consideran de vital importancia el cambio de rumbo en orden a la aplicación de la ley laboral en nuestros juzgados, que ha sufrido una suerte de endurecimiento de los requisitos exigidos por los jueces a la hora de resolver las cuestiones laborales, ello en detrimento del trabajador.
Esta situación, que podría describirse como la otra cara de la moneda de la Flexibilización laboral en materia legislativa llevada a cabo en los 90, se caracteriza por la no aplicación de los fallos más vanguardistas en materia de tutela laboral que se generan en otras jurisdicciones, especialmente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tales como la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, que regula con excesivo rigor la procedencia de la multa del art. 80 LCT (tres sueldos por la no entrega de certificaciones laborales), la aplicación de las cargas procesales dinámicas y el principio in dubio pro operario en materia probatoria; la no aplicación de ciertas normas de protección, tal el caso del la Ley 24.013, que castiga el empleo clandestino; un pesado rigor en el procedimiento per se, que se exige en el intercambio epistolar previo a la demanda judicial (reclamo especifico de rubros, invocación de plazos, causales de autodespido), en la confección de las planillas de liquidación, en la enunciación de los hechos y los reclamos en la demanda, y en la rendición de las pruebas propuestas. Asimismo, cabe poner de relieve el tiempo que lleva el procedimiento descripto: para obtener una sentencia definitiva, el trabajador deberá esperar entre dos y tres años. Ello arroja como conclusión que hoy es más difícil para un trabajador salir airoso de un pleito laboral en el que busca la satisfacción de sus derechos.

Empresarios ricos, empresas pobres

También atenta contra los intereses del obrero el cerrojo que han colocado los juzgados laborales en materia de embargos preventivos. Es usual escuchar la queja constante de los profesionales del derecho, quienes afirman que en la actualidad el otorgamiento de las medidas cautelares en el fuero laboral es más acotado. Ello es en verdad grave si recordamos lo dicho en cuanto a la duración del proceso laboral, debiendo además tomarse en cuenta que en muchos casos los trabajadores litigan en contra de empresarios que se encuentran en el límite de insolvencia, con lo que una sentencia favorable al trabajador quedaría en una fútil declamación por no haberse protegido su crédito en el inicio del litigio.
Algunas soluciones propuestas
Lo que puede verse fácilmente es que el procedimiento laboral en Salta (también ocurre en otras provincias) no está en sintonía con la manda Constitucional inclusiva de un proceso sumario, indispensable para la concreción de los objetivos que subyacen en el Principio Protectorio (Ver recuadro). Ante esa situación, consultados los profesionales del derecho por Cuarto Poder sobre cuáles son las soluciones que permitan encontrar el camino hacia un proceso laboral digno de ser llamado custodio del principio protectorio, los letrados refieren la necesidad de crear un procedimiento verdaderamente sumario “en consonancia con lo normado por la ley fundamental de la provincia. Sabemos, sin embargo, que un cambio de tal envergadura conlleva un tiempo difícil de determinar. En todo caso, una solución podría partir del análisis del procedimiento laboral que nos rige en la actualidad”. Por otro lado, ante la interpelación de si verdaderamente deberían ser tan lentos y extensos los procedimientos, responden: “Es indudable que el procedimiento laboral actual no es tan expedito como el procedimiento sumario que se aplica en jurisdicción civil, pero no es menos cierto que aquél no es aplicado con la rigurosidad que imponen sus normas. En la práctica, nuestro proceso laboral sufre dos grandes interrupciones: la primera ocurre luego de la apertura a prueba, en donde hay que esperar aproximadamente un año para encontrarnos con la audiencia en la que se provee la prueba testifical, confesional y de peritos. El segundo momento se sucede luego de los alegatos, ya que tendremos que esperar tres, o cuatro, o tal vez una mayor cantidad de meses para obtener la sentencia de primera instancia. Y todo eso sin descontar que la sentencia puede ser apelada”.
Evidentemente, la provincia padece un problema estructural, que incluye el presupuestario. Esto último impide la creación de nuevos juzgados laborales. Basta si no analizar un dato preciso: promediamos en la actualidad, un juez laboral por cada 500 procesos. Específicamente, en la Jurisdicción Centro, tenemos seis jueces laborales que deben atender 3.000 procesos al año. En la Jurisdicción Norte, circunscripción Tartagal, tenemos un juez para 600 procesos, y en Orán, dos jueces para 800 casos. En la Jurisdicción Sur de Metán, ocurre algo similar: un juez para 400 juicios. El Poder Judicial de Salta cuenta sólo con una Cámara de Apelaciones en lo Laboral, dividida en dos Salas e integrada cada una por dos camaristas. Resulta indispensable, entonces, proponerse una política de incremento en la calidad de la justicia que ofrecen nuestros tribunales y que se traduzca en el fortalecimiento y crecimiento estructural de los ámbitos de resolución de conflictos. Con todo, resultaría indispensable también una adecuación del procedimiento laboral a los postulados constitucionales referidos a la protección del trabajo, que priorice la inclusión no sólo de un proceso sumario, sino de uno con características acordes con una correcta protección del trabajador, que contemple los principios más actuales propuestos por la doctrina, tales como la ampliación del “tercero” actualmente responsable, indemnidad del trabajador, consistente en la creación de fondos especiales para el caso de insolvencia del empleador, cautela en la denegación de beneficios. Sólo así podremos afirmar la existencia de un Derecho del Trabajo verdaderamente tutelar.

Letra Muerta
Existe un total acuerdo en la doctrina y jurisprudencia, en especial la iberoamericana, sobre la existencia e importancia de un principio del Derecho del Trabajo en particular: El Principio Protectorio o de Protección. En palabras simples, el objetivo del Derecho del Trabajo es proteger a la parte más débil de la relación laboral, al obrero, quien sufre la pérdida de su libertad de negociación desde que se coloca a las órdenes de un empleador, teniendo en miras satisfacer sus necesidades económicas, situación que desemboca en la desigualdad o hiposuficiencia.
De ese principio se desprenden otros que se constituyen en verdaderas herramientas de aplicación de la protección del trabajador. Ellos son, entre otros: el Dispositivo-oficioso: caracterizado por estar el impulso del proceso y sus medidas a cargo del juez, con una actividad coadyuvante de las partes; la Celeridad: se refiere a la velocidad que debe imprimírsele al proceso, esto es, debe ser un proceso ágil y veloz; Expeditividad: relacionada con el anterior, implica que la velocidad del proceso debe darse en un corto período; Gratuidad: basada en la imposibilidad de los trabajadores de realizar erogaciones dinerarias en pos de la materialización de sus derechos, por lo que se dispone que el proceso no tendrá costos o serán mínimos para ellos; Inmediación: está en íntima relación con los principios de oficiosidad, celeridad, expeditividad y búsqueda de la verdad real. Implica que el juez, personalmente, participará en las etapas procesales claves, tales como audiencias de conciliación, testimoniales, confesionales, presentación de informes periciales, etc., todo ello a fin de tener una idea cercana de los hechos tal como ocurrieron entre las partes; Oralidad: con la realización de ciertos actos de manera oral, se busca celeridad, expeditividad y le permite al juez estar presente a los fines de cumplir con la inmediación necesaria para descubrir la verdad real de los hechos; Irrenunciabilidad de los derechos, etc. Incluye también la Constitución de la Provincia de Salta, normas protectorias del trabajo humano, en su Título III, artículos 43, 44 y 45.

Certezas fatales

2009-12-16T03:37:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

Virgilio Choque, el burócrata, el que renuncia a la acción para abrazar la inercia sindical en complicidad con los poderes de turno, ha ganado las elecciones del gremio docente. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez fue diferente. Y lo fue porque, por primera vez, podría haber perdido. El proceso electoral –la Justicia le había ordenado habilitar a una lista cuyos referentes lideraron las históricas huelgas docentes de los últimos años – y los resultados lo confirman. La suma de las dos listas opositoras, al parecer, que surgieron de esas históricas luchas superó el porcentaje de la lista oficial. Las causas de la derrota, entonces, tendrían que buscarse también, y en gran medida, en la conducta de aquellos actores que el pensamiento transformador deseaba que ganen. Eso no sólo no ocurrió, sino que también esos actores parecieron protagonizar un simulacro de tragedia griega, en donde los protagonistas que despertaban simpatía parecían condenados a hacer lo que no debían hacer para que la obra tuviera otro final. El problema, sin embargo, es que los derrotados no estaban condenados a hacer lo que hicieron, confirmando así que los hombres y las mujeres son libres hasta para dirigirse a su propia perdición.
Alguno de los derrotados debió haber cedido para asegurar el triunfo. En el sentir de muchos docentes, ese alguien debía ser el Partido Obrero. Algo de razón tienen. Tribuna Docente, rama sindical de ese partido, era la fuerza cuyo programa movilizaba menos a la docencia y era, también, la que contaba con una fuerza cuantitativamente menor para desplegar las acciones necesarias para cumplir el objetivo de recuperar el gremio. No fue lo único. Esa fuerza era, paradójicamente, la que mayor capacidad de daño poseía para abortar ese objetivo si no se llegaba a un acuerdo que impidiera concurrir a las elecciones separadas. No se trataba de una cuestión legal ni formal. Se trataba de un razonamiento político. Tal razonamiento no apareció y la obstinación concretada retrasó el proceso que, tanto ellos como la Lista Naranja de Víctor Gamboa, consideraban importante: desplazar a Choque de la conducción del gremio.
Tribuna Docente expresó sus razones. Las mismas dejaron al descubierto concepciones, por lo menos, infrapolíticas. Es más, la obstinación continuó después de terminados los comicios, cuando explicaron la derrota apelando a cuestiones morales y recurriendo al concepto de traición. El razonamiento había comenzado antes. Como previendo los resultados, un volante de la Lista Rosa-Roja anterior al domingo 6 de diciembre explicaba que “la Lista Naranja de Gamboa ya demostró (cursivas en el original) que, llegando al Poder de la Junta de Clasificaciones, en lugar de representarnos actúa como un órgano de simples funcionarios del ministro y como cómplices de toda clase de atropellos a la carrera docente”. El volante seguía con las acusaciones, denunciando que la lista de Gamboa había rechazado un acuerdo de lista única, “…lo que demuestra que no les interesa los intereses generales de la docencia sino los propios”. Vieja práctica trostkista, ver traidores en todos lados. Podrían haber razonado otra cosa: que los potenciales aliados para derrotar a Choque eran contradictorios, moderados, tibios, etc., pero no. Concluyeron que eran traidores que, abrazados a sus propios intereses, conciliaban estos a los intereses de los “explotadores” y que, por ello mismo, los gamboas habían abandonado la lucha. Una lucha, entonces, que se ha perdido, dicen, no por errores de Tribuna Docente, ni siquiera por las maniobras de Virgilio Choque, sino por la lista de Gamboa que, como Tribuna Docente, se arrojó a heroicas huelgas en donde no faltó la represión laboral y física. El trostkismo es así. No sólo padece de una crónica incapacidad para identificar a los adversarios principales, consumen también enormes energías en la tarea de “desenmascarar” a los infiltrados del campo popular, a aquellos que, disfrazados de populares, introducen en los sectores obreros la “ideología dominante”, contaminando la atmósfera revolucionaria químicamente pura de la izquierda “en serio”.
Y ahora la situación se invierte. El docente frustrado ante la derrota sugiere un acuerdo entre la tropa de Claudio del Plá y Choque, funcional a los objetivos electorales de éste último. Es comprensible, pero conviene no creerlo. Las conductas funcionales del Partido Obrero al establishment no responden a la moral distorsionada de sus militantes. Son sus concepciones ideológicas y políticas las que explican sus prácticas desgraciadas. Es el problema del trotskismo en muchos lados, y es lo lógico cuando los actores se refugian más en los textos clásicos del marxismo y en principios cuasi-religiosos que en la realidad concreta en donde se mueven. Convengamos: el error aporta a sus dirigentes un toque de distinción intelectual, pero casi siempre constituye el camino más seguro a la derrota. El Partido Obrero quería una lista de unidad, sí, pero a cambio de que los que la conformaran se subordinaran a reivindicaciones que trascendían el objetivo urgente de desplazar a Choque. No querían el programa de mínima posible en las actuales circunstancias, sino el programa de máxima imposible y que, además, abortaba la unidad y/o la lista única que habría garantizado la derrota del burócrata. Una digresión teórica se impone. Es para referirse a Lenin que, sabemos, es un clásico del marxismo y que ha dirigido una revolución. El pensador calificaba a grupos como estos como ultraizquierdistas. Lo hizo en un texto titulado “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”. El “izquierdista” era aquel que pretendía y, suponemos, creía, que la posibilidad de instalar el programa de máxima era siempre inmediata en nombre del rigor teórico y la pureza de principios. Lo elegante, así, tiene un costo. El costo de acabar con la práctica política, que es un arte más sutil, que requiere avances y retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos, aliados transitorios, otros permanentes, etc., a fin de ir orientando la historia hacia objetivos estratégicos. La dirección de un gremio puede ser, efectivamente, importante y estratégica. El Partido Obrero piensa lo mismo, pero si lo ocupan ellos. Son los riesgos de ser trostkista y ver en la historia casi siempre una “situación revolucionaria” (crisis de la economía capitalista + ascenso de las luchas obreras + crisis de las direcciones burocráticas – dirección revolucionaria), que ellos anhelan convertir en una “crisis revolucionaria”, a la que se llega cuando una dirección política conduce esa situación hacia una salida igualmente revolucionaria.
Así las cosas, la gran estrategia revolucionaria de un grupo frustró lo posible por un imposible que, a decir verdad, no sabemos bien en qué consistía. Optó por la derrota heroica, que fue ridícula, en vez de la victoria parcial que permitiera diseñar para adelante las acciones en mejores condiciones. Virgilio Choque, el burócrata, el que cree, como lo decía John William Cooke, que el mundo puede cambiar infinitamente sin que eso signifique que él debería abandonar el lugar que ocupa en el mismo, ha triunfado. Lo hizo sin teoría, porque el burócrata subordina todo al pragmatismo puro. Su estrategia fue clara: evitar que la docencia concurra masivamente al acto eleccionario y dividir a la oposición abriendo la participación a Tribuna Docente, convencido de que esta haría lo que hizo. Choque, en definitiva, hizo lo que debía hacer un burócrata que se precie de tal: ocuparse de que las buenas razones del progresismo y la izquierda sean incapaces de traducirse en fuerza y voluntad organizada para lograr los objetivos.
Tiene sentido. El burócrata carece de otra certeza, que anida en el progresismo y cierta izquierda. La certeza de que la Historia avanza, inexorablemente, hacia un futuro mejor. El volante del Partido Obrero lo vuelve a evidenciar. Antes de indicar, al final del mismo, el número de lista y los contactos telefónicos, reza “Nada ni nadie podrá impedir que los docentes levantemos la cabeza”. Reparemos en el detalle. El slogan arengoso trostkista es igual al utilizado por Urtubey, autoproclamado progresista, en la campaña electoral de 2007 y que hoy retumba en todas las radios de la provincia: “Nada ni nadie podrá detener este cambio”. Evitemos los rumores, detengámonos en lo que venimos analizando: ese slogan encierra la certeza de la que venimos hablando. En realidad, encierra dos certezas. Una de ellas, lo dijimos, es que la Historia avanza hacia un horizonte posible y mejor. La otra, relacionada con la primera, desnuda la convicción de que el progresista y el revolucionario, siempre autoproclamados incondicionales practicantes de la Razón para encontrar el sentido y hasta las leyes que determinan la evolución de esa Historia, nos dicen que el triunfo de lo mejor es inevitable y que los actores que lo garantizan son los que practican esas creencias, es decir ellos mismos. Convengamos: no es lo mismo ser progresista que revolucionario. El progresista apuesta al cambio gradual, cree que con cambiar una parte del todo alcanza. El revolucionario no. No quiere cambiar una “parte” del todo, sino el “todo”, identificado como enteramente perverso. Para el revolucionario, el progresista que apuesta a un cambio gradual es un tibio o, peor aún, alguien que esconde inconfesables motivos ocultos, casi siempre relacionados con intereses prácticos individuales.
La certeza que anidan, sin embargo, es la misma: el triunfo está garantizado. Seamos justos: tal certeza proviene de los mejores pensadores del marxismo. Carlos Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista declaraba, refiriéndose al destino de la burguesía: “Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”. Jean Paul Sartre hizo lo mismo en el prólogo de un libro famoso (Los condenados de la tierra, del argelino Frantz Fanon): “La descolonización está en camino, lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar la realización”. La izquierda y el progresismo ya deberían haber aprendido la lección. La Historia no avanza en la dirección única de sus deseos. No hay camino predeterminado; si así fuera, los hombres y mujeres no serían libres. Los Choques no sólo pueden retrasar los procesos de cambio, pueden también impedirlos. Lo grave, en todo caso, es que las fuerzas de izquierda también, cuando actúan con márgenes de error tan elevados que posibilitan congelar la historia en la modalidad de la dominación. Lo hacen cuando parecen conformarse con tener la razón, cuando se conforman con pegar el grito testimonial, y prescinden de los análisis serios en torno a las relaciones de fuerzas reales que existen entre los campos sociales en disputa, o prescinden de razonamientos estratégicos terrenales. Son muchos. Trascienden a los miembros de fuerzas políticas y sindicales organizadas. Pero el comportamiento es siempre el mismo: exaltan exclusivamente las posturas de resistencia y el valor de las movilizaciones de base, en desmedro de los razonamientos políticos, convirtiendo al vicio en virtud. El vicio de no valorizar, de una buena vez, a la política.

Docentes votando, ¿también están educando?

2009-12-16T03:32:00.000-08:00

Elecciones en la ADP, ganó otra vez Virgilio Choque

Pasaron una vez más las elecciones en la Asociación Docente Provincial, la ADP, y por cuarta vez ganó y fue reelecto el ya inamovible secretario general Virgilio Choque. Mientras se escrutan los últimos votos, aquellos que llegan por vía postal y que corresponden a las escuelas del interior, el candidato por la Lista Naranja, Víctor Gamboa, comenzó a lanzar el proyecto de fundar un gremio paralelo a la ADP, resignado ya a no poder reconquistarla.

Por Daniel Escotorin

A diferencia de otras elecciones, esta vez las acusaciones por fraude quedaron matizadas por los cruces entre las listas opositoras, la de Gamboa y la lista del Partido Obrero (PO), que llevaba a Ángel Tolaba como candidato. Nuevamente, unos y otros se acusan de haber dividido a la oposición y, así, permitido el triunfo de Choque.
Como primera cuestión, es indudable que Choque ha perfeccionado las técnicas de fraude. Las mañas, los artilugios, todo lo que le permita retener su poder gremial se renuevan día a día, es cada vez más grosero su proceder, pero es a la vez directamente proporcional con la eficiencia de sus resultados. La oposición, los militantes, dirigentes, candidatos, quedan siempre descolocados frente a cada paso de Choque. Vale esta aclaración porque, en realidad, el sentido de esta nota es correr la mirada de este escenario y posarla sobre una más compleja, más polémica y de fondo. ¿Es el fraude la única causa por la que gana Virgilio Choque? ¿No hay alguna responsabilidad directa de los docentes? Cuando se apunta a la consabida “burocracia sindical”, se lo hace con elementos contundentes en mano: proscripción de listas o candidatos, ejercicio de diversos tipos de violencia, acción directa para evitar la participación, urnas violentadas o escrutinios sin control. La mayoría de las veces es una combinación de todos estos elementos, pero a no confundir: que la elección se realice un día domingo no es impedimento para votar, que los padrones estaban arreglados pero también hubo voluntad de votar y se lo hizo. Y Choque logró ganar por apenas cien votos más o menos; si le agregamos votos fraudulentos, podríamos concluir que se pudo haber ganado por una pequeña diferencia, pero un buen porcentaje votó por la lista oficialista.
Resulta en cierto punto una tremenda paradoja que el espacio de la asamblea provincial docente que supo convocar a miles de docentes de toda Salta, no haya podido capitalizar toda esa masa en una organización permanente. ¿Causas? Varias. Divergencias en los sectores que confluyen allí, internas dirigenciales, diferencias políticas (sí, políticas), una práctica que osciló entre un gremialismo salarial y un discurso apenas politizado, entre la reivindicación del horizontalismo asambleario y la mirada de reojo a la estructura sindical de la ADP. Primera conclusión: desde la dirigencia, el discurso elaborado, entendido éste como la síntesis de las acciones y las palabras construidas, fue confuso e impreciso, además de la falta de acuerdos que se reflejaban en acusaciones mutuas. Si bien la imagen y el liderazgo de Gamboa quedaron cristalizados en esta elección, no alcanzó para hegemonizar al conjunto de la asamblea y la oposición a Choque.

Las bases

Pero no se trata de poner todas las responsabilidades en la dirigencia. Queda un tercer factor: el de los propios docentes, su mentalidad, su conformación cultural e ideológica. Tomemos como punta de análisis de este factor lo enunciado más arriba: ¿Qué sucedió con esa enorme masa movilizada en los paros del 2005, 2006, 2007? ¿Cómo se manifestó esa voluntad de cambio expresada en esas jornadas de lucha? ¿Hubo tal voluntad?. En cierto sentido, puede responderse que sí, que la lucha de aquellos años tenía dos destinatarios: el gobierno de Juan Carlos Romero y su intransigencia autoritaria, a la que se logró doblegar; y por otro lado el propio Choque. Pero aquí se falló y entonces, si miramos un poco más allá de la primera línea de información y datos, podemos ver que hubo una lectura incorrecta de esa confrontación con el romerismo. En primer lugar, porque así como se lo doblegó en términos de concesiones, aunque no hayan sido muchas, corrió la cortina para exhibir el desgaste social de ese gobierno, y aquí es donde los espejos devolvieron reflejos engañosos: la asamblea, entendida como el conjunto de participantes y no sólo la militancia, más esa mayoría partícipe de los paros, marchas y otras acciones, no tenía como objetivo conciente el desgastar al gobierno, y entonces se tomó como propio un hecho político, la derrota del romerismo, a la que contribuyó pero nunca se lo propuso.
Entonces, desde allí se engarza con la realidad que, tras los paros y más allá del desgaste mental y físico que supone sostener movilizaciones de varias semanas, permite explicar el retraimiento del conjunto docente por la sencilla razón de que sus objetivos nunca fueron más lejos que de la reivindicación estrictamente salarial. La propuesta válida de recuperar la ADP se convirtió en una utopía propia de un buen número de militantes y aledaños, pero no de la mayoría de las maestras y maestros provinciales. ¿Cuántos de ellos renunciaron a la ADP en repudio a la traición de Virgilio Choque? ¿Cuántos continuaron usufructuando los beneficios, legítimos por otra parte, que brinda el sindicato? He aquí la gran contradicción, o al menos la limitación de un grupo social que no logra establecer una base material sólida que les permita plantearse nuevas tareas políticas para su universo más global, más general.
Hablando de política, y por eso remarcaba ese término anteriormente, cuántas veces no se escuchó en las asambleas, en las marchas, en las reuniones en escuelas la frase “Esto (por el paro) no es político”, “Nosotros no hacemos política”, etc. Esa negación es la primera evidencia de una reivindicación cortoplacista, estrictamente gremial. Cuando los docentes cantaban a coro en esas marchas multitudinarias “Docentes luchando, también están educando”, parecía expresarse un salto en la conciencia y en la voluntad que sólo se logra con la acción concreta, es decir en la lucha. Habrá que revisar este viejo postulado porque, efectivamente, no hubo tal avance y en esto es válido poner algunos ejemplos sobre la mentalidad o la conformación ideológica del pensar docente: en esos días, se dio el recordado caso del alumno del colegio Arturo Illia que, por un gesto de rebeldía, pero también por ser sindicado como “cabecilla” de algunas movidas gremiales estudiantiles, fue expulsado del colegio y motivó el respaldo pleno de los docentes a las autoridades por la decisión adoptada. El otro ejemplo, más general pero contundente, fue la escasa (o debemos decir nula) movilización detrás de la discusión por la Ley Provincial de Educación.
Es verdad que, a la deficiente situación salarial, se debe sumar una realidad demasiado dura en cuanto a condiciones laborales de la docencia salteña, que empuja a muchos de ellos a estar más preocupados por esa cotidianeidad del día a día, pero justamente desde ese contacto con esa realidad los pone en un estadio por arriba de otros sectores sociales, laborales o culturales, que no siempre tienen el espacio o la capacidad de observar y analizar.
Como conclusión, el fracaso en la recuperación de la ADP va más allá del fraude oficialista o de la eterna división de la oposición. En todo caso, la decisión del sector de la Lista Naranja (Gamboa) de constituir un nuevo gremio docente es saludable si éste sirve para canalizar no sólo las reivindicaciones gremiales, salariales, sino también para contener la necesaria obligación de continuar la formación ciudadana y política de los docentes por otros medios.

Cuentas pendientes

2009-12-16T03:28:00.001-08:00

Salud reproductiva

En 2008, un tercio de los embarazos terminaron en aborto según los registros que se manejan en el área de ginecología del Nuevo Hospital El Milagro y que remiten exclusivamente a la situación sanitaria de la capital salteña. La evidencia demuestra que los mensajes de la Iglesia y las campañas de las organizaciones civiles católicas en contra de la interrupción voluntaria de la gestación están muy lejos de la dura realidad que rodea a las mujeres en la provincia, y que el camino para no abortar es la educación sexual y la anticoncepción artificial. Después de todo, velar por la salud pública es una tarea del Estado y no una cuestión religiosa.

Por Eva Sibila

El aborto es un recurso extremo al que prácticamente ninguna mujer querría apelar. Sin embargo, esta práctica es frecuente aun siendo ilegal. El año pasado, en Salta Capital, uno de cada tres embarazos fue interrumpido intencionalmente. Esta es la principal causa de mortalidad y morbilidad en mujeres jóvenes ya que, en altos porcentajes, los abortos se realizan mediante prácticas clandestinas, sin higiene ni asistencia médica.
Pero la respuesta que debería dar el Estado está enterrada en un cajón. Se trata del proyecto de Reglamentación de la Ley 7.311 sobre Sexualidad Responsable, que fue elaborado a partir de 2006 por una comisión creada por el Ministerio de Salud de la Provincia.
La medida permitiría asignar recursos económicos para la implementación de programas de educación sexual en los distintos grupos poblacionales y garantizar la provisión de anticonceptivos, que escasean en casi todos los centros asistenciales públicos.
Quienes caminan por los barrios marginales de la ciudad saben que muchas mujeres se quedan embarazadas no sólo porque sufren violaciones dentro de sus matrimonios, sino también debido a que sus esposos les prohíben el uso de métodos para evitar embarazos, porque suponen que esa necesidad está relacionada a la intención de mantener relaciones sexuales con otros hombres.
Con el machismo naturalizado, algunas señoras se resignan a cargar solas con una decena de hijos, puesto que culturalmente la reproducción y el cuidado de los niños “es un problema de mujeres”, y no es raro que, cuando las papas queman, los hombres abandonen el núcleo familiar. “¿Por qué seguís teniendo chicos?”, le preguntó en una ocasión una colaboradora de Cáritas a una mujer de escasos recursos que ya tenía nueve. La respuesta fue siniestra: “Me quedo embarazada porque cada vez que mi marido llega a la casa borracho, me viola”.
La activista católica consideró que, más allá de que la única opción permitida por la Iglesia para el control de la natalidad sea el ´método natural´, “resulta fundamental facilitarles otras alternativas a las mujeres”. Además, insistió en que “necesitan estar más acompañadas, sufren violencia y no pueden decidir qué vida quieren llevar adelante”.

Los mitos

“En la primera relación no te quedás embarazada” o “Si hacés pis después de tener sexo, no pasa nada”, son algunas de las múltiples creencias falsas derivadas de la ausencia de educación sexual en los barrios de Salta y causales de muchos embarazos no planificados. Así lo explicó Sandra Bustamante, una maestra que trabaja desde hace algunos años en la Fundación Entre Mujeres organizando reuniones en distintos puntos de la provincia para hablar de derechos humanos y de sexualidad.
Sin financiamiento externo pero con gran vocación de servicio, el grupo de capacitadoras hace hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados a través de folletos y reparto de preservativos, aunque “las mujeres casadas prefieren cuidarse usando el DIU para que sus maridos no se enteren que están usando un método anticonceptivo”, confirmó.
Al igual que otras 200 organizaciones promotoras de derechos, Entre Mujeres enarbola el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito, para no morir”.

La salud de las mujeres ya no es una prioridad

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el por entonces ministro de Salud Ginés Gonzáles García impuso su autoridad para que todos tengamos acceso a la maternidad planificada y a la educación sexual sin costo alguno. Durante algunos años llegaron los insumos suficientes a todos los centros de salud de la Argentina. Durante el gobierno de Cristina Fernández, el funcionario aceptó el cargo de embajador en Chile y con él se terminaron las políticas progresistas en la materia.
Sus acciones le valieron la amenaza del ex vicario castrense Antonio Basseoto, quien le envió una carta pública escalofriante en la que decía: "La multiplicación de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio... Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”... Aunque no lo dijo, todos relacionaron la frase con los vuelos de la muerte que concretaba el último gobierno militar para eliminar a los opositores políticos, con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica.
Cabe aclarar que el Vicariato Castrense se creó durante el gobierno militar en 1957, mediante un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire.

Se vulneran derechos fundamentales

La ausencia de un programa provincial de salud sexual y procreación responsable va a contramano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos en pactos internacionales con rango constitucional en Argentina. Hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.
Respecto de la ausencia de políticas de Estado que atiendan los derechos humanos de las mujeres, el titular de Amnistía Internacional en el país, Rafael Barca remarcó: “La violencia contra las mujeres es una vergüenza para los derechos humanos. Mientras continúe, será imposible hacer realidad el cumplimiento de los derechos para todas las personas. Aunque no existen cifras oficiales, los datos que relevamos demuestran que el Estado se encuentra lejos de tomar el tema como prioridad”.
“Es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda el problema desde sus políticas públicas. Son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha”, concluyó.

El peor de los muros sociales

2009-12-16T03:23:00.000-08:00

El trabajo que el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) viene realizando en nuestra Provincia muestra que, en términos cuantitativos, el número de denuncias y consultas por discriminación viene aumentando notoriamente desde que el Instituto iniciara su labor año y medio atrás.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, desde el mes de julio de 2008 y hasta septiembre de este año hubo 230 consultas y 31 denuncias. Del total de consultas por Grupo Vulnerado, un 16 % fueron por discapacidad, seguido por VIH – sida (12,31%), diversidad sexual (11,59%), pueblos originarios (8,69%), género (7,24%) y otros (6,52%). En cuanto a las denuncias que se efectuaron dentro del mismo grupo, un 22,58% fue por motivos ideológicos, seguido en un 9,67% por diversidad sexual, etarios-adultos mayores y otros. En cuanto a las consultas según el ámbito en el que la discriminación tuvo lugar un 23,91% fue en el trabajo; 20,28% en educación pública; 15,94% en el Poder Ejecutivo; 13,76% privado; 10,14% salud pública, entre otros. Y las denuncias aumentaron notablemente en el ámbito laboral, con un 41,9%, seguido del Poder Ejecutivo con un 19,35%, educación pública (16,12%) y salud pública (9,67%), entre otros.
Por último, un dato más a tener en cuenta es que las personas con discapacidad fueron mayormente discriminadas en el ámbito laboral en un 30%; en los medios de transporte- micro, un 17% y en la educación y salud privada, un 13%. Las personas con diversidad sexual padecieron igual trato, principalmente en las fuerzas de seguridad, en un 35%; en los medios de comunicación gráficos, 17% y en educación pública y boliches, en un 6%. Los enfermos con VIH-sida en la salud pública, un 53% y en la salud privada, un 16%. Finalmente, las personas de pueblos originarios fueron mayormente discriminadas en el Poder Ejecutivo en un casi 70% de los casos.
Las primeras lecturas que surgen de los datos aportados por el Instituto son, por un lado, que un aumento en la cantidad de denuncias y consultas denota, en su faz negativa, que en nuestra sociedad aún se mantienen prácticas sociales discriminatorias que requieren un meticuloso abordaje interdisciplinario para minimizarlas al máximo, y por el otro, en su faz positiva, un saludable ejercicio de los derechos cívicos del ciudadano que acude a los organismos pertinentes para denunciar el trato desigual padecido.
Por otro lado, las minorías aún tienen enormes problemas para una inserción igualitaria en nuestra sociedad, ya sea en el trabajo, en la educación, en la salud, en el Estado, en actividades recreativas e incluso en el ámbito del hogar, con un agravante para las personas discapacitadas ante la escasa infraestructura urbana, como rampas para el ingreso y egreso de edificios, colegios, hospitales, vía pública en general, incluyendo los transportes públicos en particular.

Abordaje y Derechos

La problemática de la discriminación en el ámbito de las relaciones laborales no es ciertamente una cuestión novedosa. No obstante, en los últimos tiempos ha adquirido una importancia creciente. Este crecimiento debe atribuirse a la incidencia de las Declaraciones, Pactos y Convenciones internacionales que, desde la Reforma Constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional, y a otras fuentes normativas que, como los Convenios de la OIT, ratificados por la República Argentina, y otras normas legales sancionadas posteriormente, se refieren a la cuestión.
Si bien la problemática de la discriminación laboral puede plantearse tanto al celebrarse el contrato de trabajo como en el curso de su desarrollo, es indudable que la importancia de la cuestión se acrecienta cuando se produce en el momento del despido. En este aspecto, el art. 11 de la ley 25.013 de 1998 reguló los efectos del “despido discriminatorio”, entendiendo por tal el originado en motivos de raza, sexo y religión, estableciendo para tal supuesto un recargo indemnizatorio del 30%, que resulta aplicable sobre la indemnización por antigüedad que correspondiera al trabajador afectado.
Sin embargo, desde el año 1988 ya se encontraba vigente la ley 23.592, una disposición de orden general que, en su art. 1º, expresa que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. Y el mismo artículo agrega que “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
La divergencia interpretativa se planteó de inmediato acerca de si esta ley general era aplicable al ámbito específico de las relaciones laborales y, en su caso, cuáles eran los efectos jurídicos de esta aplicación. Ello guarda singular importancia, porque la locución legal “dejar sin efecto el acto discriminatorio” fue interpretada por algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia como la habilitación legal de la reinstalación en su anterior puesto de trabajo del trabajador despedido que acreditara que su cesantía respondía a motivos discriminatorios.
Por lo tanto, producido el hecho discriminatorio, el trabajador puede entender que el mismo posee tal magnitud que impide la prosecución de la relación laboral en los términos del artículo 242 de la ley de contrato de trabajo y darse por despedido, o también que el empleador haya resuelto una ruptura, mostrando abiertamente o escondiendo bajo otra causal su intención discriminatoria, correspondiendo aplicar el recargo indemnizatorio del 30% de la ley 25.013. Finalmente, en caso de un despido por motivos discriminatorios, y en virtud de precedentes doctrinarios y jurisprudenciales, el trabajador puede optar por continuar la relación laboral por vía de la ley 23.592, solicitando además un resarcimiento por daño moral y material.
Decíamos que para eliminar toda forma de discriminación en una sociedad, la misma debía ser abordada desde distintas disciplinas. La principal ha de ser a través de la educación, sobre todo teniendo en cuenta que la discriminación reconoce como causa excluyente a una forma de juzgar u opinar negativamente, formada inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario; es lo que se conoce como un prejuicio. En este sentido es fundamental entender que si educamos a los niños y adolescentes (no solamente desde la escuela, sino también desde el hogar) con ideas de tolerancia y de respeto hacia el otro, enseñándoles que las diferencias son tan enriquecedoras como las que hallamos y apreciamos en el mundo animal, y que tras cada una de ellas se encuentra un ser humano semejante a nosotros, ya habremos dado un salto gigantesco, incluso mayor que el que diera Armstrong en la luna.

Por otro lado, es imprescindible que el Estado remueva los obstáculos de tipo social, cultural, político, social y económico, que limitan “de hecho” la libertad y la igualdad de todos los hombres. Que mediante esa remoción exista un orden social y económico justo, y se igualen las posibilidades de todos los hombres y mujeres para el desarrollo integral de su personalidad y que, a consecuencia de ello, se promueva el acceso efectivo al goce de los derechos personales de las tres generaciones por parte de todos los hombres y sectores sociales.
Por último, la justicia debe ser la encargada de restablecer los derechos conculcados, haciendo respetar la ley que prescribe la igualdad jurídica de todos los habitantes. Esta igualdad se asienta sobre el reconocimiento previo de las diferencias físicas, ideológicas, raciales, etarias, sexuales, económicas, étnicas, religiosas, y un largo etc., para que ninguna de estas diferencias sea causa de discriminaciones arbitrarias. La igualdad no significa igualitarismo. Hay diferencias justas que deben tomarse en cuenta, para no incurrir en el trato igual de los desiguales. Incluso más, nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la identidad, que se correlaciona con el derecho a ser diferente, el cual exige que a cada ser humano se le respete y preserve lo que hay en él de diferente respecto a los demás, porque de ese modo se le resguarda a la vez su identidad, es decir, lo que en su “mismidad” hay de distinto -y no de igual- con los otros.

Sin lugar para los débiles

2009-12-07T04:47:00.000-08:00

Salta Forestal, su lado más oscuro

Para ir al cementerio tienen que pedirle permiso a un guardia de la empresa. Hacinados, sin agua potable ni acceso a profesionales médicos, así se encuentran los habitantes de Barrio Nuevo, a la vera de Salta Forestal. Las empresas, que facturan más de 20 millones de dólares por año, sólo destinan 800 pesos por mes al desarrollo humano del pueblo con el que estaban comprometidas por contrato.

Por Daniel Medina

El Estado se ha convertido en el lobo del hombre. La función de los gobernantes ya no es proteger a los ciudadanos ni trazar políticas que los beneficien a corto, mediano y largo plazo, sino que se ha reducido a garantizar los negocios (y negociados) de unos pocos empresarios, en detrimento de los intereses de la mayoría.
Salta Forestal es un perfecto ejemplo de esta cuestión. En 1996, el gobernador Juan Carlos Romero cedió a las empresas Ecodesarrollo (de Alfredo Olmedo) y a Cervera (ahora Cresud), por un periodo de 64 años, 213 mil y 120 mil hectáreas de Anta, respectivamente. A cambio, y según lo estipula el contrato auspiciado por el Estado salteño, recién después de 20 años de concesión, o sea a partir de 2016, Ecodesarrollo empezaría a pagar el irrisorio canon de 90 mil pesos anuales (algo así como $0,28 por hectárea y por año).
Y esto probablemente se hubiera mantenido así, de no ser porque uno de los titulares de estas empresas se convirtió en una amenaza para el actual Gobierno, tras haber obtenido un 17% de los votos en los comicios para legisladores nacionales de junio último, y haber expresado públicamente su aspiración a ser gobernador y presidente de la República. Sólo entonces el Gobierno reaccionó, despertó de su letargo y, a través de sus funcionarios, calificó al canon de “ridículo”.
Según los nuevos cálculos del ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, la empresa Ecodesarrollo debería pagar algo más que los 90 mil pesos estipulados: 1.300.000 pesos, cifra que la otra empresa, Cresud, ya ha abonado, y que Alfredo Olmedo se rehúsa a desembolsar, pese a que sigue siendo una ganga, pues los cálculos menos optimistas señalan que las hectáreas de soja le dejaron al legislador una ganancia superior a los 20 millones de dólares.
Hasta el momento, las discusiones han girado en torno al contrato y sus cifras. Sin embargo, y detrás de todos esos números, hay ciudadanos que sobreviven a diario en situaciones indignas e inhumanas, como la resaca de esos negociados que sólo benefician a unos pocos.

Barrio Nuevo

A 35 km de Joaquín V. González, por un camino de tierra y ripio, se llega al infierno. Visto de lejos, el lugar parece un campamento improvisado para los refugiados de algún cataclismo inesperado. Sólo que estas personas no han sido víctimas de la naturaleza, sino de los empresarios y del Estado. “Barrio Nuevo” es el nombre que le dan al amontonadero de ranchos que depende directamente de Salta Forestal.
El contrato, tan beneficioso para Ecodesarrollo y Cresud, estipulaba que estas empresas tenían la responsabilidad de programar la sistematización del campo, teniendo en cuenta aspectos sociales y administrativos, con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable que “tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ubicados en una zona con alto grado de necesidades insatisfechas”. El Anexo 1 del punto 6 es claro en cuanto al compromiso adquirido: “Programar soluciones para las distintas situaciones de los ocupantes, tanto de los asentamientos poblacionales como de los puesteros, [mediante la] creación de fuentes de trabajo. Como así también [atender] la salud y la educación”.
En el punto 12 del mismo Anexo se especifica: “Planificar para cada centro la infraestructura mínima necesaria, que cubra todos los servicios comunitarios, como educación, energía eléctrica, salud, comunicación, transporte, agua, sanitarios, esparcimiento, etc.” Eso es lo que dice el papel. La realidad que viven los habitantes de “Barrio Nuevo” es muy distinta.
Son 204 las viviendas del barrio. Son de madera, piso de tierra, y la mayoría consiste en una sola habitación grande; las letrinas son compartidas. Las familias se siguen reproduciendo, pero las viviendas no aumentan, aunque los empresarios habían prometido construir entre siete y diez viviendas por año, algo que desde 1996 hasta la fecha jamás se cumplió. Y cada vez hay más personas hacinadas en esas moradas. Datos relevados por el mismo Gobierno prueban que el promedio es de 2 a 3 familias por casa, con un promedio de 6 a 8 niños en cada una de ellas. El contraste de estas viviendas, no con la sede central de la empresa, sino con la misma garita de seguridad, es atroz.
Pese a que Ecodesarrollo S.A. cuenta con varios pozos en su predio, algunos de agua potable y otros de agua para riego o para otras funciones, en Barrio Nuevo no existe red de agua, sino provisión de agua de pozo. Y nadie ha hecho un análisis físico-químico y bacteriológico sobre su potabilidad. En el punto 8, Anexo 1, que trata sobre los recursos hídricos del contrato que hizo firmar Juan Carlos Romero, se detallaba como uno de los deberes de las empresas: “En el caso del agua para consumo humano, se tendrá en cuenta la potabilidad y el tratamiento…” Y el punto 9 dice: “También, destinado a los puestos, se programarán sistemas de provisión de agua para consumo humano…”
Cuando el Director de Fiscalización, Juan Antonio Bruno, fue al lugar a realizar un relevamiento, hacía poco tiempo que, por haberse conectado las fases de manera invertida (EDESA), se quemaron dos bombas extractoras. “Cuando se presentó el problema de la bomba, durante tres días, para de la finca, pero aparentemente, al de agua no potable (salada, según los habitantes del lugar), lo que generó una gran cantidad de problemas de enterocolitis en los habitantes, especialmente en niños. La Municipalidad debió instrumentar el movimiento y la internación, especialmente de los niños, buscando evitar la deshidratación de los mismos”, detalló en el informe que elevó, semanas atrás, al secretario de Trabajo y Previsión Social, Eduardo G. Costello.
Tampoco la electricidad es segura. El informe detalla que sólo la primera hilera de casas cuenta con instalación eléctrica “más o menos correcta” (sic), “las restantes van tendiendo cables aéreos, a menos de dos metros de altura y a la vista, sin caños ni ningún material protector, no contando ni con disyuntores ni conexión a tierra alguna. Sólo algunos cuentan con llaves térmicas.”
El desempleo, consecuencia en parte de un producto como la soja, que requiere para su producción una mano de obra mínima, es otro de los problemas para los habitantes de Barrio Nuevo. Para recorrer los 35 km que los separan de Joaquín V. González, donde podrían hacer alguna changa, cuentan con un colectivo que pasa sólo dos veces por día: una vez por la mañana y otra vez por la tarde (salvo los martes, jueves y sábados, que hace el recorrido también por la noche); pero la tarifa es de $10 de ida y $10 de vuelta. Y las changas no alcanzarían ni para pagar los boletos.
Si se enferman, quedan a la buena de Dios. Se les había prometido construir un pequeño hospital a la entrada, pero hoy sólo cuentan con un centro de salud, al que un médico concurre únicamente tres veces por semana y atiende de 9:00 a 13:00 hs. Tampoco hay una ambulancia en el lugar. En caso de emergencia, el vehículo de algún vecino es el que carga con el enfermo, por el ripio, hasta González, donde sí son tratados con hospitalidad (acaso porque el al Intendente le da un poco de cargo de conciencia, ya que es socio de Salta Forestal, con el 2% de las acciones. Por eso siempre están sus intentos por paliar las consecuencias, pero demuestra un silencio rotundo para detener sus causas). Y las personas se enferman seguido. Por la pésima calidad de vida, la desnutrición, el hacinamiento, y porque los residuos sólidos domiciliarios son vertidos a cielo abierto en un descampado cercano a las viviendas.
Desde luego que, así como no se preocupan por satisfacer las condiciones básicas de salud, la promesa de construir un Centro de Estudios en el cruce de la Ruta 41 que incluiría todos los niveles, desde jardín de infantes hasta la finalización del ciclo, también quedó en la nada. Los habitantes de Barrio Nuevo tienen un colegio que llega hasta el 9º año solamente. Está en González, es verdad, pero a 35 km y a 20 pesos por día en transporte.
Como pocos tienen gas en garrafas, tienen que buscar leña para cocinar. Y la empresa rara vez los deja pasar del lado ya alambrado.
Lo peor es que el sufrimiento de los habitantes continúa hasta después de muertos. Cuando la empresa alambró el predio, el cementerio quedó separado del pueblo, dentro de la empresa. Para visitar a sus difuntos, primero hay que pedir autorización a los guardias y éstos, según el humor del día, la dan o no.
La empresa que factura 20 millones de dólares al año, sólo invierte, en Desarrollo Humano, 10.444 pesos por año, unos 870,35 pesos por mes.

Destrucción del trabajo

El informe del Director de Fiscalización sobre la sistemática destrucción de la fuente laboral en la zona es alarmante. “Desde que se concesionaron las tierras, casi todas las actividades fueron tercerizadas, siendo las empresas, (que en su mayoría no son ni de la localidad ni de la Provincia) las que contratan al personal por el tiempo que dure cada actividad, abonando por las tareas valores menores a los que corresponden y, casi siempre, sin registrar los trabajadores o, como en algunos casos indagados, dejados con deudas pendientes y/o libretas del RENATRE sin entregar”, dice.

Entonces, además de la empresa del Diputado Nacional, entran en juego nuevos nombres para las distintas actividades. Labores de desmonte quedaron en manos de la riojana FRABO (Franco Bosetti) y la siembra está a cargo de AJU (Tucumán). PETROBRAS provee el combustible; de la construcción se encarga GORENA (de Las Lajitas) y de la Cosecha, IBARBIA, a la que más o menos se la puede calificar como “lugareña”, puesto que sus dueños son de González.
Se especifica que las primeras actividades realizadas bajo esta modalidad consistieron en el desmonte de 2.000 hectáreas, por las cuales se abonó entre $ 200,00 y $ 400,00 por hectárea, cuando en realidad el trabajo realizado valía mucho más. “Otra actividad tercerizada fue la del trillado de todas las hectáreas, tarea por la que la empresa abonó $ 140,00 en lugar de los $230,00 por hectárea que hubieran correspondido”.
Otra irregularidad detectada es que a los trabajadores se les completa la libreta del RENATRE por periodos menores a los realmente trabajados, impidiéndoles acceder al fondo de desempleo que requiere un tiempo mínimo de trabajo de 18 meses.
“El Segundo Encargado, David Maldonado, tiene un almacén en una casa del Barrio, propiedad de la cuñada, en la que les fía a muchos las compras de alimentos a precios muy superiores a los de plaza. Cuando hay necesidad de tomar personal, toma a los que más le deben para cobrar directamente con descuentos de haberes”, relata el informe.
Pero lo peor es que a los obreros que tienen accidentes laborales se los deja automáticamente sin trabajo. “Existe un caso de un joven que por un accidente quedó con una discapacidad en una pierna y sin trabajo”, expresa el informe.

La situación de los puesteros no es mucho mejor. Se los fue cercando poco a poco, con alambrados puestos de la noche a la mañana, evitando que sus animales puedan pastar dentro de los predios que antes utilizaban para comer y que pasaron a la concesión. Por eso son muchos los puesteros que, ante el aislamiento impuesto, se han retirado del lugar. “Existe un caso en el que el hijo de un puestero, haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero”, dice el informe.
Después de dos años de gestión, la gobernación Urtubey tiene la posibilidad de implementar un cambio: dejar de garantizar la impunidad de las empresas y devolverle a estas personas la dignidad de seres humanos.

Fragmentos

2009-12-07T04:45:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

El Alfredo Olmedo leve, el de la farándula que pretende comer con Mirtha Legrand, etc., debería hartarnos. El otro Alfredo Olmedo, el representante de una nueva forma de hacer riqueza, prescindiendo de los impactos ambientales y sociales que sus actividades generan, no. A ese hay que analizarlo, aprovechando su propia exposición mediática que, en definitiva, tiene un lado positivo. Y lo tiene porque ha roto con un mito del actual capitalismo global, según el cual la gran empresa y las redes que conforma constituyen una especie de monstruo abstracto e impersonal. Monstruos creados por los hombres, sí, pero que habrían escapado a su control, adquiriendo vida propia y generando sus propias e implacables leyes, que todo lo arrasan. Un mito de esas características tiene ventajas prácticas para quienes manejan los hilos de la economía, en tanto, bien sabemos, los que padecen al monstruo no tienen a quien ir a quejarse por sus atropellos. Olmedo confirma lo contrario: la desigualdad tiene rostro; el Poder, también, y las injusticias tienen responsables de carne y hueso. Salta Forestal es un fragmento de todo ese andamiaje. Una parte del todo, con sus particularidades, pero un ejemplo significativo de ese todo, que adquiere sentido en tanto contribuye a dibujar una totalidad cuyas lógicas atraviesan a todas las parcialidades.
Intentemos dibujar esa totalidad, y para ello recurramos a otro fragmento. En este caso, a una parte del informe de Daniel Medina, publicada en este número, que informa sobre las condiciones en las que viven los habitantes del Barrio Nuevo, en Joaquín V. González. Un barrio que formó parte de Salta Forestal hasta que los Olmedos se hicieron cargo de esa explotación. Obviemos aquí (el informe citado lo explica muy bien), todas las normativas que ese emprendimiento privado no cumple y a las que se había comprometido a cumplir en el contrato de concesión que firmó con el Estado provincial. Detengámonos, simplemente, en un fragmento pequeño que, creemos, ayudará a graficar cómo un tipo de sociedad, que se ha estructurado para beneficiar a la gran empresa, ha moldeado la realidad hiriente en la que se desenvuelve en cuanto a la exclusión que genera ese modelo, a las actividades ilegales a las que son empujados los que sufren esas condiciones y a las formas como el Poder intenta contrarrestarlas. El fragmento en cuestión dice así: “La situación de los puesteros [de Salta Forestal] no es mucho mejor. Se los fue cercando poco a poco, con alambrados puestos de la noche a la mañana, evitando que sus animales puedan pastar dentro de los predios que antes utilizaban para comer y que pasaron a la concesión. Por eso son muchos los puesteros que, ante el aislamiento impuesto, se han retirado del lugar. Existe un caso en el que, el hijo del puestero, haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero” (Ver p. del presente número)
La idea del cerco se impone. El alambrado demarca el espacio de los que tienen una vida (los de adentro), y de aquellos que han quedado fuera de ella (los de afuera). El puestero, seguramente explotado pero imprescindible en otros tiempos, hoy es prescindible. Es la naturaleza profunda del capitalismo actual, y que Salta Forestal tan bien representa, que lleva a prescindir de miles de hombres y mujeres, sin que esto ponga en riesgo su propia reproducción. La alambrada lo materializa bien. Materializa también que Olmedo reivindica para sí el derecho de imponer su voluntad a las cosas que la ley que se hicieron para tipos como él dicen que son de su dominio. Olmedo es hegeliano. No porque haya leído a Hegel, sus conversaciones con Mirtha Legrand no permiten afirmarlo, sino porque Hegel hace tiempo que se encargó de legitimar filosóficamente a los hombres poderosos. Lo hizo en 1821, en “Filosofía del Derecho”, cuando, refiriéndose a la propiedad privada, escribió: “Las personas tienen que darse para su libertad una esfera exterior (…) Lo inmediatamente distinto del espíritu libre es (…) una cosa, algo carente de libertad, de personalidad, de derecho”. Olmedo es libre porque a sus muchas cosas las delimita bien, a fin de imponer su voluntad sobre ellas. Olmedo, entonces, en estricto sentido hegeliano, es un hombre libre. Esa libertad, según cuenta en todos lados, es fruto del trabajo incansable de su padre. Hegel lo llamaría “diligencia” (“La riqueza depende de la diligencia de cada uno”). Así era Hegel. Creía en los grandes espíritus, que empujan a la historia hacia el futuro. Del otro lado de la alambrada, en cambio, quedan los nadies, hombres y mujeres que no hacen la historia e, incluso, están excluidos de ella. Son los prescindibles, los excluidos. Salta Forestal, por ejemplo, puede avanzar sin ellos; es más, para avanzar debe prescindir de ellos. Sabemos bien cuál es la visión que de estos, los nadies, tienen los Olmedos. Y lo sabemos porque lo expresan sin complejos: para ellos, los del otro lado de la alambrada son los vagos, los que no cultivan la cultura del trabajo, seres carentes de toda iniciativa, gente sin futuro.
El problema recurrente en toda la historia, a pesar de Hegel incluso, es que algunos de los nadies suelen inclinarse a la insubordinación. Es el caso de ese hijo de puestero que, “haciendo caso omiso a la prohibición impuesta, siguió introduciendo sus animales en los terrenos concesionados, por lo que se dio la orden de no tomar nunca a ningún miembro de la familia de dicho puestero”. Ese hombre desea que la alambrada no lo excluya y viola la norma que hace escasos años no existía. Alguien podría decir que es lo lógico. Todos sabemos que las leyes consuetudinarias suelen tener más fuerza que las escritas en la conducta de los seres humanos. Puede ser, aunque no habría que descartar lo otro, también muy probable: el encontrarnos ante un hombre desesperado que precisa, como al aire mismo, de ciertos recursos indispensables para poder vivir. Para las normas escritas e impuestas por los Olmedos, ese hombre desesperado delinque. Se reedita entonces el eterno conflicto entre los que son dueños de un país y los que no lo son. Ante eso, la injusticia social adquiere estatus jurídico. Aquel que dolorosamente ha sido privado de recursos elementales para la existencia, aquel que espera la oportunidad de burlar el alambrado para hacer uso de lo que, habiendo sido de todos, es ahora de uno, ya no es un hombre desesperado, sino un delincuente. El Poder así lo ha clasificado. Tiene sentido. De esta manera, ese Poder resguarda un tipo de sociedad que él ha ido forjando para beneficiarse. Ese es el Orden a mantener y, para hacerlo, exige tolerancia cero al acto que ha cosificado como vandálico. Apela al terror como mecanismo de disuasión. Ordena que no se contraten miembros de esa familia para realizar actividades de la empresa. La vieja idea del cerco militar atraviesa esa orden: privar al enemigo de sustento para aniquilarlo o quebrarlo moralmente. Una medida que no debe ser secreta, porque el terror sólo funciona si el resto de los potenciales insubordinados son testigos privilegiados del escarmiento ejecutado. Los Olmedos son, por así decirlo, pedagogos. Enseñan a los que quedaron fuera de la alambrada, con la pedagogía del dolor, que los límites son precisos y la cerca inviolable. La violencia de uno y otro lado esta allí latente, a flor de piel. A pesar de los deseos de algunos, la violencia latente de los que padecen el Poder no proviene de dogmas militantes ni de cuerpos ideológicos. Fluye, simplemente, de las abismales desigualdades que atraviesan a provincias como la nuestra. El corte de ruta, el acampe en Plaza de Mayo o la insubordinación de ese puestero que no acató la disposición de Salta Forestal son, en definitiva, recursos desesperados de los nadies, que sorprenden cuando no aparecen, más que cuando lo hacen.
Lo que allí, en Salta Forestal, ocurre, no es en términos filosóficos un acontecimiento. De serlo, sería algo aislado que terminaría evaporándose. Salta Forestal es un hecho histórico, algo que está inscripto en un proceso integral que le da significado. Cobra sentido en el marco de un liberalismo atroz, preñado de consecuencias que hoy vivimos: desempleo, exclusión, precariedad, y una sociedad de odio en donde los que tienen mucho piden a gritos rejas, armas y mano dura, a fin de que los que nada tienen respeten la vida, aun cuando estos últimos difícilmente valoren una vida que rara vez les ha dado algo. Habría que decir sencilla y poderosamente no a eso que Salta Forestal representa como fragmento de una totalidad que rebela. Es más, habría que salir de eso, aunque por ahora, en Salta, ese mandato parece encontrar aliados más en la voluntad de las fuerzas políticas progresistas, que en la correlación de fuerzas efectivas de las mismas.

Como campo al dedo

2009-12-07T04:42:00.000-08:00

TRABAJO INFANTIL

La naturalización del trabajo infantil como producto de un proceso histórico estructural no convierte la situación de los chicos que encañan tabaco o despalillan ají en una menos grave. Casi sin actividades de recreación y educativas extraescolares, y con el hambre acechando la mesa familiar, los niños de La Viña trabajan en un mercado que tiende a expulsar a sus propios padres y condenarlos a un círculo de exclusión del que les resulta casi imposible salir.

Por Julieta Lucero

Agustín es el mayor de siete hermanos y no tiene mucho tiempo para jugar. Ayuda al papá en el tabaco, despalilla ají, le trabaja un potrero con cebolla a la abuela, va a levantar anís con amigos, cuida a los animales del vecino y, además, va a la escuela.

“Como no alcanza para comer, con lo que me pagan voy y le digo a mi mamá que mande a mi hermanito al almacén y compre lo que falta para cocinar”, dice, afianzado con una mano a la reja de entrada de la casa. Con su cuerpo inclinado hacia delante y una pierna que cruza a la otra por atrás, Agustín parece un hombre. Seguro, directo y sin temor a sostener la mirada, mide 1,40 y tiene 11 años.

Así como él, cientos de niños trabajan en La Viña, localidad distante a unos 110 kilómetros al sur de Salta Capital. Padres que los mandan al rastrojo para poder vestirlos; algunos que van por diversión, en un lugar donde no hay demasiadas actividades extraescolares para hacer; otros que juntan dinero para el carnaval del pueblo, que ahora cobra entrada; o que terminan encañando tabaco por acompañar a la mamá, ante la imposibilidad de dejarlos en la casa por no tener alguien que los cuide. Son muchas las razones, son muchas las consecuencias y es una la causa: la exclusión social.

En otras palabras

Según la Asociación Civil Conciencia, el trabajo infantil “es aquella actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por menores por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que puede ser peligrosa para el niño, entorpecer su educación o ser nociva para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.” La definición adopta los límites que plantea el artículo 32, inciso primero, de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en la Argentina en 1990 e incorporada en el ‘94 por la nueva Constitución.
En otras palabras, es Agustín despalillando ají para que sus hermanitos no pasen hambre y para que la abuela coma, pero también es Daniel, de 10 años, que va a la misma escuela y que acompaña a descolar cebolla a la mamá todos los sábados.
“Voy los fines de semana, porque después de clase tengo que ayudar en la casa”, dice Daniel, que confiesa que aun así faltó varias veces para ir al potrero. El también es el varón mayor pero, a diferencia de su compañero, tiene cuatro hermanas mujeres más grandes. La madre es el único adulto en la casa, por lo que él, como el hombre de la familia, sale a trabajar afuera, pero le corresponden también tareas hogareñas. “Me toca ir a comprar, limpiar, pero lo que más me cansa es chiki, chiki, chiki, lavar la ropa”, se queja, mientras con las manos hace como que frota la tela enjabonada.
La naturalización de este tipo de actividad en áreas rurales es producto de un proceso histórico. Más allá de la relación particular del esclavo de la Antigüedad con su dueño, del siervo de gleba de la Edad Media con el suelo o del campesino del siglo XXI con el patrón, la participación del grupo familiar fue siempre una de las claves del desarrollo productivo agrícola-ganadero.
En relación a la estructura económica tabacalera, que comparte la mayoría de las localidades del Valle de Lerma, entre ellas La Viña, el bienestar de muchos de los trabajadores depende del dinero que puedan ganar durante la primavera y el verano, en la época de la cosecha. Al sumar la mayor cantidad de miembros de la familia para obtener una mejor ganancia y, por ejemplo, “comprar los útiles y las zapatillas para la escuela”, como explicaron muchas mamás, el riesgo de trabajo infantil crece, incluso por razones tan básicas como la falta de un lugar donde dejar al niño mientras el adulto trabaja.

“Natural”

El que dijo que la Mesa de Enlace representa al campo, que “el campo somos todos” y que al que madrugada Dios lo ayuda, pues que comience a replantearse su oficio de creativo publicitario, porque no le está pegando. No es lo mismo un pequeño productor que un gran terrateniente, un propietario que un arrendatario, un criador que un invernador, un tabacalero que un tambero, un patrón que un peón. Y no es lo mismo un adulto que un niño, por más naturalizada que esté la actividad.
La mayoría de los abuelos y los padres de los chicos trabajadores también empezaron a encañar de pequeños. Muchos lo ven como el único paliativo a la pobreza; otros, como costumbre familiar. “Empecé a los seis años. Me acuerdo que nos despertábamos antes de que amanezca. Tomábamos el té y, cuando se escuchaban los bocinazos, salíamos a la calle. Era el camión del patrón que iba hasta el fondo del pueblo, avisando que ya nos íbamos. De vuelta, nos levantaba. Eramos muchas las familias alineadas en el jardín de cada casa esperando para subir”, recuerda una mamá de Chicoana, otro pueblo tabacalero del valle.
Es que es relativamente reciente el considerar a niños y jóvenes como sujetos de derecho, por lo que el trabajo infantil como problemática no data de muchos años atrás. Tanto es así que, según confirmó en junio de este año el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, su prevención “aún no cuenta con una partida dentro del presupuesto nacional, porque nadie lo veía como algo a resolver. Para arribar a la asignación de un lugar y un espacio en un presupuesto, tiene que haber un proceso de concientización lo suficientemente importante como para que sea percibido por todos como una problemática”, explicó el funcionario a la agencia de noticias Periodismo Social.
El tinte patriarcal que tienen las relaciones de trabajo en el norte de la Argentina torna aún más difícil una salida al problema. “Hace seis meses que el patrón no nos paga. Al resto de mis compañeros sí, pero para mí que a nosotros nos vio la cara”, dice una mamá de siete hijos que vive sobre la ruta nacional 68. “Cuando lo veo, corro a reclamarle, pero se me ríe en la cara y sigue de largo”, explicó la mujer, que ya hizo la exposición ante la comisaría del pueblo. Otros, como en el caso de una familia que vive en la finca en la que trabaja, en una casa de adobe, de piso de tierra y con un único grifo de agua afuera, cuentan que muchas veces no cobran porque “el señor dice que lo que hago es para pagar la luz que gastamos”, confiesa una madre y agacha la cabeza.

Cuestión estructural

Si no tienen la suerte de ser empleados municipales –suerte por estabilidad, no por el monto del salario-, la mayoría de los jefes de familia de La Viña son peones rurales que se encuentran en negro o tienen contrato temporario en alguna finca. La forma de vida que llevan es parecida a la de los pequeños productores que arriendan algunas hectáreas, y el riesgo de trabajo infantil para los chicos, también.
Las mujeres, en su mayoría, cuidan a los hijos, que por lo general son muchos y los tienen a corta edad. Conviven varias generaciones en pocas habitaciones y menos camas. Las posibilidades que hay de que los niños practiquen deportes o de que vayan a algún taller de arte son bajas por la falta de oferta, pero también por la división del trabajo al interior del hogar. A las nenas les toca cuidar a sus hermanos menores y a los nenes, acompañar al papá al rastrojo.
Además, durante las vacaciones, van con la madre, que tiene la posibilidad de sumarse al tabaco deflorando, encañando o desencañando. Según los padres, la mayoría de los finqueros no aceptan chicos en sus tierras. Si bien hay conciencia de que no está permitido que los niños trabajen -los grandes tienden a ocultarlo-, los más chicos no tienen problemas en contar lo que hacen. Sin más, confiesan que sí van y que les pagan por realizar tareas rurales.

Futuro

Qué necesita un niño para vivir es una pregunta fácil para contestar, pero representa una expectativa difícil de cumplir. Agustín y Daniel necesitan salud, el cuidado de la familia y, por sobre todo, “alimentarse”, según sus propias palabras. Para los padres, lo que necesitan es contención familiar, algo que, en la medida de sus posibilidades, tratan de cumplir.
Pero esos derechos, además de lo que puedan hacer los adultos por ellos, deben ser garantizados por el Estado. Muchos hablan de la falta de oportunidades para que sus hijos no trabajen en el campo de tan chicos, al rayo del sol o expuestos a agrotóxicos, pero no saben cómo hacer para cambiar su realidad y optan por irse a la ciudad. Quieren escaparle al “orden natural”, que los corre kilómetro a kilómetro y que finalmente los alcanza cuando vuelven a La Viña, a seguir donde habían dejado. “Nosotros nos fuimos un tiempo, alquilamos en muchos lugares de Salta, pero nos tuvimos que volver por problemas de trabajo”, dice una mamá, que ahora planea mudarse a Río Gallegos, porque en el sur el esposo encontró empleo como seguridad en una empresa.
El perfecto círculo de exclusión, que condena a niños como Agustín a hacer “dos rayas de anís por día” y a la madre de Daniel a pedir que su hijo “no siga el mismo camino” que ella, los pone entre la espada y la pared, entre la poca oferta de actividades recreativas y la necesidad de aumentar el ingreso familiar, entre la casi nula oferta de empleos y la falta de apoyo al pequeño productor para que pueda subir los sueldos y contratar en blanco. Entre el hambre y el trabajo infantil. Todo esto justificado, claro, desde una ideología de la clase en el poder, que lo domina todo, hasta el discurso. “El que pide que los chicos no trabajen cría vagos”, dice un productor, ofuscado con un trabajador social que se acerca a hablarle. Pero también los padres lo ven como una alternativa a “la calle”, para que no “se conviertan en delincuentes y roben” o “que no caigan en el alcohol”.
Algunos sin agua, otros sin luz, la mayoría sin trabajo fijo y con pocas posibilidades de conocer otra cosa que no sea el camino a la finca ida y vuelta, le temen al fantasma de la “inseguridad” y la “vagancia”, que algunos diputados nacionales plantean superar con el servicio militar obligatorio, pero también al alcoholismo, al que recurren grandes y adolescentes para pasar el tiempo y matar las penas, que no por ser un lugar común es menos cierto.
“El fin de semana pasado se mató una chica de 23 años. Tenía cuatro hijos de distintos padres y muchos problemas para cuidarlos. Sus papás la habían abandonado de chica y vivía con los hermanos. El sábado volvió de un baile y se ahorcó. No quiero que no haya salida para mis hijos, nadie quiere eso para sus hijos. Y tampoco quiero que vayan al tabaco a enfermarse. Quiero que estudien, que vayan a computación, que hagan deportes pero, ¿cómo hago? Ojalá que se vayan del pueblo, porque acá no hay mucho más para hacer que convertirse en nosotros”, dijo una mamá a la sombra de un árbol.
Son siete cuadras de largo y siete de ancho. Así de pequeña es La Viña, así de grande el círculo de exclusión en el que les toca vivir y del que Agustín, Daniel y sus padres, por sí solos, es probable que no encuentren salida.

El reino del acomodo

2009-12-07T04:36:00.000-08:00

Conflicto en la Dirección de Rentas

Esta semana se desató un conflicto gremial en la Dirección General de Rentas, cuyo motivo inicial parecía fútil, una más de las tantas manchas del tigre estatal salteño. Sin embargo, con el correr de los días el malestar de los empleados desembocó en una masiva adhesión a la medida de fuerza y el agregado de más reclamos. Como una olla a presión, luego de mucho tiempo de permanecer cerrada, léase callados, comenzó a tener síntomas de rebalsar con demasiada vehemencia.

Por Felipe Rodríguez

Todo comenzó a fines de noviembre cuando, según relatan los dirigentes gremiales de esa repartición, algunos empleados se enteraron de un sobrepago que estaba recibiendo otro grupo de alrededor de veinte personas. Este sobrepago se origina en el adicional que perciben sobre el 1% de la recaudación mensual y que estiman alcanzaría un monto promedio de entre 600 y 1.000 pesos. Enterados de lo que ocurría, se sucedieron las asambleas, las notas solicitando aclaración, las medidas de fuerza, y más gestiones y más demandas.
Entre medio, y con el conflicto lanzado, el Gobierno emitió algunos gestos con la intención de descomprimir la situación que, entre la masividad de la medida y la repercusión que tuvo en los medios, le generó bastante preocupación. Casi al unísono, también se comenzaron a suceder expresiones de malestar en el Ministerio de Educación, en la Municipalidad de Salta, en el Ministerio de Desarrollo Humano, además del persistente conflicto en el área de Salud. Ante esto, los delegados gremiales pudieron reunirse, primero, con el secretario de Finanzas, el contador Berruezo, y el día viernes fueron recibidos por el secretario de la Función Pública, Matías Posadas, un funcionario y asesor muy cercano al gobernador Urtubey. Desde allí salió la propuesta de conformar una comisión de trabajo junto a los gremios involucrados: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la ATAP. De acuerdo a las últimas versiones, el conflicto tendría una salida próxima, en tanto desde la dirección informaron que este mes la liquidación del adicional saldría de manera normal, regularizándose los pagos denunciados. La pregunta que queda flotando es: ¿Qué va a pasar con los responsables que tomaron la decisión de liquidar irregularmente esos pagos? Los gremios solicitaron una auditoría al sector que denuncian como principal responsable, el SAF: Subprograma de Administración Financiera, a cargo de Jorge Sly, un personaje oscuro, al que han apuntado todos los cañones. Responsable, dicen algunos empleados, de manejos irregulares de los fondos y además de trato siempre autoritario o descortés con sus empleados.
En el fondo, lo que explotó fue la acumulación de broncas y rencores a causa de las postergaciones que los empleados denuncian como crónicas, de toda la vida. Rápidamente las medidas se hicieron carne y, si bien consistían en paros progresivos de dos horas, el alto acatamiento les planteó a los gremialistas la posibilidad de avanzar en sus demandas. La DGR es una especie de niña mimada del Gobierno provincial, tanto de éste como del de su antecesor, Juan Carlos Romero, quien fue el iniciador de la reforma del Estado y desde allí le dio una importancia estratégica a este organismo, bajo el título y objetivo de afianzar las políticas de “gestión de calidad en la atención al contribuyente”, iniciando toda una serie de medidas de perfeccionamiento y reforma administrativa: los resultados llegaron cuando, en el año 2007, se le concedió el reconocimiento por las Normas ISO 9001. Todo un logro, que fue el orgullo de los empleados del organismo y del gobierno mismo.
Sin embargo, las cosas en su interior no son todas del color de rosas, sobre todo en lo referente al reconocimiento de la calidad de los propios trabajadores, quienes, según sus propias palabras, fueron “los que pusimos y ponemos el lomo para que otros se lleven los laureles” ¿Cuáles laureles? Los cargos jerárquicos, las funciones de mayor peso económico. Por el contrario, el descontrol que existe en la dirección es tan evidente que no se puede evitar pensar que este organismo es hoy por hoy coto de caza de los políticos a la hora de buscar algún cargo de acomodo para sus parientes.

La lista de rentas

Si las cosas no andan del todo bien allí es porque hay una larga lista de personajes, muchos de ellos portadores de apellidos muy conocidos. De entrada nomás, denuncian al propio Sly, que detenta el cargo de ¡Director General! y, a la vez, figura como Jefe de Unidad Operativa de Presupuesto con Función Jerárquica III, y junto a él un puñado de familiares directos (incluida la ex esposa); aparece también la hermana del Secretario de Finanzas, Susana Berruezo, con Función Jerárquica !I¡, es decir, la reservada para jefes de subprograma. Así también aparece el dirigente de UPCN y operador del diputado Santiago Godoy, Julio César Díaz, con Función III, asignada a pesar de gozar de licencia gremial. Ya que hablamos del presidente de la Cámara de Diputados, allí está Santiago Godoy, ¿el mismo? No, su hijo, que rápidamente de pasante fue a contratado, y de allí a planta permanente con Función V, la misma trayectoria que la que recorrió Rubén Osvaldo Salúm.
Los nombres se suceden y los empleados casi se los conocen de memoria, a pesar de ser bastante extensa la lista; de hecho, en estos días circuló por los pasillos de la Dirección un volante anónimo con una buena cantidad de datos fidedignos sobre nombres que hicieron una carrera meteórica en el organismo o, como los llaman ellos, además de ñoquis, paracaidistas. El problema se agrava porque algunos de ellos, nombrados y designados con funciones en Rentas, no trabajan allí, haciendo no sólo retención del cargo, sino que además, algo expresamente prohibido por la normativa reglamentaria, perciben el adicional del Fondo Estímulo. Entre ellos aparecen funcionarios como Leandro Anfossi (Función II), Ramiro Torres (Función II), Sebastian Gallina (Función II) o Mirta Gómez (Función IV), quien, según denuncian, vive en Santa Fe.
Si para muestra basta un botón, aquí se puede armar una mercería, pero de todas maneras sirve para sacar a luz el porqué del descontento de los empleados de este supuesto dichoso organismo. Dicen los delegados gremiales esperanzados que quizás este conflicto sirva para comenzar a poner algo de orden y que el Gobierno finalmente se decida a considerar la carrera laboral de los empleados públicos salteños; si es así, opinan, valdrá la pena cualquier esfuerzo y el gremialismo recuperará la fe perdida en los últimos años.

La manera peronista de resolver problemas

2009-12-07T04:34:00.000-08:00

Clientelismo político

La dinámica política de las últimas semanas, particularmente con el lanzamiento del Plan Universal de Asignaciones por hijo, dio nuevo impulso al debate en torno a las prácticas clientelares, a las cuales el conjunto de la población suele interpretarlas como unas padecidas exclusivamente por los sectores más empobrecidos de la sociedad, a pesar de que, si bien el voto puede cambiarse a cambio del bolsón, también puede hacérselo por la vivienda o el pase a planta permanente en la administración pública.

Por José González Romano

“¿Sabés lo que tenés que hacer vos? Meterte en el partido justicialista, aunque a mí el peronismo nunca me gustó, pero es así, es la única forma de conseguir algo”. El consejo provino de una tía preocupada por el futuro de su sobrino. Y lo que la anécdota revela es que el justicialismo es la fuerza política a la que más se identifica con la práctica clientelar. Una interpretación que puede explicarse por el hecho de que, salvo por la gestión renovadora 1991-1995, ha sido siempre el partido que ha gobernado la provincia desde 1983. En ese sentido, hablar de clientelismo político en nuestra provincia, es hablar de una “manera peronista” de resolver problemas, lo cual supone preguntarse: ¿cómo un estomago puede ser saciado, un dolor curado; cómo conseguir un conchabo y una identidad política revelada y transformada? Sin embargo, convendría no confundirse. Suponer que el clientelismo es sólo o mayoritariamente peronista es un error, ya que una aproximación a los municipios radicales o renovadores evidenciaría que las prácticas empleadas suelen ser las mismas.
Otro grosero error consiste en creer que los sectores medios son inmunes a estas prácticas de dependencia política. Un error cuya matriz parte de una caracterización también errónea: que tales sectores poseen comportamientos político-electorales “racionales”, a diferencia de los pobres, que lo harían “irracionalmente”. Después de todo, en el “Reino de la Necesidad” esta es la única y la mejor operadora política: "el temor a la pérdida de status" es tan acuciante como el hambre. Un claro ejemplo de esto se puede encontrar en las miles de personas que trabajan en la administración pública bajo el régimen “Artículo 30”, que viven en Barrio Santa Ana o el macrocentro, y cuyos hijos acuden a colegios privados, y votan y hacen votar por el partido gobernante, aunque no sea de su agrado ni de su preferencia, por el temor, o la gratitud, -o ambas a la vez- de no perder el empleo. Un temor acompañado, a su vez, de la esperanza de conseguir mejores condiciones de trabajo, o la posibilidad de hacer ingresar a algún pariente a la estructura del Estado. En ese marco, no es nada extraño escuchar a profesionales recién egresados de la universidad pedir el voto por el candidato oficial, “porque si gana nos dijeron que pasamos a planta (permanente) los que estamos como pasantes.”

La manera peronista de resolver problemas

Las nuevas organizaciones territoriales, (Barrios de Pie, CCC, etc.), a través de nuevas formas de acción colectivas, hacen confluir las apelaciones a la dignidad con un incipiente sentimiento de pertenencia político-comunitario. A partir de allí, aun el “clientelismo afectivo”, entendido por Svampa como “una relación que expresa la convergencia aleatoria entre la dimensión utilitaria de la política, generalmente reforzada por la omnipresencia de demandas dirigidas hacia las instituciones políticas, y la dimensión afectiva, manifiesta a través de diferentes modalidades de identificación con los líderes”, se transforma y encuentra obstáculos, atrapado en una dinámica recursiva que muestra la convivencia entre un sistema clientelar múltiple, y un fuerte discurso anti-clientelar, que denuncia la manipulación política.
Para abordar esta problemática no se puede prescindir del análisis de la historia reciente y de cómo se empiezan a gestar las incipientes formas de organización de los desocupados en los barrios. A fines del año 2001, en la ciudad de Salta la realidad socioeconómica en los sectores populares era muy asfixiante y el hambre golpeaba en la mayoría de los hogares con niños pequeños. La desocupación y la subocupación eran alarmantes y la merma evidenciada en la prestación de salud y educación pública era muy notoria. Asimismo, este cuadro general se reforzaba con una enorme sensación de desesperanza, apatía, frustración, retraimiento, lo que se traducía principalmente en la pasividad. Es decir, la situación de angustia no se transformaba en acción colectiva que la resolviera, entre otras cosas porque la gente no estaba acostumbrada a resolver en red o en forma conjunta sus problemas, sino más bien a recurrir a algún intermediario (puntero político) para que gestione ayuda alimentaria o un subsidio económico (la “manera peronista” de resolver problemas), a cambio de reciprocidades políticas que el puntero disponía (elecciones y/o actos proselitistas). Práctica esta enormemente extendida pero, sin embargo, también en crisis ante la sensación colectiva de las barriadas de la corrupción del intermediario (puntero) “que no distribuía la mercadería y se la quedaba toda él”, o la discrecionalidad del puntero mismo para distribuir planes sociales, mercaderías, materiales de construcción, etc., algo que terminaba convirtiendo al barrio en una especie de “feudo” del señor territorial, es decir, del “puntero del barrio”.

Movimientos sociales y disputa territorial

Esto es precisamente lo que diferencia a los movimientos de desocupados de la red asistencialista del partido justicialista. Los nuevos movimientos sociales nacen enfrentados a esta estructura, justamente al promover el desarrollo personal –recuperar la dignidad perdida, la autoestima- y el desarrollo social, en oposición al asistencialismo, o la asistencia social que, tal como su nombre lo indica, asiste a quien esté necesitando una ayuda. Un tipo de ayuda focalizada que, como las nuevas organizaciones sociales advertían, no resolvía los problemas de fondo, sino que sólo menguaba sus efectos, inmovilizando a personas que quedaban presas de una ayuda “desde arriba”.
Los movimientos de desocupados declamaron, desde entonces, que la solución debía venir “desde abajo”. Manejan planes sociales -hace unos años habrían llegado a manejar 200.000 de los 2 millones existentes en el país-, pero la gestión de los mismos debilita e irrita al clientelismo tradicional. Al ser movimientos que se van conformando y configurando en la práctica, en “la lucha” por conseguir recursos para sus miembros y para la red de solidaridad que desarrollan en los barrios donde están asentados (comedores, artesanías, proyectos de manualidades, panaderías y huertas comunitarias, etc.), los llevó a tomar la postura de que lo que se consigue mediante la lucha es para quien haya luchado y participado, y de que “para que otros también puedan obtener algunos recursos, los que hayan obtenido su subsidio por la lucha del movimiento tienen que ser solidarios y acompañar la lucha por nuevos recursos para que otros compañeros puedan obtenerlos” (testimonio de militantes sociales). Fueron creando así las bases de una cultura política alternativa. Así aparecen ejemplos de un germen de construcción política alternativa, que no necesariamente debe incorporar el hábitus clientelar a sus prácticas, ni resignificarlo.
Con respecto a esto último, siempre se comentó que hay miembros que entienden este planteo y acompañan las gestiones y movilizaciones para que otros se beneficien, pero también hay muchos otros que tienen que ser “solidarios a la fuerza”, por la presión del resto de los integrantes del movimiento, a quienes les parece injusto que el esfuerzo que ellos hacen no sea parejo, y haya “vivos que no laburen y cobren el plan de arriba”. Esta forma de lucha colectiva permite conseguir respuestas –muchas de ellas parciales, pero respuestas que ayudan en la economía familiar- a muchos de los problemas que se viven en el territorio.
Los miembros de los movimientos sociales que vienen de una tradición política en otros frentes de militancia totalmente distintos de la acción territorial (pensemos en el ámbito universitario), están en una situación dilemática. Aceptan esta parte con muchas contradicciones: por un lado, porque sienten que están haciendo lo que siempre se criticó de las prácticas clientelares de la “vieja política”, pero a la vez, en la práctica política territorial, asumen la imposibilidad de construcción política en forma masiva sin la utilización de ciertas prácticas que, se sabe, no son las ideales. Llegan a darse cuenta de que la realidad es muy diferente de lo que se lee en los libros, y de lo que allí se plantea. Existe entre esos miembros una conciencia de que “no tenemos un pueblo consciente, un pueblo ideal”, algo que se evidencia al tratar de organizar en forma masiva a sectores de la sociedad castigados durante años por la marginación, el olvido, la pobreza, la discriminación, el miedo (inculcado por la última dictadura) a participar. “Además, mucha gente del barrio ha naturalizado el clientelismo y la política asistencial como la única forma posible de obtener beneficios” (testimonios de militantes de Barrios de Pie). Un militante de una organización social relata que en las últimas elecciones recorría su barrio solicitando el voto de los vecinos. Declara que respuestas del tipo “Mmm, ¿y qué están dando?”, no eran nada extrañas. “Nada, si usted sabe que somos un partido humilde”, respondía el militante, que recibía por respuesta un relajado “No sé, porque los de Guaymás me van a dar un bolsón y diez pesos.”
Lo expuesto sobre la lógica de la organizaciones sociales, cómo plantean su trabajo territorial, las condiciones objetivas de construcción política, y cómo se incorporan nuevos miembros, lleva también a ver, a contramano de la visión del discurso mediático, que busca generar la idea de amplios sectores pobres que no tienen ni voluntad ni posibilidad de tomar decisiones, debería llevarnos a una reflexión acerca de cómo las clases populares y algunas organizaciones son capaces de tomar una herramienta utilizada para su dominación, como el clientelismo, y enfocarla desde una posición que les permita adaptarla a sus intereses. De esta manera, se hace evidente una negociación de los sentidos en juego, donde las clases subalternas conservan una cierta, aunque limitada, capacidad de acción e interpretación. Aunque también hay que tener en cuenta, como señalan algunos académicos, entre ellos Torres, los estrechos márgenes de sobrevivencia de muchos sectores pobres, que los obligan a aceptar las reglas del juego clientelar, ya que, básicamente, las opciones son solucionar deficientemente sus problemas en el marco de la red clientelar o, simplemente, no solucionarlos.

Un poco de historia

El origen histórico del concepto deviene de la clientela romana, la cual designaba un conjunto de relaciones de poder y dependencia política y económica que se establecía entre individuos de status desiguales, basada en el intercambio de favores. Estas relaciones implicaban la presencia de individuos de rango elevado, el patronus, propietario de la tierra y con influencia sobre las políticas centrales que ofrecían tierras y protección a uno o varios clientes, a cambio de su sumisión y obediencia. Para Javier Auyero[1] al clientelismo hay que verlo y analizarlo como una práctica política basada en el intercambio de favores que se da entre “clientes” (ciudadanos), “mediadores” (punteros o brokers) y “patrones políticos” (funcionarios y/o candidatos). Explica el autor cómo estos actores mantienen relaciones constantes en la vida diaria que dan lugar a un conjunto de creencias y hábitos. En estos intercambios cotidianos, que se producen en las redes clientelares, se genera un conjunto de percepciones que justifica la distribución personalizada de bienes y servicios y, de este modo, terminan legitimando esas prácticas.

1 Auyero, Javier (2004) Clientelismo político. Las caras ocultas. Capital intelectual, Buenos Aires.

Sin agua no hay paz

2009-12-07T04:25:00.000-08:00

Barrio La Paz

La semana pasada entre ochenta y cien vecinos del barrio La Paz interrumpieron el tránsito, por espacio de cuatro horas, en la Avenida Tavella. Los habitantes de esa barriada no tienen agua, y pedían que alguien les dé una solución (o mejor: que el Estado les dé una solución). Lo hicieron acompañados de jóvenes estudiantes de las dos universidades que funcionan en la provincia, quienes dan clases de apoyo y alfabetizan adultos en el lugar.

Por José González Romano

El barrio La Paz nació en el año 2007. Fue la última “creación” de la ex Dirección de Familia Propietaria -hoy Secretaría de Tierra y Hábitat-, conducida por el finado Héctor Benito Alexandrowicz, para que habiten los desalojados vecinos del asentamiento San Expedito de la zona Norte de la ciudad, y cuyo desalojo -vía represión- en vísperas de la campaña electoral a gobernador implicó un importante costo político al candidato oficialista de entonces, Walter Wayar.
El barrio cuenta con 36 manzanas, y lo habitan unas 700 familias aproximadamente. Una mirada más minuciosa del escenario muestra que el asentamiento está constituido por tres barrios: el barrio La Paz “viejo”, de 21 manzanas, formado en 2007, y los formados durante los primeros días de gestión del actual Gobernador: Ampliación La Paz, y el Asentamiento Julio Mera Figueroa, “nombre de lucha, para que no nos saquen”, declaran los vecinos del lugar en referencia a que la denominación recuerda al tío y mentor político de J.M. Urtubey.

Picado fino

Los vecinos que participaron de la protesta habitan las seis manzanas que conforman la Ampliación La Paz (de la manzana 22 a la 27). A diferencia de otros sectores del barrio que cuentan con la conexión de agua dentro de los terrenos (las primeras nueve manzanas de La Paz “viejo”), o con grifos públicos en cada esquina, el resto del barrio La Paz viejo (manzanas del 10 a 21) y del Asentamiento Mera Figueroa (manzanas 28 a 36), los vecinos que habitan entre las manzanas 22 y 27 no cuentan ni siquiera con esos precarios servicios, y para procurarse el líquido elemento deben levantarse todos los días a las 4 de la mañana para garantizarse presión y así poder llenar los seis bidones de 20 litros que aproximadamente utilizan por día.
Es la historia de Melinda (27 años, 4 hijos, el mayor de 11 y el menor de 3 años, embarazada), y de muchas mujeres más, quienes necesitan el agua todos los días para cocinar, lavar los platos, la ropa, higienizarse ella, su marido y sus hijos. ¿Cómo la consiguen? “Acarreando”, responden las mujeres. Si quieren sacar el agua del lugar más cercano a sus casas, se tienen que despertar entre las 4 y 5 de la madrugada, por cuanto después de ese tiempo la presión baja y deben trasladarse a los grifos instalados en el barrio Libertad. Ante semejante realidad, y ante la invisibilidad de estos problemas tanto para los funcionarios como para el Estado mismo, el corte, repudiado por muchos, termina convirtiéndose en una de las únicas herramientas de lucha para ese sector de la población.
Como respuesta al corte, se hizo presente el subsecretario de Financiamiento, Roberto Dib Ashur, quien, ante los vecinos y en medio de gomas quemadas, explicaba lo mismo que salió en algunos medios de prensa: que “se prevé licitar obras para esas barriadas en enero próximo”. “Comenzaremos, en la primera etapa, por La Paz, donde estimamos que se hará una inversión de siete millones de pesos” (diario El Tribuno 01/12/09). Lo que el funcionario dijo, en parte, es una buena noticia y una respuesta (parcial) al reclamo de los vecinos, que piden principalmente las obras de conexión de agua y luz, además de cloacas y enripiado de calles; pero para los vecinos esto tiene un sabor agridulce, porque la experiencia les marca que los tiempos del Estado no son los tiempos de ellos, y que operan con una lógica distinta. Si uno charla con Dib Ashur, está de acuerdo con la propuesta del Gobierno (suponiendo que lo dicho sea verdad), pero si uno conversa con los vecinos, se da cuenta de la desazón que les genera. ¿Por qué? Porque saben que, entre la licitación, la adjudicación, el comienzo y finalización de las obras, puede llevar más de un año la espera. Otro año viviendo igual; otro año de seguir levantándose todos los días a la madrugada, limitándose con el uso del agua, pero no para jugar o regar las plantas, sino para cocinar, tomar, lavar, o higienizarse.
Tal vez ello explique el fenómeno presenciado el día del corte: son las mujeres las más decididas impulsoras de los cortes de ruta y las más resueltas a no levantar los mismos. Son las que quieren una solución ¡ya! (Imagínense por un momento la diferencia entre ser ama de casa en La Paz y serlo en mi barrio: Ciudad del Milagro).

La Solidaridad en acción

Desde abril de este año, todos los sábados y domingos, cerca de veinte jóvenes de entre 18 y 24 años, en su mayoría estudiantes de Trabajo Social y Derecho de la Universidad Católica, y estudiantes terciarios, dedican muchas horas para compartir con los niños de la Ampliación La Paz, a través de clases de apoyo y juegos sobre los derechos del niño, como así también alfabetizando adultos los domingos a la tarde. Se trata de los chicos de la Agrupación Juvenil “Seamos Libres”. Los interesados en contactarlos para sumarse a la campaña pueden dirigirse a hiarjona@hotmail.com

Doble moral

2009-12-07T04:22:00.000-08:00

Salud reproductiva

El Gobierno provincial insiste en hacer buenas migas con la Iglesia y, no contento con haber logrado la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas, donde se dicta instrucción católica exclusivamente, sigue haciendo la vista gorda respecto a la adhesión a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (25.673), vigente en el país desde 2003. La falta de esa norma impide que lleguen a Salta las partidas presupuestarias que podrían evitar la muerte de muchas mujeres pobres que recurren al aborto clandestino como alternativa.

Por Eva Sibila

En Salta, el pacto de fidelidad de gobernantes y legisladores hacia los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, asusta aunque no asombra. Sistemáticamente, quienes han tenido el poder político para sancionar una ley provincial que habilite los fondos disponibles para poner en funcionamiento el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, parecieran temer el enojo de Monseñor y no han promovido la norma.
Es de público conocimiento que la cúpula de la Iglesia condena el uso de anticonceptivos artificiales y las relaciones sexuales extramatrimoniales. Por falta de legitimidad propia, los políticos de turno recurren a las autoridades religiosas cada vez que necesitan resolver un conflicto social, por lo que oponerse a la Iglesia podría ser catastrófico para un gobernador de provincia. Lo es incluso para la presidenta Cristina Fernández, que tambalea ante la mínima crítica de Antonio Baseotto, la principal autoridad católica en Argentina.
Por esa razón, y muy lejos de la caridad cristiana, el gobierno salteño no se inmuta ante las cifras oficiales, que revelan que cien mujeres mueren por año en Argentina a causa de abortos clandestinos. De a miles, quienes no acceden a métodos para evitar embarazos no deseados y, menos aún, a los abortos seguros, recurren desesperadas a viejas prácticas caseras que, de no matarlas, pueden dejarles graves secuelas.
El año pasado, 2.179 mujeres ingresaron al Nuevo Hospital con abortos en curso. Sin contar todas aquellas que recurrieron a las clínicas privadas, al resto de los hospitales, a las salitas y las que simplemente rezaron en alguna oscura habitación, los datos revelan que el aborto es un problema de salud pública.
Pero la interrupción del embarazo generalmente no es una opción deseada por las mujeres. La educación sexual y la correcta información sobre los métodos anticonceptivos para planificar un proyecto de vida personal y familiar son las políticas necesarias para mejorar la salud de la población y para evitar muertes por abortos clandestinos.
No hay que inventar nada. La ley existe hace rato y para que se implementen los programas sólo hace falta la adhesión de la provincia.

De eso no se habla

¿Qué pasaría si cada vez que una mujer muere por un aborto inseguro se amplificara el tema, tal como sucede con los asaltos que sufre la “castigada clase media porteña”? Seguramente el periodismo lacrimógeno podría recurrir al efectivo método de disponer micrófonos y cámaras ante los hijitos huérfanos, los otros parientes, la vecina o a la ex compañera de la escuela. Pero no. La televisión insiste en que la inseguridad es un problema de otros ciudadanos.
Entonces, también hay que decirlo, o a los grupos económicos dueños de los medios no les interesa la muerte de una mujer en una villa o tampoco quieren enfrentarse con la curia. Creo que hay un poco de ambas cosas en la decisión editorial de no difundir este tema.
Un monitoreo sobre la posibilidad de conseguir en forma gratuita preservativos o pastillas anticonceptivas reveló que la mitad de los centros asistenciales de la provincia no contaban con los recursos. Por otra parte, los hospitales y centros de salud que tienen alguna de estas alternativas para evitar embarazos no deseados, exigen a los solicitantes que saquen un turno médico y esperen a que el profesional se los prescriba.
En definitiva, en Salta seguirá habiendo familias humildes con una decena de hijos a quienes no podrán alimentar, mientras los gobiernos sigan dependiendo de la Iglesia para implementar políticas de Estado que promuevan la salud sexual y reproductiva.

Nostalgia de los 90

2009-12-07T04:19:00.000-08:00

Inestabilidad Jurídica

El Senado, finalmente, le dio media sanción al proyecto de ley de Estabilidad Jurídica enviado por el Ejecutivo hace más de un año a la Legislatura provincial. Esta ley, de ser aprobada en Diputados, le garantizará a las empresas que inviertan en nuestra Provincia inmunidad jurídica ante futuras modificaciones legales que alcanzaran a las mismas.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, y con la finalidad de atraer inversiones a la Provincia, la norma prevé para aquellas compañías que se acojan a la ley, la celebración de un Contrato de Estabilidad con el Estado, en donde la empresa definirá de antemano una serie de normas determinantes para la inversión, las que no podrán ser modificadas por leyes provinciales o municipales que en el futuro pudieran afectarlas.
Asimismo, la ley prevé que puedan acogerse a este privilegio tanto inversores nacionales como extranjeros, siempre que realicen nuevas inversiones o amplíen las existentes, y estén destinadas a actividades productivas, excluyendo las financieras especulativas. Además, la inversión deberá generar más de cien puestos de trabajo, cumplir con los plazos de inversión, el pago al día de impuestos y el mantenimiento de las fuentes laborales. Por último, se excluye a los contratos de estabilidad del Régimen del Sistema de Contrataciones de la Provincia (Ley 6.838), que contiene los recaudos de publicidad y transparencia exigidos a los contratos que celebra el Estado.

Déjà vu

En el número anterior ya habíamos advertido acerca de la necesidad de modificar las leyes provinciales 6.025, 6.064 y 7.124, las cuales, con la excusa de fomentar la inversión privada en los sectores de la economía de la industria, turismo y ganadería, para de esa manera generar más empleos, lo que en verdad hicieron fue transferir cada año millones de pesos del erario público a las empresas del sector, además de beneficiarlas con exenciones impositivas y cesión de bienes y terrenos de dominio público, sin que ello le haya permitido a nuestra provincia salir de los primeros puestos en niveles de pobreza, desocupación, trabajo en negro e informal.
Remarcábamos, en este sentido, que las políticas de fomento de inversión para cumplir los fines loables de incentivar nuevos emprendimientos, motorizar la economía y generar empleos, deberían contemplar, por sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan y contribuyen a la distribución general del ingreso; privilegiar al empresariado local por sobre el foráneo, teniendo en cuenta que estos últimos, cuando provienen de países centrales, cuentan con mayores recursos para competir en nuestro medio; impedir que el mayor esfuerzo recaiga impositivamente sobre los sectores más vulnerables, que finalmente terminan financiando a los que mayores recursos tienen, y por sobre todo, las políticas de fomento deberían llevar incorporadas las sociales, ya que la visión del derrame de riqueza que había prometido el neoliberalismo, sólo produjo pocos ganadores y muchos perdedores que luego fueron apartados del sistema.
La Ley de Estabilidad Jurídica pretende seguir esta lógica de fomentar, no tanto la inversión para la generación de empleos, sino, y en forma excluyente, la acumulación de capital en pocas manos, pero de una manera mucho más desigual, grosera e ilegal que las anteriormente citadas. En efecto, esta Ley es desigual no sólo porque no prioriza a las pymes, sino porque de hecho las excluye, ya que para acceder al beneficio por ella contemplado, las inversiones deben generar al menos cien puestos de trabajo: tamaña inversión sólo estará al alcance de las grandes empresas. Recordemos, además, que quedan excluidas las actividades financieras especulativas. Forzosamente se vieron obligados a impedirles el ingreso al festín, luego de contemplar la apocalíptica consecuencia que las mismas generaron al planeta hace poco más de un año atrás. No así a la bancaria o financiera institucionalizadas, por lo que pareciera ser que esta ley es un traje hecho a medida de los grandes grupos de la producción, financieros y bancarios, entre ellos el Macro.

¿Inconstitucionalidad evidente?

La ley es grosera porque crea un privilegio -como lo es el Contrato de Estabilidad- que repugna en una sociedad que padeció las políticas de concentración y segregación neoliberales. Recordemos que en dicho Contrato la empresa fijará de antemano una serie de normas determinantes para invertir, que no podrán luego ser modificadas por leyes posteriores. ¿Puede una ley impedir ser modificada por otra posterior y/o superior? Si no puede, ¿acaso un contrato celebrado entre un privado y el Estado podría impedir ser modificado por una ley que debe propender a proteger el bienestar general por sobre el particular? La cuestión se torna ridícula, claro, y esto lo saben los privados y los funcionarios con debilidades hacia el lucro individual, pero también saben que, no obstante, una futura modificación normativa les permitirá iniciarle al Estado jugosos juicios millonarios por incumplimiento contractual ¿Alguien ya se imagina de quiénes y de dónde saldrá el dinero para pagarles?
Es ilegal porque pretende excluir a los “Contratos de Estabilidad” del Régimen del Sistema de Contrataciones de la Provincia. Esto, además, es de suma gravedad, pues atenta contra uno de los postulados fundantes del sistema republicano, que son la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, para el control de legalidad y para evitar la arbitrariedad, máxime cuando ese contrato será el armazón normativo que regirá la relación contractual y al cual se intenta inmunizar contra futuras leyes.
En el nombre de la seguridad jurídica, en nuestro país, se cometieron las mayores transgresiones a las leyes. Privatizaciones escandalosas; fuga de miles de millones de dólares, llevada a cabo no sólo por los bancos sino también por multinacionales; flexibilización laboral que, además de mermarles ilegalmente los derechos a los trabajadores, generó la mayor desocupación de la historia reciente; saqueo y contaminación de recursos naturales; concentración de la riqueza, generadora de una desigualdad de casi 35 veces entre el ingreso de los más ricos con respecto al de los más pobres, y los ejemplos podrían continuar.
La seguridad jurídica consiste en que el Estado haga respetar la Constitución y los Tratados Internacionales, para que los sectores más vulnerables de la población gocen de los derechos fundamentales que le asisten, pues las leyes son una de las pocas herramientas de protección a las cuales pueden aspirar dichos sectores, ya que los estratos más poderosos en una sociedad cuentan, además, con otras herramientas, como ser la del dinero, la educación o las influencias. De lo contrario, si también se los ampara a estos con leyes de privilegios, alcanzan poderes verdaderamente omnímodos. Es por ello que el Estado debe ser el principal garante de cumplir y hacer cumplir las normas Supremas, para no sólo brindar mayor seguridad jurídica, sino también política, económica, social y, por qué no, moral.

Modelo sojero en Anta (Segunda parte)

2009-12-01T05:20:00.000-08:00

Una economía de “enclave”

En este número, presentamos la segunda parte del estudio de Chris van Dam publicado en la revista peruana Debate Agrario, en el año 2001, sobre el “modelo sojero” en Las Lajitas. Una "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia son cada vez menores y que posee un nulo efecto dinamizador de la economía regional. Contaminación ambiental por uso indiscriminado de agroquímicos, desempleo y empobrecimiento de la región, son algunos de los efectos más importantes de un tipo de desarrollo que favorece a muy pocos.

Hay un generalizado convencimiento de que la siembra directa es, per se, una práctica que conserva el suelo y el medioambiente en general y, por lo tanto, una forma de producción sustentable. En Anta, sin embargo, la sustitución de la soja por el poroto, primero, y la adopción de la siembra directa, después, no fueron el resultado de una nueva actitud hacia el medioambiente, sino de consideraciones agronómicas -rápida pérdida de fertilidad del suelo y por lo tanto de la productividad- vinculadas a consideraciones económicas. Asimismo, esto se debe al hecho de que la tierra ha triplicado su precio, convirtiéndose en uno de los factores que más contribuye a los costos totales de producción. Ante ello, el cuidado de la fertilidad del suelo es una preocupación central del productor porque ésta puede determinar su éxito o fracaso empresario.

Además, si el sistema es conservacionista del suelo, no parece ocurrir lo mismo con los demás recursos: aire, agua, flora y fauna. Hay varias razones para ello. Por un lado, la siembra directa exige mayor uso de herbicidas, dada la cantidad de malezas que prosperan al abrigo del rastrojo y por la humedad existente. Si bien con la soja el número de herbicidas se ha reducido a dos con la introducción de la soja transgénica (RoundUp y 2-4-D), las cantidades utilizadas son tan altas que, en el caso del 2-4-D, afectan buena parte de la vegetación existente en la región, cortinas, huertas, e incluso las arboledas y los frutales del centro de las Lajitas. En el caso del maíz, también se usa Atrazina, prohibido en muchos países por su toxicidad y residualidad. Por otro lado, el uso excesivo de herbicidas responde a un mal manejo del sistema. Muchos productores no fumigan cuando la maleza es aún pequeña y puede controlarse con pequeñas dosis de herbicidas menos dañinos, como el RoundUp (glifosato que, según Monsanto, el mismo que provee semillas transgénicas de soja, se inactiva tan pronto toca el suelo). Por el contrario, lo hacen una vez que ya está crecida, acudiendo al 2-4-D, un herbicida hormonal mucho más potente y barato, aunque infinitamente más tóxico y que pasa a fase gaseosa a partir de los 25º C. El 2-4-D no sólo es cancerígeno (se encuentra en la lista de los agroquímicos "rojos" en la clasificación de la OMS), sino que con el calor "toma vuelo" y deseca todo lo que encuentra a su paso. Por último, aunque todos los productores saben de los efectos más contaminantes y tóxicos del 2-4-D con respecto al RoundUp para lograr el mismo efecto, la relación en costo por hectárea es de 7 a 1.

Estrategias financiero-productivas

En general los productores sojeros de Anta son productores "ricos", por el patrimonio que tienen como dueños de la tierra. Tengamos en cuenta que con un precio de 1300 dólares la hectárea, un productor promedio en Anta, con 1500 has, tiene un patrimonio de US$ 2.000.000, sin contar la maquinaria y el resto de la infraestructura. Con una tendencia a la reducción de los márgenes de ganancia por hectárea, consideran que la única forma de mantener su utilidad es agrandando su unidad de superficie, por lo que las ganancias obtenidas son automáticamente reinvertidas en compra o arriendo de más tierra. El crédito bancario es escaso y caro: en gran medida, los fracasos de los productores que abandonaron la zona o están en crisis se explican por el nivel de endeudamiento, basados en cálculos demasiado optimistas. Asimismo, los productores se han vuelto cada vez más dependientes de un complejo industrial que tiene todo "amarrado": les ofrece un paquete tecnológico, validado y que se supera tecnológicamente a sí mismo en forma continua, les provee los insumos y la financiación necesaria para que este capital de trabajo recién sea pagado una vez vendida la cosecha, y, finalmente, les compra la producción. En el caso de Anta, se identifican cinco criterios para poder analizar las diversas estrategias financiero-productivas de los productores sojeros. Para el caso del proceso de concentración de la propiedad, aunque no hay datos cuantitativos que den cuenta de ese proceso, son varias las hipótesis que lo explicarían.

La primera razón es el hecho de que tanto la siembra directa como las decrecientes utilidades por hectárea han hecho crecer el umbral mínimo a partir del cual producir soja se vuelve rentable. La siembra directa requiere maquinarias complejas y costosas, pero su uso a su vez sólo se justifica económicamente en grandes superficies cultivadas. El umbral estaría, según los productores, entre las 1.000 y 2.000 has, lo que determinaría que los más pequeños o bien deben crecer, arrendando unidades adicionales, o bien abandonar la producción, vendiendo o arrendando su campo. La segunda razón es que sólo los grandes productores tienen capacidad financiera para hacer frente a un ciclo de años malos (baja producción, precios deprimidos), mientras que el pequeño se ve obligado a vender su campo. Una tercera hipótesis sería la diferencia de manejo tanto productivo como financiero entre los productores, lo que significa rendimientos distintos (promedios que van de los 1.800 a los 2.800 kg/ha) y de costos por ha. Las mismas, en un contexto donde los márgenes pueden ser pequeños, especialmente en años con precios deprimidos, expulsan de la producción a los menos exitosos, grandes o chicos. Una hipótesis darwiniana del proceso de concentración de la propiedad en Anta. Un cuarto conjunto de razones es que se trata de un mercado "cerrado", local, donde quienes venden o arriendan prefieren hacerlo con productores de la zona, con quienes tienen una relación de confianza. Y por último, el factor "vecindad": un productor de la zona estará dispuesto a pagar un sobreprecio por un predio pegado o cercano al suyo, sobreprecio que no está dispuesto a pagar el inversor de afuera. En realidad, estas hipótesis no se oponen unas a otras, aunque estudios más específicos permitirán determinar cuáles son las más fuertes.

Productores prósperos y zona pobre

La poroteada, como se denomina en el Norte a la cosecha del poroto, históricamente convocaba a jornaleros indígenas, bolivianos y argentinos de provincias cercanas. El reemplazo del poroto por soja, la introducción de la siembra directa y la modernización tecnológica, ha sido devastadora en términos de empleo en la zona. Se calcula que los requerimientos de mano de obra han disminuido de 2,5 jornales por hectárea a 0,5 jornales por hectárea. Traducido al conjunto de la región, las 200.000 has. hoy en producción en la zona de Lajitas sólo generan 400 empleos permanentes. Todo ello se refleja en los datos de migración y pobreza que muestra la zona. CEIDEA (1997) señala que el incremento intercensal para Anta es del 11%, comparado con el 24.6% para la provincia, lo que demuestra que es una zona de emigración. Los datos de pobreza no son más alentadores: Anta tiene un 53% de hogares con NBI, mientras que el promedio provincial es de 33.9%. El hacinamiento total de hogares era 52% en Anta versus 39% en la provincia, con un 70% de viviendas deficitarias, y frente al 45,1% en el promedio provincial. Aunque estas son cifras del Censo de 1991, la situación sólo puede haber empeorado en esta última década.

El proceso de concentración de la tierra viene a agudizar esta situación: si pequeños y medianos productores podían residir en la zona, generando algún efecto económico en los pueblos, con su partida sólo quedan los grandes productores, más vinculados a la ciudad de Salta, en cuanto a lugar de residencia y de consumo. En realidad, ello es un indicador más de que el modelo sojero de Anta es una suerte de "economía de enclave", cuyos vínculos con la región y la provincia van siendo cada vez menores, con lo cual no se cumple ningún efecto dinamizador de la economía regional. Y esta situación se da a pesar de que la soja y el poroto contribuyen en forma notoria al PBI agrícola de Salta y son uno de sus principales rubros de exportación.

Mirando al mercado externo

Desde el punto de vista de la producción, el grano es exportado en su totalidad, sin ningún proceso de transformación que genere valor agregado. En cuanto a los insumos, semillas y agroquímicos, todos son provistos por empresas extraregionales (en realidad multinacionales, como Monsanto) que no generan prácticamente empleo en la zona. Lo mismo sucede con la maquinaria agrícola y las camionetas. Los contratistas también son empresas de fuera de la región, al igual que sus empleados, y sólo permanecen en la zona durante periodos muy puntuales en el año. En cuanto a las utilidades, las mismas son enviadas a los dueños de las empresas, que por lo general son de fuera de la provincia o incluso del país, y cuando son reinvertidas, lo son en la compra de más tierra y en la expansión productiva, que tampoco tiene un efecto dinamizador de la economía. En términos de consumo, el número cada vez más reducido de productores se traduce en un consumo cada vez de menor impacto en la economía provincial. El único rubro de interés para la provincia son los impuestos inmobiliarios o el canon de riego, que en el caso de Anta, y en comparación a otras zonas similares del país, son bajos, con situaciones frecuentes de no pago y de periódica condonación de la deuda.
Para una provincia como Salta, una de las más pobres del país, con altos índices de desempleo, sin industria ni oportunidades laborales en las ciudades, con situaciones críticas en varios de sus principales productos (tabaco, azúcar), el modelo sojero de Anta no es sostenible (Anta tiene una superficie similar a la de la provincia de Tucumán, pero Tucumán sostiene una población veinte veces superior), ni en términos sociales ni en cuanto a su posibilidad de dinamizar la economía regional. Se trata claramente de un modelo que beneficia a un grupo de productores cada vez más reducido pero a su vez más próspero, con fuertes externalidades sociales (desempleo, emigración) en el contexto de una región empobrecida.

Apuntes

¨ El modelo no es sustentable. La recuperación de la fertilidad de los suelos y la introducción de prácticas de conservación provocadas por la entrada del paquete soja-siembra directa-variedades transgénicas, no es producto de una mentalidad conservacionista, sino de cálculos sobre beneficios económicos de una tecnología que resuelve problemas agronómicos en el cultivo y, cuando el precio de la tierra se dispara, cuida el valor del patrimonio. Cuando determinadas prácticas que aseguran un manejo cuidadoso del ambiente (como el uso de agroquímicos) significan menor rentabilidad, el productor suele privilegiar criterios económicos. Ello confirma que, en una economía capitalista, medidas que favorecen la sostenibilidad o la equidad sólo pueden ser introducidas si tienen ventajas económicas o si existen normas regulatorias y una autoridad de aplicación eficaz.

¨ El núcleo sojero de Anta se asemeja a una economía de enclave: un grupo cada vez menor de grandes productores y empresas que utilizan los recursos naturales de la zona en un sistema productivo donde los demás factores de producción son importados de fuera de la región. Las utilidades son reexportadas a los accionistas o reinvertidas en la ampliación de sus emprendimientos, pero sin mayor impacto en la economía regional. En ese sentido, las cifras sobre el producto agropecuario generado en la zona, relevantes para una provincia como Salta, son engañosas si contabilizamos los beneficios reales para la economía provincial: un número muy reducido de puestos de trabajo y una contribución marginal a las arcas provinciales a través de impuestos inmobiliarios y cánones de riego.

¨ La "modernización" de la producción sojera en Anta incrementó la vulnerabilidad de los productores, cada vez más dependientes de un mercado globalizado y de un complejo oleaginoso sobre el cual no tienen ninguna influencia, como así también de un paquete tecnológico (maquinaria, variedades genéticamente modificadas, agroquímicos) que les provee una industria con rasgos cada vez más monopólicos. La fusión, en los últimos años, entre quienes proveen los insumos y quienes compran la cosecha, y que además financian el capital de trabajo que requieren los productores, cumple una función "tenaza", que va disminuyendo las posibilidades de reconversión productiva.

¨ La soja genera una muy baja utilidad por hectárea (dependiendo del precio del grano y la productividad de la parcela, alrededor de $100-$150). A pesar de ello, los productores sojeros tienen una gran resistencia a diversificar y reconvertirse, a ensayar otros cultivos. Más bien buscan compensar la caída de utilidad por unidad de superficie con la incorporación de unidades adicionales. La producción de otros granos (maíz, trigo, cártamo, etc.) se hace más bien por razones agronómicas, vinculadas a mantener la fertilidad del suelo y, por ello, en función de las necesidades del cultivo de soja.

¨ Los productores suelen enfatizar que el apoyo que reciben por parte del Estado ha sido más bien escaso, sobre todo en función de lo que ellos mismos han invertido y siguen invirtiendo en la zona, y la notable contribución del núcleo sojero al PBI agrícola provincial y a las "exportaciones" de la provincia. Mirado desde otra óptica, el Estado subsidia en forma encubierta la producción sojera, desde la infraestructura vial -que prácticamente sólo sirve a los intereses de la economía sojera- y las diversas políticas de desgravación impositiva que han beneficiado a algunas empresas, los bajos impuestos inmobiliarios y cánones de riego cobrados, muchas veces condonados, hasta las externalidades ambientales y sociales que los productores generan, cuyos costos son asumidos por el Estado (creciente pobreza y desempleo) y por la sociedad en su conjunto (daños ambientales).

¨ La agricultura intensiva es posible en la zona, pero para ello se requieren ciertos cambios: a) una política provincial que oriente la producción de commodities a las zonas más áridas (donde está probado que puede producirse en siembra directa y con una rentabilidad aceptable), estimulando y premiando a los productores que se reconviertan a cultivos intensivos; b) identificación de cultivos intensivos con mercados nacionales y de exportación, adaptando tecnologías existentes para la zona; c) dinamización del mercado de tierras, de manera tal que los actuales productores, a través de la venta progresiva de parte de sus tierras obtengan el capital necesario para las inversiones que requiera la reconversión. Tierra que sería adquirida, mediante un programa de crédito, por pequeños y medianos productores, lo cual tendría un impacto adicional importante sobre la economía regional, revirtiendo el proceso de concentración de la tierra; d) estimulación de la radicación de agroindustrias que permitan darle valor agregado a la producción en la zona.

La Salta agroexportadora del siglo XXI

2009-12-01T05:14:00.000-08:00

Estructura económica provincial

El análisis de distintos instrumentos estadísticos producidos por organismos oficiales que incluyen al Poder Ejecutivo provincial, permite visualizar a los sectores de la actividad económica que poseen mayor peso relativo en la economía provincial, como así también determinar cuáles de esos grupos fueron los más beneficiados durante el periodo de post-convertibilidad. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional con la reactivación de la industria, Salta se ha orientado a la reprimarización de su economía y al monocultivo.

Por Juan Pablo Balderrama

La economía de la provincia de Salta puede clasificarse en sectores, clasificación que surge de un sistema que permite contar con información homogénea a fin de poder compararla. El aporte (en porcentaje) que cada sector de la economía hace al Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial (entendido este como el valor de los bienes y servicios finales producidos en la provincia) para el año 2008, segun datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas nos permiten afirmar de qué forma está estructurada la economía provincial. Puede verse que el aporte de los diferentes sectores al PBG fue dispar. Por un lado, se destacan cinco sectores de gran peso relativo, como ser el agropecuario, que explica un 14%; los servicios de transporte, almacenamiento y transporte, un 11%; la administración pública, un 10% y el comercio y construcción con 9% cada uno. Cabe destacar que los datos obtenidos fueron del PBG a precios constantes, esto es, sin considerar el cambio de los precios por inflación ni apreciación.

Por otra parte, y rezagados por los primeros, se encuentran la industria manufacturera con un 8% del total del producto, al igual que los servicios inmobiliarios y la enseñanza; mientras que escalones más abajo lo ocupan la intermediación financiera, los servicios sociales y de salud, los servicios de electricidad gas y agua, y la explotación de minas y canteras. Los demás sectores, mientras tanto, ocupan una proporción marginal del producto.

Esta exposición es ilustrativa, pues sólo muestra una foto de la estructura económica provincial en el año 2008. Para obtener un análisis más riguroso, es conveniente saber cómo se han comportado estos sectores en el transcurso del tiempo.

El comportamiento de los distintos sectores fue muy variado. Por una parte, encontramos grandes aumentos registrados, sobre todo, en el sector agropecuario, el sector de la construcción y el ligado a la producción de servicios de transporte, almacenamiento y comunicación. Los demás sectores mostraron un incremento pero de menor cuantía, incluido, entre estos, el relacionado con la industria manufacturera. Por otra parte, hubo sectores, tales como la explotación de minas y canteras, que sufrieron una importante disminución en su aporte al PBG total, así como los servicios domésticos, que sufrieron también una caída pero de una magnitud mucho menos considerable.

Por lo visto, puede decirse que Salta mostró un comportamiento diferente al de la Nación en su conjunto, puesto que ésta se volcó manifiestamente hacia la producción industrial, convirtiendo a esta actividad en la principal generadora de trabajo; la adopción de un tipo de cambio competitivo, además, permitió el desarrollo y la promoción de la industria nacional. En cambio en la Provincia, los sectores relacionados a la producción agropecuaria fueron los impulsados en gran parte por el incremento exponencial de la superficie plantada de oleaginosas (soja por antonomasia), que a su vez desplazó a otros cultivos mucho más valiosos para el consumo interno, pero a la vez menos rentables, como lo es el trigo.

Esta dicotomía muestra, a grandes rasgos, la ineficiencia de los incentivos instaurados por las famosas leyes de promoción 6.025, 6.064 y 7.124, que destinan aproximadamente 40 millones de pesos anuales a transferencias de capital a los privados (partida que puede encontrarse en el presupuesto provincial), más otros beneficios, tales como la casi completa eliminación de la carga fiscal provincial. Esto se puede ver reflejado en el gráfico que se presenta a continuación, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Rentas. Se muestra allí la participación de la recaudación del impuesto a las actividades económicas, cuya recaudación depende del gravamen a la actividad de cada uno de los sectores de la economía.

El sector agropecuario, pese a representar el 14% del PBG provincial, tan sólo aporta un 3% en la recaudación del impuesto a las actividades económicas. Se puede ver, además, que, a pesar de tener mucho menos peso relativo en la producción de la provincia, los sectores relacionados a la industria, la intermediación financiera y el comercio son los que más aportan al acervo provincial. Se podría estimar cuánto tendrían que pagar los sectores más beneficiados en los últimos años, pero la tarea se hace muy complicada puesto que las exenciones que corren para estos sectores no necesitan de presentación alguna de la base imponible y, por otra parte, la información de la DGE posee la limitación de no contar con datos corrientes actualizados (ni una estructura de estimación adecuada, como sucede en el caso de la soja) que permita calcular la recaudación potencial de este impuesto.

Entonces, ¿es justificado el reclamo de los patrones del campo cuando repiten a viva voz que el Estado se queda con casi toda su producción y que no los deja crecer? Al menos en Salta, que es una provincia que no tiene un margen de rentabilidad tan elevado como la zona pampeana, esto no sucede: estos sectores tienen una carga fiscal casi inexistente y crecieron bastante bien durante el último periodo post–convertibilidad. Teniendo en cuenta que el Impuesto a las Actividades Económicas representa cerca del 80% de los ingresos genuinos de la provincia, podría incrementar fácilmente su recaudación si se gravaran estas actividades, lo que representaría a su vez un mayor grado de independencia de la coparticipación federal. Cabe entonces preguntarse si este Gobierno, elegido legítimamente por voluntad popular, debe hacer caso a los reclamos sectoriales que presionarán, seguramente, para no pagar un 3% de lo que producen al fisco.

Licencia para contaminar

2009-12-01T05:12:00.000-08:00

La industria anarquista

Los vecinos de Villa Mitre denuncian que empresas del Parque Industrial están contaminando la zona. La responsable es una cerámica, que tiene sus nueve chimeneas humeando toda la noche. El caso desnudó la total inoperancia de los organismos de control: sólo 3 de más de 70 empresas presentaron el Estudio de Impacto Ambiental, que figura entre los requisitos para instalarse en el lugar, donde gozan de todo tipo de exenciones impositivas.

Por Julio Quiroga

Ángela Godillo no da más. Tiene 68 años y vivió durante más de cuarenta y cuatro feliz en su casa de Villa Mitre, hasta que el Parque Industrial empezó a funcionar a pleno. Sobre la mesa de su cocina hay una caja de PRO AIR NASAL, medicamento que se aplica sobre las fosas nasales. Es la única forma que Ángela tiene para respirar. Peregrinó, durante seis meses, por cinco médicos, además de su hijo, que también es doctor, hasta que le encontraron lo que tenía. “Vomité durante tres meses, bajé quince kilos, mirame cómo estoy”, dice. “Yo tengo problemas con la garganta, los ojos. Y la tos… Acá hay chicos que tosen, todo el día tosen. Me dijeron que era alergia. Todos estamos perjudicados”, dice la mujer, con los ojos aún rojos, pese a los medicamentos.
El problema de Ángela es, en realidad, el problema de todo un barrio. Alguna vez, los que vivían en esta zona pensaron el lugar como “un segundo San Lorenzo”. Hasta que el Parque Industrial llegó. Villa Mitre, Floresta, Villa Juanita, Autódromo, El Jardín, todos estos barrios están contaminados por las fábricas. “Acá está muriendo gente de cáncer”, denuncia Ángela.

Efecto mariposa
El 10 de diciembre de 2008, el gobernador Juan Manuel Urtubey participó del acto de inauguración de la planta de Cerámica Alberdi, en el Parque Industrial Salta. Para la empresa santafesina, que tiene al ex senador Julio San Millán en uno de sus cargos directivos, la planta de Salta resultaba un punto estratégico para poder ampliarse en el norte argentino y países limítrofes, y prometía tener una capacidad de producción de 500.000 metros cuadrados por mes. “Salta encarna el ideal de progreso”, dijo el presidente de la Cerámica, Miguel Ángel Rapelli. Uno de los motivos esgrimidos por Rapelli para instalarse en Salta fue“la seguridad jurídica que la Provincia brinda a los inversores, quienes son los encargados de crear fuentes de trabajo.”
Urtubey, por su parte, hizo hincapié en la creación de puestos de trabajo (en ese momento, la planta contaba con 500 trabajadores, según se informó) y repitió que la creación de fuentes laborales se debía al “producto de las condiciones de previsibilidad productiva y estabilidad en la normativa jurídica de la Provincia, que está generando un marco de confianza para las inversiones.”
Nada se dijo, en ese acto, de los verdaderos motivos que suelen atraer a las empresas al Parque Industrial: las exenciones impositivas, y la total falta de control por parte del Estado. Esto último, imprescindible para poder armonizar esa creación de 500 puestos de trabajo con la no menos importante cuestión vinculada a la salud de miles de personas.

Un país aparte
Según la misma reglamentación del Gobierno, son varios los requisitos para que una empresa se instale en el Parque Industrial. Primero, debe exhibir una carta de intención; después, presentar el Proyecto Técnico, en el cual se tiene que informar sobre la demanda de energía eléctrica, agua, gas, tipos de afluentes, personal a emplear, instalaciones, maquinarias, obras civiles, etc. El tercer paso es la entrega del Proyecto Económico. Allí, el interesado tiene que dar los siguientes datos: obtención de la materia prima, estudio de mercado, comercialización, costos, inversiones y financiamiento previsto para el desarrollo del proyecto.
El cuarto punto especifica que la empresa está obligada a hacer la Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, “que contenga residuos emitidos al aire, residuos evacuados en el agua, residuos introducidos al suelo, evacuación sanitaria, indicando el sistema de tratamientos de residuos y su costo estimado.”
Sin embargo, una investigación del periodista Maximiliano Rodríguez reveló que sólo tres empresas, de las más de 70 que operan en el Parque Industrial, tienen certificado de aptitud ambiental otorgado por la Municipalidad. Y Cerámica Alberdi no está entre esas tres. La denuncia de los vecinos por la contaminación desnudó no sólo la inoperancia de funcionarios municipales y provinciales, sino, y sobre todo, la impunidad con la que se manejan las empresas una vez que se han instalado en el lugar.
Sólo después de la presión mediática, el director de protección ciudadana, Eduardo Gandulfo, hizo algunas declaraciones que fueron lo más parecido a lavarse las manos. Y Nicolás Zenteno, a cargo provisoriamente de la Defensoría del Pueblo, sólo explicó que verificarán cuáles son las competencias municipales sobre el polo industrial y el daño ambiental que producen las empresas radicadas en ese lugar. “Hay algunas empresas que aún vuelcan sus desechos en el Río Arenales; por ello debemos hacer un estudio ambiental, para iniciar las acciones legales pertinentes y elaborar un plan de saneamiento del curso de agua el próximo año”, dijo Zenteno en una emisora local.
El que parece haber reaccionado, aunque sólo después de haber recibido el golpe, fue Pablo Brandán, subsecretario de Medio Ambiente. Al menos en las emisoras, aseguró que las 64 industrias que aún no presentaron los estudios de impacto ambiental ya están siendo notificadas para regularizar su situación en las próximas 72 horas. Y prometió que las empresas que no cumplan con este requisito, serán multadas y, de persistir en esa situación, procederían a su clausura.
Pero todo parece nada más que una cortina de humo para ganar tiempo: esperar, hasta que el tema deje de ser tratado por los medios, caiga en el olvido y dejar que las empresas sigan contaminando. Maximiliano Rodríguez, además, constató que los dichosos empleados trabajan sin máscaras, y que ni siquiera cuentan con las medidas de seguridad básicas para la labor.
Nueve son las chimeneas que Cerámica Alberdi utiliza para deshacerse de sus residuos. De día, prácticamente no se ve nada, y es que empiezan a trabajar a las 20, 20,30 hs, y siguen, sin parar, durante toda la noche. No hace falta ver las chimeneas para darse cuenta del trabajo de la cerámica. Los vecinos que están más cerca, además, la escuchan trabajar: “Hace un ruido espantoso, se siente como una tormenta que se acerca con viento y piedras”, relató un vecino.
Ángela Godillo no da más. Y no sabe qué hacer. Mudarse no es una opción: hace cuarenta y cuatro años que vive ahí, ¿por qué se va a tener que ir ella y se van a quedar los empresarios? Pero todo a su alrededor se va secando. “Yo salía a regar las plantitas de noche, porque esa es la mejor hora para cuidar el agua, que tanto escasea. Entonces, yo iba y le tiraba a las plantitas, sentía que me ardía la vista. Era una cosa como si vos aspirarías picante y te llega a toda la garganta. Yo digo Esto no puede ser, y miro para allá y veo humaredas, polvillos por todas partes. Lo de los muebles es desesperante”, dice. Las plantas, aunque las riega, se secan. Están tapadas de ese polvillo blanco (posiblemente cal), y lo mismo pasa con la perrita boxer que tiene: “Cada día más flaca, y eso que no sabés qué lindo que come”, se lamenta.
Por las noches, su casa es una prisión. Ni siquiera puede abrir las ventanas. Porque el olor es demasiado nauseabundo.

Salta según Davos

2009-12-01T05:06:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

La seguridad jurídica, en nuestro país, es el slogan preferido de la derecha. Para algunos resulta extemporáneo hablar de derechas e izquierdas. Evitemos entonces el debate y conformémonos con decir que la derecha siempre opta por estar sometida a algo que, nos dicen, es inevitable y/o recomendable. Ese algo puede ser Dios, las fuerzas armadas, el mercado, o todo eso junto. La derecha que nos importa hoy desde hace tiempo tiene su nuevo tótem: el mercado. Como ese tótem se ha impuesto desde hace unas décadas, las leyes estatales que regulan su funcionamiento se estructuraron a su medida. Es hoy lo establecido, y que los Estados respeten lo establecido es sinónimo de un Estado serio, respetuoso de la seguridad jurídica. Es lo que distinguiría a un país en serio de otro que no lo es. Así, a la seguridad jurídica que nos referimos aquí es a la que invocan los representantes del libre mercado. Son los filósofos noventistas de razonamiento rápido que concluyeron que, para alcanzar el crecimiento económico, se debe facilitar -a como dé lugar- el acceso de "los inversores" a la producción, porque, garantizándoles la maximización del lucro, se propendería al aumento de las inversiones, lo cual generaría más empleo, favoreciendo así los intereses de los trabajadores y protegiendo los intereses empresarios. Para ello, lo deseable e inteligente sería reducir al mínimo la regulación e intervención estatales en el mundo de la economía. El resto del discurso es más conocido: menos Derecho Laboral, más trabajo; menos control ambiental, más trabajo.
Hace un año, el representante de Cerámica Alberdi (empresa que se levanta en el Parque Industrial de la provincia), Miguel Ángel Rapelli, lo manifestó bien. Fue en la inauguración de la planta de nuestra ciudad en donde explicó que el motivo (del) de emplazar el emprendimiento en Salta era “la seguridad jurídica que la provincia brinda a los inversores, quienes son los encargados de brindar trabajo”. Hace un año, entonces, la izquierda podría haber exclamado: ¡Cagamos! Convengamos, la izquierda sería ese sector que la derecha odia o no entiende, por su intentos obstinados y revulsivos de querer despojarse del sometimiento a lo establecido. A ese alguien el tiempo le ha dado la razón en términos sociales y ambientales. Cerámica Alberdi funciona, hace un año, (prescindiendo) haciendo caso omiso del impacto que sus actividades generan en esas dimensiones.
Son los riesgos que se corren cuando la seguridad jurídica se impone en clave neoliberal, es decir, cuando las empresas son consideradas el actor dinámico por excelencia. Porque la gran iniciativa privada es el Poder, y el poderoso convierte en ley la posibilidad de estar por encima de los derechos del resto, disfrazando, ellos y sus gestores políticos, el privilegio de idea. Paradójico, porque todos hablan de la crisis del “neoliberalismo”, pero este sigue imponiendo sus reglas. Y las sociedades lo padecen: los vecinos de Villa Mitre, por ejemplo, impotentes ante ese mundo que perciben como ajeno e implacable. Tiene sentido. Basta con escuchar el tratamiento que le dieron al tema “Cerámica Alberdi” los principales medios de comunicación de la provincia para entenderlo. Se quejaron del incumplimiento de la norma, es cierto, pero no de la norma. Conviene enfatizar: el Poder es también la posibilidad de zafar. Zafar de la revisión parlamentaria de la norma misma o zafar del incumplimiento a esa norma, ejercicios imprescindibles para no zafar del Poder. Los locutores reconocidos exigieron respeto a la norma y hasta recurrieron a ex funcionarios como Haroldo Tonini, quien explicó, con autoridad, cómo el Estado debe hacer cumplir la norma.
Y la norma responde a otro paradigma de moda: la Responsabilidad Social Empresaria, esa extraña combinación de filantropía empresarial y supuestos compromisos del empresariado para evitar al máximo los impactos sociales y ambientales que sus actividades generan. La crítica a Cerámica Alberdi se ha realizado desde ese lugar y desde la ineptitud del Estado por hacerla cumplir. Una Responsabilidad Social Empresaria cuya historia explica el buen estado de salud del que goza el neoliberalismo en nuestra provincia, una provincia seria, que respeta la seguridad jurídica. El concepto fue propuesto por y para las grandes empresas que, ante el auge de los problemas ambientales por ellas generados, se encontraban en una incómoda y extremada exposición pública. Lo hicieron en Davos en 1999, esa especie de Vaticano del Capital, el gran senado del capitalismo global, en donde los hombres del Poder, los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos analizan los problemas apremiantes del mundo -la salud y el medioambiente-, pero sobre la agenda de la política global, difundiendo un modo de vida ya globalizado que exalta la tecnologías (duras), el dinero, la destreza empresarial, la aptitud profesional y la seguridad jurídica como símbolos de civilidad.
El espíritu de Davos también habita estas tierras. Nuestros nuevos sectores dominantes han abandonado hace rato el apego a lo telúrico y consideran anacrónico el esfuerzo por identificar y resaltar la singularidad de la comarca, excluyendo las conexiones con el todo. De allí su autoproclamado “progresismo”, reducido en estos casos a autosegregarse, no por las viejas distancias sociales que imponía el Club 20 de Febrero, sino por la capacidad ostentosa de consumo. El límite es la “norma”. Eso no lo discuten, porque es eso o el caos. Y el caos tiene una materialización precisa. De allí que los salteños “bien”, de espíritu davoniano, renieguen del populismo chavista o de la crispación kirchnerista. Hay una cuestión de estilo, es cierto, pero también una de fondo. La “civilización Davos” se horroriza ante los estilos confrontativos, pendencieros y hasta desprolijos de los antiliberales. Pero sobre todo se horroriza con los intentos obstinados y revulsivos de querer despojarse del sometimiento a lo establecido: llevar adelante transformaciones sociales, políticas y culturales a través de una refundación de los Estados que nacieron con el neoliberalismo en el mundo (Chávez por ejemplo), e incluso con los proyectos menos ambiciosos que, negando algunos rasgos del neoliberalismo, avanzan por las líneas de menor resistencia del mercado para construir un modelo que no termina de dejar atrás lo viejo (kirchnerismo).
Los críticos empresariales y gubernamentales de Cerámica Alberdi quieren otra cosa. Un Social – Liberalismo. Una supuesta humanización del neoliberalismo. El resultado es conocido: el modelo se mantiene y las actitudes conservadoras se justifican.

Cámara Gessell

2009-12-01T05:01:00.000-08:00

Protección para niños

Los recientes casos de pedofilia que conmocionan a la opinión pública salteña, generan el interrogante sobre la protección de los niños sospechados de ser víctimas de esos graves sucesos. La cámara creada por el Dr. Arnold Lucius Gesell empieza a popularizarse en el vocabulario habitual de los salteños.

Por Soledad Villoldo

La aprobación y ratificación de los Pactos Internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, y luego su equiparación constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.), implicó para el Estado Argentino el compromiso de adoptar medidas que aseguren el resguardo de los niños contra todo tipo de maltrato, incluyéndose el institucional que, en forma deliberada o negligente, haya de suministrársele, no sólo a los niños víctimas de un delito, sino a cualquier menor cuya presencia sea requerida en el ámbito judicial. El interés superior del niño ha sido aludido en el art. 12 de la citada Convención y, en cuanto a la protección en todas sus formas, en sus arts. 18, 19 y 34. Asimismo, se encuentran normativas al respecto en el art. 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el art. 14 inc. 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que se refiere a Tratados Internacionales. En el orden nacional, la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en la provincia la ley Nº 7039 de Protección de la Niñez y Adolescencia, contienen, también, normas de protección de similar tenor.
En miras al cumplimiento de la normativa mencionada, la Corte de Justicia de Salta dictó la Acordada 9827 del año 2007, mediante la cual se establece, como práctica judicial conveniente, la recepción de declaraciones de niños víctimas y testigos de delitos que atentan contra la integridad sexual o de hechos que importen una grave afectación a su integridad psicológica, en la Cámara Gesell instalada en la Ciudad Judicial del Distrito Judicial del Centro, o en ámbitos adecuados dispuestos tecnológicamente al efecto.

Pasado y presente

Creada por el Dr. Arnold Lucius Gesell (21 de junio de 1880 – 21 de mayo de 1961), psicólogo y pediatra especializado en el desarrollo infantil, la Cámara de Gesell consta de dos habitaciones con una pared divisoria en la que un espejo unidireccional de gran tamaño permite ver lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. De esta forma, el comportamiento de los niños podía ser observado sin ejercer ninguna influencia derivada del propio efecto de la observación (efecto de reactividad).
La habilitación de la Cámara Gesell realmente constituye una de las innovaciones fundamentales realizadas en el edificio central del Poder Judicial y Ministerio Público. Tiene como primordial objetivo erradicar las prácticas judiciales que atentan contra la integridad de las víctimas infantiles, como la reiteración de las declaraciones, procedimientos que estimulan por lo general temor, contradicción, negativa a recordar y expresar. Con la Cámara Gesell se intenta obtener la versión del niño, garantizando su derecho a ser oído, en un ámbito adecuado, acondicionado con los implementos necesarios a la edad y etapa evolutiva de los menores y con la intervención exclusiva y excluyente de especialistas, evitando anteriores procedimientos que conlleven a su revictimización pero que a la vez, garanticen al imputado el respeto de sus derechos y garantías fundamentales.
Dicha cámara constituye un espacio específicamente diseñado para realizar observaciones “en vivo” de personas. Cuenta con un avanzado sistema de vigilancia electrónica por circuito cerrado, con capacidad de captura simultánea de audio y video. En la habitación del observador se realizaron los siguientes acondicionamientos: recubrimiento acústico en todos los laterales, en color negro, inclusive la puerta; instalación de un equipo de grabación, dos parlantes en altura y dos filas de pupitres. En la habitación destinada al observado se destacan las siguientes adecuaciones: revestimiento acústico en pared y puerta; mobiliario típico de infantes, lo que sumado a detalles como cuadros infantiles, baúles y juguetes, crean una adecuada ambientación. También se encuentran en la habitación, disimuladas en gran medida, cinco cámaras de CCTV que realizan la captura simultánea de video y envían su señal a la habitación contigua. El efecto espejado del gran ventanal existente entre las dos habitaciones es resaltado por una adecuación lumínica, lo que hace imposible que desde el espacio del observado se pueda ver a las personas o acciones que se desarrollen en el espacio del observador.

Polémicas

Por supuesto que este método también genera ciertas polémicas. Así, algunos profesionales del derecho se quejan de la parcialidad de algunas entrevistas que realizan los psicólogos a los niños, en las que se guía a estos últimos hacia alguna respuesta en particular. También ha sido objeto de planteos de inconstitucionalidad en nuestra jurisdicción: la acción fue planteada por la Fiscal Civil, Comercial, Laboral y Administrativo 1, Nancy Jozami invocando un exceso reglamentario en la aplicación de la Cámara Gesell, ya que desplazó al juez penal de su rol dentro del proceso penal, negándole la posibilidad de examen directo y vulneró además la autonomía funcional del Ministerio Público. Adujo la violación de la defensa en juicio, del debido proceso y de la libre elección de defensa y asistencia, a través de una reforma al sistema procesal penal, que considera indebida. La Fiscalía de Estado de la Provincia contestó al planteo y ratificó la constitucionalidad de la Acordada reglamentaria, haciendo mérito de las facultades y deberes de la Corte de Justicia en relación al mejor desempeño de las funciones judicial y de superintendencia, sobre todo a partir del mandato impuesto por diversos tratados internacionales, fundamentalmente la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Anexos
El procedimiento que debe seguirse en la aplicación de la Cámara Gesell ha sido minuciosamente reglamentado por la Corte de Justicia en los Anexos de la Acordada 9827. El Anexo I Acordada 9827 establece que serán sujeto de la modalidad las “víctimas y testigos que a la fecha de su comparecencia no han cumplido 16 años de edad” y las “víctimas y testigos mayores de 16 años de edad que a la fecha de su comparecencia no hubieren cumplido aún los 18 años.”

Por su parte, el Anexo II Acordada 9827, establece las pautas “de tratamiento de las víctimas y testigos menores de 18 años de edad, de delitos que atentan contra la integridad sexual o de hechos que importen una grave afectación a su integridad psicológica”. Al respecto, en el punto Recepción de declaraciones durante la instrucción, se establece que: “El Tribunal dispondrá recibir la declaración en un lugar que preserve su privacidad, en lo posible sin presenciar la entrada y salida de detenidos. Sí la víctima o testigo es acompañada por su madre o padre o persona de su confianza (art.76 ter del C.P.P.) éstos deberán permanecer en silencio, salvo que se requiera su intervención, y ubicados de manera tal que sin afectar el acompañamiento afectivo, no influya ni perturbe al niño con actitudes, gestos o con su presencia. Cuando la víctima fuere menor de doce años el Tribunal evaluará la conveniencia de que la declaración sea recibida por una persona de género femenino. En cambio, en los casos que se tratara de un menor de género masculino que hubiere cumplido doce años, el Tribunal podrá disponer que la entrevista sea llevada a cabo por una persona del mismo género. La persona que realice el interrogatorio deberá respetar los tiempos y silencios de la víctima o testigo (…) Se evitará en lo posible cuestionamientos procesales y jurídicos en presencia del menor”.

La diario, el radio y la portal

2009-12-01T04:56:00.000-08:00

Por Julieta Lucero

Las decisiones editoriales que tomaron algunos diarios, radios y portales de internet salteños esta semana respecto al tratamiento del caso Pelusa Liendro y la elección de la Mujer del Año por parte de la Cámara de Diputados de la Nación fueron, cuanto menos, desacertadas. Más allá de la ideología que cada medio pueda sostener, la falta de profesionalismo y el poco respeto por los Derechos Humanos hizo foco en una situación que en otras oportunidades ya fue denunciada ante el Inadi y que esta vez parece ir por el mismo camino.

También en relación a la cuestión GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales), hace dos semanas el escritor y periodista Osvaldo Bazán, el psiquiatra del Hospital Muñiz Ricardo Duranti y el representante de Naciones Unidas, Fernando Delio, habían manifestado una gran sorpresa por el mal desempeño de algunos medios locales respecto al tema.

A continuación, algunas de las construcciones periodísticas cuestionadas en los últimos días.

La Tribuno

“Los homosexuales cerraron filas en pro de su congénere”, tituló el Tribuno en su edición impresa de ayer, en la sección policiales. Se refería a las declaraciones que hicieron algunos de los testigos convocados por la querella en la causa por el asesinato de la líder travesti Pelusa Liendro, en 2006. La víctima era la presidenta del Grupo Transparencia Salteña (GTS), asociación civil que lucha por los derechos trans en la provincia.
Ni confusión, ni desconocimiento, ni inconsciencia son elementos válidos a tener en cuenta a la hora de analizar un titular. En este caso, el diario de más tirada en la provincia habló de homosexuales en referencia a transexuales y agrupó las diferentes identidades de género – relacionado al rol social masculino o femenino con que se identifica una persona- en el término “congénere”, que significa “de la misma clase”.

Otro ejemplo del mismo tipo se utilizó en otra subnota ese día, denominada “La asistencia de un público con carácter de militancia”. En el segundo párrafo se puede leer: “Varios miembros de la cofradía estuvieron presentes y siguieron con atención las declaraciones de sus iguales, que fueron medidas, reticentes y laudatorias para con su antiguo camarada, Sergio Javier ‘Pelusa’ Liendro”. ¿Cofradía de qué? ¿Iguales a quién?

En cuanto al uso de los artículos, el diario se refirió a Mary Robles, la actual líder de GTS-ATTA, como “El presidente”. Si bien no hace muchos años se comenzó a utilizar el femenino para referirse a las personas trans, la decisión del redactor y la falta de corrección por parte del editor tienen un tinte reaccionario más que de desactualización del uso de la terminología en el ambiente periodístico. El diario La Nación, al que también se puede señalar como conservador, el miércoles pasado publicó la frase “la galardonada lucía visiblemente emocionada”, al referirse a Marcela Romero, la trans elegida como Mujer del Año por el Congreso Nacional.

Además, al referirse al reclamo de género que hizo Robles ante el tribunal para que la llamara “Mary” y no por el nombre con el que fue anotada, el medio escribió que le explicaron “a los ofendidos travestis que la audiencia tenía carácter formal y se regía por los preceptos de la ley y no por los códigos de la calle, la noche o la agrupación carnestolenda a la que pertenecen”. El juzgado efectivamente pidió que terminen los reclamos, ¿pero dijo “códigos de la calle” para referirse a una lucha que hace años llevan adelante agrupaciones trans, de derechos humanos, que apoya el Estado a través del Instituto Nacional Contra La Discriminación (Inadi) y hasta las Naciones Unidas? A menos que todos los lectores hayan escuchado la audiencia de ese día, por el diario nunca se sabrá, porque no habían comillas que indicaran el textual, que el tribunal usó efectivamente esa secuencia de palabras.

El presidente de la asociación Identidad, Luis Gallagher, ya adelantó que va a presentar una denuncia ante el Inadi por el contenido de estas notas.

La Informate Salta

Un punto que bien señaló Bazán en el taller de periodistas que organizó en Salta hace dos semanas el Observatorio para la Promoción de Derechos de Diversidad Sexual, patrocinado por ONUSIDA y el Ministerio de Salud de la Nación, fue la falta de ética y de códigos por parte de las empresas periodísticas en hacer pasar notas de opinión -como columnas o editoriales-, por noticias informativas. Respetando las normas periodísticas, las opiniones deben estar identificadas como tales.

En esa ocasión, el escritor criticó al portal de internet Informate Salta, sitio web que vuelve a cometer el mismo error, esta semana con la nota titulada “Sobre el transexual elegido ‘Mujer del año’”. En la bajada de la nota dice que ni la “madre del paco” salteña postulada por la diputada nacional María Inés Diez “ni otras 10 mujeres destacadas del país en diversos ámbitos fue elegida, sino un transexual que luchó por 10 años por tener un DNI nuevo”. Y cierra con la pregunta retórica “¿cuál es el concepto de país y qué valores tienen nuestros diputados nacionales para tamaña designación?”. Por supuesto, no hay firma ni aclaración de qué tipo de nota se trataba.

Sin entrar en la discusión de que los legisladores fueron votados por el pueblo, tal vez se podría contestar que comparten los valores de las Naciones Unidas y el Inadi, que tienen proyectos como el Observatorio para la defensa de los derechos de la diversidad sexual desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

Mal uso de los conceptos, falta de actualización en los modos periodísticos y sin distinción de géneros, el tratamiento de los temas GLBT por parte de algunos medios se convierte así en estigmatizante.

Yerba y sus caricaturas transfóbicas, para la próxima.

Violencia ¿familiar?

2009-12-01T04:05:00.000-08:00

Género

El pasado miércoles 25 se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada de lucha del colectivo feminista, que desde hace tiempo busca modificar la violencia de género que padecen las mujeres.

Por María Laura Postiglione – Abogada

En primer lugar, algunas cifras. En nuestra provincia, en el segundo semestre de 2006, se registraron 3.500 denuncias. En el primer semestre de 2007, hubo 8.017 episodios de violencia familiar que fueron puestos en conocimiento de la Justicia. En la segunda mitad del mismo año, se hicieron 9.516 presentaciones en igual sentido, mientras que en los primeros seis meses de 2008 las denuncias ascendieron a 11.392. Según estos datos, desde el primer semestre de 2007, y ya con la vigencia de la Ley 7.403 (la cual protege a las víctimas de la violencia familiar), hubo un incremento de un 13,93% de episodios registrados, mientras que en el siguiente período el aumento fue del 4,62%, y en 2008 la suba en porcentaje fue del 5,79% (fuente: La Otra Voz Digital).
En el ámbito de organizaciones de la sociedad civil, se atiende aproximadamente cien casos por mes, de los cuales sólo un 50% llegan a judicializarse (Oct 2009. Fuente: La Otra Voz Digital). En cuanto a los feminicidios, en Argentina hay uno cada 36 horas. Cada día y medio, una mujer es asesinada en la Argentina, a manos de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja, mientras el 46% de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años. (Fuente: Institutos de Estudios Jurídicos de la Mujer, en Página/12, 23-11-09).
Los datos son alarmantes, y son de gran utilidad para dimensionar prima facie el fenómeno. Sin embargo, cabe hacer algunas precisiones de carácter conceptual. Salvo excepciones de comunicadores/as o funcionarios/as con perspectiva de género, se ha vuelto un lugar común equiparar la violencia hacia las mujeres con la violencia familiar. Se trata de un error, en tanto hablar de violencia hacia las mujeres, o violencia de género, supone “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón” (art 4 Ley 26.485). Esto es importante precisarlo, ya que hablar de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica implica invisibilizar que más del 80% de los casos de esta violencia en el ámbito familiar es contra mujeres o niñas y que hay un universo de otras situaciones de violencia que se dan fuera del hogar.
La provincial es una ley loable que surgió de una larga lucha de muchas mujeres de nuestra comunidad. Pero la Ley nacional Nº 26.485 amplía el concepto de violencia a aquellas acciones que no solamente se dan en el ámbito familiar, sino en otros espacios, como el laboral, el institucional, etc. Quiere decir esto que los datos que se enumeraron al inicio del informe constituyen la punta del iceberg de casos de violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar denunciados en la justicia, en primer lugar, y los atendidos en centros asistenciales de carácter privado, en segundo. Quedan fuera de esa enumeración una infinidad de situaciones que son violentas hacia las mujeres.
Resulta imprescindible poner palabras a aquello que queremos ver. Hay violencia simbólica hacia las mujeres cuando un empresario del transporte dice que sería ridículo que una mujer maneje un colectivo (Diario El Tribuno, 23-11-09). Hay violencia obstétrica contra las mujeres cuando a ellas se les realizan prácticas rutinarias innecesarias en el momento de su parto. Hay violencia mediática cuando una revista para hombres promueve la realización de un test a fin de verificar la agresividad de un hombre respecto de su compañera (“Test Tyson” en Revista Hombres). La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, entonces, es sólo una modalidad. Pensar en una sociedad más equitativa con disminución de casos de violencia no sería posible si no empezamos a visibilizar primero, y erradicar luego, la proliferación de estereotipos sexistas que atentan contra la dignidad de las mujeres, que perpetúan la subordinación que el patriarcado establece, y que son el basamento psico-socio-cultural de la violencia de género

Teen spirit

2009-12-01T04:01:00.000-08:00

Después del acto en que se entregaron certificados de microcréditos a 200 jóvenes salteños, Laura Gercie, al frente de la Subsecretaría de la Juventud, realizó un balance de la gestión y de los tres programas más importantes que impulsa el organismo: los microcréditos, la adjudicación de viviendas y los créditos para ampliar las viviendas. Por los distintos programas, más de 4.000 jóvenes fueron asesorados con respecto a los distintos beneficios, sólo en Capital.

Por Daniel Medina

El martes pasado, con una importante asistencia, se entregaron certificados a 200 jóvenes beneficiados con el programa “Jóvenes emprendedores”, de la Subsecretaría de la Juventud, organismo creado con los objetivos de apoyar y fortalecer el desarrollo de los jóvenes en la provincia, que se encuentran entre los 18 (casados o emancipados) y los 30 años, mediante tres beneficios: microcréditos, adjudicación y ampliación de viviendas.
Por los distintos programas, más de 4.000 jóvenes fueron asesorados con respecto a los distintos beneficios, sólo en Capital. La titular de esta área, Laura Gercie, explicó que los créditos tenían como objetivo distintos rubros y que muchos estaban pensados para reflotar los talleres de sus padres, que gracias a estos créditos pueden volver a abrir sus puertas.
El crédito lo tienen que devolver. El tope es de 20 mil pesos, con un primer año de gracia, y cuatro años para devolver, con un 6% de interés anual. O sea: una ganga.
Para estos microcréditos, que apuntaban a la capacitación y financiamiento de micro-emprendimientos en actividades comerciales, agropecuarias, turismo y de servicios, se presentaron 525 proyectos en Capital, y 490 del interior. Ya se entregaron los primeros 50 en capital, por un monto total aproximado de un millón de pesos. En una segunda etapa, que es la que concluyó el martes pasado con la entrega de certificados, se otorgaron 87 créditos en todo el interior y 113 en capital, por un monto total de $3.500.000.
Gercie explicó que, para poder obtener estos resultados, trabajaron de manera mancomunada con 40 de los 59 municipios. También señaló que la colaboración de los gobiernos comunales fue despareja: aunque parezca patético, algunos hicieron poco y nada para beneficiar a sus pobladores.
Otro programa es el de crédito de ampliación de vivienda, ya que uno de los mayores problemas que aqueja a los salteños es el del hacinamiento, que a su vez desencadena otras situaciones nocivas para las personas. El crédito tiene un año de gracia, sólo 2% de interés anual y se devuelve en 15 años en cuotas fijas de 100 pesos por mes. En este programa ya fueron beneficiados 97 jóvenes en capital y 29 en el interior.
El tercer programa consiste en la entrega directa de viviendas. Se destina el 10% de lo construido por el Instituto Provincial de Vivienda bajo la operatoria de demanda libre, para los grupos familiares jóvenes, es decir para aquellos grupos familiares en donde el titular o co-titular se encuentren dentro de la mencionada franja etárea. Hasta el momento se entregaron 39 viviendas en capital y 136 en el interior.
El funcionamiento ideal de la Subsecretaría fue en el 2008, ya que tuvieron 5 millones de presupuesto: tres para emprendimientos juveniles y dos para ampliación de vivienda. Pero este año, en total sólo contaron con un millón y medio, cifra insignificante, pese a lo cual pudieron continuar trabajando para seguir beneficiando a los jóvenes.

Una vidriera diferente

2009-12-01T03:53:00.000-08:00

Economía Social

El Paseo de los Poetas es nuevamente el escenario de la Feria de Emprendedores de la Economía Social. Se trata de la segunda de este tipo organizada por la Secretaría de Políticas Sociales de la provincia. Ciento cuarenta emprendedores se dieron cita desde el día de ayer en el paseo ubicado entre calles Urquiza y San Martín.

Por Gabriela Gutiérrez

Innovar. Emprender. Financiar. Show room. Outlet. Sale. Todas estas palabras se relacionan de manera directa con la economía formal, o de mercado. Esa que marcó el ritmo en el que las sociedades se han movido durante siglos. Ahora bien, otra economía, la Social y Solidaria, trata de abrirse paso también en nuestra provincia.
El viernes 27 y el sábado 28 del corriente, por segunda vez, la ciudad de Salta es sede de la Feria de Emprendedores de la Economía Social. En ella, unos ciento cuarenta emprendedores y emprendedoras de toda la provincia se dan cita con el propósito de dar a conocer su diaria tarea. Muchos de ellos han recibido microcréditos del Estado, mientras que otros han sido beneficiarios del Plan Manos a la Obra. Esta Feria es organizada por la Secretaría de Políticas Sociales del Gobierno de la Provincia, a cargo de Luisina Leston, aunque cuenta también con el apoyo de numerosas instituciones. Se constituye así como una brillante oportunidad para que emprendedoras y emprendedores de todos los puntos de nuestra provincia puedan exhibir su trabajo. La misma, al igual que en su edición anterior, estará ubicada en el Paseo de los Poetas.
Además de la posibilidad de mostrar y vender sus productos, los expositores tendrán la oportunidad de capacitarse. Durante los dos días que dure este evento, capacitadores y talleristas de instituciones tales como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social Agropecuario, el Ministerio de Turismo y Cultura, y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, estarán al frente de diferentes módulos de capacitación. Entre los temas que se abordarán se cuentan Bromatología, Ley de Artesanías, Monotributo Social, Economía Social y Solidaria, Cálculo de Costos, Herramientas de gestión, Comercialización, etc.
Es así como el Estado, a través de la Secretaría de Políticas Sociales y de iniciativas como estas, pretende dar espacio y abrir el juego. Se pone al frente de este, su emprendimiento. Respalda y apoya a un sector que lo requiere y le demuestra que su esfuerzo no es en vano. Las unidades productivas de estos emprendedores y emprendedoras de la Economía Social crecen fortalecidas por el financiamiento otorgado; evolucionan allí donde las maquinarias recibidas han impactado en la producción, generando un salto cualitativo y cuantitativo para finalmente afianzarse como innovadoras y sólidas fuentes de trabajo. Este fin de semana habría que pasar, ver y experimentar, que una nueva construcción social está en marcha aquí, a la mano.

El “desarrollo” en los confines de Salta

2009-11-23T05:57:00.000-08:00

Revalorización territorial y modelo sojero en Anta (Primera parte)

La pampeanización de la frontera agrícola en la provincia de Salta ha generado una profunda transformación productiva y social. El departamento de Anta es el paradigma de un proceso con profundos impactos sociales y ambientales. Chris van Dam estudia en 2001 el “modelo sojero” en Las Lajitas y el proceso de concentración de la propiedad que resulta del mismo. De este documento, publicado originalmente en la revista peruana “Debate agrario” en el 2003, presentamos en este número una primera entrega.

Hacia 1990, uno de los últimos frentes de la expansión agropecuaria en la Argentina -el departamento de Anta- presentaba un "pronóstico reservado". Lo amenazaba la cíclica inestabilidad de los precios del poroto (cultivo por excelencia en la zona por ese entonces), las fuertes oscilaciones en las precipitaciones y la acelerada degradación ambiental que producían los cruentos métodos de desmonte y el propio sistema de producción que, desde todo punto de vista, favorecía la erosión hídrica y una drástica disminución de la fertilidad. A sólo una década de aquellos diagnósticos, una segunda "revolución verde" pareciera haber tenido lugar en Anta. Esta segunda expansión, que algunos han llamado "revalorización territorial", está marcada por un incremento casi continuo en términos de productividad, de porcentaje de los campos bajo cultivo agrícola, y de cómo la "frontera" agrícola se ha ido desplazando. En sólo diez años, los precios de la tierra se han, a grosso modo, triplicado. Pero hay dos procesos, ocurridos también en esta década, que nos interesan particularmente: la degradación del suelo se ha revertido y los campos han recuperado parcialmente su fertilidad, y paralelamente se ha dado una concentración de la propiedad de la tierra en manos de un grupo reducido de grandes productores y megaempresas de capitales extraregionales.
Los cambios están asociados al reemplazo del cultivo del poroto por el de la soja, lo que a su vez permitió una modificación radical en el sistema productivo, ahora basado en la introducción de una tecnología puesta a punto para el corn belt (cinturón de maíz) y la región pampeana, y que consiste principalmente en la introducción de la siembra directa, variedades transgénicas, rotación soja/maíz y la sistematización de los campos. Todo lo cual permitió disminuir sensiblemente los costos de producción, conservar los suelos y la humedad y así estabilizar la productividad y la rentabilidad, más allá de la irregularidad en las precipitaciones y las variaciones en el precio, mucho más estables en el caso de la soja que en el del poroto.

Soja y “pampeanización”

El reemplazo del poroto por la soja, iniciado tímidamente en Anta en los '80 y generalizado en los '90, cambiaría sin embargo el curso de esta "historia anunciada". Y, curiosamente, también lo haría a partir de un nuevo proceso de "pampeanización" del Umbral. Mientras que el poroto era un cultivo especifico del Umbral, para el cual no existía un paquete tecnológico ad hoc, para el caso de la soja existía una propuesta experimentada y validada en la zona pampeana. La principal razón para la adopción de la soja fueron sus ventajas económicas, amén de algunas ventajas agronómicas.
El cambio de cultivo y de patrón productivo traería muchos otros cambios: el encarecimiento del precio de la tierra y la necesidad de contar con maquinaria sofisticada y costosa para la siembra directa fue cambiando el perfil del productor, atrayendo grandes inversores. Los costos unitarios decrecían en la medida en que hubiera economías de escala, lo que llevó a que ciertos productores crecieran, comprando o arrendando campos, y a que otros vendieran, en un proceso de concentración de la propiedad. La siembra directa también hizo posible cultivar soja con mucha menor humedad, lo cual provocó una nueva expansión de la frontera agrícola. La disminución de tareas de laboreo del cultivo y la introducción de maquinaria muy eficiente también redujeron los requerimientos de mano de obra, a pesar de la fuerte expansión del cultivo. Lo sucedido en Anta confirma así diagnósticos de otras zonas del país, que dan buena cuenta de la drástica expulsión de mano de obra en el agro como resultado del ingreso del capital financiero, del proceso de concentración de la propiedad y de la modernización tecnológica en esta última década.

El Umbral al Chaco, Anta y el núcleo sojero

El núcleo sojero hoy se extiende unos 80 kms, de norte a sur, y entre 30 a 40 kms de oeste a este, desde las serranías hasta el chaco semiárido. Hasta hace algunos años, muchos de los campos eran mixtos, agrícolas y ganaderos. Se estima que hay entre 150.000 y 200.000 hectáreas cultivadas en la campaña 1999/2000, de las cuales 95.000 están en manos de 19 productores. Se los conoce como el “Grupo Lajitas”, y reúne a los productores más grandes y más antiguos de Anta. Tiene diez productores y 60.000 has., pero incluyendo a Alfredo Olmedo que, por sí solo, tiene 25.000. El grupo ProAnta fue formado más recientemente y con nueve productores tiene 35.000 has. Pensando en un promedio de 1000 has. por productor para las restantes 55.000 a 105.000 has. (según cuál sea la estimación), muy a grosso modo se puede estimar que son cultivadas por entre 55 a 105 productores, además de los 19 ya mencionados. A ello debemos agregar las seis ‘megaempresas’, que cumplen un papel muy importante en el imaginario social, y que se distinguen del resto de los productores por la magnitud de la superficie que ocupan, pero sobre todo por la magnitud de la inversión. Se caracterizan por su gran disponibilidad de capital, por la facilidad con la cual pueden reconvertirse, por el bajo perfil con el cual manejan sus decisiones empresarias (lo cual contribuye a controversias y sospechas de todo tipo) y por la tecnología que utilizan, inusual para la zona, en general importada o copiada de otras zonas. Estas megaempresas son LIAG S.A., Agropecuaria Río Juramento, CRESUD, Los Dálmatas, Olmedo y La Moraleja.
Un primer factor de diferenciación, entonces, entre estos productores sojeros, es la cantidad de tierra bajo cultivo. Sin embargo, esta variable no parece correlacionarse con la adopción de un paquete tecnológico diferenciado, el cual, por el contrario, es más que uniforme. Hoy en día, el 95% de la soja de la zona se cultiva en siembra directa. Todos, independientemente del tamaño del predio, utilizan variedades transgénicas y los mismos agroquímicos (salvo pocas hectáreas con soja orgánica). El mercado es el mismo: las cuatro o cinco grandes cerealeras instaladas en la zona.
Otros factores que deben ser tomados en cuenta, en el intento de construir una tipología de productores son el origen del capital y la trayectoria del productor. Por un lado, subsiste un grupo de productores llegados en la década del '70 con el primer impulso de la expansión. Pero en la década del '80, e incluso a inicios de los '90, aparece un segundo grupo de productores e inversores, atraídos por el bajo precio de la tierra, la posibilidad de conseguir grandes superficies y la alta rentabilidad. Esta segunda oleada tiene una mentalidad más empresaria, más "progresista". También hay que tener en cuenta el estilo de administración del campo y la estrategia financiera-productiva adoptada. Mientras algunos productores cuentan con toda la infraestructura necesaria (maquinaria para la siembra y la trilla, camionetas, galpones, etc.) y se expanden en la búsqueda de economías de escala dados los altos costos fijos, otros tercerizan al máximo, aprovechando la presencia en la zona de contratistas para cada una de las labores: siembra, cosecha y fumigación. En términos de expansión, también las estrategias son muy diversas: desde quienes han crecido muy lentamente y sobre todo en base a capital propio, y quienes han crecido rápidamente, acudiendo al endeudamiento bancario.

El nuevo paquete tecnológico: la siembra directa

Hacia mediados de la década del '80, la soja empieza a sustituir al poroto en Anta. El poroto había sido hasta entonces el cultivo por excelencia, pero el precio del grano era un albur. Y en cuanto a rendimientos, aunque el poroto requiere menos humedad que la soja convencional, también había altibajos con los cambios de precipitación. El poroto, un cultivo absolutamente regional, apenas si contaba con un programa de investigación del INTA local, mientras que la soja contaba con un paquete tecnológico probado y validado en la región pampeana.
Los principales problemas agronómicos en Anta para el cultivo de cereales eran el estrés hídrico, que se acentuaba en años secos, y el hecho de que el suelo quedaba al desnudo en la época del cultivo, expuesto a las altas temperaturas y a las lluvias de verano, que en pocos años iban lavando el suelo. Las ventajas del paquete tecnológico eran obvias entonces: disminuía el riesgo climático, garantizando la productividad; permitía recuperar los suelos, que hasta ese entonces se degradaban crecientemente; tratándose de un cultivo con un mercado más estable, permitía prever una cierta rentabilidad y un manejo empresarial más eficiente (ahora el productor podía proyectar sus rendimientos); simplificaba el proceso productivo, ahora más rápido y mas eficiente, abaratando los costos de producción; las empresas que proveen los insumos (semillas, agroquímicos) y la maquinaria siguen desarrollando o validando la tecnología, dando un soporte técnico al productor e introduciendo mejoras que permiten abaratar aún más los costos y se daba la posibilidad de expandir la frontera agrícola a zonas mas áridas (hasta los 500 mm)
Como era de esperar, y dados los menores requerimientos de laboreo, la siembra directa también significa un menor requerimiento de maquinaria. Sin embargo, la maquinaria para la siembra directa es más compleja y más costosa, lo cual abre un mercado para los contratistas. Pese a ello, no todas han sido ventajas con la siembra directa, como analizaremos con más detalle: la siembra directa supuso una nueva alteración del ecosistema, con lo cual aparecieron nuevas malezas y sobre todo nuevas plagas y enfermedades, lo cual implica el uso de herbicidas y plaguicidas en grandes cantidades y con gran impacto en el ambiente; la creciente dependencia de las semilleras, que sacan al mercado nuevas variedades con mejor potencial o resistentes a nuevas enfermedades; el requerimiento de mano de obra es muchísimo menor. Lo que puede haber favorecido la rentabilidad empresarial ha significado desempleo y un mayor empobrecimiento de la zona.
El paquete tecnológico, como hemos podido observar, sigue siendo muy dinámico. Ya no son los tradicionales generadores de tecnología (la Universidad, el INTA) quienes brindan la asistencia técnica; ahora son las mismas empresas de agroquímicos y semilleras, así como las cerealeras presentes en la zona (Monsanto, Cargill, Dekalb, Continental, Pioneer, Zeneca).

Ocupación y pulsos de la expansión agropecuaria

Buena parte del departamento de Anta, y en especial el área de expansión agropecuaria, se ubica en el llamado “Umbral al Chaco salteño”, una franja con orientación norte-sur y de transición entre las laderas orientales y húmedas de los Andes y la llanura chaqueña árida.
En términos de historia ambiental, podemos distinguir cuatro grandes periodos: la ocupación del Umbral, a partir del siglo XVIII, cuando se forman las grandes haciendas ganaderas; la etapa de la explotación forestal del Umbral, que cobra dinamismo hacia 1920-1930 con la llegada del ferrocarril; la primera expansión agropecuaria, que se inicia hacia 1965, con masivos desmontes para el cultivo básicamente de poroto y que parecía cerrarse con una inevitable degradación ambiental; una segunda expansión, que situamos alrededor de 1990, esta vez para la producción de soja, que utiliza este paquete tecnológico de punta, basado en la siembra directa y que significará un nuevo desplazamiento de la frontera agrícola en tierras antes ganaderas o marginales.
Los factores que explican la primera expansión agropecuaria (1965-1990) en el Noroeste Argentino, y en especial en Salta, han sido ampliamente descritos por varios autores, y sólo los enumeraremos aquí en forma resumida: un ciclo de años más húmedos, favorable a la producción de granos; la existencia de buenos precios en el mercado internacional, tanto para la soja como para el poroto; el muy bajo precio de la tierra, que permitió que en los mejores años tanto la tierra como el costo del desmonte necesario para habilitar la tierra para el cultivo pudiera pagarse con las primeras cosechas y, finalmente, las políticas de subsidio del gobierno nacional (Ley 22211/80), que con el argumento de promover la puesta en valor de zonas áridas y semiáridas, otorgó ventajas impositivas y crediticias que hicieron aún más atractivas las inversiones.
En términos ambientales y productivos, sin embargo, el éxito fue invariablemente de corto plazo: una vez aprovechada la fertilidad natural acumulada, los suelos se agotaban rápidamente, decaía la producción, los campos eran abandonados o dedicados a una ganadería extensiva y se procedía a desmontar nuevas superficies, repitiéndose el ciclo. A fines de los años '80, el panorama parecía más bien sombrío, y los estudios coincidían en señalar la insustentabilidad ambiental y productiva del modelo, el agotamiento de los suelos y el progresivo abandono de los campos.

En busca de la vida perdida

2009-11-23T05:51:00.000-08:00

Drogadependencia

En las Jornadas de Violencia que organizó el S.A.Vic. ( Servicio de Asistencia a la Víctima) en la Provincia, la Psicóloga Irma Lidia Silva expresó que los diarios y revistas que hablan sobre los temas más candentes de nuestra actualidad, tales como el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y las drogas, no sólo estigmatizan a los jóvenes sino que también se les niega la posibilidad de escuchar su opinión sobre lo que les está ocurriendo, desaprovechando así una importante fuente de información que apunte al cuidado de su integridad física y moral.

Por M.C.

Seguramente José Lamas (nombre ficticio que preserva la identidad del entrevistado) se sorprenderá al leer esta nota, en la cual se verán reflejadas sus experiencias de vida, porque tal vez no pueda creer que pasó por el terrible infierno de las drogas. Probablemente le cueste reconocerse como esta persona que ha vuelto a la vida. Sabe, también, que su rehabilitación durará el resto de su vida, y que todos los días es un nuevo triunfo, un paso que lo aleja un poco más del sufrimiento que experimentó estos años. La oficina de su hermano, lo que según él lo hace sentirse a gusto, fue el lugar de encuentro. Cuando lo conocí, pude notar que era un joven de clase media alta, y resaltó que sus padres son separados, su mamá profesional, su padre comerciante y que tiene dos hermanos. José es el del medio. Repite a lo largo del diálogo su intención de ayudar a quienes tengan el mismo problema que lo golpeó duramente.
José comenzó a consumir alcohol a los 14 años, y me asegura que fue su puerta de entrada a las drogas, con las cuales tuvo su primer encuentro a los 16 años. Marihuana, cocaína, psicofármacos, LSD y pasta base, son las sustancias de las que se hizo dependiente. “Te sentís un Dios pero no enfrentas la realidad, uno busca escapar de sí mismo porque no te sentís útil ni lleno…La droga te muestra dos caras, una del enamoramiento, en donde te satisface la sustancia, pero la otra cara la droga te maneja, no podés dejar de consumir, no podés salir solo”, comenta. Su familia comenzó a sospechar de su comportamiento hostil y de su aislamiento, sus salidas y embriaguez habitual. Cuando por fin se enteraron de que José era adicto, significó un dolor muy grande, pero no dudaron en ayudarlo. José encuentra en “cuestiones sociales como la adolescencia y la marginalidad, y en factores personales tales como la falta de límites, de contención, la angustia y la depresión”, las causas de su ingreso en el mundo de las drogas. Las consecuencias fueron dolorosas: perdió sus afectos, su libertad, la conciencia, la razón, los valores, el vínculo familiar, la confianza, el amor, el respeto hacia padres y hermanos. Perdió, en definitiva, su vida saludable y tranquila, en la cual trabajaba, hacía deportes, tenía metas, sueños y objetivos.

Los años duros
Ya inmerso en el torbellino de las drogas, pasó lo peores momentos de su vida. “Terminé viviendo en la calle, durmiendo en plazas, mendigando, muy tristemente. Lo más duro de las drogas es que te quita los sueños, los proyectos, te quita todo….te quita los afectos….Uno con la droga no sólo se destruye uno mismo, sino también a todo el ámbito familiar, es por eso que se denomina a la familia como co-adicta. La droga es un problema de todos, un problema social. Hay muchas personas que creen que un adicto sólo surge de la marginalidad económica, pero la droga está en todos los ámbitos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres”
José no espera a que le pregunte, y me brinda su opinión sobre la relación entre las drogas y la delincuencia. Sabe que hay muchas personas que identifican a la delincuencia con las drogas (según el Mapa de la Discriminación del INADI, el 62% de las personas encuestadas en Salta piensa que la mayoría de los drogadictos son delincuentes; el 61% está total o parcialmente convencido de que la mayoría de los delincuentes no tiene recuperación), pero expresa que si bien es una realidad que hay delincuentes que se drogan, y que son los más difíciles de tratar desde el punto de vista terapéutico, también hay adictos que no delinquen: “Yo no delinquía, yo vengo de una familia en la cual me enseñaron valores desde chico”. José, a diferencia de otros, tenía medios para sustentar su adicción, por lo que le pregunto si hubiese delinquido si habría carecido de ellos: “Y, sinceramente no lo sé. En un momento dado, yo viví en la calle y conocí gente delincuente que me ofreció ir a delinquir… Yo realmente prefería pedir, nunca se me ocurrió delinquir porque yo sé cuál es el camino: la cárcel.”

El largo camino de la recuperación
La opinión de José coincide con la de un sinnúmero de argentinos, que piensan que “muchos políticos hacen oídos sordos a madres desesperadas que piden por la rehabilitación de un hijo, la cual debe llevarse a cabo en un centro de rehabilitación. Sin embargo, es absolutamente necesario que el adicto tenga ganas de salir de esto, no que vaya por fuerza de la Justicia o empujado por los padres, sino por una decisión propia de querer cambiar el estilo de vida, empezar a vivir una vida diferente con límites, con sueños, con ganas de estar de la vereda del frente. En algunos casos extremos, lamentablemente no queda otra salida que judicializar la situación, y a través de un juez iniciar un tratamiento más allá de que el adicto no lo desee.”
El relato muestra lo extenso y dificultoso del camino hacia la recuperación. Cuenta que pasó por muchas instancias, que espera que su experiencia les sirva a las personas “para que no tengan que estar dando vueltas, sino atacar el problema lo más rápidamente posible”. Comenzó yendo a psicólogos, pasó por alcohólicos anónimos, por narcóticos anónimos, realizó tratamientos ambulatorios y estuvo en un neuro-psiquiátrico. Sin embargo, piensa que “el mejor tratamiento para un adicto es la comunidad terapéutica.” Aclara que “la familia no debe depositar al adicto, ya que precisamente la familia juega un rol imprescindible en la recuperación, durante el tratamiento y después del mismo, por ello es importante que se mantenga el contacto a través de visitas y llamados telefónicos. Las comunidades se tienen que basar en un modelo de estructuras firmes, el adicto tiene que empezar a saber lo que es un “no”, ya que la base del éxito para salir de las drogas son los límites. El adicto necesita un aislamiento de todo el entorno que lo rodea, éste es el primer trabajo que se hace. Mediante grupos de autoayuda formados con otros compañeros/internos se produce una ayuda mutua para poder vencer sus problemas, sus angustias, sus dolores. En la gran mayoría de las comunidades se trabaja con ex adictos rehabilitados, que actúan como operadores terapéuticos. Su papel es de gran relevancia, ya que son personas que vivieron las mismas experiencias que vivió uno. También es vital el trabajo con psicólogos y demás profesionales especializados. Luego comienza la reconstrucción de la estructura personal, que en virtud de la drogadependencia se ha visto aniquilada. Los adictos han perdido sus responsabilidades, horarios, higiene, por lo que hay que empezar nuevamente a formar a la persona, al hombre. A través de la comunidad terapéutica uno empieza a madurar todos estos aspectos y a sentirse diferente, útil, una persona con una vida por hacer.”
José ahora es otro y no duda en exteriorizarlo: “Estar internado no es lindo, pero da sus frutos. Yo lo puedo recomendar a la gente que se sienta mal, que no quiera seguir viviendo una vida de fantasías, de mentiras, de soledad y de dolor. Ahora me siento libre; me costó mucho pero tuve la decisión firme de recuperar mi vida y lo conseguí.”

Comunidades Terapéuticas

José describe las características de las Comunidades Terapéuticas en las que estuvo internado, expresando su opinión sobre cada una de ellas. Estuvo internado en las tres instituciones que mencionamos a continuación. Hace doce meses ingresó al Programa San Andrés, concluyendo la primera etapa del mismo. Ahora se encuentra en la segunda, de reinserción social. Para mayor información y contactos: http://www.manantiales.org.uy/home.php; http://www.betania.org.ar/; http://www.programaandrescba.org.ar/

“Manantiales”
Es una fundación sin fines de lucro de origen argentino ubicada en Buenos Aires. Tiene una sede en el Uruguay, en la localidad de Toledo, cercana a Montevideo, en la cual estuvo internado José durante cinco meses. Tiene capacidad para 60 personas, de diferentes edades y clases sociales. También ingresan personas de diferentes países. Es una comunidad con estructuras firmes, reconocida mundialmente por trabajar muy bien la parte emocional. Posee un alto porcentaje de adictos rehabilitados (alrededor del 30%). Para destacar un aspecto negativo se puede mencionar la escasa cantidad de profesionales para todas las personas que conforman la comunidad.

“Betania”
Ubicada en Cerrillos, Salta, cuenta con una gran estructura edilicia: cancha de futbol, vóley, pileta. La estructura de la comunidad no es fuerte según José. Hay mucha libertad para los pacientes. Trabajan de una manera diferente a Manantiales. “En un muy corto lapso, el adicto ya puede salir a la calle a enfrentar situaciones, y creo que ahí se equivocan. Al adicto hay que decirle que ‘no’, es una manera de ayudarlo. Dejar salir al paciente en tan poco tiempo genera que no tenga límites, que no sepa cómo actuar frente a distintas situaciones que se le van presentando”, sostiene José.

“Programa Andrés”
Es uno de los mejores programas para rehabilitación de adicciones del país. Ubicado en Córdoba Capital, tiene una capacidad para 27 internos. Posee una estructura muy firme en la cual se trabaja mucho con los diferentes grupos terapéuticos: de autoayuda, de convivencia, etc. Basado en un método creado por su fundador, Carlos Novelli, y pionero en las comunidades terapéuticas de la argentina, se centra en la historia del individuo. El proceso del programa se inicia con una entrevista, en la cual se busca averiguar el grado de compromiso de la persona que intenta ingresar. Se realiza también una serie de actividades recreativas: fútbol, natación, etc.

Los costos
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) otorga becas para quienes necesiten realizar tratamientos de rehabilitación. José tuvo una experiencia amarga con la beca que consiguió: “La beca te la otorgan una sola vez en la vida, pero yo fui tan irresponsable que la perdí… Si uno consigue una beca hay que aprovecharla. La beca tiene una duración de doce meses, o sea que con la beca se puede terminar el tratamiento”. Actualmente hay 800 jóvenes becados en todo el país. En el caso de los menores de edad, la SEDRONAR no entrega becas.
Los costos de los tratamientos son bastantes elevados. Van de $1.800 a $3.200 mensuales. Otro tipo de comunidades que trabajan con mayores comodidades, incluyendo terapias alternativas, por caso, equinoterapia, pueden llegar a costar $7.000 por mes. El caso de José, que se repite constantemente en otros jóvenes, incluye otros gastos: psicólogos y psiquiatras, quienes cobran un plus de $30 a $60 en el caso de que el paciente tenga obra social. En el caso de pacientes particulares, el costo de la sesión oscila entre los $150 y $300. Las Comunidades Terapéuticas no incluyen los gastos en elementos de uso personal de los internos, como ser higiene, vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas, etc. Deben incluirse los gastos en viajes, estadía y llamados telefónicos que representan la contención de la familia.
La cuota mensual de la internación de José en la Comunidad del Programa Andrés fue de $2.500 ($30.000 por año), una suma inalcanzable para la mayoría de los argentinos. Lamentablemente, los trabajadores de la SEDRONAR se encuentran en conflicto y movilización por la posible desaparición del organismo, lo cual llevaría a que se pierdan no sólo 400 puestos de trabajo, sino también la otorgación de las becas.

Renuncia de Farquharson
José está al tanto de la renuncia del secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farqhuarson. Considera que “los gobiernos provinciales y nacionales siempre han marginado el área de adicciones. La Argentina no tiene una capacidad operativa para enfrentar a la drogadicción. No se proveen los recursos necesarios, tanto humanos como económicos. Es imprescindible la creación de más centros y comunidades terapéuticas, ya que lamentablemente la drogadicción ha crecido de un modo impresionante en estos años, siendo la Provincia de Salta una de las más afectadas. La renuncia me parece correcta, porque para trabajar de una buena manera hacen falta recursos. Desde ya me parece errada la opinión de la nueva encargada del área, Lic. Roman Ru, en cuanto a que buscarán internaciones breves. Está demostrado en todo el mundo que la tasa de éxito en rehabilitación de adictos sólo se incrementa en el caso de internaciones prolongadas.”.

Estado ladrón, Grupo Macri cómplice

2009-11-23T05:48:00.000-08:00

JUICIO MILLONARIO

Privatización del 97 y reestatización de por medio, nunca se transfirieron las acciones participadas a los obreros del correo oficial. Desempleo, estafas y suicidios después, el Estado reconoció la “falta”, pero nunca hizo nada al respecto. Ahora se viene la vía judicial y una demanda masiva por “omisión”. Si callar es mentir, ¿omitir es robar?

Por Julieta Lucero

Ex agentes del Correo Argentino están preparando un juicio millonario a nivel nacional contra el Estado y contra el grupo empresario Macri por el 14 por ciento de acciones de propiedad participada que les pertenecen a los trabajadores y nunca fueron efectivamente implementadas por ninguno de los dos.
En Salta se reunirán esta tarde para terminar de acordar con el estudio de abogados que va a llevar adelante la demanda masiva. En el resto del país, ya firmaron los ex empleados de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de modo parcial las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa.
Desde su formación en 2006, la Asociación de ex Agentes del Correo Argentino salteña - que luego se replicó en distintos puntos del territorio argentino-, se reunió con funcionarios y legisladores nacionales y provinciales buscando una respuesta a la omisión de la propiedad de esos títulos en el contrato de traspaso de la empresa a manos privadas, que se convirtió, en definitiva, en una suerte de robo velado.
En el ámbito de Nación, el secretario de Comunicación de la Presidencia a cargo de la cartera en 1999 reconoció el “error”, pero aún así nada se hizo al respecto. Más acá en el tiempo, lograron plantear el reclamo en la Cámara de Diputados y ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En la provincia, antes de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, Juan Manuel Urtubey se comprometió a llevar el pedido de los despedidos de la gestión macrista ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos dijo en una mesa de café, como esta, que, si ganaba las elecciones, su despacho no iba a tener chapa, que iba a estar abierto para cualquiera que lo necesite. Pero después de eso nunca más nos recibió ni nos contestó ninguna nota”, afirmó el presidente de la Asociación, Rodolfo Rosas.
Agotadas entonces las vías administrativas, con intentos judiciales individuales aislados y estafas por parte de algunos gremialistas, la decisión que tomen esta tarde afectará a unos 250 salteños que fueron “limpiados” del Correo con la privatización, obligados a renunciar bajo la figura de “retiro voluntario”. De ganar el juicio, hombres y mujeres que hoy tienen muy pocas chances de entrar nuevamente en el mercado laboral recuperarían la dignidad y el capital que el Estado les quitó y el Grupo Macri aceptó.

Excedente
“Entrábamos a trabajar y no se sabía si seguíamos”, explicó Carlos Bejarano, secretario de la asociación, al referirse al sistema de despidos que dejó al 70 por ciento de la planta salteña del correo afuera de la institución. “Sabíamos que si nos llamaban a la oficina del gerente era para decirnos que éramos ‘exedentes’ y que nos iban a presionar para aceptar el retiro voluntario con el argumento de que si no lo hacíamos quedábamos en la calle sin nada”, relató.
El largo proceso que los llevó a esa situación comenzó el 29 de diciembre de 1992, con el decreto 2.793 y la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), conocida como Correo Argentino. El 1 de diciembre de 1997, a través de una concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, el Grupo Macri se hizo cargo de la administración del correo oficial tras el decreto del Poder Ejecutivo 262/97.
Con la ley 23.696 se creó el Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual el Estado entregó a los empleados del correo el 14 por ciento de las acciones. En 1998, cuando el servicio se convirtió en sociedad anónima, debía cristalizarse esa entrega. Estaba estipulado que sea a través de sucesivos decretos del Ejecutivo y que se sume un director con voz y voto de los empleados accionistas.
El proceso siguió. Gracias al decreto 1.560/98 se facultó a la Secretaría de Comunicaciones a confeccionar y aprobar el Formulario de Adhesión al programa, el Acuerdo General de Transferencia (AGT) y el Convenio de Sindicación de Acciones (CSA), hecho que ocurre finalmente en el 99. Ese año también se establecieron sujetos comprendidos en el PPP, se aprobó el listado de categorías profesionales de trabajadores y se excluyó del programa a la categoría de aprendices. Pero decretos van, firmas vienen, el Estado nacional nunca transfirió el paquete accionario a los obreros.
“Empecé cavando pozos, después fui cartero, mensajero y terminé como jefe de los carteros”, explicó Rosas, un hombre con una carrera dentro del correo que, al igual que a la mayoría de los trabajadores, el grupo Macri despidió sin siquiera la jubilación anticipada. “Se creó un clima raro dentro de la empresa. No sabíamos quién era compañero y quién no”, afirmó.

Vuelta al Estado
A fines de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner decretó el fin del contrato de concesión a la empresa y se formó una unidad administrativa a cargo de la conducción del Servicio Oficial de Correos, con el objeto de reorganizarse en un plazo de 180 días. Cumplido ese tiempo, se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), pero con un pequeño detalle: el artículo segundo del decreto 721/04 estableció que “el cien por ciento del capital de la sociedad que se crea pertenecerá al Estado nacional”.
Así, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se convertía en el tenedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Ministerio de Economía y Producción del uno por ciento restante. De los ex trabajadores y empleados del momento, ni noticias.
“Muchos de los compañeros se suicidaron. Otros se están muriendo de depresión”, confesó Rosas, que espera llegar a un acuerdo con los miembros de su asociación para poder acoplarse a la demanda a nivel nacional. “Creemos que hay más de un 90 por ciento de posibilidades de ganar”, afirmó.
“Hace poco, en un velorio, un actual ministro del gobierno provincial me abrazó y me dijo que las acciones eran ‘honoríficas’, nada más. Como si nos hubiesen regalado una heladera, por ejemplo, y no nos dejaran usarla, porque es sólo para mirar”, dijo indignado Rosas.
Primero empleados, después renunciados, más tarde estafados por abogados y gremialistas. Hoy, los ex agentes del Correo Argentino definen si se suman al camino judicial. Según el servicio metereológico y las previsiones de Rosas y Bejarano, señor ministro, señor gobernador, señora presidenta y señor Macri, parece que en el norte el clima se empezó a calentar y se va a necesitar litros y litros de agua fresca.

Convocatoria
La Asociación de ex agentes del Correo Argentino convocan a empleados y ex empleados a una reunión para tratar la demanda judicial contra el Estado y el grupo Macri. Será hoy a las 10, en el salón de la Asociación Jerárquica de Empleados Profesionales de la Comunicación, Córdoba 785.

El camino desde el Monte de Piedad

2009-11-23T05:44:00.000-08:00

Cuenta la historia que el Monte de Piedad tuvo un origen lejano, y un propósito entre solidario y justiciero: evitar los elevados intereses que se les cobraba a los más necesitados. Fue así como esta figura fue cobrando solidez, adquiriendo nuevos caracteres y afirmándose en el incipiente mundo financiero. Veamos a continuación, el camino recorrido a la fecha.

Por Gabriela Gutiérrez

Que las desorbitantes medidas económicas implementadas durante el menemato dejaron sumida a toda la sociedad en una situación compleja no es novedoso. Tampoco es revelador decir que el tejido social quedó destruido y la población sumida en un contexto de vulnerabilidad. Ahora bien, los modos de recupero económico de la ciudadanía y sus posibilidades de acceso a créditos capaces de activarlos sí lo son. He aquí una reseña de algunos habilidosos que venden espejitos de colores.

Con el correr de los años y la llegada del kirchnerismo al poder, sus primigenias medidas económicas y políticas fueron de a poco combatiendo, o al menos eso se decía, algunos de los nefastos efectos de los noventa, entre los cuales el desempleo se desprende como uno de los más graves y con las peores consecuencias.

El creciente grupo de desempleados aislados del sistema también se vio privado del acceso al crédito, quedando de esta manera en las márgenes de un sistema financiero que los excluía de la posibilidad de ampliar sus recursos o de hacer frente a nuevos emprendimientos.

La aparición de las microfinanzas en ese escenario ha permitido el acceso a novedosas líneas de crédito, destinadas a pequeños emprendedores que antes tenían vedada esta posibilidad. Algunas de estas líneas provienen del Estado- de ellas nos hemos ocupado en ediciones anteriores- , de organismos internacionales -cooperación internacional- y de entidades financieras privadas. Estás últimas han tenido un gran crecimiento en términos cuantitativos; en nuestra ciudad es fácil encontrar en la zona céntrica estas financieras.

De un tiempo a esta parte han irrumpido en la escena nacional y provincial una multiplicidad de estas entidades financieras pertenecientes a la esfera privada. Entre sus rasgos distintivos podemos destacar que se presentan como instituciones sumamente accesibles y capaces de otorgar créditos con una gran facilidad y una asombrosa rapidez. La sola presentación del recibo de sueldo, una copia del DNI y una boleta de servicios basta en algunos casos para ser considerado elegible. Superada la primera instancia de evaluación, se accede al monto solicitado a una velocidad inusitada. Hasta aquí, nada que reprocharles.

Ahora bien, en lo que refiere a los intereses que deben abonar los tomadores de crédito hay mucho para decir, puesto que son muy elevados. Marcela lo cuenta con palabras sencillas, la mirada algo perdida y esquiva, mientras controla el agua para el mate. A ella, como a muchos otros, llegar a estos lugares no le costó mucho, menos aún ilusionarse con poder afrontar, una vez obtenido el crédito, todas esas deudas que venía arrastrando. Sobre un total de tres mil pesos solicitados en una de estas entidades, Marcela devolvió unos $5.400. Le habían anunciado unos $750 de gastos, pero de los $1.650 restantes nadie le había especificado nada. Lo curioso de todo esto es que ella los encontró a través de Internet. Buscando en medio de esos días de desesperación, le pareció una buena idea consultar por ese medio. Y ahí estaban: solícitos y amables le indicaron un lugar al cual acercar la documentación. Una vez resuelta esta instancia, firmó unos papeles de letras chiquitísimas, y se retiró contenta. Setenta y dos horas más tarde los tres mil pesos estaban en su cuenta. La acrecentada deuda se descontaba a través de débito directo de su caja de –inexistentes- ahorros. Hace dos días que cumplimentó un plan de pagos cuasi eterno. Hoy asegura, sabe, que fue una decisión presurosa y equivocada.

Su historia es la de otros, como la de Nicolás, que ya contaba con una historia de varios créditos solicitados. Una financiera local, devenida en banco, le había permitido hacer frente en otras oportunidades a deudas, y al finalizar el último, le había hecho llegar a la casa una tarjeta. Recuerda que por ese entonces no sabía muy bien si era de crédito o de débito, pero el instructivo que la acompañaba indicaba los –muy-simples- pasos para obtener efectivo de los cajeros automáticos pertenecientes a la firma. Hizo una par de extracciones, y el drama llegó al momento del pago. Los intereses, a esta altura elevadísimos, y las respectivas transacciones efectuadas le dejaron una cuenta a pagar que se le hacía imposible de afrontar. Se presentó entonces en la financiera, indagando las razones de la desproporcionada deuda contraída casi sin darse cuenta. Ellos le dijeron que no había reparado en detalles casi obvios-para ellos-, que había ingresado opciones equivocadas y que debía cubrir ese gasto como fuera.

Magdalena tiene otra experiencia, y la relata con voz calma, mientras el ventilador va y viene con ruido suave; a medida que avanza su relato, ella se peina con los dedos como quien ordena la historia y le da perspectiva. Fue contactada hace poco por una vecina del barrio, que le ofreció la posibilidad de acceder a un préstamo a través de una financiera especialista en microcréditos. ¿Cómo resistirse a esa oferta? Si era lo que venía esperando de hace meses. Magdalena ya es experimentada en microcréditos, ha sido tomadora en el banquito –así denominan al Banco Popular de la Buena Fe- ; ahora enfrenta una encrucijada. Precisa el dinero, pero teme enredarse en algo complicado. Esta financiera le ofrece una modalidad que le es familiar: la del grupo solidario. Precisa reunirse junto a otras u otros emprendedores, unos doce aproximadamente, para poder acceder al crédito. Ella no lo toma a la ligera, recuerda bien lo que le costó afianzar su grupo en el banquito, las dificultades que enfrentaron, los avances juntas. Vuelve a acomodar el jopo al ritmo del ventilador blanco, y sentencia: “Ni loca me meto en esto”.

La de Magdalena no es una reflexión cualquiera. Es la de una emprendedora que ha visto “la otra historia”. La de la Economía Solidaria, esa que avanza a paso lento pero seguro. La historia que Magda conoce le enseñó que otra realidad es posible. Una en la que ella fue protagonista junto a otras emprendedoras. Ella bien sabe que es un camino largo, casi como el que siglos atrás se emprendiera con el Monte de la Piedad, pero no teme, apuesta, se juega y sabe que no está sola. La respaldan sus compañeras, la moviliza la ilusión y el compromiso. Desde siglos atrás, cuando se inició la labor del Monte de Piedad, se hace evidente que los matices son otros, que la brecha entre lo recorrido es enorme, pero hay mucho de ese principio de solidaridad y de justicia que busca evitar las redes de la usura y brindar acceso a nuevas oportunidades en la Economía Social. Esa nueva economía que hoy se palpita como una realidad concreta.

Monte de Piedad

Los Montes de Piedad (del italiano Monte di Pietà) eran entidades benéficas donde los pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias y así satisfacer sus necesidades más primarias.
Nacidas en el norte y centro de Italia en el siglo XV, la iniciativa de los franciscanos nació como una forma de combatir la usura. Los primeros montes de piedad fueron establecidos desde 1462 a 1490 en Perusa, Savona, Mantua y Florencia.
En esa época era usual que los prestamistas cobraran intereses altos por los créditos: eran del orden del 20% al 200%, con lo cual el acceso al crédito estaba vedado o era muy restrictivo en cuanto al pago de los compromisos o estaba a merced de la usura para los agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y los pobres. La palabra Monte hacía ya referencia a una caja pública o a una masa metálica de dinero. Las ciudades- estado italianas habían instaurado Montes desde el siglo XII para afrontar necesidades financieras o de obras públicas. La denominación de Piedad (di Pietà) se agrega para diferenciarlas de otros tipos de Montes, ya que cumplían fines caritativos y benéficos.
Los Montes de Piedad atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos gratuitos sin interés, garantizados con alhajas y ropas, e intentando con ello suavizar los abusos de la usura. Para conseguir su finalidad, el Monte de Piedad necesitaba recursos, que obtenía sobre todo de la captación de depósitos en metálico. También obtenía fondos provenientes de limosnas, de ayudas de la Corona y de celebraciones religiosas. Con ello se formaba un fondo común.
No obstante, estos recursos pronto se manifestaron insuficientes y se hizo necesario cobrar intereses, hecho que supuso críticas dentro de la Iglesia Católica. Estas críticas no serían atemperadas hasta que el Concilio de Letrán en 1515 admitió la posibilidad de establecer un moderado interés por los préstamos prendarios. El Concilio de Trento (1545-1563) proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad.
En el siglo XVIII, los Montes de Piedad estaban patrocinados por la iniciativa real, manteniéndose la inspiración benéfico-religiosa de su funcionamiento. En Francia no se establecieron Montes hasta 1777, pero la Revolución destruyó la especie de monopolio que ejercía aquel establecimiento y de ahí la aparición de innumerables cajas de préstamos en que se cometían enormes usuras.
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Sólo los negocios gozan de buena salud

2009-11-23T05:42:00.000-08:00

Hospital Oñativia

La conducción del Hospital Oñativia está siendo duramente cuestionada por los profesionales. Al pésimo estado del nosocomio y los bajos sueldos, se suman críticas a convenios y contratos que van en detrimento de la institución y favorecen el bolsillo de unos pocos, parados a los dos lados del mostrador.

Por Daniel Medina

Las 36 fotos que se encuentran en la página web del Hospital Oñativia fueron sacadas con sumo cuidado: esta vez, el arte nacido para retratar la realidad tuvo como único objetivo ocultarla. Ni las cucarachas, ni los azulejos rotos, ni la suciedad en los pisos, baños y consultorios, ni los enchufes destruidos y que pueden electrocutar a cualquiera –todos padecimientos diarios de los profesionales y pacientes- se pueden ver en esas imágenes. Mucho menos visible es la carencia de medicamentos básicos para diabéticos y para aquellos con problemas de tiroides, que sí se sufren en el día a día.
Hay otras circunstancias que un buen observador podría percibir en la fotografía de un hábil fotógrafo, si es que éste simplemente gatillara, sin invitar a la pose, para poder captar realmente el instante. Por ejemplo, se haría evidente el amplio malestar de los médicos por los bajos sueldos, por la falta de elementos básicos de funcionamiento, porque los baños son nauseabundos o porque la mayoría no tiene ni dónde cambiarse ni oficina, y se pueden encontrar hasta consultorios con agujeros en el piso.
Otro ingrediente de la bronca que vienen acumulando los profesionales es que el pésimo presente del hospital sólo se puede entender a partir de una serie de medidas erradas que tomó “el gobierno de facto”. Así denominan en los pasillos de “El bocio” a la gerencia que asumió a fines de 2007, en concordancia con el cambio en la gobernación provincial. Poco antes, el hospital había llevado a cabo sus elecciones. El Dr. Ernesto Saravia Day, quien actualmente desempeña el cargo de Gerente General, fue uno de los tres candidatos. Y salió tercero. Pero ahí entró a jugar su papel el Ministro de Salud de la provincia, y lo designó. A su manera, fue una forma de darla la razón a la Biblia: los últimos serán los primeros.

Los negocios

La nueva gerencia, encabezada por Ernesto Saravia Day y con Marcelo Pedro Nallar como subgerente, tomó distancia de los empleados (sólo se puede llegar a ellos a través de un portero eléctrico); se ha aislado. Y desde ahí se arman los negocios, que van en detrimento del hospital y sólo favorecen a unos pocos. El hospital se ha convertido en un reducto, donde cuatro o cinco hacen negocios, y donde la única forma de hacer plata es llevándose bien con la conducción, se comenta en los pasillos.
Por eso hay bronca. Y ésta, que se viene acumulando de manera silenciosa en los trabajadores del nosocomio, se agravó el día 24 de junio de este año, cuando la gerencia firmó un contrato de gestión de servicios de transplantes, contrato que los demás trabajadores observan como otra maniobra que hundirá aún más a este hospital de autogestión y sólo llenará los bolsillos de un puñado. La situación es extremadamente anómala: hay un par de médicos que se encuentran de los dos lados del mostrador: son los contratantes y los contratados al mismo tiempo. Y, para que esta nueva función pueda desarrollarse a pleno, deberán construir toda una nueva ala, para la cual ya se ha tomado un préstamo, aparentemente de un organismo internacional.
Se presume que en el contrato el hospital se comprometió a entregarle a la empresa “Transplante Renal Salta SRL (ETRS SRL) el lugar acondicionado para que se preste el servicio de Transplante Renal, con una Unidad de internación que deberá ser acondicionada por la empresa contratada, lo cual le dará la exclusividad para su uso. El hospital, además, aportará los dos quirófanos reglamentarios, la Unidad de Terapia Intensiva y los consultorios de seguimiento ambulatorio necesarios para el normal funcionamiento del servicio. Y también pondrá el personal de enfermería, maestranza y mantenimiento, ropa de cama, alimentación de los pacientes, esterilización, etc.
Además, el servicio de emergencia del hospital cubrirá las urgencias que se presenten fuera del horario habitual de trabajo, contando obligatoriamente con el apoyo pasivo de los integrantes del Equipo de Transplante. O sea que los mal pagados médicos tendrán más trabajo, el cual deberán hacer sin cobrar un adicional económico.
Todo servido para la empresa. Incluso hay un ítem que protege un poco las arcas del hospital, pero sólo para asegurarle a los privados que recibirán su dinero. Se explica allí que, en caso de que la internación supere los 21 días por determinadas complicaciones, será entonces “el financiador” (léase Ministerio de Salud Pública) el que se hará cargo de los costos.
Lo que sí saldrá del bolsillo de la empresa es el pago de los honorarios del equipo médico quirúrgico necesario: nefrólogos, urólogos, cirujanos, anestesistas e instrumentistas.
El contrato firmado ese 24 de junio tiene un plazo de diez años, prorrogable automáticamente por períodos iguales. Por eso la bronca. Porque el Hospital Oñativia es de autogestión, lo más cercano a una cooperativa, y las decisiones de la actual conducción, con contratos de este tipo o los convenios firmados con la municipalidad capitalina, ponen al nosocomio al borde del abismo. Todas las decisiones se toman sin consultar a nadie: sólo dan, como mucho, un aviso de lo que ha pasado.
En el caso del contrato para los transplantes, la conducción ha tratado de abrir el paraguas, diciendo que si sobra plata va a ir a la productividad. Por su parte, los profesionales que sostienen en pie al Oñativia saben que nunca puede sobrar plata, porque los gastos de esta prestación son enormes.
Una sola certeza tienen los profesionales del lugar: este saqueo no se podría estar llevando a cabo sin la complicidad del Ministerio de Salud.

Necesidad y Urgencia… de control Legislativo

2009-11-23T05:37:00.000-08:00

Emergencia Económica

Próximamente se cumplirán veinte años desde que se sancionó la emergencia económica en nuestra Provincia, la cual, año tras año, viene prorrogándose por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) emanados del Ejecutivo y convertidos posteriormente en leyes ante el silencio de la Legislatura para su tratamiento.

Por Gabriel Sánchez

En efecto, la Constitución Provincial prevé que el DNU, luego de ser enviado a la Legislatura para su aprobación o rechazo, y sin que la misma se expida en un plazo perentorio de 90 días, quedará convertido en ley. Es lo que se conoce como “aprobación ficta” de una norma, y que se produce ante el silencio de ambas cámaras.
La aprobación ficta de una ley está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, pues el constituyente acertadamente consideró que es contraria a la esencia de un órgano deliberativo, al republicanismo -ya que impide el control de los actos de gobierno y concentra en el Poder Ejecutivo facultades del Legislativo- y viola la obligación irrenunciable del ejercicio de su competencia, la cual implica debatir sobre la oportunidad, el mérito y/o la conveniencia de la sanción de una norma que incidirá en los derechos de los ciudadanos.
El agravante de dicha práctica está en que, en el orden provincial, los DNUs pueden versar sobre materias de competencia legislativa sin excepción alguna (a nivel nacional se prohíbe que versen sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos), y además porque son una herramienta que concede al Ejecutivo amplias facultades en materia social, económica, administrativa, financiera, etc., puesto que, al menos en teoría, se dan en un marco de necesidad y urgencia, y en el caso que nos ocupa, a raíz de una emergencia económica.

Las etapas en Salta

La emergencia económica y administrativa en nuestra provincia fue establecida en marzo de 1990, durante el gobierno que encabezó el justicialista Hernán Cornejo, a través de la ley 6.583. Pero la Legislatura salteña también sancionó, en el año 2000, la ley 7.125, en la cual la provincia se adhirió a la ley nacional 25.344, que declaró en emergencia la situación económica financiera del Estado nacional. Esta ley nacional establece pautas para contratos del sector público nacional, relación de empleo público, juicios contra el Estado nacional, consolidación de deudas y también determina mecanismos para el saneamiento de la relación económica financiera entre el Estado nacional y las provincias, como también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 5.074, dictado por el Gobierno provincial el 7 de noviembre de 2008 y convertido en ley N° 7.558 en febrero de este año, y por cumplirse el plazo constitucional sin ser tratado por la Legislatura, prorrogó por un año más la declaración de emergencia de la provincia, con los argumentos de “que el régimen establecido (es decir la emergencia), a través de la ley 6.583 y sus sucesivas prórrogas, se encuentra vigente”; “que aún resulta necesario mantenerlo para asegurar la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados” y “que debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración”.
Ahora bien, lo que en ningún momento aclara el Decreto es cuáles son las razones de necesidad y urgencia que ameritan el mantenimiento de medidas como ser la suspensión de subsidios, subvenciones, beneficios tributarios y regímenes promocionales (con algunas excepciones), la prohibición de contratación o ampliación de personal salvo casos de extrema necesidad, la declaración de emergencia administrativa, de los servicios públicos y la ejecución de los contratos, de las obligaciones exigibles, régimen de contención del gasto público, etc. Y es que lo único que argumenta es que el estado de emergencia dictado dos décadas atrás aún se encuentra vigente, sin aportar ningún hecho político, económico o social que lo justifique. De esta manera, el concepto de “necesidad y urgencia” que contiene la Constitución deviene en una cláusula o expresión vacía de contenido, dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueve libremente y sin restricción alguna.
Es por ello que nuestros representantes parlamentarios deben ejercer el rol para el cual fueron elegidos y abrir el debate en torno a si se dan o no actualmente la concurrencia de ciertos hechos de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad, que justifiquen la emergencia económica y la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, como es el caso de los DNUs. Ya que, de no darse tales hechos, la Legislatura pondrá en evidencia una práctica abusiva y arbitraria de los mismos. Y en caso de que tales hechos sí se den, se podrá verificar si la emergencia se debe a factores exógenos (como ser crisis económicas externas) o a una inoperante administración local, que exigiría una interpelación a los responsables políticos para que rindan cuentas a la comunidad toda.

Argentinos de segunda

2009-11-23T05:10:00.000-08:00

Un genocidio a fuego lento está diezmando a gran parte de las comunidades aborígenes del norte argentino. Los datos oficiales señalan que en la provincia un porcentaje superior al 57% de esta población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Los altísimos índices de mortalidad infantil, materna y de desnutrición en el caso de la comunidad Wichí, pueden explicarse apelando a dos factores: no tienen monte para cazar y conservar formas de vida ancestrales, y también se ven privados de los servicios sanitarios básicos. Hoy subsisten mediante planes asistenciales.

Por Eva Sibila

Durante los cortes de ruta en los que miembros de distintas comunidades wichís mantenían aislado al departamento San Martín, escuché que un periodista afirmaba que el dirigente que lideraba la medida quería plata, que con 1.200 pesos lo arreglaban. “Qué raro”, pensé. Si fuera tan barata la cosa, esto no estaría sucediendo. Pero él seguía insistiendo en que eran vagos, borrachos, piqueteros, sucios y coimeros.
Más allá de los prejuicios, los registros oficiales marcan que en Salta más del 57% de los aborígenes padece hambre y no tiene acceso al agua potable. Cercados por los monocultivos de soja y maíz, a los wichís sólo les queda recolectar bolsones sociales y, por supuesto, la dependencia absoluta de los punteros políticos.
Esta política nefasta no hizo más que incrementar la indigencia y la muerte. La mortalidad infantil actualmente triplica la media de otras poblaciones en la provincia. Según los médicos y agentes sanitarios que tratan con estas poblaciones, los aborígenes son reticentes a asistir a los servicios de salud y, cuando lo hacen, la situación del enfermo es grave.

Una mirada más profunda

Indagando sobre este problema específico, accedí a una investigación realizada entre 2002 y 2003 en el departamento Rivadavia Banda Sur por la psicóloga Elfi Jockers, de la cual se desprende que la desvalorización de la cultura Wichí deja poco espacio a la integración y genera dificultades de comunicación entre la perspectiva de los aborígenes y la de los servicios de salud.
“Se trata de erradicar costumbres y de instaurar nuevos hábitos. Lo curioso es que demasiadas veces se desconocen cuáles son esas costumbres a erradicar, y se desechan sin conocer”, señala en su ensayo la especialista en Salud Pública. Siguiendo este análisis, se enumeran como componentes de la no salud factores como la falta de tierras, la discriminación, la pérdida del monte, la contaminación y la pérdida de las costumbres.
Las mujeres mayores de estas comunidades atribuyen los problemas sanitarios a la ausencia de los cuidados tradicionales que evitaban la enfermedad y que implicaban no consumir determinados alimentos, restringir esfuerzos, permanecer unida al esposo, evitar traslados, mantener al recién nacido en el rancho y evitar asustarlo, entre otros.
Si bien las estrategias del sistema de Atención Primaria de la Salud han logrado disminuir muchas enfermedades, la imposición de saberes generó otros problemas: “perdida la integridad de la cosmovisión, pasan a depender del Estado, que a través de sus instituciones no se cansa de considerarlos inferiores, convirtiéndolos en mendigos.”

Al modo de los conservadores

Aquellas mujeres patricias, madres y esposas de los hombres “esclarecidos” de la Patria, fueron quienes en las primeras décadas del 1800 fundaron las sociedades de beneficencia. No pedían igualdad de derechos: daban limosna. Las damas no querían perder sus privilegios, juntaban fondos para que a los pobres no les faltara polenta.
Hoy, como en aquel tiempo, la señora gorda que pedalea en su bicicleta fija se ofusca porque los piqueteros se están organizando en cooperativas y están accediendo al salario para sus hijos. Ella quiere más seguridad, quiere que los niños pobres estén presos y que los indios trabajen, que no sean vagos, que no pidan todo de arriba.
Al borde del colapso, la señora de clase media alta salió con la cacerola de teflón a repudiar a la Presidenta cuando impuso las retenciones a la soja, “porque a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo”, y mucho menos para repartir la plata con los pobres, porque “ellos se la van a gastar en vino”.
Al parecer, está prevaleciendo el pensamiento típicamente neoliberal del “darwinismo social”. Así se plantea crudamente la defensa irrestricta de los privilegios de clase frente a la desigualdad y se considera a los pobres desde el punto de vista estrictamente caritativo. Dejen que los ricos ganen plata que rebosa hacia una pequeña clase media…..y generemos una gran institución tipo “Cáritas” para distribuir lo necesario para asistir a los pobres. En pocas palabras, estamos retrocediendo 100 años en las concepciones sociales.

Cercanías

2009-11-23T04:51:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

Algunos de los que habíamos militado en la izquierda universitaria durante los noventa, volvimos a la UNSa después del 2001 como profesores. Algunos de esos algunos sentíamos la necesidad del gesto obligatorio, o políticamente correcto, de volver a militar. No se pudo; al menos no como había sido en la etapa estudiantil. Las viejas compañías ya no estaban. El “Frente Amplio”, una alianza de militantes que provenían de la izquierda y peronistas históricos que habían destronado a la Franja Morada de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, era un recuerdo mal guardado por la organización que la sucedió: Oktubre. Y no sólo estábamos solos. El país había explotado, la situación social y política era otra, y mientras tanto nuestra nueva condición de docentes nos llevaba a otros ámbitos de participación. Algunos optamos por emplear nuestra disciplina, la Historia, como espacio de compromiso social. El estudio de lo que había ocurrido en los 60 y los 70, la necesidad de revisar un periodo que el alfonsinismo había convertido en una disputa entre dos demonios, escrito desde la idealización o la demonización de las organizaciones populares, se convirtió en nuestro campo de militancia. Fundábamos revistas, organizábamos charlas, y mientras hacíamos todo aquello admirábamos el novedoso paisaje militante estudiantil. Un grupo era llamativo. Lo conducía un estudiante de rasgos claramente teutones. Era Gustavo Farqhuarson. Solía pasearse acaloradamente por los patios cercanos del viejo edificio de la Facultad de Humanidades, seguido de otros estudiantes. Formaban la agrupación “Venceremos”. A mis clases de Historia Colonial asistían algunos. Los más, participaban apasionadamente de ellas; los menos, tenían una actitud contemplativa. Una vez, dos profesores que habíamos hecho del estudio de los 60 y los 70 casi una disciplina, recurrimos a ellos. Fue cuando trajimos a un militante importante de Montoneros en los 70. Hablamos con Farqhuarson y acordamos: la “Venceremos” convocaría estudiantes y se anotaban como co-organizadores del encuentro. El día del encuentro no aparecieron. La Venceremos era así, desconcertante. El teutón también. No participaban de las elecciones estudiantiles; había semanas que protagonizaban actividades febriles y otras en donde no aparecían por ningún lado. Después me lo explicó el propio Farqhuarson: convocaban simpatizantes, pero no para militar en la universidad, sino para trabajar en el “territorio”, intentando resolver las necesidades urgentes de los barrios cadenciados, como comedores, merenderos, centros de alfabetización, etc. A veces comunicarse era difícil, pero uno lo sentía cercano, un militante nuestro, parte de ese “nosotros” genérico que llamamos “movimiento popular”. Nos encontramos después de un largo tiempo. Algunas cosas habían cambiado. Me relató que a la militancia territorial le había sumado la militancia política. Que el nuevo nombre, “Libres del Sur”, respondía a esa orientación, dirigida a acumular fuerza y voluntades para llegar al Estado. Que “el Estado sí importaba”, que era el espacio de disputa entre las fuerzas políticas que todo lo mercantilizan, y aquellas que aspiran a redistribuir la riqueza y promover los derechos económicos y sociales de los estratos populares. Otra vez, uno lo sentía muy cerca.

Farqhuarson llegó a conducir la Secretaría de Lucha contra las Adicciones de la mano de su organización, y esta semana ha renunciado. El periodismo relató el hecho así: “Farqhuarson aseguró que había tomado la decisión de renunciar ante la falta de presupuesto para el área que conducía, y por la decisión de Urtubey de pasar la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Humano al de Salud”. Es cierto, pero difícil entenderlo en toda su dimensión sin analizar el proceso político del Gobierno actual, del que Libres del Sur forma parte. Repasemos los aspectos técnicos. La cuestión presupuestaria ha sido importante según el renunciante: hay un desequilibrio entre lo que se necesita para luchar contra las adicciones y lo que el Gobierno destina para la tarea. El detonante, sin embargo, pareció ser otro: la disposición de trasladar la Secretaría de Lucha contra las Adicciones del ámbito de Desarrollo Humano al de la Salud. el ex Secretario declaró que una decisión de ese tipo suponía “querer atacar las consecuencias del problema y no la raíz de fondo, que tiene que ver con problemáticas sociales” (Nuevo Diario 17/11/09). Aun cuando los especialistas podrían ilustrarnos mejor al respecto, la postura está lejos de ser antojadiza. Considerar a las adicciones como un problema de salud es, por lo menos, discutible. La medicina casi siempre busca dar una definición exacta de la enfermedad (en este caso las adicciones); encontrar una causa específica de la misma y dar un tratamiento adecuado que erradique las causas de la enfermedad. Y el problema es que las adicciones no parecen tener una causa específica. Menos aún una causa que tenga que ver con cierta falla del cuerpo, que un médico compondría como un mecánico compone un auto. Las adicciones son producto de una problemática social. Resulta imposible combatirlas sin comprender el fenómeno de la precarización de las relaciones sociales en las que se desenvuelve nuestra sociedad, en general, y la juventud, en particular: quiebre de las solidaridades sociales, laborales y políticas, que rompen hasta límites insospechados la experiencia de los individuos, dejando como único horizonte de vida la inestabilidad y la incertidumbre. Evitemos, sin embargo, reducir todo a cuestiones técnico– científicas. Razones políticas atravesaron todo el proceso. Serán menos visibles, tendrán objetivos no declarados por las partes, pero efectivamente existen. El Estado, “que sí importa” como espacio de disputa entre fuerzas políticas con proyectos distintos, está ocupado hoy por un gobierno que viene mutando a un ritmo acelerado. Ese gobierno, que llegó al Poder a través de una alianza entre actores que decían perseguir un cambio con respecto al anterior, protagoniza hoy una metamorfosis irreversible: abandona el programa original, y se asienta en un PJ que, aportando a Urtubey un numeroso equipo de funcionarios político-administrativos que garantizan gestión y búsqueda de votos, pide a cambio mayor poder y aislamiento de las fuerzas que conformaron el Frente del 2007. Mientras eso ocurre, se consolida una tendencia conocida: debilitamiento el Estado, procesos privatizadores, precarización del trabajo, desempleo, debilitamiento del consumo popular, marginalidad, adicciones, etc.Farqhuarson ha renunciado a ocupar ese espacio que él y su organización consideran crucial. Ha dejado un puesto importante y, a la vez, un trabajo. El dato no debería ser noticia, pero lo es en estos tiempos. Quedarse sin trabajo en un país como el nuestro es el mayor miedo de hombres y mujeres, una pesadilla obstinada. Adujo diferencias técnicas aunque, a no dudarlo, éstas responden a conflictos políticos entre su fuerza y el Gobierno. Anunció su renuncia en una conferencia de prensa el día lunes con un tono de voz del que ya era dueño en la universidad: un hablar despersonalizado, como si relatara hechos en los que él no fuera protagonista. La decisión, seguramente, no significará que su organización se apreste a transitar una etapa de crecimiento gigantesco ni, menos aún, que la relación de fuerzas que existe en la provincia entre las fuerzas del establishment y las progresistas vaya a equilibrarse. Significa, sí, que esa organización quiere protagonizar la realidad política local. Y uno vuelve, entonces, a sentirlo muy cerca. Como en aquellos años desdichados y llenos de fantasmas, cuando nuestro país se deshilachaba y nos angustiaba a todos. Podremos discutir sus razones, los tiempos que ha empleado y otras cosas, pero uno lo siente cerca porque ve en él un militante que la política tradicional no ha devorado. El militante no es un profesional remunerado, sino alguien que busca entregar lo más importante que ha ido acumulando y aprendiendo para la construcción de un mundo mejor, el que desea vivir para protagonizar el cambio, luchando por él, fundiendo la teoría y la práctica, la ética y la vida cotidiana.

Los coyotes blancos

2009-11-17T05:23:00.000-08:00

Empresarios cafayateños usurpan tierras indígenas

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial, que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de ayer en la ciudad de Salta, pero la Justicia falló a favor del empresario Ramiro Michel, autorizándolo a seguir trabajando en las tierras indígenas.

Por JGR

Además de la medida que favorece al empresario, la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a Nominación, a cargo del Dr. Antonio Pastrana, terminó imputando por el delito de usurpación al miembro de la comunidad diaguita Manuel Mamaní. Este último relató a Cuarto Poder, que se había apersonado a nuestra ciudad como delegado de las organizaciones indígenas. Relato también que las tierras de la discordia fueron el hogar de sus abuelos y padres, aunque finalmente todos esos antecedentes de nada sirvieron.
Todo terminó desencadenándose el día miércoles 11 de noviembre cuando, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron las siguientes: “Mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo…”

La ley y la fuerza

Acaecido el hecho, inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160. Conviene recordar que la Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan: este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”.
Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente sólo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.
Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día viernes 13 a las 10:00 en la ciudad de Salta, de la que Mamaní salió imputado.
Se trata de un hecho más, en el contexto de reiterados intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, que buscan aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario que iba acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad a manos de un empresario.

Otra vez sopa

2009-11-16T04:36:00.000-08:00

Presupuesto provincial

El pasado martes se aprobó en la Legislatura el Presupuesto Provincial 2010. Un análisis del documento, el origen de los recursos y el destino que pretenden darse a los mismos, permiten realizar una lectura preliminar de las concepciones económicas y políticas de la actual gestión, como así también las posibles medidas a implementar y el mapa de poder dentro de la administración. En el presente informe nos aproximamos a algunos de los datos más salientes que se pueden obtener de la lectura del mismo.

Por Alejandro Nieva

El Gobierno provincial, en el mensaje que antecede al proyecto del Presupuesto, atribuye el escaso incremento de determinadas partidas presupuestarias al supuesto incremento marginal de las transferencias provenientes del Estado Nacional, cercanas al 11%. Si bien este argumento puede tornarse verosímil al observar la transferencia nacional de “recursos corrientes” por coparticipación (dinero en efectivo sin condicionamientos en torno a su uso), un análisis más exhaustivo del presupuesto provincial nos permite aseverar que, tanto la participación del volumen de los aportes nacionales como provinciales no se han modificado en relación con el año anterior.
Dicha participación demuestra una marcada dependencia del Gobierno nacional, que se traduce en que el monto proveniente del mismo alcanza un 76% del total de recursos presupuestados para la Administración Central de la provincia. Es decir que, teniendo en cuenta otras partidas de recursos, tales como Transferencias de Capital (montos condicionados por el Gobierno nacional para su utilización en inversión de capital) y las Transferencias Corrientes, el monto girado por Nación se compensa hasta alcanzar los niveles de participación del año anterior, con la salvedad de que el incremento masivo de las transferencias de capital condicionan al gasto provincial, restricción que puede interpretarse como el motivo de cierto descontento de la administración local.

Transferencias Nacionales y Dependencia Provincial

Concepto 2009 2010

Coparticipación Nacional 2.811.404.548 3.132.407.200
Transferencias de Capital (condicionadas) 10.000.000 339.807.580
Transferencias corrientes 161.872.725 203.955.809
Total Recursos Administración Central 3.897.664.451 4.827.087.162
Participación Nación 76,54% 76,16%

En ese mismo mensaje puede entreverse el rol que el “redactor de Estado” le adjudica al mismo, en tanto tutor de los intereses de los particulares. Un resabio neoliberal que se confirma cuando vemos que, pese a existir muchas asignaciones que responden a las demandas de la sociedad civil (hospitales por ejemplo), el espíritu de gran parte de la legislación que se cita y el destino de los recursos es contrario a lo que se declama.

Prendados

Ese mismo documento reconoce como una fuente de financiamiento al endeudamiento. La partida “Endeudamiento Público e Incremento de Otros pasivos” muestra un crecimiento de 152 millones de pesos aproximadamente, pasando de 115.184.026 presupuestados para el ejercicio 2009, a 277.985.328 para el periodo 2010. Cabe destacar que el grueso de este incremento corresponde al endeudamiento de la administración central, lo cual representa una variación positiva del 140% en el curso de un año. Dada su magnitud, deteriora los márgenes de Sostenibilidad de la Deuda, es decir, su posibilidad de pago. Esto supone una situación poco saludable, ya que se pone en riesgo el pago de servicios de deudas futuras al incrementar el riesgo de default de la economía provincial. Esto puede verse en que el incremento de este pasivo es muy superior porcentualmente al incremento de los recursos propios (que se estima en tan sólo un 23%). Sintetizando, el crecimiento de los recursos provinciales es de un 23%, mientras el incremento de la deuda pública provincial llegó al 140%.

Digresión Ingresos Propios

Surge de la lectura del presupuesto 2010 una limitación importante en cuanto a la generación de recursos genuinos por parte de la administración provincial. Medidas tendientes a estimularlos deberían contemplar una reforma tributaria en el impuesto a las actividades económicas y al incremento de los cánones por los cuales se dilapida el patrimonio del Estado provincial.
Los ingresos propios del Estado provincial pueden dividirse en tributarios y no tributarios. Los primeros están relacionados con el cumplimiento de un impuesto provincial, mientras que los segundos contemplan lo obtenido por tasas, contribuciones y concesiones. La participación de los ingresos generados por el Estado provincial en el presupuesto 2010 es similar a la del periodo 2009, es decir, cercana al 24%. Dentro de este rubro, la participación de los ingresos tributarios es de aproximadamente un 70% y el de los no tributarios de un 30%. Los ingresos obtenidos por la percepción del impuesto a las actividades económicas representan un 82% de los ingresos tributarios, estimándose que las arcas provinciales percibirán por este impuesto en el 2010 un total de $675.495.206, contemplando un incremento muy apreciable, de un 33% con respecto al año anterior (podría ser mucho mayor en el caso de mediar una reforma tributaria).
Dentro de los ingresos no tributarios existen dos casos muy salientes, que demuestran el desprecio por la propiedad pública. Para tomar sólo dos casos, mencionemos que la explotación de Salta Forestal reditúa al fisco provincial solamente $1.500.000, mientras que se recibe por Regalías Mineras la ínfima suma de $500.000. Cabe aclarar que ambas actividades se encuentran exentas del impuesto a las actividades económicas y, por ende, la carga fiscal provincial sobre ellos es nula, pese a que resultan ser sectores que explican el 14% y 9% del PBG Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña) .

Transferencias de capital

Capítulo aparte merece el tratamiento de las partidas correspondientes a las transferencias de capital por parte de Nación. En el año 2009 se encontraban presupuestados solamente 10 millones para esta partida, mientras que para el año 2010 se contempla una transferencia de 339 millones aproximadamente. Estos recursos se encuentran condicionados, para su gasto, al incremento de bienes de capital, entre los que resaltan las obras de infraestructura productiva y social. Una importante participación de estos recursos presenta lo transferido en concepto “Planes de fortalecimiento”, destinados a mejorar la situación de la educación pública con una transferencia de 65 millones para los programas “Más Escuelas” y “Mejoramiento de Escuelas Técnicas”. Asimismo, 239 millones se suman por el Fondo Federal Solidario, obtenido por la coparticipación de una proporción de los derechos de exportación a la Soja.

Gastos, trabajadores y prioridades

Al analizar los destinos de los recursos disponibles, lo primero que llama la atención es lo que ocurre con los trabajadores del Estado. Resulta que, según el presupuesto destinado al pago del personal de la administración pública, se prevé un incremento de 416 millones de pesos, llegando a los $2.037.811.704. El mismo representa una disminución de la participación del gasto en personal en relación al año anterior, cuya magnitud fue de 44,1% (2009), estimándose que en el año 2010 será de un 42,6%.
Por el contrario, algunos volúmenes de transferencias sorprenden. Es el caso de los montos que corresponderán a la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor (SAETA) por 14 millones de pesos, llegando a 24 millones de pesos para el periodo en consideración. Esto representa un incremento del 140% sobre lo que se venía asignando a dicha institución, teniendo en cuenta que para el periodo 2009 las transferencias que se habían presupuestado eran de 10 millones. Cabe aclarar que las transferencias que se hacen a SAETA corresponden a partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El argumento es simple: la plata de educación y políticas sociales deben destinarse a SAETA para subsidiar las tarjetas sociales y estudiantiles.
En el caso de las transferencias a hospitales, el punto resulta muy llamativo. Podría decirse que el Estado sigue mostrando una mayor tutela a organismos con mayor poder adquisitivo antes que a los que dependen en mayor medida del Estado provincial. Esto se puede ver en la gran diferencia que reciben en el tratamiento los hospitales de Gerenciamiento Privado y los Hospitales de Gestión Comunitaria. En este punto, el Estado provincial planea destinar 105,5 millones a los primeros y tan sólo 44 millones a los segundos (los que se encuentran en una mayor dependencia de estas transferencias).
El incremento en las asignaciones a los primeros que llega a los 62 millones con respecto al año anterior, representa un incremento porcentual del 144% en un solo año. Tales porcentajes abren sospechas acerca de la posible transferencia al régimen de gestión privada de algunos hospitales públicos provinciales, o bien de la adopción de tal modelo al ya presupuestado Hospital del Sur. Por el contrario, en el caso de los Hospitales de Gestión Comunitaria, el aumento representó solamente 33,8%.

Coparticipación a Municipios

Pese a que la administración provincial le entrega a Nación la responsabilidad por el “poco incremento” de las partidas presupuestarias, la provincia parece hacer lo mismo con sus jurisdicciones municipales. La coparticipación estimada a los municipios por Ley de Coparticipación Provincial ha mostrado solamente un incremento de 36 millones de pesos, es decir un 9,4% de incremento con respecto al año anterior; esto significa que, mientras en el año 2009 los municipios recibían por coparticipación provincial 383 millones en su conjunto, en el año 2010 recibirán 419 millones.
El incremento corriente parece no estar exento de la misma crítica que en el mensaje precedente a la propuesta de presupuesto se le hace a Nación. Es más: en este caso, mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, esta incrementará las transferencias a los municipios en solamente un 9,4%. Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.
No obstante, se debe marcar que, como señaláramos al inicio, se incrementaron los fondos a transferir a los municipios a través de las transferencias de capital. Se trata de las sumas provenientes del Fondo Federal Solidario (coparticipación de las retenciones a las exportaciones de la soja) que ya se encuentra condicionado a la utilización en capital de la transferencia, aunque el mecanismo de transmisión es poco claro. Por una parte, si bien esta suma representa un incremento importante de las transferencias a los municipios de 119,5 millones de pesos, el mecanismo de transmisión no es transparente, dado que corresponde al “Ámbito Provincial”, es decir a discrecionalidad del poder ejecutivo provincial. Tal como puede observarse en el decreto 1.368, se explicitan los montos que van a ser destinados a cada municipio pero no se encuentran expuestos los criterios ni los prorrateadores adoptados en base a lo que se estipula distribuir, y por tanto es posible que este monto proveniente de Nación (e inexistente en la planificación presupuestaria del año anterior) se pueda utilizar como medida disciplinaria hacia los municipios.

Más rutas, menos casas

La estructura organizacional de la Administración Provincial muestra la existencia de dos organismos descentralizados, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad Salta. El primero tiene por competencia hacer frente a la demanda habitacional de la provincia, mientras que el segundo debe ocuparse de la infraestructura vial. Resulta de mayúsculo interés hacer un análisis del monto de las construcciones presupuestadas para cada organismo. Se puede observar, a grandes rasgos, que existe un incremento marginal en la transferencia a dichos sectores, pasando de 380 a 407 millones presupuestados para el año 2010, demostrando un incremento del 7,1%. Sin embargo, lo preocupante es la forma en la que participan de esta suma Vialidad y el IPV. En el caso del primero, muestra un incremento de 37 millones, mientras que el IPV muestra una variación negativa cercana a los 11 millones, contrario todo esto a la creciente demanda habitacional provincial.

Leyes de Promoción: primero los poderosos

Siguen sorprendiendo algunas partidas destinadas a los grandes grupos económicos. Una de ellas se denomina “Transferencia de capital a empresas privadas” y supone 40 millones de pesos (igual que el año anterior) destinados a gasto de capital, mientras que la partida “Transferencias corrientes a empresas privadas” representa seis millones. Se trata de partidas amparadas en las leyes 6.025, 6.064 y 7.124, cuyo espíritu es abiertamente neoliberal. Se encuentran dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, en el cual entró la provincia desde el año 1976, proceso aún en marcha. Es necesario señalar que se entiende por estímulo al crecimiento de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. La intención, al parecer, de este tipo de políticas es cambiar los incentivos de los inversores para que la alternativa de invertir en Salta sea más atrayente; sin embargo, esto no significa que sea necesario eximir de toda obligación a las actividades productivas y eliminar todo el riesgo económico al cual se enfrentarían en el caso de haber invertido.
Todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios, con lo cual se torna mucho más regresivo el sistema tributario provincial. La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo en aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades, como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados a la población de los municipios y a las “economías regionales”.
Del articulado de las leyes se extrae que el monto de la inversión en algunos casos (industriales, turístico) tiene que ser significativo, por lo general instalando una actividad nueva por completo o incrementar en un 40% las existentes, mientras otra de las actividades reguladas en esta caso por la ley 7.124, la actividad pecuaria, no necesita que la inversión realizada sea significativa; es más, ni siquiera precisa que se desarrolle la actividad en un predio propio, por lo que también contempla la posibilidad del arrendamiento.
Que la cuantía de la inversión sea significativa no implica necesariamente el tamaño de la empresa que la realice; sin embargo, se puede suponer que, dada la escasez de las fuentes de financiamiento y de la capacidad de las pequeñas empresas de acceder a las mismas, las empresas que serán beneficiarias de estas medidas serán en su mayoría aquellas que puedan solventar estas erogaciones con fondos propios, o bien aquellas que puedan mostrar indicadores de rentabilidad lo suficientemente altos como para acceder al crédito, sin dejar de lado a las personas físicas que puedan cumplir con estos requerimientos.
Las leyes anteriormente citadas tampoco especifican cuál debe ser la nacionalidad de las inversiones realizadas, y por lo tanto el beneficiario puede también ser extranjero. Entre los beneficios que establecen las leyes se encuentra también la obligación por parte del Estado de garantizar los préstamos tomados por los inversionistas.

Federalismo y politización

2009-11-16T04:30:00.000-08:00

Por Daniel Avalos

De un tiempo a esta parte, los municipios ocupan un lugar importante en la agenda política del Ejecutivo provincial. Pareciera que el federalismo, en Salta, avanza inexorablemente a convertirse en una realidad. Por ejemplo, el Grand Bourg alega que la monumentalidad de las obras públicas romeristas hoy no las vemos porque las obras se han descentralizado, privilegiando a un interior postergado durante décadas. El argumento, incluso, interpela al salteño capitalino que, en su arrogancia centralista, semejante a la practicada por los porteños con el resto del país, padece de una crónica incapacidad para razonar que esa descentralización es algo digno del mayor de los méritos. Y el argumento trauma al federalista sincero, que ante interpelación tan conmovedora lo atraviesa como una daga ardiente, que desnuda nuestro propio unitarismo. Tomamos conciencia, de repente, de que somos salteñocéntricos, propietarios de valores que nos llevan a considerar que los actos provinciales importantes deben, necesariamente, producirse en la capital.
Convengamos…algo de eso hay. Por ello mismo, la reacción inmediata es celebrar la voluntad política de federalizar, al menos, las obras, alegrándonos de que esas que no se levantan en la capital se levanten en el interior y festejando, por ejemplo, que los fondos girados por la Nación por derechos de exportación de soja se destinen en un 50% (a dónde), un 20% más de lo que Nación estipulaba. No es poco dinero. Se trata de $119.500.000, cifra que representa un 35% de lo que la provincia coparticipa por impuestos a esos mismos municipios, según el presupuesto 2010. Ejemplifiquemos: el pequeño municipio de Los Toldos recibirá $454.506 que antes no recibía. La creciente Orán, $6.675.609. Esas partidas constituyen la única novedad saliente de un presupuesto que, en términos reales y porcentuales, no ha variado en nada con respecto al anterior. Pero es una novedad de superficie. Porque, si abandonamos la mirada al ras del suelo, lo que primero fue alentador al final no lo es tanto. Otros movimientos pueden vislumbrarse con una lectura más profunda. La nota de Alejandro Nieva publicada en esta edición lo muestra bien: mientras se estima un incremento del 23% en los recursos que tendrá la provincia, ésta incrementa las transferencias a los municipios en sólo un 9,4%. “Consecuentemente, la participación de las transferencias por coparticipación a los municipios tendió a bajar, representando un 7,36% en el 2010, mientras que para el presupuesto 2009 representaba un 8,41%.” Pero eso sólo es una parte porque, además, los recursos provenientes de la soja se estipulan como propios del “Ámbito Provincial”, lo cual, según los técnicos, supone un manejo discrecional del ejecutivo. Una bofetada, entonces, a la noción de federalismo, en tanto la periferia seguirá siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior seguirán centralizadas en la capital ¿Por qué?
Un ensayo de respuesta no puede prescindir de un análisis político y de los movimientos que los actores de esa dimensión social realizan, ni de sus objetivos finales: las elecciones de 2011. Para el urtubeicismo, el interior se ha vuelto estratégico. Es cierto, los movimientos seguirán digitándose desde el centro político, pero una de las batallas políticas principales se disputará allí. Y el Estado prepara el escenario, lo acondiciona, lo que en política tradicional supone pertrecharlo de recursos que luego deben utilizarse en pos de objetivos políticos precisos. Se trata del interior. Ese interior postergado durante décadas, en donde la pobreza que las políticas de ajuste crearon genera repugnancia hacia la clase política, pero también una adicción temerosa en las bases sociales empobrecidas. Terreno que cuenta, como en todos lados, con un ejército de punteros, mezcla de rufianes y gestores de las demandas urgentes de la población empobrecida, pero asombrosamente eficaces en la empresa de convertir el derecho a la asistencia en una herramienta de dependencia política.
El otro bando, el romerismo, reconoce la estrategia. Y, a falta de ejército regular, parece estar usando comandos especializados (Justicia y Auditoría) que hostiguen a los capitanes del interior: los intendentes. La serie de hechos político-judiciales que toman notoriedad pública desde el caso Leavy en Tartagal, con una seguidilla de procesos judiciales a intendentes y el protagonismo que toma el nuevo auditor, Daniel Nallar, con el control de las cuentas de los municipios, podrían leerse desde las características de esta guerra de posiciones. El oficialismo seduce, y en esa política de seducción, no apelar a un discurso progresista y federal sería insensato. La oposición romerista, mientras tanto, advierte a los intendentes que alguna vez fueron suyos que la venganza puede ponerse en marcha. Los movimientos, entonces, confirman la importancia de los intendentes en la hora actual. La iniciativa parece estar del lado del oficialismo que, sin embargo, asume el riesgo de quedar demasiado prisionero de actores siempre zigzagueantes y que, de abandonar el campo de batalla, dejarían a la actual gestión sin chances.

¿Me llena una fichita, señora?

2009-11-16T04:28:00.000-08:00

Impacto de la reforma electoral en Salta

El proyecto de reforma electoral presentado por el Gobierno nacional y en discusión actualmente en las comisiones parlamentarias revela el objetivo del Gobierno, por un lado, de poner en caja a la disidencia pejotista, y por otro forzar a la oposición a cerrar filas en torno a un siempre conflictivo frente electoral. Apuesta a mantener el dominio sobre el electorado a partir de una oposición disgregada en no más de tres o cuatro fuerzas y de eliminar la competencia interna. Más allá de los avatares coyunturales, se impone la necesidad de nuevas reglas de juego político. En Salta, los efectos se sentirán también en las fuerzas locales.

Por Daniel Escotorin

El esquema político actual es verdaderamente anárquico: fuerzas construidas sin respetar lo que la misma ley actual ordena a base de decretos dictados a conveniencia del poder y de las internas del pejotismo (por lo menos así ha sucedido desde las elecciones generales del año 2003, lo que permitió la elección de Néstor Kirchner). Vale recordar aquella histórica elección luego de la catástrofe político-social de diciembre de 2001, que eyectó desde la terraza de la Casa Rosada al aliancista radical Fernando De la Rúa. Se hablaba en ese entonces de la “crisis de representación”: esto era el punto máximo de ruptura entre la sociedad argentina y sus partidos políticos, los que, a fuerza de incumplir promesas, cerrarse sobre las ambiciones personales de sus dirigentes elegidos (desde el presidente hasta el último de los concejales, salvo limitadas excepciones) y hundirse en el fango del discurso pragmático y posibilista, negó derechos y soluciones urgentes a millones de argentinos. “Que se vayan todos” era una consigna levantada en noches de temidos cacerolazos por los fugaces presidentes de ese tumultuoso 2002.
Pero en la política, casi como una ley física, el vacío no existe, y lo que no se ocupa se llena con lo que existe. Así, para las elecciones de mayo de 2003, las principales fuerzas que competían eran desprendimientos de sus troncos originales que, nada es casual, provenían de las mismas fuerzas responsables del colapso nacional; es decir, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR). Por un artilugio del presidente provisional Eduardo Duhalde, que buscaba impugnar el resurgimiento de su rival Carlos Menem, anuló las internas partidarias y permitió que los candidatos se presentaran con fuerzas propias sin hacer uso de los símbolos del PJ. Así, Menem (junto a J. C. Romero), Kirchner y Rodríguez Saa compitieron con distintos nombres o frentes electorales, naciendo allí el Frente para la Victoria, sello K que sobrevive hasta el día de hoy. Los radicales también presentaron sus ex en nuevas fuerzas: la entonces progresista Elisa Carrió, con el ARI, y el ex ministro fugaz de la Alianza, Ricardo López Murphy, con su Recrear. Desde entonces no mejoraron las cosas; por el contrario, y para hacer un ejercicio de memoria local, vale recordar también las piruetas electorales de los pejotistas salteños: en el 2007, Juan Manuel Urtubey compitió desde el Frente para la Victoria con Juan Carlos Romero por el PJ; ganó el primero e inmediatamente se hizo del aparato partidario que sigue presidiendo JCR. Durante este año Urtubey, a través de sus candidatos, participó en las legislativas desde el PJ contra el mismísimo presidente de ese partido, que actuó con una fuerza ajena llamada Frente Federal. ¿Clarito? Bueno, si no entendió…

Así las cosas, es evidente que ni a ganadores ni a perdedores se les puede reclamar seriedad ni coherencia en sus acciones, y entonces es real que se necesita una ley que ponga límites a estos mamarrachos, sin olvidar las nefastas listas colectoras, que dicho en criollo es simplemente colgarse de la imagen del seguro ganador y desde allí ver que se liga, a veces casi por casualidad, ya que el sufrido votante entraba al cuarto oscuro, se encontraba con un candidato a gobernador, por ejemplo, en seis boletas, agarraba cualquiera y listo. Y si algo más se puede sumar al desaguisado en las últimas elecciones ante la incapacidad o la viveza de no convocar a elecciones internas, recordemos que se presentaron cuatro fuerzas panpejotistas: el propio PJ, el Frente Federal, el Frente Salteño y el Frente para la Victoria.

Tres son multitud

Sin embargo, a pesar de encontrar elementos razonables y positivos en el proyecto oficial, éste en su esencia tiende a una reforma estructural del sistema de participación electoral y desde los requisitos que se exigirían a los partidos, se ve que se apunta a un retorno y restablecimiento orgánico del bipartidismo. Este sistema no es casual, sino absolutamente funcional a las necesidades de un esquema de restauración de la estabilidad política cuya base es la alternancia entre partidos, ya sean reformistas o conservadores, pero en sustancia de preservación del modelo capitalista. Los ejemplos nacionales abundan y están cerquita nuestro: en Uruguay, a lo largo del siglo XX, convivieron en “democrática alternancia” blancos y colorados, postergando por casi cuatro décadas a al izquierdista Frente Amplio; algo similar ocurre con el modelo español, donde conviven el conservador Partido Popular y el progresista PSOE, o el de Chile, con la Concertación de Partidos, alianza cuasi progresista en el gobierno desde 1989 y la derechista Alianza por Chile, y donde veinte años después surge una tercera fuerza, desprendida del riñón de la Concertación para asomar como futura opción a las dos alianzas actuales. En definitiva, el proyecto busca ajustar la sobreoferta de partidos para reducirla a su mínima expresión, fomentando las alianzas políticas de carácter perdurable.

Si se analizan los resultados de las últimas elecciones presidenciales, de octubre de 2007, se puede observar que, de catorce fuerzas en competencia, con la actual ley sólo hubieran quedado cuatro de ellas: el Frente para la Victoria (45%), la Coalición Cívica (23%), la UCR (17%) y el Frente Justicia, Unidad y Libertad de Alberto Rodríguez Saa (8%). Como se ve, dos fuerzas (pan)radicales y el pejotismo se llevan el 93% de los votos: no sorprende entonces que de la boca para afuera los radicales se muestren disconformes, pero puertas adentro saludan con regocijo este proyecto, que obliga a volver a todos los emigrados post 2001.

Con justa razón, el diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando “Pino” Solanas, salió al cruce de este proyecto, porque los partidos provinciales o que no tienen una presencia en todas las provincias, estarían condenados a desaparecer. Se puede pensar que lo mismo ocurriría en Salta con el hoy instalado Partido Obrero (PO), ya que a nivel nacional ambas fuerzas no llegan al piso mínimo requerido del 3%, o por caso a Libres del Sur, que cuenta con representación legislativa nacional por dos provincias y en el caso de Salta con un diputado provincial. En el caso del PO, es la cuarta fuerza política, pero en la suma nacional no llega al 1%. En definitiva, si por un lado se tendería a una normalización en el funcionamiento de los partidos políticos, por otro se busca concentrar la mayor cantidad de votos en un sistema bipolar y reducido, ya que los candidatos de cada fuerza surgirían de elecciones internas abiertas y obligatorias, y quienes no se presenten o pierdan no pueden participar en las generales. La explicación de esto es que se busca fortalecer los partidos a través de la participación compulsiva del ciudadano; si ya cuesta convencer frente a la oferta actual, nada hace pensar que la obligatoriedad va a generar conciencia política o participación ciudadana activa y conciente. El fortalecimiento de los partidos políticos sólo se logrará con una ética política surgida y alimentada desde la propia dirigencia y con gestos reales de respeto hacia la comunidad, es decir, comprometerse verdaderamente frente a las necesidades de las grandes mayorías, necesidades que son muchas y urgentes. Sólo así se fortalecerán tanto los partidos como la democracia en sí misma. El resto es para la foto.

Desde abajo nació el PAT

Se trata del Partido Auténtico de los Trabajadores (PAT), nueva fuerza política que hizo su presentación el jueves pasado, en el salón de la Agremiación Judicial. Este partido nace ante la iniciativa de un grupo de dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Salta, que ya habían participado en la experiencia electoral a través del Encuentro Popular Amplio (EPA), alianza constituida por el Partido Comunista, el Partido Humanista y el MOCEP de Armando Jaime, entre otros. Ahora se suman al frente ya con partido propio y, dicen sus referentes, “con el objetivo de dotar a los trabajadores de una nueva y auténtica representación política, una fuerza propia de los trabajadores”.
El PAT se vincula con otras experiencias políticas surgidas desde la CTA, como la del diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Claudio Lozano, el UNE de Neuquén o el partido de Víctor de Gennaro, que es parte del frente que lidera en la provincia de Buenos Aires el diputado electo Martín Sabatella. Por esta razón es que la semana anterior mantuvieron una conversación privada con Fernando “Pino” Solanas durante su estadía en la ciudad de Salta.
Entre los referentes y miembros de la Junta Promotora del PAT se encuentran Vuenaventura David, María Lapasset y Laureano Sánchez, y en consonancia con la nueva ley, ya están saliendo a juntar y llenar fichas de afiliación.

Las adicciones como una cuestión social

2009-11-16T04:22:00.000-08:00

Traslado polémico

El ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, señaló la necesidad de que la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones pase a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud. El criterio de la afirmación, al parecer, estaría relacionado con el hecho de considerar que el tratamiento de los adictos es un tema de salud y debe dejar de ser considerado una cuestión social.

Por G.S.

Llamativo diagnóstico sobre el destino que debería tener una Secretaría cuya actividad ha sido reconocida recientemente por los representantes parlamentarios luego de un pedido de informe que se le hiciera a su titular, Gustavo Farquharson.
Sin bien el tema podría parecer una cuestión irrelevante (que la Secretaría funcione bajo la órbita de un Ministerio o de otro), un análisis más minucioso de la realidad local alerta de cuán precavidos habremos de ser a la hora de considerar las adicciones como un problema de salubridad o de política social, no porque se excluyan mutuamente, sino más bien porque se complementan. Pero de lo que aquí se trata es de establecer cuál ha de ser el compromiso a asumir y las políticas idóneas que el Estado debe implementar para combatir y disminuir a su máximo posible los daños humanos y sociales que las adicciones generan.
En este sentido, se podrá argüir que históricamente en nuestro país las personas con problemas de adicciones fueron marginadas de las políticas de salud, ya que el adicto rompía con el paradigma médico: una enfermedad - un tratamiento, al no reunir el perfil tradicional de un paciente dispuesto a tratarse y seguir mansamente las directrices médicas, sumado a que podía hallarse en conflicto con la ley y en la marginalidad, lo tornaba un sujeto problemático e indeseado para el profesional de la salud. No así para las instituciones del tercer sector, que absorbieron dicha problemática social y cuyos primeros precursores fueron los mismos usuarios de drogas que habían abandonado el consumo, para luego dar paso a las comunidades terapéuticas. Otro tanto se podrá indagar en cuanto a si realmente el sistema sanitario de nuestra provincia está en condiciones de absorber tamaña cuestión, teniendo en cuenta que ha mostrado grietas a la hora de brindar un servicio de salud de calidad, integral y accesible a todos los ciudadanos por igual.
Pero, sin detenernos en la capacidad o no que tendrá el sistema de salud para encarar el tratamiento de las adicciones (pues incluso en virtud del beneficio de la duda que esta iniciativa debería motivar y, suponiendo que lograra brindar de una manera eficaz los fines que se propone, esto es, el de dar el mejor tratamiento a los afectados), lo cierto es que para combatir de raíz el problema habrá que eliminar las causas que lo posibilitan y esto no se logrará si sólo se pretende hacer un abordaje del mismo asistiendo a los adictos, pues no sería más que atacar los síntomas de un organismo social deteriorado, lo que siempre nos haría correr detrás del problema.
Es necesario entender a las adicciones no como una enfermedad contagiosa o viral, hereditaria o genética, sino como el producto de una coyuntura social que evidencia serios deterioros en su calidad de vida. De hecho, las estadísticas dan prueba de ello cuando nos enseñan que la mayoría de los asistidos ni siquiera completó sus estudios básicos, que sólo un 10% terminó el polimodal, que el 60% son desocupados y que la sustancia que más se consume es la pasta base, la llamada “droga de los pobres”. Por ello mismo, son muchos los especialistas que afirman que para encarar una lucha eficaz contra el consumo, el Estado debe recomponer el tejido social, a través de políticas integrales, de prevención y asistencia, sobre todo en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegurando y brindando un pleno ejercicio de los derechos esenciales, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. De otra forma, si se pretende ocultar el problema atacando sus efectos, es decir a tratar las adicciones sin erradicar sus causas, no sería más que un intento en vano de oponer el árbol para ocultar el bosque.

La sombra de una duda

2009-11-16T04:18:00.000-08:00

Federico Cruz entró detenido a la Alcaidía en buen estado de salud y salió con toda clase de golpes. Murió, días después, en el Hospital San Bernardo. Aun cuando estaba internado, en la Aicaldía les negaban información a sus hermanas. Mentiras, muerte y maltratos, otra vez en democracia.

Por Daniel Medina

Se llamaba Federico Víctor Cruz. Ingresó detenido a la Alcaidía de la ciudad de Salta en perfectas condiciones físicas, y salió de allí en una camilla con traumatismo de cráneo, para morir, días después, en el Hospital San Bernardo. Las constantes mentiras hacia los familiares durante los días de detención han generado una serie de dudas y preguntas que desde el organismo se niegan a responder. Se ha impuesto, sobre la causa, un manto de silencio.

Nostálgicos del pasado
En unos pocos días, el 18 de noviembre, iba a cumplir 41 años. Era un tipo alto, forzudo, aunque en las últimas semanas había bajado algo de peso. Estaba dando su batalla más dura: contra su adicción al alcohol. Y había ganado una buena: pasó un mes sin consumir una sola gota. Después tuvo una recaída; pero para el martes 27 de octubre ya tenía tres días sin ingerir. Esto le había generado problemas para dormir y, como se le habían acabado las pastillas para poder conciliar el sueño, las hermanas decidieron llevarlo al Hospital del Milagro, para que le suministraran algún medicamento que le ayudara a luchar contra la abstinencia. De allí lo derivaron al neuropsiquiátrico Miguel Ragone, a donde llegaron alrededor de las 22 y las 22.30 horas.
El profesional que lo atendió lo encontró totalmente lúcido y hasta intercambiaron varias bromas. Le inyectaron un sedante y el médico le indicó que siguiera con el tratamiento que realizaba para controlar su adicción. “Con esto te vas a dormir”, le prometió. Federico llegó a su casa, sintiéndose mucho mejor; se dio una ducha, pero, de todos modos, no pudo dormir. Decidió, a las tres de la mañana, salir a caminar un rato para despejarse.

A la mañana siguiente, cuando sus hermanas constataron que no había vuelto, se preocuparon mucho, sobre todo porque Federico estaba sedado y se podía haber caído dormido en cualquier parte. Lo buscaron por la zona, pero sin éxito.
“A las tres hablé a la (comisaría) Octava y le pregunto al que me ha contestado si estaba detenido Federico Víctor, y el oficial me dijo que no había ningún detenido en la comisaría. Hablé a la Alcaidía…”, explica Antonia, su hermana. El oficial le dio un número de teléfono. Llamó. La persona que lo atendió le dijo que para esa consulta tenía que llamar a la Ciudad Judicial. Llamó. En Ciudad Judicial, le dijeron que llame a la Aicaldía, y le dieron otro número. Allí preguntó si había algún detenido llamado Cruz Federico Víctor y le explicó que él no podía descansar, que lo habían inyectado y que no sé qué habrá pasado con él. Sí, acá está detenido, por tentativa de robo, le dicen. La voz en el teléfono le aseguró que recién al día siguiente podrían verlo, en el horario de visita, de 9 a 12.

Pero Antonia estaba preocupada por su salud, así que no esperó hasta el día siguiente. Sólo quería verlo o que le aseguraran que estaba bien de salud. Junto a su otra hermana, fueron esa tarde a la Alcaidía, entre las 20 y las 21 horas. Y también habría ido la mamá, de no ser porque tiene 71 años y no puede andar subiendo y bajando de colectivos. Lograron hablar con el guardia, después de una larga espera, y le pidió lo mismo: que se dé un vistazo a su hermano, que se fije cómo está, porque él no estaba bien, necesitaba descansar.

El oficial no tenía muchas ganas de hablar. La hizo aguardar más. Fue a una garita y habló y desde donde estaba parada Antonia parecía que el guardia le consultaba al otro sobre la salud de su hermano. “No, señora, aparentemente su hermano está bien, acá hay profesionales, no se preocupe, acá hay médicos, hay psicólogo, hay enfermero. En cuestión de salud hay cualquier cantidad de profesionales”, le dijo, y agregó: “Vengaló a ver mañana a primera hora, que es horario de visita y ya lo va a ver”.

Las palabras del guardia tranquilizaron a la hermana de Antonia, pero a ella no; por eso pidió permiso en el trabajo y al día siguiente (jueves) fue de nuevo. Llegó alrededor de las 9.30 de la mañana. Hizo fila, le preguntaron a quién iba a visitar, tomaron nota y le dijeron que espere. Habían pasado más de treinta minutos, cuando se le acercaron para decirle “Señora, su hermano está de salida”. “¿Qué quiere decir con salida?”, preguntó ella y ahí el guardia empezó a dudar: “No, estemm, parece queee… Capaz que se fue al juzgado a declarar (cuando declaró el día anterior); venga más tarde, más tarde lo va a ver”, dijo el guardia.

Y Antonia volvió esa misma tarde. Llegó a las 16,30 y recién a las 17 los guardias empezaron a contar la misma historia de la mañana. “Está de salida”, decían. “Vengasé el lunes, el lunes lo va a ver”, le dijeron. Antonia se plantó. Y les juró que no se iría del lugar hasta que viera a su hermano. El policía volvió a titubear. “Bueno”, le dijo, “vaya a hablar con la administradora.”
La administradora tampoco fue de gran ayuda. Buscaba los datos de Federico con una indeferencia atroz, como quien busca un clip en la cartera, mientras Antonia repetía, una vez más, su nerviosismo por el estado de salud de su hermano, que había salido a caminar un rato, después de que le inyectaran un sedante. La administradora se fue como para hablar por teléfono. La aguja grande del reloj volvió a recorrer medio círculo, cuando la mujer reapareció. “Señora, sabe qué, su hermano está internado…. Vaya al San Bernardo y ahí capaz que le digan algo”, le dijo la administradora. No supo explicar qué tenía, en qué circunstancias se fue, ni siquiera cuándo fue trasladado. “No le sé decir nada”, expresó.

El sobrino de Antonia entró al San Bernardo y salió de ahí horrorizado. Apenas si pudo ver a su tío Federico, porque estaba custodiado con dos guardias, que ni siquiera le permitían hablar con los médicos. El sobrino logró hablar con un profesional del nosocomio, que le explicó que le habían sacado un coágulo de la cabeza, que tenía un pulmón perforado, que estaba con respirador artificial y con sondas por todas partes. El cuerpo parecía, sobre todo, como si lo hubieran molido a golpes.

Después, cuando sacaron el permiso para poder visitarlo, se enteraron que ya llegó inconciente y que poco había para hacer. Recalcaron que si pasaba las 72 horas, podría haber algún milagro.
Ni siquiera la defensora oficial, designada por la causa de robo, estaba notificada del traslado de Cruz al hospital. Y la mujer quedó en tomar medidas el día lunes.
Ese mismo lunes, a los familiares de Federico se les informó que él tenía muerte cerebral y que ya sólo podían esperar que se detenga su corazón. El martes, Antonia estaba esperando el horario de visita y cuando entra sólo ve a dos guardias en el lugar, quienes le comunican que su hermano había muerto a las 11.20. ¿Y de qué murió?, preguntó Antonia. “No, no le puedo decir nada”, dijo el oficial.
Y como era un detenido, el cuerpo quedó en manos de Ciudad Judicial. “Cuando fui a ver a mi hermano, ya no estaba”.

Demasiadas incógnitas. Antonia llegó a la Alcaidía para que le explicaran por qué su hermano, que sólo había salido a caminar un rato, ahora estaba en la morgue. En la Alcaidía hicieron lo que mejor saben hacer: no dar respuestas. “No, señora, tiene que ir a su defensora. Ella va a solicitar un informe y después nosotros le elevamos el informe a la defensora y ella le va a decir cuándo va a estar el informe. Ese es el procedimiento, señora”, dijo el guardia.

La única persona que aporta datos a todas estas sospechas es la doctora Beatriz Nieto, que firmó el certificado de defunción del hospital. Califica a la defunción como una “muerte violenta”, por traumatismo de cráneo producido mientras estaba en la Alcaidía.

Si la justicia funciona, los nostálgicos de azul deberán dar sí o sí ante un juez las respuestas que hoy Antonia y su familia tanto necesitan. Y, si en la justicia hay algún valiente, entonces, quizás, los responsables pasarán al otro lado de la reja. Porque este país se había jurado que estas atrocidades no volverían a pasar Nunca Más.

Delito y pobreza

2009-11-16T04:16:00.001-08:00

Soledad Villoldo

La pobreza sigue jugando un papel preponderante cuando nos adentramos en el análisis de nuestro sistema penal, y su relación con niños, jóvenes y adultos. Según el Mapa de la Discriminación, Representaciones, Acciones y Percepciones acerca de la Discriminación en la República Argentina, realizado por el INADI durante el período 2008-2009, 9 de cada 10 argentinos/as creen que se discrimina a personas en situación de pobreza. En nuestra provincia, según la misma fuente, la principal causa de discriminación, con el 34,7% es el nivel socioeconómico, con el agravante de que el 86,9 % de los salteños que padecen la misma no denuncia hechos de este tipo, y el 51,2% no sabe cómo defenderse frente a ella, aun cuando el procedimiento consiste sólo en hacer la denuncia frente al INADI, quien luego de una breve investigación expresa en un dictamen no vinculante si el hecho constituye o no una situación discriminatoria según ley 23.592, pudiendo luego judicializar el reclamo.
Si estos son los índices de discriminación en Salta por el hecho de parecer pobre, es lógico pensar que una persona pobre es más propensa a ser denunciada o detenida por esta condición, sin importar si realmente cometió algún delito. En la Argentina hay 12.237.325 de niños y niñas entre 0 y 17 años. Casi 5 millones son pobres (el 40,9%) y 1.700.000 (14,3%) indigentes. Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, de los cuales treinta y nueve contradicen la Convención de los derechos del niño, permitiendo el encierro mayor a 72 horas en comisarias o cárceles de adultos. Es por todos conocido que siempre fue evidente la ventaja que posee quien más tiene cuando enfrenta a la maquinaria judicial, pero esta situación se fue agravando con el correr de los años, a punto tal que podríamos considerarla una falla del propio sistema, que no es ejecutada a sabiendas, o al menos no en todos los casos. Según estadísticas pertenecientes al año 2007, ingresaron a nuestros tribunales 147.277 causas en Salta, de las cuales 5.029 corresponden a causas penales en los juzgados de menores. El Ministerio Público sólo cuenta con nueve defensores penales oficiales, quienes, no por impericia pero sí por falta de tiempo y recursos, se ven imposibilitados de brindar una correcta atención a los imputados.
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Por su parte, una defensa penal particular es relativamente costosa ($150 aproximadamente, entre estampillas y gastos causídicos, y $1500 a $5000 de honorarios profesionales), dependiendo de lo complejo del caso, pero no deja de ser casi inalcanzable para los que menos tienen. Cuando la imputación es leve, los menores son llevados a la comisaria del menor, en donde estarán hacinados por unos días hasta que el juez de turno los entregue a sus padres. Y he aquí una oportunidad de oro para torcer la historia de estos jóvenes, que es desaprovechada por el Estado: no se indaga con mayor profundidad en la situación de vida que están atravesando, la cual posiblemente los haya llevado a acercarse al delito. Los jóvenes se vuelven a sus casas sin haber sumado herramientas de aprendizajes que impliquen una mejoría en sus vidas. A no dudarlo: se podría hacer mucho más. En efecto, las posibilidades son múltiples, tales como la realización de amplios informes socioambientales, psicológicos, exámenes físicos, de nutrición, seguimiento de la evolución del menor, brindarle información sobre opciones de vida (educativas, laborales -según la edad-, deportivas, etc.) Claro está que enfrentamos una constante escasez de recursos, o al menos eso es lo que el Estado nos hace saber.
¿Es cierto, entonces, que no existe Justicia para los pobres? He aquí la inquietante respuesta de Luis Federico Arias, magistrado del Juzgado en lo Contencioso Admisistrativo de la Plata: “Mi fallo que prohíbe las detenciones de menores por contravenciones y averiguación de antecedentes rige hasta que la Corte Suprema bonaerense no se expida. Es grave si en una comisaría han violado la orden judicial: espero que haya el mismo rigor para juzgar a los policías como el que se tiene con los menores. Hace poco tiempo mataron a un muchacho en un patrullero con un tiro en la cabeza y los policías fueron liberados. Ahí no se dice (…) que entran por una puerta y salen por la otra. La Justicia tiene que ser pareja para todos. Pasa lo mismo con mis denuncias contra funcionarios públicos: las causas son archivadas. Hay una Justicia para pobres. No es verdad que los pobres no tengan acceso a la Justicia: lo tienen, pero en la justicia penal (...) se criminaliza a los menores: se los considera delincuentes, asesinos y drogadictos (…) Hay un terrorismo estatal silencioso y una falta de atención notable hacia las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”. (Diario Crítica de la Argentina 18/10/09). Observamos, petrificados, un aluvión de hechos luctuosos que involucran niños y adolecentes. En su mayoría tienen como caldo de cultivo a la Pobreza.
En nuestra Provincia, lejos de acercarnos a las soluciones, presenciamos inverosímiles discusiones que parecían zanjadas en el siglo pasado, tal el caso del servicio militar obligatorio o el trabajo infantil, como métodos mágicos que resolverían la dramática situación de los jóvenes. Así lo manifestaron a cuanta cámara de televisión se prendiera algunos personajes públicos. Recuérdese a Juan Ángel Pérez, intendente de La Merced, al diputado Carlos “Querubín” Sosa en plena sesión de Cámara, a Omar Soches López, en el mismo recinto, y hasta al benemérito director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis del Arzobispado de Salta, quien manifestó que "la vuelta del trabajo infantil sería el mal menor". En la Argentina el trabajo infantil afecta a dos millones de chicos de entre 5 y 14 años. En Salta podemos ver chicos que limpian vidrios de autos, hacen malabares por monedas, lustrabotas, vendedores de estampitas, o que se dedican al cultivo de tabaco, etc. Sin embargo, también aumentaron las denominadas “peores formas” de trabajo infantil, que están contempladas en la ley 25.255 del año 2000, y que incluyen a la esclavitud, a la oferta de niños para la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y todo aquello que por las condiciones en que se lleva a cabo, daña la salud, la seguridad o la moral de los niños. El agravante de la apología del trabajo infantil realizada en nuestra provincia, viene dado por provenir de hacedores de leyes y formadores de opinión. Para desbaratar estos dichos, sólo es necesario recordar que, desde 1994, nuestra Constitución Nacional incorporó a su artículo 75, inciso 22, la Convención Internacional sobre los Derechos del Nino, cuyo contenido y jerarquía jurídica obliga a nuestro país a proteger a nuestros niños, no precisamente con trabajo pero sí con salud y educación.

Ante los reguladores de la sexualidad

2009-11-16T04:09:00.000-08:00

La movida social de sensibilización y el pedido de políticas públicas GLBT (Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales) llegó ante magistrados y ministros de la Corte, y también se discutió con comunicadores. A nivel nacional, la marcha y el matrimonio gay. A nivel local, el mes de la diversidad y una lucha que no tiene que ver con el tamaño del distrito.

Por Julieta Lucero

Jueces y periodistas salteños se reunieron por primera vez con especialistas para tratar el tema de la diversidad sexual en cada ámbito. Fueron dos encuentros por separado, organizados por el recientemente creado Observatorio para la Promoción de Derechos de Diversidad Sexual, en los que participaron el escritor y periodista Osvaldo Bazán -actualmente en el diario Crítica de la Argentina-, el psiquiatra Ricardo Duranti -del Hospital Muñiz de Buenos Aires- y un representante de Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de la Nación, Fernando Delio. Estos últimos organismos son los patrocinadores del proyecto nacional en el cual se enmarca el Observatorio.
En una sociedad en la que se es heterosexual y católico por default, la mesa con magistrados y el taller para periodistas resultó un acercamiento de sensibilización a los “grandes reguladores sociales de la sexualidad”, como denominó Duranti a las leyes y los medios.

Sin herramientas

“El Estado de la provincia no está preparado para tratar temas trans”, afirmó el juez de la Cámara del Crimen N° 1, Héctor Alavila. Fue en una reunión informal en la que, por primera vez, magistrados y especialistas se sentaron a hablar de temas GLBT. La convocatoria la hizo el juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Mario D’Jallad.
Del encuentro participaron diez jueces, entre ellos la ministra de la Corte María Rosa Ayala Flores. Junto a Bazán, Duranti y Delio, estuvo presente el coordinador local del proyecto de ONUSIDA, el licenciado en Ciencias de la Comunicación Matías Hessling. En total, fueron unas 35 personas del ámbito judicial presentes en la Escuela de la Magistratura.
Además de referirse a casos concretos de presas travestis, Alavila reclamó que los diputados agilicen “lo referido a la identidad, porque hay una demora que tiene que ser resuelta”. El juez en lo criminal explicó que no sólo afecta de forma personal a las trans presas, sino que la falta de resolución implica un trastorno burocrático al sistema carcelario y judicial.

Pecado, enfermedad y delito

“Escribí la historia del castigo de la homosexualidad, no de la homosexualidad”, afirmó Bazán en la charla. “Desde 1492, ser gay y las prácticas no reproductivas en América Latina son un pecado. Con el positivismo, éramos pecadores y enfermos. Y cuando se hicieron las leyes, se pensó que iba a mejorar, pero no: además, se convirtió en delito”, sentenció ante los magistrados.

Consultado por el juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia N°5, Daniel Canavoso, Bazán, autor del libro de investigación La historia de la homosexualidad en la Argentina, también se refirió al matrimonio de dos personas del mismo sexo, proyecto por el cual el periodista había sido llamado como asesor en las comisiones de Legislación General y Familia, de la Cámara de Diputados de la Nación. Hace algunas semanas que la modificación en la ley se está tratando, pero, a pesar de haber confirmado su apoyo en reiteradas oportunidades, el tema no pudo ser llevado al Recinto: “El oficialismo no dio quórum, después de haberse mostrado de acuerdo en repetidas oportunidades ante los medios. Tampoco bajaron el PRO y la UCR. Pero es probable que salga, porque la UCR planteó que tiene que rever su posición”.

Violencia social e institucional

En tanto, Duranti, co-autor junto a Hessling del cuaderno Atención en la salud de las personas travestis y transexuales -editado en 2006 en la ciudad de Buenos Aires y reeditado por Nación en 2008-, relató las fallas en el sistema de salud porteño que lo llevaron a la escritura de ese libro y que se relaciona con el reclamo que hizo Alavila.
“Hubo una fractura entre la oferta de salud pública y la demanda de la población trans, planteado como un problema del sistema. Había una reacción negativa del personal de los hospitales y salitas ante las pacientes trans, lo que provocaba que no se acercaran a consultar o tratarse”, explicó el psiquiatra. Uno de los mecanismos que se utilizó para salvar esa fractura fue formar al personal, tanto médicos como enfermeras y administrativos, en el manejo de situaciones cotidianas, simples pero significativas, como llamar a la travesti por el nombre que eligieron, respetando el lugar en el que se encuentran en cuanto a la identidad de género y no de dónde vienen.
“Los problemas que atraviesan las trans son muchos, pasan por una violencia social y también institucional. Por eso las claves en este caso fueron tanto la cuestión identitaria, el nombre y los cambios en el cuerpo, como el tema hormonal”, afirmó el especialista, que confirmó el éxito del programa en cuanto al cambio de hábitos y el boca a boca del colectivo GLBT. Y agregó que lo que pasa en Salta con el sistema judicial no es exclusivo del norte. “Desarmar la estructura social de prejuicios para ver cómo se aplica la ley es complejo para todos los jueces en todos lados”, aclaró.
En una sociedad en la que se es heterosexual por default y frente a jueces de una de las provincias más conservadoras del país, Bazán hizo un planteo claro y muy gráfico: “El niño gay y la niña lesbiana nacen en guerra sin saberlo. Cuando el niño judío vuelve a la casa mal porque lo discriminaron, los padres judíos le dicen que el problema no es él, el problema es del mundo. Cuando un niño negro vuelve a la casa porque lo discriminaron, los padres negros le dicen que el problema no es él, el problema es del mundo. Cuando un niño gay vuelve a la casa porque lo discriminaron, muchas veces se encuentra con su mayor enemigo, no lo aceptan ni lo contienen frente a las hostilidades que sufre a diario”, concluyó.

Puto el que escribe

“El redactor, a través de la palabra de un supuesto especialista, afirma que ‘en Salta hay un crecimiento marcado de la homosexualidad’, pero no pone ni una sola cifra. Si esta persona trabajara en mi redacción, sería echada por poco profesional”, explicó el escritor y periodista Osvaldo Bazán, haciendo referencia al titular de un diario salteño, en el taller para periodistas y estudiantes de la comunicación denominado Los falsos acuerdos sobre la realidad: la cuestión GLBT en los medios de comunicación locales. Asistieron unas 35 personas, entre ellas el secretario de Prensa de la Provincia, Federico Dada, que propuso incluir la temática de diversidad sexual en un plan provincial de capacitación para periodistas.
La constante criminalización de los sujetos, la exacerbada estereotipación, la falta de datos certeros y mención de fuentes, el abuso del condicional, el uso en masculino de la palabra ‘travesti’, la opinión disfrazada de noticia informativa, el mal uso de citas de autoridad y la constante utilización de concepciones discriminatorias de forma alevosa en lo escrito y en las caricaturas fueron algunos de los elementos que impactaron a los talleristas invitados: Bazán, el psiquiatra porteño Ricardo Duranti y el representante de la agencia ONUSIDA Fernando Delio.
La actividad tenía como objetivo analizar y hacer conscientes las valoraciones e intereses que se ponen en juego a la hora de construir una noticia en una empresa de medios. Se realizó en la Biblioteca Provincial, fue organizada por el Observatorio para la Promoción de Derechos de Diversidad Sexual y se hizo en el marco del Mes de la Diversidad, declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante capitalino.
Que traba, que trans, que lesbiana, que gay, que puto, a los medios les cuesta encontrar palabras para denominar las distintas identidades sexuales. Las conceptualizaciones son relativamente nuevas y están en proceso de cambio, por lo que la tarea de Duranti fue explicar términos y aclarar dudas sobre este punto, y la de Bazán contar su experiencia al respecto.
Ya en la segunda mitad del taller, dos investigadores del Observatorio, junto con la colaboración del periodista de Crítica de la Argentina, abordaron de manera práctica lo anteriormente expuesto y, con una dinámica de grupos, se analizó detalladamente distintas notas de gráfica en papel y digital de 2008 y 2009, así como caricaturas que trataron el tema GLBT de una u otra manera.
Tras la finalización del encuentro, el Secretario de Prensa de la provincia propuso incluir la temática de la diversidad sexual en un plan de capacitación para periodistas en las ciudades más importantes del interior de la provincia.
Participaron periodistas y estudiantes de las siguientes instituciones y empresas de medios: UNSa, INADI, El Tribuno, Canal 11, Deportea, Área de Prensa de la Cámara de Diputados de la provincia, Área Municipal de la Mujer, Dínamo FM, Salta 21, La Hora de Salta, FM Cadena Latina, Semanario El Expreso, Aludis.
Próximamente se realizará una actividad de sensibilización con legisladores y funcionarios del Ejecutivo.

Sí al matrimonio gay

La Justicia declaró inconstitucional el impedimiento para que dos personas del mismo sexo puedan casarse. En un fallo inédito, esta tarde la jueza del fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Seijas, determinó que tanto el artículo 172, como el 188 del Código Civil atentan contra la Constitución Nacional.
La jueza señaló que el artículo 172, que establece que para el casamiento es necesario el consentimiento de "un hombre y una mujer", y el 188, que fija la fórmula "los declaro marido y mujer", son anticonstitucionales. Así, se sienta un precedente que podrá ser tomado por el Congreso para modificar la ley, para la que no hubo quórum el martes pasado.

Plata fresca

2009-11-16T04:02:00.000-08:00

El Programa Nacional de Promoción del Microcrédito que opera en nuestra provincia ha ejecutado en el presente año un total de $ 423.300 en microcréditos. Este y otros programas, como el Banco Popular de la Buena Fe, intentan fortalecer los emprendimientos de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Por Gabriela Gutiérrez

El Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”, desembarcó en nuestra provincia a partir de la gestión de la Secretaría de Políticas Sociales. Su funcionamiento recae en siete organizaciones sociales de base que trabajan a lo largo del territorio provincial. Dos de ellas se encuentran en nuestra ciudad, y las otras cinco en las localidades de La Unión (Rivadavia Banda Sur), Coronel Juan Solá (Rivadavia Banda Norte), Aguaray, Tartagal, San Agustín, El Carril, Seclantás y San Carlos. A ellas compete ejecutar los montos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entre el Estado provincial – representado por dos de sus secretarías (PYMEs y la Secretaría de Políticas Sociales)- y dos de las organizaciones ejecutoras de crédito, se conforma el Consorcio de Gestión Local, figura clave del programa. Compuesto por organizaciones de la sociedad civil y el Estado, el Consorcio actúa como organización administradora del programa de microcréditos, y también como nexo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es el Consorcio quien se ocupa de transferir la metodología del programa a las organizaciones, sus respectivos asesores y sus emprendedores.
En sus menos de dos años de vida, el programa ha llegado a unos doscientos cuarenta emprendedores y ejecutó créditos por un monto de $ 423.300. Son las organizaciones ejecutoras quienes evalúan los proyectos de los emprendedores y los aprueban desde sus respectivos comités de crédito. Es en el seno de estos comités donde también se deciden los montos a ser otorgados, variando los mismos entre los $500 y los $3000, y los plazos de devolución, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Se exige que los emprendimientos cuenten con una antigüedad mínima de cuatro meses, con el objetivo de fortalecer financieramente unidades productivas que ya se encuentran en marcha.
De acuerdo al ritmo de trabajo de cada organización, se contempla la posibilidad para los emprendedores del acceso a un recrédito, al cual pueden acceder según cumplan con los plazos de devolución. Dicho compromiso con la devolución posibilita asimismo que otros emprendedores accedan a la misma oportunidad que ellos tuvieron. Muchas de las organizaciones que participan del programa ya han represtado en base al dinero devuelto por los tomadores de crédito, y con esto han generado la posibilidad de acceso al crédito a otros emprendedores. Es así como se conforma un círculo virtuoso, en el cual el valor de la palabra, la confianza y la solidaridad han permitido fortalecer este tipo de unidades productivas. En una proyección a futuro, se estima ampliar el alcance del programa en todo el territorio provincial, con el fin de poder acercar esta importante herramienta a cada vez más emprendedores de la economía social.

Banco Popular de la Buena Fe
El Banco Popular de la Buena Fe es otra propuesta de la Comisión Nacional de Microcrédito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual promueve el microcrédito para el desarrollo de emprendimientos productivos, de servicio o venta. La iniciativa está destinada a emprendedores de los sectores populares de todo el país. Entre sus objetivos se cuentan los siguientes:
- Generar autoempleo y mejorar la calidad de vida de los sectores populares más empobrecidos;
- Promover la gestión asociada entre el Estado (Nacional, provincial y local) y Organizaciones No Gubernamentales;
- Aportar una metodología de trabajo que incentive el fortalecimiento del tejido social, trabajando juntos por una "comunidad organizada" que sea artífice de su propia historia, con sus miembros participando activamente en la transformación social;
- Impulsar la autonomía de cada persona a través de la promoción de sus propias habilidades y saberes que generan trabajo digno;
- Generar protagonismo en cada uno y en la comunidad en su conjunto;
- Incentivar la capacidad de soñar y de gestar nuevas utopías;
- Promover espacios asociativos y redes de gestión asociada para mejorar los procesos de desarrollo local;
- Generar instancias de capacitación para el fortalecimiento de la organización, producción y comercialización de los emprendedores.

En nuestra provincia coexisten numerosas experiencias. Entre ellas puede destacarse la que funciona bajo la coordinación de la Asociación de Estudiantes y Educadores, la cual desempeña sus tareas en el Barrio Santa Ana II. Inició sus tareas en el territorio a fines del año pasado y, desde entonces, bajo la modalidad de los grupos solidarios -hay doce grupos en la actualidad, y los mismos están compuestos por cinco integrantes cada uno- han alcanzado a la fecha a un total de sesenta emprendedores. El primer crédito que reciben asciende a $500 y, una vez cubiertas las veinticuatro cuotas (los plazos de pago son semanales), cuentan con la posibilidad de acceso a un sistema de recrédito escalonado: un segundo crédito de $750 y un tercero de $1.000. Desde Nación se trabaja para aumentar estos montos, aunque aún la decisión no se ha concretado. Se propone que el piso del microcrédito sea de $750, para luego poder acceder a $1000 y finalmente a $1250.

La “Vida de Centro”, tal como llaman los emprendedores a sus reuniones semanales, incluye el abono de la cuota correspondiente y talleres de capacitación dictados por los promotores de la asociación. Existen también otras instancias de formación que se realizan a nivel nacional y de las cuales también participan los emprendedores del banquito, que en su gran mayoría se trata de mujeres. La mayor parte de las unidades productivas del Barrio Santa Ana II están dedicadas a servicios (especialmente en el rubro alimenticio); le siguen los emprendimientos productivos y, finalmente, la reventa. Hay en lista de espera unas veinticinco mujeres y un grupo solidario conformado por hombres. Algunas de estas mujeres cuentan con experiencia previa en este tipo de créditos –la experiencia de PROMUJER es común a muchas de ellas- puesto que, al momento de conseguir recursos financieros, se vuelve menester la búsqueda en el complejo abanico de ofertas existentes. Las mujeres asumen un rol protagónico, se activan y se vuelven auténticas protagonistas de un espacio de lucha. El hombre como proveedor de ingresos de la familia, ante un contexto de crisis y elevadísima desocupación, ve desdibujada esa figura estelar y encuentra en su compañera un sostén para el hogar y un genuino apoyo en un difícil momento.

Actores y mecánicas
El microcrédito surge como una herramienta para una población sumida en la pobreza, aislada y situada en los márgenes de un sistema que no permitía su inclusión, pero que tampoco les brindaba una alternativa concreta. Ahora bien; han sido diversos los actores que han puesto en práctica esa herramienta. Entre ellos se encuentra el Estado, que intenta recuperar su rol activo y de promotor de los derechos de los ciudadanos. Aquí encontramos a la Nación y a nuestra provincia emprendiendo un camino en el fortalecimiento de la economía de los ciudadanos, acción que ha arrojado importantes resultados. Del entramado de las microfinanzas también participan los organismos internacionales de crédito y firmas privadas que, con el boom de las financieras, ingresaron al mercado aunque caracterizándose por sus abusivos intereses.
Todos estos actores poseen un elemento común, y es la implementación de la metodología de grupos solidarios, en donde cada integrante se convierte en co-responsable del resto de sus miembros, quienes, ante la imposibilidad de pago por parte de alguno de ellos, es el compañero el que debe responder por él. Tanto el Estado, los organismos internacionales y las financieras han moldeado el sistema con sus particularidades (la cantidad de integrantes del grupo, por ejemplo, tiene diferentes matices en cada organismo ejecutor), pero en todas estas instituciones, más allá de las diferencias, conviven la misma metodología.

Historia
La historia de las políticas sociales en nuestro país guarda una estrecha relación con la vida religiosa. En sus orígenes, las señoras de la alta sociedad y pertenecientes al culto católico apostólico romano participaban activamente de la asistencia social y eran “guardianas” de los cuerpos y las almas de aquellos que nada tenían. La irrupción del peronismo en la vida política argentina marcó un punto de quiebre. Lo que hasta entonces fuera potestad de las señoras de la alta sociedad se fue transformando lentamente en un nuevo espacio en el cual el Estado cobró un rol protagónico. La mujer, de a poco, fue abriéndose paso y ganando espacios.
Por el contrario, las políticas neoliberales imprimieron a las políticas sociales un modelo focalizado. El Consenso de Washington sentó las bases de las “recetas” implementadas en nuestra región, las cuales fueron minando la presencia del Estado y desdibujando su rol. Nuestra provincia no fue una excepción: la gestión de Juan Carlos Romero se convirtió en su artífice, provocando como consecuencia la destrucción del tejido social. Promediando los inicios de la presente década, se produjo un giro hacia las políticas sociales con un tinte universal, aunque aún el abandono de los principios neoliberales no se ha producido de manera tajante.